La firma Viawind, una solución ultratecnológica -netamente made in Spain- ha conseguido simular digitalmente el impacto visual de las infraestructuras marinas. Desarrollada por la española Plain Concepts, Viawind «permite crear con rigor científico -explican sus creadores- una simulación 3D ultra realista de estas instalaciones, reflejando elementos dinámicos del entorno como el clima, la marea, el viento o la hora del día».
Plain Concepts, agencia multinacional de servicios de tecnología y desarrollo de proyectos de innovación para empresas y organizaciones, ha desarrollado Viawind, que presenta como «un producto innovador aporta un valor diferencial al cliente en las primeras fases del proyecto, cuando los diferentes stakeholders encargados de evaluar su viabilidad -en base a un riguroso análisis de impacto visual y de compatibilidad con el resto de las actividades del mar- pueden previsualizar el resultado final del parque y acceder a sus datos críticos antes de conceder permiso para su construcción». Viawind -explican sus desarrolladores- es «la primera solución tecnológica que permite simular digitalmente el impacto visual de los parques eólicos marinos». Según Plain Concepts, Viawind formula «con rigor científico una simulación 3D ultra realista de estas instalaciones, reflejando elementos dinámicos del entorno como el clima, la marea, el viento o la hora del día».
Daniel Fernández, responsable del área de Estrategia Digital en Plain Concepts afirmó que: “Viawind es una solución única nacida para hacer frente a la situación energética actual. Interviene directamente en la validación de los proyectos de parques eólicos marinos por todos los stakeholders implicados, acelerando enormemente el proceso con un espacio digital centralizado e interactivo, ahorrando costes y otorgando al cliente una clara ventaja competitiva respecto a otras candidaturas”
Plain Concepts explica cómo funciona Viawind «Las turbinas eólicas marinas emplean tecnología avanzada para generar energía con cero emisiones de carbono y juegan un papel fundamental en la transición energética mundial. Se instalan más allá de la costa, en aguas profundas. Hasta ahora, los estudios de impacto visual para este tipo de proyectos se realizaban de manera rudimentaria, con sencillos esquemas visuales para determinar criterios morfológicos y biofísicos, entre otros. Plain Concepts ha evolucionado este sistema ofreciendo la capacidad de determinar la mejor disposición posible de las turbinas de los parques eólicos marinos, considerando su tipo, tamaño, distancia entre ellas y la orientación móvil de sus alas. A partir de aquí, Evergine, un potente motor gráfico desarrollado por la compañía, permite generar precisas simulaciones virtuales 3D para que cualquier persona visualice de manera real el parque desde varios ángulos de la costa, pudiendo simular además distintas condiciones climáticas y lumínicas»
Según la compañía española, con sede en Madrid y presencia en Australia, Estados Unidos, Reino Unido y otros países, «todo este trabajo se convierte en un producto desarrollado en una página web interactiva que facilita el entendimiento completo del estudio y aporta mayor profundidad de datos dinámicos y realismo frente al clásico informe escrito». Este formato -explican desde Plain Concepts- permite también compartir la web al instante lo que agiliza los procesos de aprobación entre diferentes instituciones y empresas.
Proyección internacional Plain Concepts ha anunciado ya su intención de introducir Viawind en «nuevos mercados que se unan a la tendencia de países como Dinamarca, que ha aprobado el proyecto más grande de la historia del país con una inversión de 34.000 millones de euros para la construcción de islas de energía” o Estados Unidos, donde el National Renewable Energy Laboratory acaba de publicar una actualización de su evaluación del recurso eólico marino existente frente a las costas del país, según la cual si se tiene en cuenta el estado actual del arte (el momento tecnológico) y, así mismo, las posibilidades económicas, hay hasta 1.500 gigavatios de potencia eólica técnicamente accesible frente a las costas USA (profundidades de menos de 60 metros, aerogeneradores cimentados a fondo marino) y hasta 2.800 gigas de eólica flotante.
Desde su lanzamiento hace pocos meses, Viawind-informa la empresa- ya ha sido utilizado en 25 estudios realizados en España, Italia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Colombia y «también está atrayendo el interés de otras regiones potenciales como el norte de Europa, la costa este de EEUU y la costa este asiática (Corea, China y Japón)».
Credenciales Fundada en 2006 y con sede en Madrid, Plain Concepts es una agencia multinacional de servicios de tecnología y desarrollo de proyectos de innovación adaptados a las necesidades únicas de empresas y organizaciones. La empresa está presente en 7 países y tiene más de 450 empleados en todo el mundo
El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor del puerto de Burela, Basilio Otero, ha avanzado la convocatoria de movilizaciones por el veto de la Unión Europea (UE) a la pesca de fondo.
«Tenemos que hacer alguna acción social, esto no puede quedar solo con papeles o recursos», ha advertido Otero, quien ha explicado que es preciso que «se vea que realmente que están preocupados». «Nos tenemos que mover, no nos podemos quedar en la bonhomía de mandar un papel y reclamar. Tenemos que darle una vuelta a esto», ha advertido. Asimismo, ha explicado que «caben dos tipos de movilizaciones», una que pasaría por ir a protestar a Bruselas o también llevar sus quejas a Madrid a «la Castellana, donde se encuentra la representación permanente» que tiene Europa en España.
Seguidamente, Basilio Otero ha aplaudido la intervención del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, que «fue realmente duro, en un contexto de un Consejo de Ministros de la Unión Europea, apoyado por Francia e Irlanda». «No nos podemos quedar en casa ante una agravio de tal magnitud», ha incidido el patrón mayor de Burela.
Otero ha advertido de que se trata de una comarca «especialmente tocada» por el veto, a lo que hay que sumar que hay «muchos (barcos) pincheros que trabajan», en zonas donde se aplica la prohibición de la pesca de fondo. «Al final afecta a toda Galicia. Esto va a hacer que los barcos que trabajaban ahí se tengan que desplazar a otras zonas y eso va a influir en otras artes de pesca», ha avisado. Solo en la provincia de Lugo, se podrán ver afectados cerca de un centenar de embarcaciones y unos mil empleos.
Unanimidad en la Diputación de Lugo en defensa de la flota
Los tres grupos de la Diputación de Lugo, PSOE y BNG (en el gobierno provincial) y PP, han apoyado tres mociones impulsadas por cada uno de ellos en defensa de la flota pesquera ante el veto de la Unión Europea (UE) a la pesca de fondo.
Antes del pleno, el presidente de la Diputación, José Tomé, avanzó el voto favorable de los socialistas a las tres iniciativas. «Dicen lo mismo», ha esgrimido. Con ello, ha indicado que se quiere subrayar el rechazo a «lo que aprobó el comisario europeo», en referencia al lituano Virginijus Sinkevicius. «Para nosotros es totalmente contrario a los caladeros gallegos y provocaría un problema tanto en los barcos como en tierra», ha esgrimido.
«Vamos a rechazar esa política europea y estamos plenamente convencidos de que lo que dijo el ministro (Luis Planas) va a salir adelante, se va a pelear judicialmente y va a ganar contra esa normativa que sacó este comisario lituano», ha augurado Tomé. Por su parte, la vicepresidenta, la nacionalista Maite Ferreiro, ha lamentado que esto «viene dado de las políticas de la Unión Europea que ningún Gobierno central supo defender y desde luego la Xunta también se apartó en defensa de los intereses, en este caso, de la pesca». «Es un desmantelamiento que no es nuevo y ahora vemos la boca del lobo», ha denunciado.
El portavoz popular, Javier Castiñeira, ha argumentado que este es un tema que «afecta a A Mariña» de Lugo, afeando que echa en falta «la presencia del presidente de la Diputación de Lugo en este debate. «No tenemos constancia de una reunión de Tomé con sector», ha advertido. En todo caso, los populares respaldaron las distintas iniciativas en defensa del sector de la pesca contra el veto de Bruselas que se debatieron en el Pazo Provincial de San Marcos.
Un amplio panel de ponentes del ámbito portuario, del sector energético y de la empresa analizarán las claves de futuro de los puertos como enclaves sostenibles el próximo 4 de octubre, en la sala de conferencias del puerto de Bilbao.
Los puertos evolucionan constantemente para adaptarse a las necesidades económicas y sociales, una tendencia que se ha visto acentuada en las últimas décadas por los cambios demográficos, tecnológicos y de sostenibilidad, factores que están redefiniendo la función de los puertos y su lugar en el entramado económico y social de las comunidades a las que prestan servicio.
En este escenario, las actuaciones encaminadas hacia la eficiencia energética, la descarbonización y la sostenibilidad ecológica adoptadas por parte de los puertos son fundamentales para alcanzar los objetivos medioambientales marcados por la transición energética.
Por ello, el martes, 4 de octubre, la Sala de Conferencias del Puerto de Bilbao acogerá la jornada ‘El rol de los puertos en la transición energética’, un encuentro con destacadas personalidades del ámbito portuario y de las empresas e instituciones del sector energético organizado por la Autoridad Portuaria de Bilbao y Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad con el objetivo de presentar y analizar las oportunidades y los retos a los que deben hacer frente los puertos en el contexto de la transición energética, así como las principales actuaciones que se están llevando a cabo en los principales puertos europeos en el campo de la sostenibilidad.
La jornada comenzará con la bienvenida del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, y continuará con la presentación del informe ‘El rol de los puertos en la transición ecológica’ de la mano de la investigadora de Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad, Macarena Larrea.
Veleros en el abra exterior
Posteriormente intervendrán el director general de EVE – Ente Vasco de la Energía, Iñigo Ansola, que tratará sobre la estrategia energética vasca y la relevancia de los puertos como hubs para los proyectos de energías marinas; el director de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Carlos Alzaga, que desgranará los pormenores del proyecto BilbOPS para la electrificación de muelles e instalación fotovoltaica asociada; y el director de personas y organización, económico financiero y relaciones institucionales de Petronor, José Ignacio Zudaire, quien presentará la ponencia ‘El Hub de Descarbonización de Petronor: un proyecto industrial pionero ya en marcha’.
A continuación el coordinador del Lab energía y medio ambiente de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, Jorge Fernández, moderará una mesa redonda en la que participarán Iñigo Ansola, José Ignacio Zudaire y el director comercial, operaciones y logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Andima Ormaetxe, y finalmente el director económico financiero de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ekaitz López, cerrará el encuentro con la presentación de las conclusiones de la jornada.
Al término del encuentro quienes lo deseen podrán realizar una visita guiada por las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Portugal defendió el lunes en Bruselas un «acuerdo equilibrado» para la gestión de los recursos pesqueros entre la Unión Europea, el Reino Unido y Noruega, según informó el Ministerio de Agricultura y Alimentación.
En un comunicado, el Ministerio indica que en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión celebrado se debatieron las directrices para fijar las posibilidades de pesca para 2023 de los «stocks» compartidos con el Reino Unido, Noruega y los Estados costeros para 2023.
«Portugal argumentó que estas consultas anuales deberían concluirse en el Consejo de diciembre, para dar estabilidad al sector pesquero de la Unión. Por lo tanto, consideró que la Comisión debería hacer todos los esfuerzos necesarios para obtener acuerdos positivos y equilibrados para los pescadores europeos en 2023», dice la nota.
El Ministerio dijo que Portugal hará un seguimiento de las consultas bilaterales entre la Unión Europea y el Reino Unido, específicamente en lo que respecta a las especies de aguas profundas, que son de la mayor importancia para las regiones autónomas.
En la reunión, Portugal destacó «la necesidad de mejorar las medidas existentes en relación con los ecosistemas marinos vulnerables, promoviendo una mayor implicación de la Administración, el sector pesquero y los consejos consultivos, a través de un diálogo transparente y permanente entre todas las partes».
Medidas adicionales con la anguila
Según la nota, también se debatió el estado de la población europea de anguilas, «siendo los Estados miembros, incluido Portugal, unánimes en la necesidad de aplicar medidas adicionales a nivel europeo, para proteger esta población».
El Ministerio de Agricultura recuerda que, en Portugal, la captura de angulas está prohibida desde el año 2000.
«En relación con la situación del mercado, Portugal constató que las decisiones de producción en el territorio nacional se ven comprometidas por los costes y la disponibilidad de los factores de producción y por las condiciones climáticas, caracterizadas por una sequía prolongada, asociada también a la incertidumbre sobre el precio en el momento de la cosecha, con consecuencias negativas sobre la viabilidad y la inversión en las explotaciones agrícolas», dice la nota.
En la reunión, Portugal también subrayó la responsabilidad de la Unión Europea en materia de cooperación humanitaria, especialmente con los países en desarrollo, sobre todo en África, con mayor escasez de suministros.
«Portugal destacó que el mantenimiento de los elevados precios del petróleo y del gas, con su repercusión en el aumento del precio de los fertilizantes y, en consecuencia, del precio de los alimentos, aumenta la presión sobre la seguridad alimentaria, especialmente en las economías más frágiles», señaló la nota.
En la reunión también se habló de la producción agrícola y la logística en Ucrania y de los vínculos con la UE, y Portugal subrayó la necesidad de «solidaridad y pragmatismo en el momento crítico que estamos viviendo».
El pasado 30 de junio ICES publicó la revisión del estado del stock de merluza sur, HKE/ 8C3411. Esta revisión ha supuesto «el paso de este stock de categoría 3, que significa datos limitados y aplicación de principio de precaución, a categoría 1, que implica un enfoque basado en el rendimiento máximo sostenible y bajo las condiciones del plan plurianual para las poblaciones de aguas occidentales, aprobado mediante Reglamento (UE) 2019/472 del Parlamento Europeo y del Consejo».
Si bien por el momento la Comisión no ha confirmado de manera definitiva la revisión de las posibilidades de pesca, y no ha iniciado el procedimiento para ello, España continúa insistiendo a todos los niveles para que se haga esta revisión cuanto antes. La información que ha trasladado la Comisión Europea en los últimos días parece suficiente para tener la seguridad de que va a afrontar dicha revisión. Por ello, en este momento se considera posible contar con 1.000 toneladas adicionales de cuota para el año 2022. Al tratarse de una cantidad adicional a la cuota inicial de España en 2022, en base a los repartos establecidos en la Orden AAA/2534/2015, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, la cantidad adicional a repartir a cada modalidad.
La recomendación de ICES señala una mejora relevante en la situación del stock debido al cambio en el modelo de evaluación empleado respecto al que se utilizó en 2021, lo que justifica la modificación a la categoría 1.
A la luz de estos resultados, desde el primer momento el Ministerio lleva solicitando a todos los niveles la revisión urgente del TAC de merluza sur del presente 2022 en base a la recomendación de ICES, con el fin de que se actualicen las posibilidades de pesca de este stock para este mismo año en curso 2022, es decir, de interés para nuestro país la cuota inicial para España que se fijó en el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre pasado.
Las modalidades con reparto individual de posibilidades de pesca será distribuida a los barcos y grupos de barcos, en base a los coeficientes de reparto actualmente en vigor.
En virtud de lo previsto en el artículo 9.1 de la Orden APA/315/2020, la Secretaría General de Pesca procede de inmediato a introducir las cantidades resultantes del reparto en Gestcuotas. Debido al momento del año donde estas cantidades adicionales pueden estar disponibles, no serán objeto de su consideración en los cálculos para ser incluídas en el mecanismo de optimización que se articulará bajo esta misma orden en el presente 2022. Finalmente, se comunica que en cuanto haya la mínima seguridad de la revisión del TAC por parte de la Comisión Europea con la cifra final de dicha revisión, se procederá de igual manera a incorporarlo a las cuotas de las diferentes modalidades.
Javier Garat ha sido reelegido, por octavo año consecutivo, presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), organización de ámbito mundial que defiende los intereses de los empresarios pesqueros en los foros internacionales.
Garat, que ostentará el cargo durante un año, ha sido elegido por unanimidad de los 24 miembros integrados en esta coalición y que representan a asociaciones pesqueras de igual número de países.
La reelección del español Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la patronal europea Europêche, ha tenido lugar durante la reunión mantenida por ICFA ayer en Roma en la que se han analizado, además, los principales retos del sector pesquero a escala global.
Así, durante la reunión de la coalición internacional se ha debatido y se han adoptado posturas comunes sobre los retos internacionales más destacados para el sector pesquero durante 2023 que se abordarán en los próximos foros globales. En el encuentro se han abordado, entre otros, la Conferencia del Clima de la ONU (UNFCCC COP27) y la decimonovena Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebran ambas en noviembre. En CITES se debatirá la propuesta de Panamá de incluir distintas especies de tiburón, incluyendo el tiburón azul, en el Apéndice II de este convenio.
Igualmente, se ha abordado la próxima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas que se celebrará en diciembre de este año y se destacó el Congreso Internacional sobre Áreas Marinas Protegidas (IMPACS), que se celebrará en Canadá en febrero de 2023. A este último respecto, los miembros de ICFA debatieron sobre la gestión de las diferentes Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) ante la creciente presión de diferentes grupos ambientalistas para extender las Áreas Marinas Protegidas (AMP) al 30% de las aguas en 2030 y de la importancia de tener en cuenta las OECM (otras medidas efectivas de conservación).
Por otro lado, han analizado los positivos resultados del taller de pesca de fondo de Naciones Unidas, celebrado el pasado agosto en Nueva York, donde se pudo comprobar los avances producidos en la protección de los ecosistemas marinos vulnerables en el mundo, sobre todo, gracias el importante trabajo de las ORP.
Así mismo, ICFA también analizó la evolución y las expectativas sobre la aprobación de un instrumento jurídico vinculante en el marco de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) que, según la patronalmundial, podría tener un impacto negativo en las actividades de la pesca en alta mar, si no se tiene debidamente en cuenta el trabajo realizado en el seno de las ORP.
La coalición pesquera mundial también ha debatido sobre los efectos en los océanos de la contaminación por plástico y se comentaron los puntos fundamentales de la Conferencia sobre Microplásticos e Impacto en el Consumo Humano. Por último, ICFA también ha tratado las diversas iniciativas desarrolladas en distintas regiones para combatir los efectos del calentamiento global y sobre el uso de la tecnología blockchain aplicada a la trazabilidad de los productos pesqueros.
Según Javier Garat, “es un orgullo contar con el apoyo de los países miembros de ICFA para seguir encabezando la actividad pesquera mundial y más en los tiempos que nos están tocando vivir. La pesca –continúa Garat–, es esencial para mantener el equilibrio alimentario de la población mundial y además con unas proteínas de muy alta calidad y fundamentales en cualquier dieta. Por ello –termina diciendo Garat–, es realmente gratificante comprobar cómo en cualquier parte del mundo los pescadores se esfuerzan por seguir desarrollando esta labor respetando y enriqueciendo las propuestas para salvaguardar la biodiversidad marina frente a la persecución permanente de ambientalistas y de algunos gobiernos para acabar con nuestra actividad, eso sí, sin ofrecer alternativa alguna”.
Finalmente, mantendrán una reunión con altos representantes de FAO para dar un repaso a los principales temas de actualidad internacional.
España no está entre los países que mejor aplican la directiva sobre plásticos de un solo uso. La asociación ecologista Zero explica algunos países son los que «han transpuesto gran parte» de la directiva y ha propuesto medidas «muy ambiciosas», pero como en otras legislaciones, «el gran reto está en la aplicación». En el documento, Portugal, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Francia, Grecia, Letonia, Luxemburgo y Suecia son los países mejor posicionados.
España no es uno de los pocos países de la Unión Europea (UE) que ha aplicado correctamente la directiva sobre plásticos de un solo uso, indica un informe publicado por la organización europea Rethink Plastic Alliance (RPA).
La RPA es una alianza de organizaciones no gubernamentales europeas que representa a miles de grupos y ciudadanos de todos los Estados miembros, y forma parte del movimiento mundial Break Free From Plastic, que reúne a más de 2.000 grupos y millones de ciudadanos de todo el mundo.
El informe fue dado a conocer este domingo por la asociación ecologista Zero, que señala en un comunicado, citando el documento, que algunas partes de la directiva aún no han sido transpuestas, y dice que es esencial garantizar la plena aplicación de las medidas que ya han sido transpuestas.
La compañía gallega Marine Instruments, con sede en Nigrán (Pontevedra) ha sido galardonada por el Ministerio de Ciencia e Innovación en la categoría de ‘Pequeña y mediana empresa’, reconocimiento que va acompañado de una dotación económica de 50.000 euros
Sede de Marine Instruments en polígono Porto do Molle, en Nigrán.
La ministra de Ciencia e Innovación ha anunciado hoy las personas y entidades galardonadas con los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022, que concede su Ministerio y que constituyen el reconocimiento más importante de España en estos ámbitos.
Rocío Arroyo, Sacyr y la firma gallega de tecnología al servicio del océano Marine Instruments han sido los ganadores de las categorías de Innovación, mientras que Inmaculada Bermúdez, Alba González y Enea han sido premiados en las de Diseño. Asimismo, Emilio García y Servicios Digitales de Aragón han recibido menciones especiales.
La ministra ha felicitado a los y las ganadoras y ha destacado que se trata de la edición con más mujeres premiadas. “Estamos sumando el talento innovador de las mujeres al diseño del futuro, un aval para mejorar la sociedad”, ha afirmado.
Estos galardones distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.
Asimismo, reconocen a los profesionales y empresas que han contribuido significativamente al incremento del prestigio del diseño español y a las entidades que, incorporándolo a su estrategia empresarial, han demostrado que el diseño es una potente palanca de innovación y competitividad.
Su carácter es estrictamente honorífico,salvo el Premio Nacional de Innovación en la modalidad ‘Pequeña y Mediana Empresa’, que dispone de una dotación económica de 50.000 euros y categoría en la que se ha premiado a la innovadora firma gallega. El Premio Nacional de Diseño en la modalidad ‘Profesionales’, cuenta con una dotación de 50.000 euros; y el Premio Nacional de Diseño en la modalidad de ‘Jóvenes Diseñadores’, cuya cuantía es de 30.000 euros.
Pequeña y mediana empresa
Según han señalado desde el Ministerio, Marine Instruments ha sido premiada en esta modalidad por constituir un claro ejemplo de empresa innovadora que, a través del desarrollo de tecnologías basadas en el conocimiento, puede transformar profundamente sectores tradicionales como el sector pesquero.
Líder indiscutible en la comercialización de boyas para la pesca del atún,Marine Instruments exporta sus productos, netamente desarrollados en España, a más de 30 países, gracias a la ventaja competitiva consolidada por su apuesta permanente por la inversión en I+D+I desde sus orígenes en el año 2003 y a la sistematización de los procesos de generación de conocimiento y gestión de la innovación.
El gigante Mediterranean Shipping Company (MSC) ha anunciado el desarrollo de su propia compañía aérea de carga, que se denominará MSC Air Cargo. Un equipo de especialistas lleva trabajando varios meses y la previsión es que esté operativa a comienzos de 2023.
MSC afirma en un comunicado que se trata de “una nueva solución para responder a las solicitudes de los clientes y un servicio complementario a la oferta de transporte de mercancías en contenedor”.
Su plan de flota consiste en un primer grupo de cuatro aviones Boeing 777-200F de Atlas Air, una empresa de Atlas Air Group, que operarán con la marca MSC Air Cargo.
Al frente de la nueva compañía de carga aérea se sitúa Jannie Davel, que procede de Delta Cargo, Emirates SkyCargo y DHL.
Además de MSC, otras compañías navieras importantes, como Maersk, CMA CGM y Evergreen, han lanzado también sus propias aerolíneas cargueras.
El máximo tribunal financiero de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, pide a los Estados miembros que estrechen la red de su legislación y golpeen con más fuerza la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea denunció el lunes la disparidad de controles y sanciones contra la pesca ilegal entre los Veintisiete, señalando la falta de eficacia en la verificación de los productos pesqueros importados.
Los Estados están obligados a controlar las actividades pesqueras en sus aguas y las de sus buques pesqueros, incluso si capturan peces fuera de las aguas europeas. Aunque los controles nacionales detectan «a menudo» las prácticas ilegales, las «deficiencias significativas» están «en el origen de la sobrepesca y la infradeclaración de las capturas», advirtió la institución con sede en Luxemburgo en un informe.
En el periodo 2015-2019, los estados realizaron 345 510 inspecciones, de las cuales el 13% detectaron una presunta infracción. Alrededor del 76% de las 69 400 infracciones notificadas fueron detectadas por sólo cuatro Estados miembros: Italia, el Reino Unido, Grecia y España. Alrededor de una cuarta parte de las infracciones se referían a la pesca en una zona prohibida o después de haber agotado las cuotas fijadas, mientras que el 34% se refería al incumplimiento de las obligaciones de notificación de datos de capturas.
La mejora de la situación del bacalao en el caladero de la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO) ha permitido un incremento del 52 % en el Total Admisible de Capturas (TAC) de la zona 3M, hasta las 6.100 toneladas, por encima de lo previsto inicialmente por el sector. Por otro lado, se mantienen las posibilidades de pesca de años anteriores para especies como gallineta y raya, mientras que el fletán negro, la principal pesquería del caladero sufre una nueva reducción del 5 % de su TAC, que se sitúa ya en mínimos históricos. Igualmente, España acogerá en Santiago de Compostela la próxima reunión anual, que se celebrará en septiembre de 2023
Así se acordó en la 44ª reunión anual de NAFO celebrada esta semana en Oporto, que contó con la presencia de la Cooperativa de Armadores de Vigo, mientras que la directora general de Pesca Sostenible del Gobierno, Isabel Artime, encabezó la delegación española que participó en esta reunión, en la que se constató la estabilidad de las pesquerías de interés para la flota española en este caladero.
Durante este encuentro también se abordaron diferentes aspectos de control y cumplimiento, presentados por el comité encargado “Stactic”, cuyas recomendaciones han sido aprobadas por la asamblea general. La delegación española consideró que los resultados relacionados con la actividad de la flota española son muy satisfactorios.
Respecto al enfoque ecosistémico en gestión de pesquerías, tema con el que esta organización regional de pesca está especialmente comprometida, se han expuesto las conclusiones del grupo de trabajo conjunto de gestores, industrias y científicos. En dichas conclusiones se establece que no solo se valore de forma independiente cada stock, como hasta ahora hacen estas organizaciones pesqueras, sino que también se tenga en cuenta el potencial de producción del ecosistema.
Durante esta reunión también se decidió que España sea el país anfitrión de la próxima reunión, que tendrá lugar en Santiago de Compostela en el mes de septiembre de 2023, coincidiendo con la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de ese año.
La medida de cierre de las 87 zonas de pesca va a generar más problemas que los relativas a las flotas de arrastre de fondo y otras a las que se trata de aplicar la medida. De hecho, los armadores de Ondarroa han calificado de «mazazo» el cierre de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés), según ordenó la Comisión de la la UE. Según dijo Kiko Marin, de la Organización de Productores de Ondarroa, «buena parte de las zonas que se cierran están en los cantiles ( zonas habituales de pesca de los buques de artes fijos, como los palangreros y volanteros. A parte de quedar vedadas el acceso a esas zonas también para los arrastreros de fondo se van a dar problemas de cohabitación a consecuencia de esos cierres. Estos barcos van a tener que ir a otras zonas, en donde van a coincidir con otros artes», dijo Marín.
La orden de expulsión causará más problemas a los pincheiros (palangreros) deGran Sol que a los arrastreros, porque «muchos de ellos faenan por debajo dos 400 metros» de calado mientras que el cierre de esas zonas para proteger ecosistemas vulnerables sería en los cantiles situados entre 400 y 800 metros. La veda tiene lugar sobre espacios con bastante menos profundidad, sobre todo en el litoral. Y es ahí donde los más directamente perjudicados serán los arrastreros que verán también como sus zonas de pesca están frecuentadas por otras flotas.
También la Consellería do Mar de Galicia mantien que el veto perjudica directamente a más barcos gallegos de pincho (palangre) y de enmalle (volanta o rasco) que de arrastre. El tema es tan contradictorio que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) fue advertido en su dictamen que el impacto era estudiado en función del arrastre porque no disponían de información sobre el pincho ni el enmalle, artes más utilizados en Galicia,
España, Portugal y Francia
España, Francia e Irlanda protestan ante la Comisión por el veto a toda la pesca de fondo
El ministro Luis Planas y sus homólogos francés e irlandés han reclama en el Consejo la revisión de una prohibición que considera «desproporcionada» cuando quedan pocos días para la entrada en vigor del acto de ejecución con el que la Comisión expulsará a toda la flota de fondo de 87 áreas de los cantiles entre Cádiz e Irlanda porque hay o puede haber corales, esponjas y plumas. España, Francia e Irlanda, a los que les impone la prohibición junto a Portugal, protestan hoy en Bruselas en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE.
«Ahí lo discutiremos con el comisario [Virginijus Sinkevicius] y con la Comisión», avanzó Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los Gobiernos de España, Francia e Irlanda esgrimen sus propios argumentos; en el caso nacional, coincidentes con los repetidos por los científicos, por los pescadores, por los Ejecutivos de las autonomías afectadas y por los sindicatos. Un clamor que hasta ahora no parece haber inmutado al departamento europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca que dirige Sinkevicius.
El anuncio de la Comisión Europea sobre el cierre el 9 de octubre de 87 zonas de pesca, desde el norte de Irlanda hasta las costas de Portugal, ha suscitado también la oposición de las organizaciones profesionales españolas y francesas. Todas ellas cuestionan la adopción de las medidas sin una clara justificación política. No obstante, para los armadores va a suponer que las flotas a las que se prohíbe su acceso van a tener que trasladarse a otros caladeros generando dificultes de cohabitación perjudiciales para el conjunto de flotas.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nueve de cada diez gransoleros (80 gallegos y 18 vascos) se quedarían sin caladero. La decisión de establecer estas 94 áreas partió de la DG Mare, de la UE; capitaneada por Charlina Vitcheva, que en una misiva de este mismo mes adelantó a los países la medida y les instaba a aprobarla. Las zonas se extienden desde el Golfo de Cádiz hasta la nota más al norte del caladero de Gran Sol y la intención de la CE era la de cerrarlas a la pesca para proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés). Las zonas fueron elegidas en función de las evaluaciones llevadas a cabo por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), aunque como denunció el sector se basaron en datos para todo el Atlántico y, en concreto, para la flota de arrastre, si bien el cierre afectaría también al palangre de fondo , lo que supondría afectar al 75% de las capturas de estas flotas.
Por otro lado, diferentes entidades critican el cierre de caladeros. Desde la Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva de Galicia, AFRIPEX, quieren transmitir su total rechazo y disconformidad hacia la medida tan drástica que ha adoptado la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas de aguas Comunitarias, que está previsto entre en vigor el próximo 9 de Octubre.
«La adopción de tales medidas sin el análisis y consideración previo del impacto socioeconómico que pueda derivarse de las mismas, así como la ausencia aparente de base científica que justifique su implementación, sólo puede dar lugar a su rechazo y oposición por parte del sector pesquero afectado», según AFRIPEX. Según esta entidad «la implementación de la norma, además de afectar de forma relevante a un número elevado de buques gallegos y del resto de España, conllevará igualmente efectos relevantes en la actividad de nuestro sector de transformación y comercialización de productos pesqueros congelados. Nos unimos, por tanto, al rechazo generalizado respecto de la decisión adoptada por la Comisión Europea y a la defensa del sector».
Los científicos desconocían la medida de cierre
Los investigadores españoles desconocían la medida tan drástica que iba a adoptar la Comisión Europea y ni siquiera quieren pronunciarse sobre ello. Todo indica que la orden de cierre de 87 zonas carece de justificación científica y sin ningún rigor se ejecuta, sin que se tengan en cuenta las consideraciones de carácter socioeconómico.
Investigadores del IEO y de AZTI no encuentran justificación a la medida basada únicamente en la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas. El propio CIEM ha reconocido este extremo y, además, como ya evidenció EBFA, ha utilizado en su informe la unidad de base de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero. Así mismo, no se ha utilizado la “mejor información científica y técnica disponible”, puesto que España había aportado datos con una resolución muy superior a la utilizada por el CIEM que no ha sido tenida en cuenta en la evaluación, propiciando que se muestre un impacto muy superior. Por otro lado, en el anexo del reglamento, las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes incluyen fondos menores a los 400 y 800 metros, generando la perplejidad e inseguridad a los pescadores españoles y europeos.
Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores. En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
La Xunta y toda la pesca gallega piden al Gobierno que recurra el veto al arrastre
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, acordaron pedir que el Gobierno recurra el reglamento publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea tras mantener un encuentro con el sector pesquero afectado por el veto a la pesca de fondo en un centenar de áreas de aguas comunitarias y, tras analizar la situación junto a juristas. Como es conocido la norma, impuesta por el comisario de Pesca, afectará a unso 200 buques de Vigo y su entorno dedicados al arrastre y hasta 500 en toda España. El Ejecutivo autonómico anunció que estudiaría todas las posibilidades legales para hacer frente a este reglamento que, en palabras del sector, afectaría, por ejemplo, a un 60 por ciento de la merluza en Galicia o el 50 por ciento de esta especie en España. Tras reunirse con el sector y expertos en la materia, como dijo Rueda, por una cuestión de legitimidad jurídica -y de prosperidad del asunto- se ha decidido impulsar que sea el Ejecutivo central el que recurra el reglamento, ante lo que la Xunta será «coadyuvante» y se pone al lado del Gobierno. Rueda reconoció que Galicia tendría «muchas dificultades» para plantear el recurso de forma directa y que la alternativa a que lo interponga el Gobierno sería que las propias empresas afectadas lo hiciesen. Sin embargo, «lo más directo y lo que da más seguridad» es que lo haga España. El Gobierno de Pedro Sánchez ya votó en contra de este veto y estarían en esta misma línea Irlanda y Francia, explicó Rosa Quintana, quien señaló la importancia de que se mantenga este «no» y que la Comisión Europea revise los informes socioeconómicos, que la conselleira de Mar «duda» de que los tengan. En este sentido, agradeció que el ministro del ramo, Luis Planas, haya pedido incluir este asunto en la reunión de ministros europeos.
Adicionalmente, Alfonso Rueda señaló que se dirigiría al presidente del Gobierno para mostrar este espíritu de colaboración y la necesidad de presentar este recurso, al respecto de lo que sostuvo que, tras también consultar con juristas, tiene más posibilidades de prosperar si es el Gobierno central el que lo presenta. Además, esto facilitaría, dijo, la suspensión cautelar de un reglamento cuya vigencia arranca en diez días, con octubre. «La Xunta hará todo lo que está en su mano», indicó. También están afectadas otras comunidades, como por Andalucía. El sector advirtió de que este veto obliga a desplazarse a otros caladeros y que puede afectar a unos 500 barcos solo en Galicia. «Daremos la batalla», indicó el gerente del Puerto de Celeiro, Jesús Lourido. «No acabamos de creer que se tomara esta decisión, que se aprobase con un contenido tan perjudicial», dijo Rueda ante los medios, y lamentó que no sirviesen las «muchas explicaciones» que se dieron para informar de por qué «no era necesario tomar esa decisión». «Esta decisión supone un golpe mortal para la flota gallega y para muchos otros que se van a ver indirectamente afectados», dijo, y añadió que el reglamento contiene «muchas disposiciones injustas», por lo que tras estudiar las posibilidades, se ha decidido moverse «en el realismo para conseguir resultados» y que el Gobierno interponga el recurso.
Unanimidad en el Parlamento de Galicia para un plan para la flota gallega
La ofensiva desde Galicia contra la norma de la UE sobre el cierre de zonas de arrastre culminó ayer con una declaración aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia del Grupo Popular a través de la que se insta a la Xunta a realizar, en colaboración que el sector, un análisis de la situación sociolaboral y económica de la flota de arrastre de litoral que permita determinar de forma específica las necesidades de actuación en este ámbito de la flota. La portavoz popular del Mar, la viguesa Teresa Egerique, recordó que el pasado 22 de julio se celebró la Conferencia Sectorial de Pesca en la que se aprobaron los criterios de reparto del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura 2021-2027 (FEMPA) entre Estado y las comunidades autónomas. A Galicia le corresponden cerca de la mitad de los fondos repartidos entre las comunidades con más de 366 millones de euros de los alrededor de 735 millones otorgados a los gobiernos autonómicos, una cuantía que supone la estabilidad de los fondos. El FEMPA vuelve a incorporar las ayudas a la paralización definitiva de la flota, un instrumento esencial que ayuda a eliminar la sobrecapacidade estructural a través del incentivo a quién abandona la actividad, lo que supondrá la mejora futura de los restantes operadores que se mantienen en actividad, al mejorar los stocks y la rentabilidad. Egerique consideró necesario que “se elabore un plan de reestructuración para el seguimiento de la flota del arrastre, con desarrollo de la normativa nacional y con presupuesto apropiado de ayudas a la paralización definitiva, en base a las ayudas del FEMPA”.
“Esta medida ayudaría la dimensionar a flota, a incrementar su rentabilidad y la competitividad, a la sostenibilidad y a recuperar los principales stocks del caladero al rendimiento máximo sostenible”, manifestó la portavoz popular, quien apuntó que también “se traduciría en la mejora de las condiciones sociolaborales de los tripulantes, contribuyendo a tener un sector más resiliente”.
“Es una medida desmesurada de la Unión Europea”
La conselleira do Mar agradeció al ministro Planas que se incluya en el orden del día de la reunión del consejo de ministros europeo esta cuestión. Rosa Quintana solicitó el «máximo apoyo» del Gobierno y confía en ese recurso. «Entiendo que si en su momento se votó en contra, la vía lógica es que decida presentar el recurso», sostuvo Quintana, quien lamentó una ausencia de revisión de la documentación como se pidió en julio a las autoridades europeas que visitaron Galicia y que no se produjo. Para Juan Carlos Corrás, de la asociación PescaGalicia, se trata de una «medida desmesurada».
Recurso de Cepesca
El sector pesquero español (CEPESCA) presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el cierre inminente, el próximo 9 de octubre, de 87 zonas a la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda. El sector, tras una reunión mantenida con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), ya está analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario, tras la publicación ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
El sector confía en mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución, fundamentalmente ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso, que se podrá plantear a lo largo de los próximos 60 días desde su publicación e imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión. Asimismo, el sector buscará el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la CE en la revisión anual de la medida, tras la actualización del informe científico por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en noviembre. En este caso, la entrada en vigor de cualquier modificación, alerta, se demoraría a los primeros meses de 2023.
Paralelamente, el sector mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas, a través de la EBFA.
Ante el Consejo de Ministros
Por otro lado, España, Francia e Irlanda han pedido que el asunto se incluya en el orden del día del próximo consejo de ministros que se celebra en Bruselas el 26 de septiembre. Planas confía en que la flota comunitaria obtenga las mejores posibilidades de pesca en las negociaciones con Reino Unido y Noruega. El MAPA español es contrario al cierre para el 9 de octubre «sin ningún rigor» de las 87 zonas de pesca.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado a los consejeros autonómicos que España intentará que la Comisión Europea revise la decisión de cerrar la pesca de fondo en 87 zonas de la plataforma continental marina, al entender que se trata de una medida falta de rigor, ya que no se han tenido en cuenta los últimos informes científicos disponibles, y ha sido tomada sin tener en cuenta los criterios de proporción y equilibrio que recoge la Política Pesquera Común (PPC).
El ministro, presidió el Consejo Consultivo de Política Pesquera Comunitaria, ha informado de que España, Francia e Irlanda han solicitado que este asunto se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) en el que defenderán que una vez que la Comisión disponga del nuevo informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en ingles), revise su decisión con urgencia.
Planas ha asegurado que España no cejará en su empeño. En la reunión celebrada el pasado 26 de julio ya quedó patente que la propuesta de la Comisión adolecía de rigor científico y hacía una inadecuada aplicación de la recomendación científica del ICES. El ministro ha recordado que hay una información científica disponible mejor, más precisa y actualizada que la utilizada por la Comisión. Además, la recomendación del ICES no está concebida ni orientada a todas las flotas y señala por ejemplo que es posible excluir, entre otras, algunas zonas del Golfo de Cádiz. El ministerio entiende que tampoco tiene sentido la inclusión del palangre de fondo entre las artes prohibidas porque apenas tiene impacto sobre los ecosistemas marinos vulnerables (EMV).
El ministro ha reiterado que España comparte el objetivo de la conservación y protección de los ecosistemas marinos vulnerables y defiende la adopción de medidas para conseguirlo, pero siempre que sean equilibradas, ponderadas y se sustenten en los tres pilares de la sostenibilidad contemplados en la PPC, ambiental, económico y social.
Hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) el reglamento que, en un plazo de 20 días, ordena el cierre a la pesca de fondo de las 87 zonas. El ministro ha informado de que el próximo miércoles, día 21, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se reunirá con el sector pesquero y las comunidades autónomas para analizar los detalles de su aplicación.
En el Consejo Consultivo, el ministro ha señalado también que España demandará a la Comisión Europea una defensa firme de los intereses comunitarios en las negociaciones que tienen que celebrarse antes de final de año sobre las oportunidades de pesca y el reparto de stocks en aguas compartidas con el Reino Unido y en el acuerdo con Noruega. El objetivo, según ha señalado el ministro, es conseguir las mejores posibilidades de pesca, que sean suficientes para garantizar la rentabilidad de las flotas, en un momento de especiales dificultades como este.
Críticas de AETINAPE
La Asociación Española de Titulados Náutico Pesqueros AETINAPE mantiene que «nadie asume su responsabilidad de su fracaso ante las instituciones europeas por el cierre de 87 zonas pesca y aprecia que «lloran públicamente que Europa ataque al arrastre de fondo precisamente quienes van a Bruselas de adorno». AETINAPE critica que «nadie asume la responsabilidad de su fracaso ante las instituciones europeas. Europa no es un agente externo: también somos nosotros, que renunciamos a mantener una estrategia eficaz en defensa de la pesca.
En una carta remitida señalan que «los aquelarres públicos sobre el comportamiento europeo con la pesca de arrastre de fondo son tan inútiles como las gestiones de todos los representantes y funcionarios españoles en Europa. Se dice «Europa nos persigue, quiere acabar con nuestra flota», pero al mismo tiempo se olvidan de que nosotros también somos Europa y a quien tenemos que pedir explicaciones es a nuestros representantes allí».
También dicen que «¿Ha presentado alguien —consellería, gobierno, partidos políticos— alguna hoja de servicios eficaces realizados en torno a este tema?. Están en Bruselas y Estrasburgo calladitos y sin interés ninguno por la pesca y después lloran públicamente porque otros imponen sus criterios».
Así afirman que «todos los sectores, funcionarios, políticos y asesores saben perfectamente que Europa es un club de lobbies que tiran de sus intereses ante el Colegio de Comisarios, los pasillos y despachos adecuados. Pero nuestros representantes gubernamentales, parlamentarios y empresariales acuden a las instituciones europeas bajo la ley del mínimo esfuerzo, creyendo que con la simple participación en unas cuantas comisiones y plenos ya está todo hecho».
Por ello, se afirma que «se llega así al retrato del fracasado, del impotente. Ese que ahora se pasea por los medios de comunicación llorando de pena porque atacan a la pesca, sin que previamente se haya preocupado de armar una estrategia de Estado clara de defensa del sector, porque realmente no les preocupa que la pesca extractiva tenga futuro».
Publicado en el Diario Oficial
El Diario Oficial de la Unión Europea (UE) ha publicado el reglamento que cerrará en 20 días a la pesca de fondo, como el arrastre, 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste.
El reglamento, anunciado y aprobado por la Comisión Europea (CE), tiene como objetivo cerrar el acceso a artes pesqueras de fondo a esas zonas, consideradas «vulnerables», con el fin de proteger el ecosistema marino.
La decisión, que entrará en vigor dentro de 20 días, está basada en el reglamento sobre el acceso a aguas profundas y la opinión de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), según el texto de la normativa.
La zona clausurada abarca 16.419 km2 reservados a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que representa el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste. Los cierres afectan a los buques que se dedican a la pesca de fondo, es decir, que cuentan con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.
El Gobierno y el sector pesquero español se han mostrado en contra de esta medida. La prohibición se aplicará a todos los buques de los Estados miembros de la UE y de terceros países que operen en aguas comunitarias.
Grandes repercusiones
La prohibición de la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico Norte, decretada por la Unión Europea, ha suscitado un importante número de reacciones, que van desde sindicatos como formaciones políticas, que piden a las autoridades competentes que se evite una decisión que pone en entredicho a cientos de pescadores y familias cuyos ingresos proceden íntegramente de esta actividad, provocando así un importante perjuicio a la economía del país.
La CIG pide la convocatoria de un Consello Galego. Esta central sindical ha reclamado hacer este «frente común» con el objetivo de demandar nuevos informes científicos o iniciar pleitos jurídicos, así como para organizar «una acción social y política contundente» para que tanto la Xunta como el Gobierno central y Bruselas «sepan lo que significa para Galicia el sector pesquero».
El responsable de Mar de la CIG, Xabier Aboi, ha avanzado que, ante lo que califica de «barbarie consumada por los burócratas de Bruselas, volverán a salir a las calles «en defensa del sector pesquero» para gritar que «ni a España ni a Europa le importa nuestra flota». Aboi ha criticado que se trata de «una decisión política sin precedentes». Asimismo, ha explicado que la flota afectada no se limita al arrastre de fondo y al arrastre, sino también a otras artes como el palangre o a las nasas.
A pesar de que ha reconocido que es la Unión Europea quien decide sobre el futuro de la pesca gallega, ha censurado que «ni la Xunta ni el Estado ejercen el poder político que tienen para frenar esta agresión» y, ha añadido, «eluden sus responsabilidades a pesar de que esta medida ya se había anunciado hace tiempo». Además, ha rechazado que se «circunscriba esta decisión a una cuestión científica» cuando, en su opinión, «lo que se debate es un tema político»: «Si quieren eliminar o no nuestra flota».
Podemos Galicia insta a Alfonso Rueda a defender ante Bruselas la supervivencia del sector pesquero
Ante la prohibición de la Unión Europea, Podemos hace un llamamiento a la Xunta de Galicia para que defienda al sector pesquero gallego afectado por esta norma. La formación apela a la unidad del conjunto de instituciones y organizaciones políticas gallegas.
Podemos Galicia defiende que la protección de los ecosistemas en un contexto de cambio climático es fundamental y debe tenerse en cuenta con las consecuencias socioeconómicas de las medidas, especialmente hablando del sector pesquero que viene sufriendo los últimos años.
El secretario general de Podemos Galicia y diputado de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados, Antón Gómez Reino, considera que «una decisión de esta naturaleza no puede basarse simplemente en informes técnicos que están siendo cuestionados desde distintos ámbitos».
El PSdeG exige a Rueda que convenza al PP europeo para que la UE retire el veto a la pesca de fondo
Por su parte, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a acudir a Bruselas y convencer al PP europeo para que la Unión Europea retire la prohibición de la pesca de fondo.
Asimismo, ha acusado a Rueda de no haber hecho «absolutamente nada» para «defender los intereses de la pesca gallega», mientras el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, «ha alcanzado un compromiso» en el viaje a Estrasburgo, en el que se reunió con el comisario de pesca de la Unión, «para que se revise el veto y para nuevos informes científicos».
El sector pesquero español (CEPESCA), en una reunión de urgencia, decidió estudiar las opciones legales ante la decisión anunciada por la Comisión Europea (CE) de cerrar 87 zonas de pesca, aprobada el pasado junio por un acto de aplicación en el marco del Reglamento sobre acceso a aguas profundas. El sector, que no descarta la convocatoria de paros y concentraciones ante distintos organismos europeos y españoles, actuará juntamente con otras organizaciones europeas a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos.
El acto de implementación todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), aunque la Comisión ya ha emitido una nota de prensa anunciándolo. A la espera de conocer el texto legal, el sector denuncia que este no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas. El propio Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) ha recocido este extremo y, además, como ya evidenció EBFA, ha utilizado en su informe la unidad de base de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero.
A pesar de esto, el acto de aplicación, que estaba pendiente de terminar el periodo de consultas al Reino Unido, prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda, lo que tendría, de acuerdo con el sector, unas consecuencias devastadoras.
La normativa impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico y, por tanto, a más de 10.000 pescadores. En el caso español, afectaría a unos 500 buques de distintas modalidades de pesca de fondo: sobre todo, las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz, las de palangre de fondo -pincho y volanta- y arrastre de NEAFC (Gran Sol), y las de arrastre, palangre de fondo, volanta y rasco, y artes menores del Cantábrico Noroeste; en total unos 500 buques que capturan gamba, cigala, merluza, besugo, alfonsino y sable negro, entre otras especies, y más de 2.500 pescadores. Según Iván López van der Veen, presidente de EBFA, “por desgracia, nos temíamos que la Comisión no iba a atenerse a razones y, por este motivo, ya estaba convocada para mañana una Asamblea General de EBFA”. “Consideramos” -añade López- “que ha habido mucha arbitrariedad en la creación de esta normativa y también dudamos que la Comisión tenga capacidad para tomar estas decisiones en algunos casos. Por tanto, queremos ver el texto legal para tomar decisiones”.
Inviabilidad de la flota
La Comisión Europea ha consumado el veto a toda la pesca de fondo en 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda. La superficie total de las vedas representa 16 419 km2 reservados para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 metros. Esto representa el 1,16% de las aguas de la UE del Atlántico Nororiental. Las vedas afectan a los buques equipados con artes de fondo, es decir, redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas y trampas.
Virginijus Sinkevičius, Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado que «nuestros océanos y nuestra pesca dependen de unos ecosistemas marinos sanos. Al cerrar el 17% de la zona comprendida entre los 400 y los 800 metros de profundidad de las aguas de la UE del Atlántico nororiental a los artes de pesca de fondo, cumplimos nuestro compromiso de proteger y recuperar la vida marina y, después de 4 años, aplicamos por fin una de las disposiciones clave del Reglamento sobre el acceso a las aguas profundas. Es nuestro deber con nuestra sociedad, con las generaciones futuras y, en particular, con aquellos cuyo sustento depende de los recursos marinos. Agradezco el compromiso y los esfuerzos realizados por el sector pesquero para acompañar este nuevo capítulo de la conservación de los océanos».
La medida se redactó tras amplias consultas con los Estados miembros y las partes interesadas, incluidos el sector pesquero y las ONG, durante los dos últimos años. Tras la prohibición de la pesca de arrastre de fondo por debajo de 800 metros, que se introdujo en 2016, estos cierres ofrecen una mayor protección para ayudar a restaurar los ecosistemas marinos vulnerables, como los arrecifes de coral de aguas frías, los montes marinos y los corrales marinos en aguas profundas.
El acto de ejecución adoptado hoy entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y será inmediatamente aplicable a todos los buques de los Estados miembros de la UE y de terceros países que faenen en aguas de la UE.
Expulsados 1000 barcos
Ignorandola inusual «no opinión» del Consejo Europeo, las reiteradas advertencias del sector sobre la presunta ilegalidad de una prohibición carente de los preceptivos informes de impacto socioeconómico y sin diferenciar los distintos impactos de los artes pesqueros, Virnijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, expulsa de sus caladeros tradicionales a unos mil barcos. Concreta que no podrán faenar en 16.419 kilómetros cuadrados, en 57 zonas porque son espacios donde se sabe que hay ecosistemas marinos vulnerables y en los otros 30 no lo especifica, pero todo apunta a que se supone que podría haberlos ya que serían «zonas sensibles».
Mientras que la prohibición de la pesca de arrastre en aguas profundas a más de 800 metros afectaba directamente a una flota relativamente pequeña de buques de más de 40 metros, la decisión de la Comisión Europea tendrá un impacto más amplio. Las zonas comprendidas entre los 400 y 800 metros, en torno al Golfo de Vizcaya, el Mar Céltico y el oeste de Irlanda, son frecuentadas por una gran parte de la flota española y francesa de altura.
Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB), la organización de productores más afectada, de Francia habla de entre 38 y 45 barcos, con una pérdida de facturación de hasta 5 millones de euros. Entre ellos se encuentran los arrastreros que se dedican al rape y al gallo en el Mar Céltico, como los de Armement Bigouden, y los arrastreros de cigalas, como el muy reciente Danny Finn, de La Houle, que está obteniendo buenos resultados en Porcupine, al oeste de Irlanda.
Pero, además de los arrastreros de fondo, la nueva normativa también afectará a las redes de enmalle y a los palangreros que pescan merluza. Y otras OP como Desde el Norte o Desde el Suroeste, especialmente para este segmento de las artes pasivas, con barcos de empresas españolas.
.
Bruselas precisó en un comunicado que, de acuerdo con su «ambición de proteger la naturaleza y de restaurar la biodiversidad, tal y como se indica en el Pacto Verde Europeo y la estrategia a favor de la biodiversidad, la Comisión ha tomado medidas para cerrar el acceso de 87 zonas sensibles a todas los artes de fondo en las aguas comunitarias del Atlántico noreste».
El Ejecutivo comunitario subrayó que la medida protege 57 ecosistemas vulnerables en aguas profundas al tiempo que procura «perturbar lo menos posible las actividades pesqueras».
Asimismo, señaló que la decisión de cerrar las 87 áreas se ha tomado a partir del reglamento sobre el acceso a aguas profundas y la opinión de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
La zona clausurada abarca 16.419 km2 reservados a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que representa el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste.
Los cierres afectan a los buques que se dedican a la pesca de fondo, es decir, que cuentan con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.
La Comisión aseguró hoy que la medida se ha elaborado tras mantener «consultas en profundidad con los Estados miembros y las partes afectadas, en particular, el sector pesquero y las ONG, durante los últimos dos años».
España ya manifestó su inquietud por la medida y en junio votó, junto a Irlanda, contra la propuesta de la dirección general de Pesca de la Comisión de vetar la pesca de fondo en 94 zonas del Atlántico norte para proteger ecosistemas marinos durante una sesión en la que otros once países se abstuvieron mientras 14 votaron a favor.
Tras la prohibición de la pesca de arrastre de fondo por debajo de los 800 metros, que se introdujo en 2016, los cierres «ofrecen una protección adicional para ayudar a restaurar los ecosistemas marinos vulnerables, como los arrecifes de coral de agua fría, los montes submarinos y las fallas de aguas profundas», según Bruselas.
