Las ONGs han lanzado una ofensiva de restricciones en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA-ICCAT) que celebra su reunión anual del 14 al 21 de noviembre en un formato híbrido, tanto virtual como presencial en Vale do Lobo, Portugal.
En vísperas de la reunión, la International Pole and Line Foundation (IPNLF) y la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) publicaron por separado sendas declaraciones de posición en las que detallan sus peticiones a la organización regional de gestión pesquera. La IPNLF promueve la gestión sostenible de las pesquerías de atún con caña y línea de mano y de curricán, salvaguardando al mismo tiempo los medios de vida que sustentan. La ISSF es una coalición mundial de empresas de productos del mar, expertos en pesca, organizaciones científicas y medioambientales y operadores de buques que promueve iniciativas de base científica para la conservación del atún a largo plazo, la gestión de los dispositivos de concentración de peces (DCP), la mitigación de las capturas accesorias, la salud del ecosistema marino, la gestión de la capacidad y la prevención de la pesca ilegal.
Patudo
La IPNLF también pide a la comisión que adopte un total admisible de capturas (TAC) de precaución para el patudo, a pesar de algunos indicios de recuperación de la población, en consonancia con el asesoramiento del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas de la CICAA, y que aplique una norma de control de capturas (HCR) para el patudo basada en la última evaluación de la población. También anima a la Comisión a que estudie la posibilidad de adoptar normas de control de las capturas para otros túnidos tropicales.
La IPNLF también apoya una asignación equitativa de las capturas que abarque a todas las partes contratantes de la convención, haciendo hincapié en la protección de los derechos de las pesquerías a pequeña escala en los estados costeros en desarrollo; y que no se vincule una distribución más equitativa de las capturas a los aumentos del TAC. IPNLF apoya la tabla de asignación propuesta por Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe y Senegal.
Como antecedente de esta cuestión, una organización llamada CAOPA (Confederación Africana de Organizaciones de Pesca Artesanal) ha instado a cambiar la asignación de los derechos de acceso a la pesca del atún, abandonando el sistema de derechos históricos para satisfacer las aspiraciones de los países en desarrollo, y recompensando al mismo tiempo a los países que practican una pesca sostenible.
«La mayoría de los mecanismos actuales de concesión de derechos de acceso se basan en parte en los llamados «derechos históricos», es decir, en las capturas declaradas históricamente por los Estados que tienen capacidad para explotar los recursos pesqueros, incluso en alta mar. Sin embargo, las principales naciones pesqueras que tienen estos derechos históricos están lejos de haber cumplido con sus obligaciones de explotar los recursos de forma sostenible. Además, estos mecanismos, basados en derechos históricos, no reconocen las aspiraciones de los países en desarrollo de beneficiarse más de la pesca del atún, en particular para dar acceso a sus comunidades pesqueras locales, incluidas las artesanales», dijo CAOPA en una declaración de 2018 emitida a la Comisión del Atún del Océano Índico. «Los países costeros que han sido esencialmente excluidos de la pesca del atún son reacios a establecer límites de mortalidad y capacidad de pesca y otras normas de conservación y gestión sin garantía de que haya un nuevo sistema de asignación que tenga en cuenta sus aspiraciones. Temen -y su temor está justificado- que los que actualmente tienen la mayor parte del acceso intenten conservarlo».
Atún de Aleta amarilla
La IPNLF ha instado a la comisión a preparar un TAC para el rabil antes de la evaluación de la población prevista provisionalmente para 2023, a desarrollar y aplicar una tabla de asignación del rabil que incluya a todas las partes contratantes y a garantizar que la evaluación de la población de 2023 se lleve a cabo según lo previsto.
«El TAC del rabil del Atlántico se ha superado durante varios años consecutivos, sobre todo en 2020, cuando las capturas superaron el TAC en un 35%. Para evitar la sobrepesca de la población, la IPNLF anima a la comisión a reforzar las medidas de conservación y gestión para evitar que las capturas superen el TAC, con las consecuencias que ello conlleva», señalan
«Al no existir asignaciones completas por arte de pesca o por estado de abanderamiento, no siempre se pudo identificar a los miembros con sobrecapturas», dijo la presidenta de la ISSF, Susan Jackson. «Hay que solucionar esta situación».
La ISSF apoya además la adopción de normas mínimas de control electrónico para 2023. Quiere exigir el 100% de cobertura de observadores (humanos o electrónicos) en todas las pesquerías importantes de la CICAA y en todos los buques que realizan transbordos en el mar para 2024.
DCP a la deriva
La IPNLF insta a la Comisión a que aplique más límites de precaución al número total de DCP a la deriva que se permite desplegar entre 2023 y 2027, debido al aumento de las capturas de juveniles que provocan. También pide a la CICAA que mantenga o amplíe la veda de los DCP de 72 días creada recientemente; que desarrolle y adopte un sistema de marcado de DCP antes de 2023 para todos los nuevos despliegues de DCP, independientemente del tipo de embarcación, lo que exigiría que los DCP lleven sistemáticamente marcas de identificación tanto en la boya como en la estructura del DCP; poner en marcha un registro de DCP en 2023; exigir que todos los DCP a la deriva desplegados no se enreden, prohibiendo el uso de redes u otros materiales de malla, y que estén construidos completamente con materiales biodegradables (excepto la boya), y exigir a los buques que recuperen cualquier DCP a la deriva que no cumpla estos requisitos.
Jackson dijo que su organización instaba además a la comisión a revisar el estado de los datos de los DCP y a abordar su incumplimiento, ya que algunos de los datos históricos presentados están incompletos.
«La presentación incompleta de los datos requeridos de los plantados ha persistido desde 2014, lo que dificulta los análisis científicos necesarios para el desarrollo de los límites de los conjuntos o despliegues de plantados», dijo. «La falta de presentación de estos datos es inaceptable, y la CICAA debe tomar medidas correctivas».
La ISSF ha pedido a la CICAA que adopte una norma que exija la recopilación de datos acústicos y de posición de los DCP para su uso científico. También ha solicitado al Comité de Cumplimiento de la CICAA que aborde el incumplimiento de los requisitos de comunicación de datos sobre los DCP y que desarrolle puntos de auditoría para las medidas de la CICAA.
Atún rojo y tiburones
La IPNLF animó además a la Comisión a adoptar un procedimiento de gestión para las poblaciones de atún rojo del Atlántico. Un «procedimiento de gestión» es un conjunto de normas probadas por simulación que se utilizan para determinar las acciones de gestión, en las que se especifican previamente los datos, los métodos de evaluación y las normas de control de las capturas para implementar las acciones de gestión.
La IPNLF ha pedido a la comisión que mantenga la prohibición de retención de los marrajos del Atlántico Norte adoptada en 2021, que expira en 2023. La IPNLF también apoya la propuesta de la Unión Europea de incluir la población de marrajos del Atlántico Sur en su prohibición de retención. Además, la IPNLF ha pedido a la CICAA que adopte una política según la cual las aletas deben estar adheridas de forma natural en todas las especies de tiburones retenidas sin excepción.
