La flota estaba saliendo de la crisis provocada por el COVID y ahora se ha metido de lleno en la provocada por la guerra. Y todo esto en el contexto de una política verde en el ámbito europeo que parece que quiere arruinar a las empresas en vez de favorecerla. Todo ello ha contribuido a que España cuente con menos de 9.000 barcos cuando hace pocos años se contaba con 22.000. Cada año van desapareciendo más barcos y eso unido al problema de falta de tripulaciones, de relevo generacional, los precios el gasóleo… se están produciendo muchos abandonos y con un alto número de peticiones de desguaces.

Ahora, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. El texto, que actualiza otro de hace más de 20 años, es clave para el sector al incluir un tema fundamental como gestión de las posibilidades de pesca. Desde el ámbito de Cepesca existe un gran malestar porque de las 46 propuestas presentadas sólo 5 se han atendido siendo la prioridad la seguridad jurídica de las empresas. Para ello piden que queden por escrito que «los nuevos criterios de reparto se apliquen para los repartos que haya en el futuro y no para las que ya han sido repartidos, ya que produciría inestabilidad en las empresas que llevan años invirtiendo en posibilidades de pesca y que verían cómo se atenta contra esa seguridad jurídica».

La ley tendrá una vigencia para los próximos 20 años, y por eso piden seguridad jurídica para que no existan cambios legislativos que pongan en peligro esa seguridad jurídica, una vez que les parece excesiva la reserva de un 10 por ciento de las cuotas pesqueras cuando para Cepesca debía ser del 3 por ciento. «Existen sectores de armadores que invierten en posibilidades de capturas y las cuotas no pueden estar sometidos a cambios legislativos y sí a estabilidad».

También ven con preocupación que se retiren las cuotas a los armadores que llevan dos años seguidos sin pescarla o que las utilizan para venderlas y no compran otras para pesca. Para Cepesca, «uno puede dejar de pescar toda la cuota de una especie porque a lo mejor el hacerlo le hace perder dinero porque el precio está por los suelos. O porque ha tenido una avería en el barco. Lo que se tiene que hacer es una política favorecedora de intercambios de cuotas entre los empresarios, eso sí que es algo que a todos nos gustaría. Y que sea lo más flexible posible, una vez que se han perpetuado en muchos casos gracias a la inversión de los armadores». A todos nos interesa que se utilicen las máximas posibilidades de pesca en España

Sí apoyan la regulación de la pesca deportiva, tras comprobar que hay miles de barcos en todas partes y tienen un impacto en los recursos pesqueros. «Muchos cumplen la legislación, sin duda, pero hay otros que no lo hacen y que pescan sin licencia, o se pasan de las cantidades o, lo que es más grave, se vende a restaurantes. Los mecanismos de control ahora son muy escasos y es una competencia desleal».

La paradoja es que si La Ley de Pesca Sostenible es para 20 años ahora puede cruzarse con la revisión de la Política de Pesca Común o el Plan de Acción de Bruselas que pueden afectar a las bases de la legislación, aunque en la PPC no se quieren hacer cambios pese a que el Brexit ha abierto una situación comprometida. El caso es que se manifiestauna posición dominante de la Dirección General de Medio Ambiente [DG Env] sobre la de Asuntos Marítimos y Pesca [DG Mare].

En cuanto al ordenamiento que emite el Ministerio de Transición Energética la preocupación es notable después de haber conocido las ordenes dictadas sobre el marrajo dientuso, las áreas marinas protegidas, la Estrategia de Biodiversidad y el Pacto Verde. Todo ello hace que se produzca un desequilibro entre la PPC y la política medioambiental, con un mayor peso de la segunda y eso puede tener consecuencias muy grandes para la primera y para los pescadores de la UE.

Sí aprecian aspectos positivas, como lo relacionado con la investigación, que se hayan incluido los coeficientes reductores para esos colectivos, la pesca recreativa o la creación de un foro asesor… » Lo que tendría que hacer el Gobierno, en el Congreso y Senado, es hacer caso al sector, consensuar todo esto y que salga una ley buena en todos los sentidos», dice Garat. «Si el texto acaba como está actualmente la opinión será negativa. Es una pena que las dos fases en las que pudimos influir, cuando nos pasaron tarde el borrador y luego el anteproyecto, que no nos hayan hecho caso. Es una pena. Hay una tercera oportunidad y esperamos que no la pierdan».

El gasóleo pone al sector en la pared

El problema del gasóleo va camino de ser la espada de Damócles si no se consigue controlar. Está pendiente de conocer si la OMC considera como subsidio pesquero las exenciones fiscales al gasóleo pesquero. Estamos viendo como los costes de explotación se van por las nubes, suponiendo más del 50% en muchos casos de nuestra flota, con precios nunca vistos y que a pesar de los 20 céntimos de descuento son «insufribles».

Desde Cepesca se ha solicitado la extensión de las ayudas del gasoil más allá del 30 de junio y que se ayude a la flota que toma en el extranjero. Por ello, valoransi no ocurre eso la catástrofe puede ser total. Además, no han recibido ninguna de las ayudas. La realidad es que no se ha recibido un euro.

La Agencia Tributaria se mantiene en su posición de excluir de ayudas a la flota que reposta en el extranjero. Por ello, Cepesca ha presentado a los partidos políticos y a la CEOE las propuestas de enmiendas para la ley, con el deseo y la esperanza de conseguir com efecto retroactivo el descuento.

Pescar en Marruecos ya no es rentable. Ni si quiera las sardinas procedentes del caladero marroquí son de mejor talla que las que aporta el Golfo de Cádiz. Obtienen más beneficio con las capturas, muy solicitados, de sardinas, boquerones y caballas que pueblan las aguas del Golfo de Cádiz, que son de mayor tamaño.

Los barcos gaditanos que faenan en estos momentos en aguas del país vecino no llegan a media docena, a pesar de las 92 licencias españolas que se pactaron en el acuerdo firmado en 2019 y que expira en junio del año que viene. La subida del gasoil ha marcado el antes y el después de una pesca tradicional no exenta de tensiones.

El Acuerdo de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y Marruecos existe desde hace más de 30 años y ha ido renovándose desde 1988 a través de sucesivos acuerdos bilaterales y de protocolos de implementación. El 14 de enero de 2019 se firmó el último y significó el regreso a la actividad de un total de 45 barcos, principalmente de los puertos de Barbate, Conil, Algeciras y Tarifa, y el alivio laboral para unas 500 familias andaluzas.

Ahorro de costes

Estos mismos barcos prefieren ahora ahorrar costes y echar sus redes en aguas más próximas. Lo sabe muy bien el armador de Barbate Tomás Pacheco, que nota como los gastos de explotación de su flota se han incrementado, «pero el precio del pescado no ha variado». Admite que faenar ahora en Marruecos es salir a pérdidas. De las 22 licencias de cerco que tiene asignadas Cádiz, solo siete están arriesgando a la hora de faenar en Marruecos. Las 40 licencias para embarcaciones de menor tamaño de Conil, Algeciras y Barbate han tirado la toalla y faenan en aguas españolas. No hay que olvidar que una embarcación necesita entre 80 y 100 litros de gasoil para cubrir una hora de navegación y si antes «tirábamos con 3.000 euros de combustible a la semana ahora necesitamos 5.000 euros».

El último acuerdo con Marruecos, ratificado en 2019 y válido por cuatro años, la Unión Europea se comprometió a pagar a Marruecos 52 millones de euros anuales a cambio de que 128 barcos faenaran en sus aguas y en las del Sáhara Occidental. De esas embarcaciones, 92 son españolas. Pero una vez firmado el acuerdo, la realidad es que España solo ha hecho uso tanto los últimos años de menos de la mitad de las licencias asignadas. Las razones son variadas. Hubo sus tiras y aflojas para lograr el acuerdo, pero la subida del combustible ha dado la puntilla.

Un peaje que paga Europa

El acuerdo con Marruecos, que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE y que ahora está pendiente del recurso interpuesto por ese fallo por parte de la Comisión Europea, ha ido subiendo de precio conforme avanzan los años. En 2013 Marruecos obtuvo 40 millones de euros anuales para 126 barcos. Y en 2019 consiguió 12 millones más por año. Lo más sorprendente de esta situación es que Rabat, pese a todo, no deja de cobrar sus 52 millones de euros anuales, aunque no vaya nadie a pescar. En cuanto a los armadores, ellos pueden renovar sus licencias cada trimestre y hacer uso de ellas o no hacerlo. En caso de faenar tienen que abonar un canon trimestral a Marruecos, según el tonelaje de la embarcación.

En el primer trimestre de 2021 se usaron 27 de las 92 licencias de Marruecos; en el segundo, también 27; en el tercero, 24 y en el cuarto, solo 17, según fuentes del sector. Tomás Pacheco avanza que si el precio del gasoil sigue al alza, las licencias de pesca con Marruecos quedarán sin uso totalmente antes de que expire el acuerdo.El acuerdo, suscrito en 2019 por el que la UE paga 52 millones de euros a Marruecos, expira en junio de 2023

En este sentido, los armadores gaditanos dicen que se sienten engañados con la reducción del precio del gasoil que ha practicado el Gobierno y que entró en vigor el pasado abril. Sostienen que los 20 céntimos de descuento «ya se los ha comido la subida».

Tomás Pacheco, presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (Abempe), reconoce que «hemos ido a peor en los tres últimos años». Tras la pandemia en 2020, sobrevino en 2021 la crisis diplomática entre España y Marruecos. En mayo del pasado año, las autoridades marroquíes permitieron la entrada de miles de emigrantes irregulares en Ceuta. En esos meses, los 15 barcos de pesca de cerco de Barbate que solían acudir a las aguas de Larache, en el norte de Marruecos, a capturar boquerones y sardinas quedaron amarrados a puerto. Ahora que las relaciones vuelven a retomarse no es rentable para los barcos recorrer las 120 millas que les separan del caladero marroquí. El gasoil es muy caro y el precio del pescado que se paga en lonja no ha subido en la misma proporción que el combustible.

La flota de cerco y arrastre de Sanlúcar no pesca en los caladeros de Marruecos, pero también sufre la subida del combustible. José Carlos Macías es asesor técnico de la Cofradía de Sanlúcar y aclara que el sector se mantiene a flote aunque no se gana el dinero de antes «van muy justo y con más gastos de explotación». Indica al respecto que no sabe qué pasará en los próximos meses si el combustible sigue al alza

• La agrupación de armadores Europeche rechaza la acusación de » supuesta pesca ilegal de los buques de la UE no tiene sentido a la luz del Comité de Cumplimiento de la semana pasada en la CAOI que demuestra el cumplimiento de nuestra flota». Según los armadores, «el informe utiliza datos no fiables basados en estimaciones y suposiciones para acusar injustamente a la flota atunera de la UE de incumplimiento de las normas».

Mientras las negociaciones sobre los stocks de atún avanzan a marchas forzadas en la 26ª sesión de la IOTC, un país se ha referido al informe «Fishing outside the lines», acusando principalmente a las flotas de la UE de pesca ilegal. El grupo Europêche rechaza las conclusiones de este informe dado que no hubo ninguna acusación, e incluso ninguna sospecha de pesca ilegal por parte de las autoridades de la UE, Seychelles o Mauricio la semana pasada en el comité de cumplimiento de la IOTC.

De acuerdo con los procesos de control de la pesca de la UE, Seychelles y Mauricio, las capturas declaradas en los cuadernos de pesca por los pescadores son recogidas, cotejadas por los institutos científicos nacionales con el VMS (sistema de seguimiento de buques), la herramienta oficial de control del posicionamiento de las pesquerías, transmitidas a los Estados de abanderamiento y verificadas por sus servicios de control, enviadas a las autoridades de la UE y facilitadas a la Secretaría y al Comité de Cumplimiento de la IOTC, para ser finalmente publicadas y debatidas entre los países miembros. «Ninguna de estas autoridades ha acusado de pesca ilegal a la UE, a las Seychelles o a Mauricio, objetivo de Blue Marine Foundation. Todo lo contrario: muchos se refieren a la calidad de los datos de las redes de cerco. Europêche cuestiona las conclusiones del informe, ya que significaría que todos esos actores habrían pasado por alto actividades de pesca INDNR tan importantes y evidentes en las aguas de nada menos que ocho Estados costeros, ninguno de los cuales afirma que haya habido actividad ilegal por parte de las tres flotas», según Europecha

Anne-France Mattlet, Directora del Grupo Atún de Europêche, declaró: «Antes de gastar tanto tiempo y esfuerzo en este informe falaz, ¿qué tal si Blue Marine Foundation se hubiera limitado a ponerse en contacto con la Secretaría de la CAOI, las autoridades de la UE, Seychelles o Mauricio, las partes contratantes o incluso las organizaciones de pescadores antes de publicarlo? Cualquier organización racional y creíble debería comprobar sus fuentes o métodos y consultar a las partes afectadas». Para el Grupo Atunero Europêche, es evidente que el informe contiene una serie de afirmaciones que son manifiestamente falsas y contrarias a la realidad pesquera. Los buques de la UE no pescaron en las aguas de ningún Estado costero sin que existiera un acuerdo. En este contexto, el Grupo Atunero Europêche está estudiando la oportunidad de encargar a un bufete de abogados que responda a la difamación de Blue Marine Foundation si no retira sus acusaciones.

Europêche recuerda que la flota de cerco es responsable de un tercio de las capturas de rabil en el Océano Índico y que ha disminuido sus capturas en más de un 20% desde 2014, mientras que el conjunto de las capturas de la CAOI han aumentado en más de un 6% en este periodo. La Sra. Mattlet comentó: «No olvidemos que la UE, Seychelles y Mauricio son los únicos pescadores principales que no han objetado el plan de gestión del rabil y respetan sus cláusulas. A pesar de estos hechos, ellos y sus flotas de cerco asociadas son designados injustamente por la Blue Marine Foundation como «el mayor contribuyente a la sobrepesca» en el Océano Índico. Resulta chocante leer que de las 32 páginas, el informe sólo concede 5 líneas a la denuncia del enredo de cetáceos y la captura de 4,1 millones de cetáceos y redes de enmalle, sin mencionar sin embargo que se supone que son ilegales».

Europêche también argumenta que las flotas de cerco abanderadas en otros estados costeros contribuyen en gran medida a sus economías y desarrollo de forma sostenible. Además, cualquier Estado costero es libre de celebrar acuerdos de pesca directa si lo desea y no hay nada «clandestino» en ello, como da a entender el informe.