La Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana (Coincopesca), a la que pertenecen las cofradías de Castelló, Benicarló, Vinaròs y Peñíscola, denuncia que el sector de la pesca vuelve a estar contra las cuerdas. «Estamos atravesando una continua crisis, donde las malas noticias son las protagonistas», señala Manolo Albiol, secretario general de Coincopesca, en los micrófonos de ‘La Llavor’.

Y es que la subida descontrolada del precio del gasóleo está perjudicando a la actividad pesquera de la Comunitat Valenciana, poniendo en peligro la rentabilidad y viabilidad de las flotas. La consecuencia más inmediata, relata Albiol, es que muchos marineros y armadores se están planteando parar. Un paro que no se produciría en forma de protesta, sino que sería motivado por «necesidad», ante la mayúscula dificultad de soportar su economía diaria.Play/Pause

En efecto, las medidas que implementó el Gobierno el pasado mes de marzo -la bonificación de 20 céntimos el litro y el aplazamiento de las cuotas a la seguridad social- se han quedado completamente desfasadas ante el actual panorama de elevados costes. Por lo que las cofradías piden a las administraciones que ejecuten un nuevo paquete de medidas urgentes que ayuden a contrarrestar las pérdidas del sector y eviten el cierre de empresas.

Sin embargo, Albiol apunta que la voluntad de las instituciones va por otro camino: «Hará cuestión de dos semanas nos reunimos con la secretaria general de pesca del Gobierno, Alicia Villauriz, para pactar la postura española frente al consejo de ministros europeo de pesca que se celebrará el próximo mes de diciembre. Nos fuimos bastante descontentos porque no vimos ninguna aclaración ni ninguna situación de mejora o a favor de nuestros intereses», lamenta. Más bien todo lo contrario, «siguen con la idea de aplicar normativas restrictivas sin consultar al sector e independientemente de las consecuencias que éstas puedan tener en el propio sector».

Caminar hacia la territorialización de las normativas

El de la pesca es un sector principalmente plagado de negocios familiares y, por ende, modestos. En este grito de socorro, Manolo Albiol subraya la importancia de caminar hacia la consecución de la «territorialización de las normativas».

«Pescamos diferente a los andaluces y a la zona del norte de España. Aplicándonos a todos la misma normativa lo que hacen es no diferenciar las flotas y perjudicar a nuestras barcas, que son negocios pequeños. Siempre saldremos perdiendo», denuncia Albiol.

El Ministro de Pesca, Luis Planas, ha comunicado que el lunes presentará el recurso contra el veto a la pesca con artes de fondo.El miércoles está convocado consejo consultivo y el viernes las cofradías se reúnen con el comisario Sinkevicius

   El plazo para que el Gobierno central interponga recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición de pescar en 87 áreas del Atlántico nororiental termina el próximo sábado, 19 de noviembre. In extremis, este viernes, fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, que dirige Luis Planas, han confirmado a Europa Press que se presentará el próximo lunes.

   A continuación, el miércoles 16, está convocado consejo consultivo por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca y dos días después, el viernes 18, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se reunirá con el comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.

   El pasado miércoles, en un acto en Burela (Lugo), donde se concentra una parte relevante de la flota afectada en Galicia por el veto, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ya había trasladado que los trabajos de los servicios jurídicos del Estado estaban «muy avanzados».

   El Ejecutivo central tenía dos meses a contar desde el pasado 19 de septiembre, fecha en la que el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó la medida.

   Por su parte, el sector tiene más tiempo de tope para recurrir: hasta el 15 de diciembre. Por ahora lo ha presentado la organización de productores de Burela.

   En un primer momento, el ministro dijo que el Gobierno estudiaría la opción de acudir a la vía judicial frente a esta medida, si bien no fue hasta más tarde que se comprometió a interponer un recurso.

   Por su parte, la Xunta, a través de la Consellería do Mar y mediante el trabajo de varios expertos juristas en la materia, le aportó un documento base para elaborar el recurso.

Si en España son los armadores de la flota de palangre de fondo los que han dado la voz de alarma por las menores posibilidades de captura que tienen tras el veto en las 87 zonas de pesca, en otros puertos europeos las condiciones impuestas por el Brexit están llevando a plantearse llevar a cabo la paralización de los barcos. Así, dos semanas después de la publicación de las condiciones de compensación por el Brexit, las empresas armadoras francesas e irlandesas se lo están pensando. En principio, en puertos de Bretaña podrían desaparecer un centenar de puestos de trabajo en la pesca.

Desde la primavera, la cuestión está en boca de todos, en los muelles de los puertos pesqueros franceses . ¿Cuántos barcos se desguazarán como parte del paquete de ayudas del Brexit? A falta de un mes para que finalice el plazo de presentación de solicitudes para el Plan Individual de Apoyo (PIA), «todavía no se ha presentado formalmente ni una sola solicitud», según la información del comité regional de pesca de Bretaña. Pero de Saint-Malo a Lorient, el resultado no está en duda. Y no solo por el impacto del Brexit en la flota bretona de barcos de pesca de bajura de las Islas del Canal y de barcos de altura acostumbrados a las aguas británicas. «El plan de apoyo individual es una oportunidad para los barcos afectados por el Brexit y perjudicados por el aumento del precio del gasóleo», afirma Jacques Pichon, presidente de la asociación nacional de organizaciones de productores marítimos pesqueros y director de la flota de La Houle, que incluye diez arrastreros de altura con base en el puerto de Saint-Guénolé, en Penmarc’h

«Los márgenes se reducen»

Y por una buena razón, a pesar de que el 16 de marzo Jean Castex anunció el compromiso del Estado de pagar 35 céntimos de ayuda por litro de gasóleo a todos los pescadores franceses, no todas las empresas de pesca de altura la reciben en su totalidad.

Aunque la subida del precio del pescado ha permitido mitigar el aumento de los costes de explotación relacionados con el gasóleo y el encarecimiento de la mayoría de los equipos, «los márgenes se reducen», se preocupa Christophe Collin, director de la empresa Bigouden, once arrastreros de altura con sede en Guilvinec.

En este contexto, el gestor no descarta una reducción de la flota, lo que supondría la prohibición de construir un nuevo barco durante cinco años. «Nuestra decisión no está tomada», dice el director de la empresa armadora.

Llamada a la solidaridad sin respuesta

Según la profesión, el resultado de este nuevo plan de ruptura podría suponer la pérdida de un centenar de puestos de trabajo directos en la región de Bigouden, debido a la falta de solución a la crisis energética y en un momento en que las compañías navieras han adelantado el importe de las subvenciones al gasóleo prometidas en la remuneración de sus tripulaciones.

Tanto más cuanto que el llamamiento a la solidaridad del sector de la gran distribución, lanzado por la Secretaría de Estado del Mar, no parece encontrar una respuesta favorable, en un contexto de disminución del consumo de pescado. Una segunda reunión prevista para esta semana sobre el tema ha sido aplazada indefinidamente.

En estas condiciones, la compañía naviera de La Houle, tras la puesta en servicio de un nuevo barco hace casi un año, al que pronto se unirá un buque gemelo, está considerando seriamente un plan de desguace. Dos barcos… o incluso cuatro, mientras que la factura de gasóleo de la empresa se ha duplicado en un año. «Vemos el PAI como una forma de limitar los daños. Una medida de supervivencia», advierte Jacques Pichon.

Para luchar contra el dumping social, el Gobierno francés tiene previsto crear un grupo de trabajo en cooperación con la Dirección General de Asuntos Marítimos, Pesca y Acuicultura (DGAmpa) y los inspectores de trabajo, dijo Hervé Berville en el Grand Palais de Lille que se llenó el martes 8 de noviembre para la inauguración de los Assises de l’économie de la mer. El acto fue inaugurado por el Secretario de Estado del Mar, Berville, que, en su discurso, anunció varias medidas para «reforzar la soberanía de la economía marítima de Francia». Berville no defraudó y mostró su determinación para defender la bandera francesa. Señaló directamente al armador británico P&O que, hace unos meses, no dudó en despedir a 800 marineros ingleses para sustituirlos por mano de obra de bajo coste.

El Gobierno pretende crear un grupo de trabajo en plena colaboración con la DGAmpa, que incluya inspectores de trabajo. Este último será igual de activo en el Mediterráneo, donde Francia también pretende sancionar a los transbordadores que no respeten las disposiciones sociales del país de acogida durante el cabotaje. Se está estudiando un proyecto de ley, «estamos avanzando con determinación».

La lucha contra el dumping social comenzó con la inspección, el lunes 7 de noviembre, de un barco de transbordadores irlandeses en Calais, la Isla de Inisheer. Se trata de una operación «muy eficaz», dijo Hervé Berville, refiriéndose al hecho de que los armadores están ahora advertidos de posibles controles.

Si los transbordadores están en la línea de fuego, también lo estarán los buques dedicados a los parques eólicos marinos franceses, que tendrán que cumplir los requisitos de la legislación social nacional y enarbolar la bandera europea cuando salgan de un puerto francés hacia un parque eólico francés. Este compromiso social será también un medio de diversificación para los armadores franceses, que ya no se enfrentarán a la competencia desleal.

La energía eólica es otro de los caballos de batalla del gobierno. Como ha recordado el Secretario de Estado del Mar, su intención es dotar al país de 50 parques eólicos marinos de 40 GW de aquí a 2050, anunciando al mismo tiempo que la ubicación de los parques eólicos se conocerá «en el verano de 2024». Y no sólo apostando por la tierra: «Francia debe estar a la vanguardia de la energía eólica flotante», insistió el Secretario de Estado.

Atraer a los jóvenes

Pero todo esto no puede hacerse sin más marineros. De ahí la necesidad de nuevos incentivos para atraer «al mayor número posible de jóvenes que quieran ser navegantes pero, sobre todo, que sigan siendo navegantes». La Academia Marítima Nacional (ENSM) recibirá, como estaba previsto, más apoyo financiero para contratar a cinco profesores y duplicar su plantilla y formar a más oficiales. Un batallón de oficiales será reforzado gracias a la reforma de la BTS marítima. En Lille, Hervé Berville anunció que los alumnos de estos cursos «tendrán el nivel de oficial a su salida».

Otros retos planteados por el Secretario de Estado fueron el desarrollo de una flota estratégica francesa, aún más imprescindible en la actualidad. «¡Debemos avanzar rápidamente! De ahí la creación de una misión parlamentaria, de la que formará parte François Lambert, Director General de la ENSM, para la «gestión prospectiva de los puestos de trabajo», que estudiará rápidamente los suministros y los cables de energía.

Angola ha firmado el tratado de las Naciones Unidas sobre pesca legal y sostenible, en el marco del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Su objetivo es prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Según un comunicado de prensa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), «Angola forma parte de los nuevos miembros del acuerdo junto con Eritrea, Marruecos y Nigeria».

La FAO dijo que los países miembros impedirán la entrada de barcos extranjeros que realicen o apoyen actividades ilegales en sus puertos.

La adhesión de los cuatro países africanos «elevó al 60% el número total de países portuarios comprometidos con el acuerdo, un instrumento vinculante en favor de una pesca más sostenible».

Para el director general de la FAO, Qu Dongyu, citado en el comunicado, el aumento de la demanda de los consumidores y la transformación de los sistemas agroalimentarios en la pesca y la acuicultura han llevado la producción mundial de pescado a los niveles más altos que se observan en la actualidad.

«Ahora se reconoce ampliamente que es necesario intensificar la lucha contra la pesca perjudicial», subrayó.

El responsable de la FAO también consideró «alentador» el apoyo de los países a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) «en un momento en el que cerca de una quinta parte del pescado capturado cada año en el mundo procede de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.»

El director de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barrange, subrayó que los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales para lograr una pesca sostenible «también se ven afectados», argumentando que la «eliminación de todo tipo de actividad ilegal es clave» para alcanzar los ODS.

«La recomendación es que se refuerce el control portuario y se fomente el intercambio de información mediante la aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto», señala además el documento