El viceministro de Acuacultura y Pesca de Ecuador, Andrés Arens, aseguró que la delegación del Parlamento Europeo que inspecciona los avances del país en el combate a la pesca ilegal, no regulada y no declarada se va impresionada por el control del país a la actividad pesquera. La delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo observó las medidas emprendidas por el sector y la industria pesquera, notificada desde 2019 con la denominada “tarjeta amarilla” de la Unión Europea (UE), que identifica a los países que incumplen sus obligaciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Los países notificados con esta tarjeta se encuentran en riesgo de convertirse en países “no cooperantes” si no cumplen con los progresos requeridos por la UE en un periodo de tiempo específico. “La comisión se va impresionada de lo que han visto”, afirmó en un comunicado Arens.
Bajo el patrocinio de Smartbox y la batuta del aventurero, naturalista y divulgador Nacho Dean, el barco ‘La España Azul’ desembarcó en El Puerto de Santa María, su tercera parada en Andalucía (las anteriores fueron en Huelva y en Sevilla). La expedición permanecerá en Andalucía estudiando las costas y los fondos marinos durante el mes de febrero con el objetivo de detectar la presencia de plásticos y microplásticos y concienciar de la importancia de mitigar el impacto humano en el medio ambiente.
Esta expedición científica y divulgativa se encuentra desde el pasado mes de septiembre analizando el estado de los ecosistemas marinos prestando especial atención a la contaminación de los plásticos, además de participar en encuentros educativos, charlas y la limpieza colectiva de playas. En los últimos cuatro meses del año, la embarcación ha recorrido el Mar Cantábrico, con paradas en El País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. En enero surcó el océano Atlántico, en las Islas Canarias, desde donde se ha desplazado a Andalucía, con una primera parada en Huelva, después en Sevilla y, esta semana, en Cádiz.
En concreto, Nacho Dean y su equipo estarán en Cádizdurante esta semana y este jueves protagonizaron la limpieza de la playa de Levante, una actividad en la que participaron unas 400 personas, varios kayaks y un dron, además del muestreo científico. La actividad comenzó a las 8:30 horas y finalizó en torno a las 15:00 horas.
Tras diez meses, esta iniciativa pionera finalizará en junio su trayectoria en Barcelona. El resultado del estudio, que cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Transición Ecológica y la Universidad de Cádiz, se recogerá en un informe científico dirigido a la ciudadanía, las empresas, las instituciones y la comunidad científica.
Participación de escolares portuenses
Coincidiendo con la llegada de la expedición ‘La España Azul’ un total de 260 escolares han actuado a pie en la limpieza de la playa de Levante, una acción que contó con la presencia de los tenientes de alcalde de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, Millán Alegre, y de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, además de los delegados territoriales de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Óscar Curtido, y Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez.
La actividad estaba organizada por el Aula de Sostenibilidad de El Centro Inglés, Ecoherencia, La España Azul, Natura sin Basura y la Universidad de Cádiz, con la colaboración del área municipal de Medio Ambiente, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, el Parque Natural Bahía de Cádiz y la Oficina del Parque Metropolitano de los Toruños.
En la jornada participaron escolares movilizados por el Campus de Ocio Verde con alumnos de El Centro Inglés, el CEIP Menesteo y los colegios La Salle Santa Natalia, Grazalema y Guadalete, así como universitarios y adultos en una cita en la que han estado presentes voluntarios de la Universidad de Cádiz y de varias asociaciones, como Amigos del Parque Metropolitano de los Toruños o Ecologistas en Acción.
China gana peso en el mercado europeo, en donde Ecuador pierde presencia. Esto lleva a su industria a revisar los cupos de compra sin amparo de acuerdos
Desde el pasado 22 de febrero se encuentran en el país 7 eurodiputados que conforman la Comisión de Pesca (PECH).CORTESÍA
Ecuador sigue siendo el principal proveedor de lomos de atún de la Unión Europea, pero ese reinado está cada vez más cerca de ser arrebatado por China, uno de sus principales contrincantes de este mercado. Esto porque el bloque europeo cada vez más inclina su compra al país asiático, aunque con ellos no exista ningún acuerdo comercial de por medio. Entre el 2015 y 2022, la participación de Ecuador en ese mercado se ha reducido del 32 % a 26 %, mientras que la de ese país creció rápidamente del 9 % al 24 %.
La política de compra de Europa de ir incrementando cada dos años su contingente autónomo (importación de atún de otros países sin acuerdo), preocupa a la industria ecuatoriana pues eso, explica Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), erosiona, en parte, los beneficios arancelarios que el Ecuador y la Unión Europea concretaron con el acuerdo comercial firmado en el 2017.
El sector ecuatoriano tenía previsto poner sobre la mesa de diálogo este tema, aprovechando la visita de una comisión europea al país, que busca constatar los esfuerzos que Ecuador hace para mejorar sus prácticas industriales y el combate de la pesca ilegal.
Los envíos de lomo y conservas de atún son el mayor ítem en las exportaciones pesqueras, pues según el Banco Central del Ecuador (BCE) estas representaron el 66 % ($ 1.270 millones) de los $ 1.914 millones que el país logró en el 2022, un año en el que la facturación en dólares creció el 6 %, motivada por la menor captura y oferta de atún, como efecto del fenómeno de La Niña. En el caso de Ecuador, eso implicó que el volumen de toneladas de pesca en general cayera el 11 %.
Leone no cree que esta caída deba atribuirse a la preocupación que hoy tienen con China. Los efectos del retroceso del país en el mercado europeo (a donde, solo el año pasado, vieron caer un 4 % sus volúmenes de venta), empiezan más bien a reflejarse en una menor expectativa de creación de empleo en plantas que dependen de esta producción.
Según un informe elaborado por Jimmy Anastacio, analista y asesor de la CNP, las importaciones de lomos de atún procesados de la UE que se benefician de los contingentes autónomos han venido incrementándose de forma acelerada. Estos crecieron “de 1.000 toneladas (con un arancel de 12 % en 1997) a 35.000 tonelada (con cero arancel hasta el 2022 ). Eso significó un incremento de su participación del total de las importaciones europeas, del 2 % al 21,5 %.
Exportación 2022. En el 2022, la industria pesquera exportó ecuatoriana $ 1.914 millones, de los cuales $ 1.270 millones se facturaron por lomos y conservas de atún.
Principal socio. En la UE se comercializa más de 50 % del atún que procesa el Ecuador.
Acuerdo comercial. En el 2017 entró en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, un bloque de 27 países que da y recibe preferencias arancelarias para el comercio.
66 por ciento de las exportaciones pesqueras corresponden a lomos y conservas de atún.
El ritmo en que avanza estas concesiones que se dan a China y otros países (que además volverán a revisarse este año) mantiene expectante a Ecuador, pues detrás de esta política también está la presión de las atuneras europeas por abastecerse de materia prima que del país asiático les llega mucho más barata. Esto, pese a que el China, a nivel internacional, es cuestionado por algunas de sus prácticas como los bajos salarios, la pesca ilegal y los subsidios que ofrece a su flota pesquera. “El año pasado, Ecuador vendió la tonelada entre 5.400 y 5.600 dólares promedio, pero China en $ 4.200, o sea, en 1.200 dólares menos, pero ya sabemos que China no es un país que cumpla con las normas del tema”, dijo Leone.
El Gobierno analiza quitar el subsidio de combustible a camaroneras y atuneras, «con cuidado y tino»
Ecuador, que en estos tres últimos años ha venido trabajando en ajustar sus controles para combatir la pesca ilegal y con ello levantar la tarjeta amarilla que Europa le impuso por este tema, busca poder competir en condiciones iguales en el bloque de 27 países, que hoy es su principal consumidor.
Dichos esfuerzos fueron conocidos por la comisión europea, encabezada por el presidente de la división de Pesca de la UE, Pierre Karleskind, que culminará su visita hoy en Guayaquil. Ayer, durante un recorrido por la Terminal Portuaria de Manta, “pudieron presenciar la descarga de dos embarcaciones atuneras industriales ecuatorianas, ahí confirmaron que estamos cumpliendo con protocolos avanzados de trazabilidad en todas las fases: desde la autorización del ejercicio de la actividad, luego la captura y después, el transporte de la pesca hasta las plantas procesadoras”, dijo el ministro de la Producción, Julio José Prado.
Por la mañana, las autoridades del Estado y los eurodiputados mantuvieron otro diálogo con representantes del sector privado atunero, donde se preveía poner sobre la mesa el efecto que estaría causando el incremento de cupos en la importación de otros países sin acuerdo comercial. No obstante, al respecto, aún no ha habido un pronunciamiento oficial.
La Xunta reunirá al Consello Galego de Pesca en próximos días para analizar con el sector el dictamen encargado por el Gobierno gallego a la Fundación MarInnleg en relación con el anuncio realizado por la Comisión Europea esta semana de veto a la pesca de arrastre en un tercio de las aguas de los Estados miembros en el 2024 y en todas las áreas marinas protegidas de la UE –un 30 % de las aguas comunitarias– en 2030. El director xeral de Pesca critica el «calado medioambientalista inadmisible» del paquete de medidas de la Comisión Europe
El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, ha criticado que este paquete de medidas de Bruselas tiene «un calado medioambientalista inadmisible, desequilibrado e incoherente y supone un atentado para la gente del mar, pues obvia los aspectos socioeconómicos y hace peligrar su futuro».
En esta línea, la reunión del Consello Galego de Pesca también servirá para trazar una hoja de ruta de defensa de la flota gallega ante estas decisiones que el Gobierno gallego considera «desproporcionadas» y que desatienden la realidad marítimo-pesquera.
Así lo ha apuntado en el marco del II Congreso Súmate al cambio sostenible, organizado por Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA) y en el que el director xeral intervino en el panel IV, titulado Hacia un Atlántico más sostenible.
Allí, Antonio Basanta también hizo ha hecho hincapié en que el Gobierno gallego seguirá reclamando justicia para la flota que está pasando momentos de dificultad debido a este tipo de prohibiciones establecidas por la Comisión Europea. El Ejecutivo autonómico reforzará el trabajo en la vía diplomática y en la judicial.
Estas restricciones a la pesca de arrastre se sumarán al veto actual a la pesca de fondo decretado por Bruselas en 87 áreas de aguas comunitarias y que fue recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por el Gobierno central y la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7) En este último recurso la Xunta se presentará como parte coadyuvante.
El proyecto «Gran Muralla Azul del Pacífico» es un proyecto que apoya por Polinesia con el objetivo de proteger los recursos marinos locales, pero también el medio ambiente. El proyecto exige una política pesquera unificada en la región, similar a la de Polinesia y que excluya el uso de DCP a la deriva.
El Ministro de Medio Ambiente regresó del Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, que se celebró en Vancouver hace unos días. Heremoana Maamaatuaiahutapu hizo una firme propuesta, que fue visiblemente apoyada por otros países de la región.
La de una «Gran Muralla Azul del Pacífico», una especie de versión marítima de la Gran Muralla Verde apoyada por la comunidad internacional en África. Este ambicioso proyecto implica la creación de una nueva y reforzada protección de las aguas internacionales. El plan para lograrlo se basa en la transición de una economía vinculada a las licencias de pesca a una economía azul, con una política pesquera calcada del modelo local, y el reconocimiento de los Estados y territorios insulares del Pacífico como «zona marítima especialmente vulnerable».
Esto permitiría a los Estados oceánicos cambiar el modelo económico aplicado en sus propias ZEE. «Necesitamos desarrollar la pesca en estos países, pero para ello necesitan poder acceder a la formación y a la construcción de barcos, y poder lanzar su industria pesquera», explicó el Ministro. En la actualidad, muchos de ellos no han conseguido desarrollar un sistema económico estable y razonado en torno a la pesca y venden licencias a empresas pesqueras extranjeras que a menudo destruyen el medio ambiente. Por ello, Polinesia quiere atraer fondos internacionales para ayudar a sus «primos oceánicos» a desarrollar un modelo comparable al suyo.
Un proyecto piloto de estudio iniciado en 2021 ya ha contabilizado 600 DCP varados en 9 islas de las Tuamotus; se cree que proceden principalmente de las flotas pesqueras de Ecuador, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. «Estamos trabajando en las comisiones internacionales de gestión de la pesca para intentar frenar este flujo», explica Thibault Thellier, jefe de proyecto del DRM. En otras palabras, para intentar obligar a las empresas pesqueras a recuperar sus DCP, pero también para que sean más respetuosos con el medio ambiente.
La presión conservacionista sobre los fondos marinos va a llevar a la ruina a muchas empresas pesqueras y va a acrecentar nuestra dependencia de Rusia y China. Limitar la pesca daña el abastecimiento de una indispensable proteína marina y cerrar los fondos marinos supone acabar con minerales indispensables para la fabricación de equipos de avanzada tecnología.
ALBERTO ECHALUCE director de EUROPA AZUL
Los interrogantes actuales sobre el futuro de las profundidades marinas y la posibilidad de moratorias, o incluso de una prohibición total de la explotación pesquera y minera son realmente preocupantes. No es asumible que España, que tiene de las mayores superficies marítimas puede dejar pasar esto y pensar que bastará para que otros sigan su ejemplo. Esto sólo nos hará más dependientes de ciertos países, mientras defendemos la importancia de la soberanía en todas partes. ¿De verdad cree que China o Rusia no irán a buscar minerales y pescados a las profundidades marinas?
En los fonos marinos hay mucho pescado por explotar. Tenemos los nódulos polimetálicos, también llamados nódulos de manganeso, son concreciones minerales que yacen en el fondo oceánico; están formados por círculos concéntricos de hidróxidos de hierro y manganeso alrededor de un núcleo.
El núcleo puede ser microscópico y a veces se ha transformado en mineral de manganeso por cristalización. Cuando es visible a simple vista, puede tratarse de una pequeña concha de microfósil (radiolario o foraminífero), un diente de tiburón fosfatado, restos de basalto o incluso trozos de nódulos más antiguos.
Actualmente se estudian o se buscan por su riqueza en manganeso, cobalto, níquel y cobre, como los sulfuros polimetálicos que se encuentran en zonas de actividad volcánica, alrededor de manantiales hidrotermales, o como las costras de cobalto.
Código minero indispensable
Paralelamente a todo lo que se está poniendo en marcha para la exploración de los fondos marinos se necesita poder probar nuestras herramientas de explotación para medir su impacto y poder tomar decisiones con conocimiento de causa. De lo contrario, ¿cómo podremos desarrollar la cuota de energías renovables en el futuro si nos privamos de las riquezas de los fondos marinos? ¿Destruyendo aún más las zonas terrestres donde hay montañas con minerales y otras canteras?
Conscientes de la fragilidad del océano es preciso que no se toquen las dorsales oceánicas ni los sulfuros hidrotermales, demasiado frágiles y necesarios para la vida en la Tierra. En cambio, los nódulos polimetálicos son tan ricos y concentrados en metales» que bastaría con explotar el 10% de los fondos marinos afectados para satisfacer nuestras necesidades futuras. Por ello, la rápida adopción de un código minero específico es esencial para regular las prácticas lo antes posible.
Resultados positivos de explotaciones sostenibles
The Metals Co (TMC) y Allseas anunciaron el 12 de octubre que habían recogido 14 toneladas de nódulos polimetálicos durante una prueba a 4.380 metros de profundidad en la zona Clarion-Clipperton, en el Pacífico. Se trata de la primera prueba de un sistema integrado de recogida de nódulos en esta región desde los años setenta.
Los nódulos fueron recogidos en una hora del fondo marino de la zona del contrato Nori-D por el buque recolector probado en mayo en el Atlántico, que recorrió 147 metros en ese tiempo. A continuación, los minerales se enviaron por una tubería de conexión a un riser, un tubo que conecta el lecho marino con el buque minero de aguas profundas Hidden Gem. Se izaron hasta el elevador con aire comprimido y tardaron 12 minutos en llegar a la superficie. El Hidden Gem de Allseas contó con la ayuda del buque de suministro del armador, el Fortress.
Al mismo tiempo, un equipo de científicos independientes que operaba en otro buque midió el impacto ambiental del sistema de recogida. En total, se movilizaron 250 personas para la prueba en tres buques, 130 de ellas a bordo del Hidden Gem.
Nori (Nauru ocean resources inc), filial de TMC respaldada por el gobierno de Nauru, tiene previsto solicitar ahora a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos un contrato de explotación en el segundo semestre de 2023.
La Unión Europea prohibió la pesca de la angula en Euskadi. Ahora pretende establecer una serie de controles de las capturas y de la comercialización de esta especie, encaminadas a una profesionalización del sector que se ajuste a las exigencias de la Unión Europea.
Foto tomada de un vídeo de EITB
El Gobierno Vasco y la asociación de Anguleros de Euskadi han dado un paso adelante para dar solución a la prohibición de la pesca de la angula por parte de Bruselas. Recordaremos que la Unión Europea vetó la pesca recreativa de angulas el pasado diciembre para lograr la recuperación de una especie en peligro de extinción y víctima del tráfico ilegal. En plan, compuesto por cuatro puntos, tiene como objetivo facilitar y regular la profesionalización.
El parlamentario jeltzale Mikel Arruabarrena ha dado a conocer los detalles del plan en el pleno del Parlamento Vasco y ha destacado que el objetivo es «avanzar juntos».
Así, en el camino hacia la profesionalización de los angulares, y antes del reparto de las licencias, se creará un censo de pescadores. En estos momentos, más de 600 personas se dedican a la captura de angulas.
Por otro lado, tras el análisis de Azti, se establecerían los cupos de pesca. En la misma línea, proponen una comisión de control en la que, además del Gobierno, habría grupos ecologistas y angulistas.
Finalmente, se establece que la venta de angulas solo pueda llevarse a cabo en las cofradías de pescadores o en establecimientos autorizados para comercializar este producto.
Arruabarrena ha explicado que ayer mismo se reunió la Asociación de Anguleros de Euskadi con el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Políticas Alimentarias del Gobierno Vasco, Bittor Oroz. A pesar de que todavía no se haya firmado ningún acuerdo, las bases sí que se han empezado a concretar, y esperan que las cosas vayan bien para cerrar un acuerdo para abril.
El presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), Javier Garat participa en las reuniones de Naciones Unidas en las que se está negociando la aprobación de un instrumento jurídico vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas más allá de la jurisdicción nacional, es decir, en alta mar.
Garat señalaba que para la pesca es importante el resultado final de esta negociación, puesto que nuestra actividad ya está gestionada en alta mar a través de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). En cambio, hay otras actividades humanas que no lo están y que tienen impacto en la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Para nosotros es muy importante que este nuevo acuerdo no socave el papel de las ORPs.
La Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA) no está de acuerdo con una petición elaborada por el Dr. Rashid Sumaila y el Dr. Daniel Pauly, ambos de la Universidad de British Columbia, que solicita la prohibición de toda pesca comercial en alta mar y la declaración de esas aguas como Área Protegida por Naciones Unidas.
La carta abierta está dirigida a las partes del acuerdo de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), también conocido como el Tratado de Alta Mar, y afirma que la pesca en alta mar es insostenible y no rentable.
La pesca en alta mar, cuando se ordena con suficiente ciencia y regulaciones, es una oportunidad para proporcionar proteínas saludables, sostenibles y bajas en emisiones de carbono para una población en rápido crecimiento. Un movimiento robusto de alimentos azules es un componente crítico de un futuro sostenible.
Al respecto, la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria (Alpescas) y la Sociedad Nacional de Pesca de Chile (Sonapaesca) manifestaron que “el BBNJ es el proceso internacional más importante de las últimas décadas para la protección de los océanos. Por ello, desde el sector pesquero, que tenemos nuestra sólida normativa y gobernanza a partir de la Convemar, buscamos aportar en la discusión”.
Agregó que conciben este acuerdo como una herramienta para construir en conjunto el futuro sostenible de los mares, en aquellos sectores donde aún haya brechas, donde primen las bases científicas sólidas, y que a su vez se respeten los progresos, gobernanza y normativa pactados a través de Convemar -el acuerdo de Nueva York sobre especies trans zonales y las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (Orops).
“Dada la relevancia del proceso, es una responsabilidad ineludible contar con los antecedentes científicos y la rigurosidad correspondiente para lograr consensos transversales entre las naciones. El mismo caso de Convemar nos lleva a este análisis: los acuerdos globales en esta materia deben ser abiertos, con amplia adhesión, transparentes y sin presiones”, aseguraron ambos organismos.
Sostenibilidad biológica
En su Informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) determinó que el 82,5% de las pesquerías mundiales han alcanzado la sostenibilidad biológica por volumen, en comparación con el 78,7% de su informe de 2020. La ciencia pesquera y las estrategias de ordenamiento continúan mejorando el equilibrio de la conservación marina y el uso máximo sostenible, asegurando que los beneficios de este recurso renovable se capturen a largo plazo.
“Unos 3 mil millones de personas en todo el mundo dependen de los productos del mar como su principal fuente de proteínas. Además, el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas para una Economía Oceánica Sostenible informa que la producción de productos del mar genera hasta 250 veces menos carbono por kilogramo”, remarcó la Icfa.
En lugar de una prohibición total de la pesca en alta mar, que no se basa ni en la ciencia ni en la economía, ICFA pidió que la gestión pesquera mejorada y ampliada en todas las jurisdicciones con el objetivo de eliminar la pesca INDNR y lograr una producción 100% sostenible.
Aparte está la la implementación efectiva del Acuerdo de la OMC sobre Subsidios Pesqueros, una mayor participación de los expertos pesqueros, así como una mejor consulta entre las delegaciones de BBNJ y los representantes nacionales de las Agencias y Ministerios de Pesca en el contexto del proceso de negociación de BBNJ y los procedimientos futuros, la exclusión de la pesca del Acuerdo BBNJ, como actividades pesqueras en alta mar continuará siendo gestionada a nivel regional en relación con las especies de interés común para las Partes contratantes de un determinado instrumento legal, marco u organismo relevante y un acuerdo BBNJ que colabore o coopere efectivamente con las OROPs de una manera que no socave su alcance, mandato y competencias.
La Agencia de Control de la Pesca AECP ha apoyado la operación de control pesquero en África Occidental «PESCAO – African Nemo» mediante el análisis de imágenes por satélite y la vigilancia aérea. El análisis preliminar de la operación conjunta de control de la pesca «PESCAO – African Nemo» en Cabo Verde, Gambia y Senegal muestra que el apoyo de la AECP es eficaz y esencial para reforzar la coordinación regional y disuadir de la pesca ilegal.
Hoy ha concluido con éxito una operación de control de la pesca en aguas de Cabo Verde, Gambia y Senegal, en África Occidental. La campaña conjunta de dos semanas fue coordinada por la Comisión Subregional de Pesca (SRFC). La operación contó con el apoyo de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), en el marco del programa PESCAO financiado por la UE, y de la Marina francesa, en el marco de la operación «Grand African NEMO 23.1». Esta cooperación es un ejemplo muy concreto de las sinergias entre las iniciativas financiadas por la UE y las de los Estados miembros de la UE en el ámbito del control y la inspección de la pesca en la región.
La AECP y el SRFC, organismo regional de pesca con sede en Dakar (Senegal), que reúne a 7 países de África Occidental para coordinar el control y la vigilancia de la pesca, han establecido el centro de coordinación en Praia (COSMAR), Cabo Verde. El centro se benefició del análisis en tiempo real de las imágenes por satélite y de los sistemas de seguimiento de buques por parte de expertos de la AECP, aprovechando su experiencia en aguas de la UE.
Además, la AECP fletó un avión para proporcionar vigilancia aérea durante toda la operación, con el fin de facilitar las observaciones y la detección de posibles infracciones. La AECP tomó nota del potencial efecto disuasorio de los medios aéreos. Un portal remoto permitió a la AECP y al centro de coordinación seguir la vigilancia aérea en tiempo real y proporcionó vídeo e imágenes en directo de los buques pesqueros.
En la operación también participaron los medios de control de la Marina francesa desplegados en la zona, entre ellos un avión de vigilancia Falcon-50 y el patrullero «Premier Maître L’Her», que embarcó a un inspector caboverdiano.
Además, la AECP apoyó una operación de búsqueda y salvamento gestionada bajo la autoridad del Centro Conjunto de Coordinación de Salvamento de Cabo Verde, después de que su aeronave interceptara una llamada de socorro de un velero, que fue rápidamente asistido por el COSMAR.
«PESCAO – Nemo africano» es la duodécima operación conjunta de control organizada en el marco del programa PESCAO, financiado por la UE, en el que la AECP participa prestando asistencia técnica al SRFC y al Comité de Pesca del Golfo de Guinea Occidental y Central (con sede en Tema, Ghana), así como a sus países miembros. El programa PESCAO pretende, entre otras cosas, mejorar la gobernanza regional de la pesca en África Occidental para luchar contra la pesca ilegal, con el fin de mantener unas poblaciones de peces sanas en una región del mundo donde la pesca es una de las principales fuentes de proteínas y medios de subsistencia de la población local.
El 95 por ciento de los plásticos procede de diez ríos
La campaña Andro23 se ha iniciado en Vigo a bordo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño y en la segunda parte de la campaña se iba a realizar en el punto del derrumbe del vertedero de Bens, en A Coruña, ocurrido en 1996, pero al final no fue posible.
IEOImagen de la campaña del IE
En una primera fase, se compararán diversas metodologías para la recogida de los contaminantes en el agua y en el aire para desarrollar alternativas a bajo coste para el estudio de los microplásticos. En la segunda parte de la campaña, se desarrollará un muestreo de agua y sedimentos en el punto del derrumbe del vertedero de Bens, en A Coruña, ocurrido en 1996, para evaluar el impacto de la contaminación de plásticos y microplásticos durante este plazo.
La campaña Andro23 tendrá una duración de 9 días y forma parte del proyecto internacional Andromeda, en el que participan 15 grupos de investigación de Europa y Canadá. La participación del IEO está liderada por el investigador del Centro Oceanográfico de Vigo Jesús Gago.
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y Vítaly han firmado un convenio de colaboración mediante el cual la empresa ofrecerá al sector pesquero sus soluciones y servicios en materia de riesgos laborales para mejorar así la seguridad y salud de sus tripulantes y personas trabajadoras.
El convenio entre ambas organizaciones fue rubricado por Juan Manuel Liria, presidente de Cepesca, y José Germán Román, director nacional de Grandes Cuentas de Vítaly, durante la Junta Directiva de la patronal pesquera. A través de él, Vítaly pondrá a disposición del sector pesquero español una serie de servicios diseñados para las particularidades de esta actividad con el objetivo de ofrecer todo tipo de coberturas para requerimientos específicos. El convenio también contempla el desarrollo conjunto de actividades de carácter formativo y divulgativo.
Juan Manuel Liria, presidente de Cepesca, y José Germán Román, director nacional Grandes Cuentas Vítaly.
Según Juan Manuel Liria, presidente de Cepesca, “la seguridad de los hombres y las mujeres del mar ha sido siempre fundamental en el entorno pesquero y ahora constituye el centro de las prioridades de nuestra flota. Por ello —añade Liria—, con este acuerdo, tanto los profesionales del mar como los armadores, contaremos con un socio con la experiencia y capacidad suficientes para ofrecernos servicios adaptados a la particular idiosincrasia de nuestra actividad”.
Según José Germán Román, director nacional de Grandes Cuentas de Vítaly, “nuestra actividad principal es la prevención de riesgos laborales y, como servicio de prevención ajeno, nuestro objetivo es implantar, gestionar y promover una actividad preventiva eficaz en nuestras empresas clientes, mejorando la seguridad y salud de sus personas trabajadoras”. “Además”, -apostilla Román- “en nuestro grupo contamos con otras empresas que nos ayudan a mejorar la propuesta de valor a nuestros clientes a través de actividades de promoción de la salud, telemedicina, gestión de absentismo o de seguridad de la información, que ahora ponemos a disposición de Cepesca y sus asociados”.
Vítaly nace de la fusión de Cualtis y Grupo Preving, dos de las entidades más representativas del sector de la seguridad y salud laborales en España. Con 4.000 empleados, Vítaly presta servicio a más de 127.000 clientes y protege a más de 2,5 millones de personas trabajadoras. Para ello dispone de una infraestructura de servicio de ámbito nacional conformada por 283 centros propios, 110 unidades móviles para la realización de reconocimientos médicos, 23 unidades móviles de formación práctica y 15 centros especializados de formación avanzada. Vítaly cuenta así mismo con presencia internacional en Latinoamérica y tiene un elevado interés estratégico en Portugal.
France, Sete, 2021-03-18. Three fishermen working off Sete off in the golfe du lion, on a bottom trawler during a day shift, followed by the sell at the auction of Sete. Photography by Maxime Gruss / Hans Lucas.
France, Sete, 2021-03-18. Trois pecheurs travaillant au large de Sete dans le golfe du lion, sur un chalutier de fond pendant une journee de travail, suivie de la vente a la criee de Sete. Photographie de Maxime Gruss / Hans Lucas. (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
La Comisión Europea presento un plan para claramente «ecologizar» el sector pesquero. En un plan presentado, la Comisión Europea expone sus ambiciones para el sector pesquero de aquí a 2030: más zonas marinas protegidas, prohibición de la pesca de arrastre en ellas, mejor explotación de los recursos pesqueros y barcos que consuman menos combustible.
Diez años después de la gran reforma de la Política Pesquera Común, son indispensables «transformaciones estructurales» señalan para reducir el impacto medioambiental del sector, garantizando al mismo tiempo su rentabilidad y la neutralidad en carbono de aquí a 2050, reconoce el Comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. Se trata de una intención loable, pero carente de ambición, según las ONG de conservación de la naturaleza.
Para ello tergiversan los datos y dicen que un tercio de las poblaciones -la parte explotable de una población de peces- sigue siendo objeto de sobrepesca en el Atlántico nororiental, frente a alrededor del 70% en la década de 2000. Del mismo modo, alrededor del 85% de las poblaciones del Mediterráneo siguen sobreexplotadas en la actualidad. Aunque los pescadores están obligados a desembarcar todas sus capturas, incluidas las que no cumplen los criterios de tamaño, para limitar las capturas «accidentales» devueltas al mar, esta «obligación de desembarque» sigue sin cumplirse debidamente, según Bruselas.
30% de zonas marinas protegidas para 2030 Por ello, el nuevo «plan de acción» de la Comisión pide a los Estados miembros que fijen sus cuotas anuales de capturas de forma más transparente, de acuerdo con los niveles máximos recomendados por los científicos. Sobre todo, los Estados deberán ahora adoptar medidas para «eliminar progresivamente» la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas de aquí a 2030, es decir, el 12% de las aguas europeas en la actualidad, y un objetivo del 30% de aquí a 2030, independientemente de su profundidad. Cada país tendrá que elaborar su hoja de ruta antes de marzo de 2024. Bruselas las evaluará, antes de proponer nueva legislación si es necesario.
La UE ya ha prohibido la pesca de arrastre por debajo de los 800 metros desde 2016, para ayudar a restaurar ecosistemas de fondos marinos vulnerables con una rica biodiversidad. Pero el uso de artes de fondo móviles (redes de arrastre, dragas, redes de enmalle, palangres, nasas, etc.) «sigue estando muy extendido», entre el 80% y el 90% de las zonas explotables del Atlántico nororiental y «en muchos lugares de la red Natura 2000 y otras zonas protegidas», lamenta el Ejecutivo europeo. Esto compromete los objetivos de los Veintisiete en materia de clima y biodiversidad: Bruselas denuncia una práctica que consume mucho combustible y emite mucho CO2, que, al rascar los fondos marinos, destruye ecosistemas que constituyen sumideros de carbono, debilita las poblaciones de peces que allí se reproducen y favorece capturas accesorias «desproporcionadas» por falta de selectividad.
«zonas marinas protegidas» La Comisión también pide a los Estados que amplíen las para alcanzar el objetivo del 30% de la superficie marina fijado en el plan europeo de biodiversidad, y que establezcan límites a las capturas accesorias de determinadas especies vulnerables (delfines del Golfo de Vizcaya, marsopas, rayas, etc.). Por último, Bruselas detalla su ambición de que los barcos y artes de pesca consuman menos combustible y fomentar su paso a energías limpias (hidrógeno, biocarburantes, electricidad, etc.), una «transición difícil y gradual» que se debatirá «en coordinación» con los Estados miembros y los pescadores.
El objetivo es también reducir la dependencia de los combustibles fósiles: «El precio del gasóleo marino se habrá más que duplicado en 2022, con una factura energética equivalente al 35% de los ingresos del sector, frente al 13% en 2020», subraya Virginijus Sinkevicius. Bruselas pide a los Estados miembros que «utilicen mejor los fondos europeos» disponibles para compensar los «impactos socioeconómicos a corto plazo», modernizar los buques y financiar la investigación.
«Es demasiado poco, demasiado lento Las asociaciones de pescadores, en cambio, tacharon el plan de demasiado restrictivo. La European Bottomfish Alliance (EBFA), que representa a 20.000 pescadores de 14 países, considera que la prohibición de la pesca de arrastre en zonas protegidas pondrá en peligro a «7.000 buques», lo que corresponde al «25% de los volúmenes desembarcados en la UE y al 38% de los ingresos totales de la flota europea». Además, esta medida estaría «injustificada» porque «algunas zonas han sido definidas para preservar aves y tortugas» sin ningún vínculo con el mar. «El único resultado será desplazar los esfuerzos pesqueros, aumentando el consumo de combustible y las repercusiones indeseables sobre las poblaciones», o incluso animar a la UE a importar más pescado, insiste su presidente, Iván López.
Por su parte, la ONG Bloom lamenta que el texto no sea vinculante y que sólo establezca recomendaciones con plazos lejanos: «La Comisión ha optado por renunciar a su poder político limitándose a publicar un ‘Plan de Acción’ que hace recaer la responsabilidad de tomar medidas en los Estados miembros de la UE». Con todo, celebra que el organismo haga suyas «algunas de las recomendaciones de científicos y asociaciones de protección del medio ambiente» al pedir a los Estados «que prohíban todas las artes de pesca de contacto con el fondo en todas las zonas marinas protegidas de la UE». La Comisión, dice la ONG, «al menos establece algunos criterios claros que permitirán acabar con la farsa de las áreas marinas protegidas ‘a la francesa'».
Para Rebecca Hubbard, de la coalición de ONG ecologistas Our Fish, «esto es demasiado poco, demasiado lento [y] está lejos del calendario urgente que se necesita». De hecho, la UE tolerará la pesca de arrastre de fondo durante siete años más en las zonas protegidas y después de 2030 fuera de ellas, coincide la ONG Oceana, que denuncia «la marcada discrepancia entre la observación y la debilidad de las acciones propuestas».
