El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presidido la Conferencia Sectorial de Pesca, que ha aprobado los criterios distribución del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para el periodo 2021-2027, entre los organismos intermedios de gestión de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. En base a estos criterios se realizarán los repartos en los próximos años.

Luis Planas agradeció a las comunidades autónomas el esfuerzo realizado para alcanzar este acuerdo, que integra la visión mayoritaria y garantiza la disponibilidad financiera necesaria para dar continuidad a las acciones ya previstas y las que se van a acometer en el próximo periodo.

El pasado 13 de julio, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para el período 2021-2027. España dispondrá de una asignación total de 1.120 millones de euros, que representa el 21 % de la dotación total de este fondo europeo, lo que refleja el liderazgo de nuestro país en el sector pesquero comunitario.

Para el ministro, el FEMPA es un instrumento fundamental y estratégico para que el sector pesquero y acuícola pueda acometer las acciones de modernización, innovación y progreso necesarias para seguir siendo el sector sostenible, eficiente, rentable y de futuro que necesita España.

Mayor flexibilidad de ejecución

Entre los aspectos fundamentales del criterio de reparto de fondos para este nuevo periodo se encuentra una mayor flexibilidad de ejecución y mayor facilidad para la redistribución del presupuesto entre las distintas medidas.

En este sentido, la novedad más importante es la incorporación de un mecanismo de flexibilidad, que permitirá que aquellos fondos correspondientes a comunidades autónomas, cuyo retraso en su ejecución ponga en riesgo su pérdida (por la aplicación de la regla N+3), puedan ser utilizados por otras comunidades que si puedan absorberlos.

Entre los principales elementos a tener en cuenta para la distribución de los fondos se encuentra la situación específica de las Islas Canarias, con un presupuesto de 88 millones de euros, para garantizar el cumplimiento del Plan de compensación, tal y como viene recogido en el reglamento comunitario para las Regiones Ultraperiféricas.

Asimismo, el acuerdo incluye la transferencia de los fondos correspondientes a las paradas temporales, en concreto, en el Mediterráneo y Golfo de Cádiz. Y prevé una financiación adicional para hacer frente a las necesidades derivadas del cumplimiento del Programa Nacional de Datos Básicos.

De igual forma, el acuerdo alcanzado hoy es clave para seguir avanzando en el diseño del Programa Operativo y poder ejecutar con solvencia los fondos para la pesca y la acuicultura.

La UE ha aprobado un contingente de 75.000 toneladas al 0 % para los próximos tres años que beneficia a la flota gallega hasta el punto que los armadores podrán pedir el reintegro de las tasas que pagaron desde el 1 de enero

La flota gallega se reserva el calamar patagónico (Loligo gahi) con lo que los 16 barcos pesqueros con base en Vigo y Marín que acaparan las licencias que el Gobierno malvino podrán descargar sin arancel esta especie. De esta manera los armadores gallegos destinarán esta especie a la industria comunitaria sin pagar aranceles del 8 % para el calamar, el 6 % para la pota y el 15 % para la merluza, como estaban abonando ahora, aunque se les reintegrará lo pagado Todo hace que los productos pesqueros vuelvan a la misma situación antes de Brexit, sin carga alguna.

La flota afectada se aferraba a la necesidad de conseguir producto para la industria comunitaria a precio competitivo y a mantener el empleo en destino para esquivar unos gravámenes que no tienen que satisfacer los productos británicos en virtud de ese acuerdo de cooperación que marca las relaciones entre ambos bloques tras el brexit.

La batalla se libró en el plano comercial hasta que, finalmente, los armadores, con el apoyo de la Secretaría General de Pesca española, y la propia industria comunitaria -en este caso Conxemar y Anfaco-, consiguieron convencer a Bruselas de la necesidad de eliminar el arancel al calamar patagónico para asegurarse un suministro adecuado para las fábricas de transformación

Una modificación del reglamento sobre contingentes arancelarios exige el pago de tasas a Noruega e Islandia por sus exportaciones de verdel después que ambos países se autoasignaran cuotas de esta especie en claro perjuicio a la flota española, según publica el Diario Oficial de la Unión Europea. Anteriormente, Noruega hizo lo propio con el bacalao. Se considera, por algunas fuentes, que esta es la reacción de la Unión Europea a la autoasignación de cuotas por parte del Estado nórdico de caballa, que aumentó unilateralmente las posibilidades de captura de verdel.

La cuestión es que los científicos del ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) recomendaban para este año un total admisible de capturas de caballa de 852.000 toneladas. De ese total, Noruega se reservó 298.299 toneladas, Islandia 140.627, las Feroe 167.048 y Groenlandia otras 60.000 toneladas. Es decir, «Noruega aumento su porcentaje de cuota del 21,5 al 35 %; Feroe pasó de 12,6 al 19,6 %; Islandia con 16,5 % y Groenlandia ao 7,04%.

En base a las recomendaciones del ICES, el Reino Unido se queda con el 21,86 % del TAC, cuando en el 2020, antes del brexit, era del 41 %. Por eso exige a Bruselas que aplique el principio de reciprocidad, consagrado en las relaciones internacionales y recogido en el Tratado de Viena, que consiste en «asignarse cuotas suficientes para los Estados miembros deficitarios y negociar condiciones más beneficiosas para ños pescadores da UE en relación a este stock».

La Comisión Europea promueve un «Manual práctico» para estrechar la cooperación entre las funciones de guardacostas en toda la UE.

El manual mejorará la cooperación transfronteriza e intersectorial entre las autoridades civiles y militares que desempeñan funciones de guardacostas. Se ha desarrollado entre la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y la Agencia Europea de Guardacostas y Fronteras (Frontex), junto con expertos de los Estados miembros.

El manual ofrece una recopilación de los servicios e información pertinentes disponibles a través de las tres agencias, incluidos los marcos de cooperación, los cursos de formación, las directrices de mejores prácticas y los manuales de todas las actividades interinstitucionales de apoyo a las funciones de guardacostas en los países de la UE.

Las fichas de los países ofrecen detalles sobre la estructura y organización de las funciones de los guardacostas en los países de la UE y los Estados de la AELC.

En otoño de 2021, la AECP pondrá en marcha una plataforma en línea, con el apoyo de las otras dos agencias y de la Comisión. La plataforma contendrá la información práctica que ofrece el manual, que es actualizado continuamente por las tres agencias, con la aportación de las autoridades nacionales, para seguir mejorando la cooperación en materia de guardacostas en toda la UE.

Pescadores de Sicilia han mostrado su preocupación por la presencia de pescadores pescando con redes de cerco y palangres. En base a documento pretenden poner de manifiesto y señalar las anomalías e incoherencias, así como la ilegitimidad que conlleva la enmienda 19.101 al art. 19 del Texto Refundido de la Ley de Pesca, que hemos denominado «enmienda bulo», y las nefastas consecuencias socioeconómicas que puede provocar en el futuro si finalmente se aprueba.

En primer lugar, el tema del atún rojo es un asunto supranacional, concretamente de la CICAA (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) y de la Unión Europea, que es miembro desde 1997. Es la propia Unión Europea la que regula y rige los principios entre los Estados miembros, a través de Recomendaciones, estableciendo periódicamente todo el sistema de cuotas de capturas permitidas y buques autorizados. Cada Estado miembro tiene la obligación de moverse dentro de esta normativa y nunca ignorarla y/o contravenirla.

En segundo lugar, en apoyo de lo anterior, «a lo largo de los años la jurisprudencia administrativa, a través de las distintas sentencias del Tribunal Administrativo Regional del Lacio y del Consejo de Estado, ha sido unánime y coincidente en legitimar la actual legislación italiana sobre el atún rojo. Esto demuestra cómo Italia ha regulado hasta ahora correctamente la pesca del atún rojo aceptando y aplicando los principios de la UE e internacionales».

En tercer lugar, a partir de 2008, todos los operadores actuales del sector atunero (cerqueros y palangreros), deben 2cumplir con la legislación nacional, europea e internacional, se han visto obligados a acumular legalmente cuotas individuales de capturas de atún, sin escatimar ningún esfuerzo económico, para poder desarrollar su actividad con regularidad y mantenerse dentro de los límites obligatorios establecidos cada cierto tiempo por la Administración del Estado, bajo pena de exclusión y salida del sector pesquero2.

En cuarto lugar, «sólo operando así las políticas de control de la pesca y de reducción del esfuerzo pesquero en el sector del atún rojo han dado resultados más que satisfactorios».
Entre otras cosas, este modus operandi ha permitido la repoblación de la especie del atún rojo en el mar Mediterráneo, lo que ha eliminado definitivamente el hacha de la inclusión de la especie en la lista negra de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas).
Además, los datos científicos confirman que el atún rojo se reproduce incluso durante el periodo en el que, tras ser pescado vivo, es confinado en jaulas en lugares de reinstalación para su mantenimiento y engorde.

En quinto lugar, sólo este criterio de cuotas para el sector atunero ha podido garantizar, y lo seguirá haciendo, la plena viabilidad económica de toda la flota pesquera afectada (alrededor de 70 empresas y/o compañías que operan de acuerdo con la ley y con la normativa vigente), así como una adecuada rentabilidad empresarial, lo que, entre otras cosas, impulsará a los armadores a acometer un masivo plan de inversiones en materia de tecnología, logística y empleo.

En sexto lugar, los armadores de atún sicilianos, por lo tanto, a lo largo de los años, en un contexto de desarrollo de la industria pesquera, «han construido, con grandes esfuerzos y sacrificios económicos, plantas, almacenes, plantas de procesamiento, etc., estableciéndose en los mercados nacionales e internacionales también con sus líneas de productos de calidad. El plan de inversión que ya está en marcha también prevé la construcción de una planta de cría de atún rojo en aguas del mar Tirreno, que también tendría implicaciones socioeconómicas positivas».

En séptimo lugar, estas acciones «pretenden única y exclusivamente destruir un sistema que, por muy perfectible que sea, ha funcionado bien, con la relativa destrucción de todo un sector sin prever en absoluto criterios y/o métodos alternativos igualmente sostenibles desde el punto de vista social y económico. Dar un poco a todos significa abordar el problema sólo de forma populista y demagógica sin tener ninguna visión de una sostenibilidad económica cierta y futura».

En octavo lugar, hay que señalar que, «en el sector del cerco, aunque el número de buques autorizados ha aumentado aparentemente de unos extraños 12 a 21, en realidad siguen siendo los mismos armadores los que a menudo han duplicado sus inversiones y sus buques, con la misma cuota de capturas asignada, pero con repercusiones positivas en términos de empleo (21 tripulaciones más industrias auxiliares en lugar de 12)».