Europa

El Parlamento Europeo vota a favor de la moratoria de la minería submarina

 La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) trabaja en la elaboración de una normativa para controlar la extracción de recursos mineros del lecho marino. Igualmente, el Parlamento Europeo ha pedido que se paralicen todas las operaciones de minería submarina hasta que se hayan estudiado el impacto ambiental y los riesgos que implica la perturbación de estos ecosistemas únicos. 558 votos ha contado la propuesta de paralización frente a los 666 emitidos, lo que refleja el abrumador apoyo conseguido en el Parlamento.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que regula las actividades marinas fuera de las jurisdicciones nacionales, declaró el lecho marino como “patrimonio común de la humanidad”, cuya exploración y explotación se llevaría a cabo en beneficio de la humanidad como un todo”…“también ordenó” la protección efectiva del medio ambiente marino de los efectos nocivos que puedan derivarse de tales actividades y la prevención del daño a la flora y la fauna del mismo”.

El Parlamento Europeo también instó a la Comisión Europea a persuadir a los Estados Miembros para que dejen de patrocinar y subsidiar licencias de explotación del lecho marino tanto en aguas nacionales como internacionales.

Si bien la resolución aprobada el pasado 16 de enero no es vinculante y el Parlamento Europeo carece de competencias jurídicas en el campo internacional de la minería submarina, representa la oposición de más alto nivel hasta la fecha desde la naciente industrialización del lecho marino, un proceso que avanza bajo la jurisdicción de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos  (ISA).

Esta asociación gremial de  las Naciones Unidas, con sede en Kingston, Jamaica, está formada por 168 miembros que emiten licencias a corporaciones y compañías estatales para la exploración y eventual explotación minera del lecho marino.

La ISA actualmente está desarrollado regulaciones que permitirán la extracción de depósitos minerales ricos en manganeso, níquel, hierro, cobalto y otros elementos raros cruciales en la fabricación de teléfonos móviles, paneles solares, baterías y otros productos esenciales para la economía mundial.

“La resolución no tiene validez legal, pero debido a que la gran mayoría del Parlamento Europeo votó a favor, creo que tendrá cierto peso político”, comenta Matthew Gianni, cofundador de la organización sin ánimo de lucro Deep Sea Conservation Coalition.

La ISA hasta la fecha ha emitido licencias de exploración a 28 contratistas que cubren más de 520.000 millas cuadradas (1,3 Mkm2) de lecho marino de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Dichas compañías, entre las que se encuentran la subsidiaria de Lockheed Martin, UK Seabed Resources o la Asociación de Investigación y Desarrollo de los Recursos Minerales Oceánicos de China, se han centrado en millones de nódulos poliméricos del tamaño de una patata que cubren el suelo del océano Pacífico entre Hawaii y México; respiraderos hidrotermales que contienen sulfuros polimetálicos, y montañas submarinas (montes submarinos) ricos en cobalto y otros metales.

Varios grupos de conservación, investigadores y algunos funcionarios gubernamentales han instado al ISA a poner límites a la minería submarina e imponer una normativa medioambiental muy severa en pro de estos hábitats.

Estas obligaciones aparentemente contradictorias intentaron ser equilibradas en los borradores de las reglamentaciones de explotación publicadas por la Comisión Jurídica y Técnica durante la reunión anual de la ISA celebrada en agosto del año pasado, para su adopción en 2020.

Pero los comentarios al borrador no se han hecho esperar, y los miembros estados, contratistas, científicos y grupos de conservación muestran que aún existen significativas diferencias.

China, Japón y Corea del Sur, naciones con licencias de explotación minera y previsiones para la explotación del lecho marino, han advertido que no se debe sobrecargar con regulaciones ambientales excesivas. Japón, por ejemplo, declaró que no debería el ISA requerir inspecciones periódicas en estas operaciones mineras, tan sólo cuando se considere necesario.

Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros países que no poseen licencias de exploración han abogado por estos estándares medioambientales, cumplimiento y monitoreo. Añaden que deberían denegar las licencias a aquellos proyectos mineros en los que no existan evidencias científicas suficientes sobre el posible impacto. Los representantes de Sudáfrica enfatizan en la importancia de la conservación del lecho marino y que su explotación y exploración debe ser sostenible. “Se necesita un proceso de evaluación transparente y veraz, pero que actualmente no existe transparencia en la información sobre los contratos de la Comisión debido a la confidencialidad”.

Otros países y el Parlamento Europeo en su resolución se hicieron eco de las preocupaciones sobre la falta de transparencia en la ISA. Bajo la normativa actual, la ISA trata los contratos de concesiones mineras como confidenciales, al igual que los datos ambientales y la documentación a cumplimentar que los contratistas envían regularmente a la Comisión Jurídica y Técnica de la ISA, un grupo de 30 delegados que revisan y aprueban las concesiones mineras

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