El sector está en desacuerdo con aspectos esenciales de la norma y avisa que si se modifican las cuotas no van a «poder salir a la mar»
Los pescadores cántabros están «en desacuerdo total» con preceptos fundamentales del proyecto de ley de pesca sostenible que se tramita en el Congreso de los Diputados, como el relacionado con la gestión de cuotas, y han advertido al respecto que si modifican las asignadas a esta región saldría «perjudicada».
«No vamos a poder salir a la mar» y, «sin posibilidad de pesca, no puede haber barcos», ha avisado este lunes el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, tras un encuentro entre representantes del sector y del PRC, que va a presentar enmiendas a la norma para que sea «útil».
Y es que a juicio de este partido el texto actual no garantiza la seguridad jurídica a las empresas y se entromete en las competencias autonómicas, de ahí las correcciones al articulado si no se devuelve el documento.
Lo han dado a conocer el diputado nacional de los regionalistas, José María Mazón, el senador autonómico y parlamentario cántabro, José Miguel Fernández Viadero, y el secretario de Administración Local y consejero de Pesca, Guillermo Blanco, tras entrevistarse con distintos portavoces de la actividad pesquera, con los que han consensuado las enmiendas a presentar.
«Esta ley da opción a la administración a modificar los repartos que ya están hechos, y todos sabemos que si se modifica cualquier reparto que hay actualmente, Cantabria sale perjudicada. Todos sabemos, que no podemos entrar a modificar lo hecho, porque nos va a tocar menos», ha afirmado
El objetivo común de pescadores y regionalistas es lograr una ley «que realmente defienda los intereses» de los pescadores y de las empresas del sector, entre las que destacan la eliminación del título quinto (gestión y reparto de cuotas) y la disposición transitoria cuarta.
«Vamos a presentar enmiendas a determinados artículos recogidos en el Título 5º, que afectan tanto al reparto de cuotas, de forma perjudicial para Cantabria, como a una invasión de competencias, que pasarían a ser del Estado al requerir su beneplático en los procedimientos», ha explicado Mazón.
En el PRC «preocupa» que se esté tramitando una ley que «no se considera necesaria por el sector», con aspectos que «mantiene la ley, y que suscitaron un gran número de alegaciones en contra», como la aplicación de nuevos criterios de reparto de especies «que afectarían gravemente a nuestras empresas pesqueras», sin dejar claro cuáles son las nuevas reglas y poniéndolo en manos «únicamente» de la administración central.
«Esto no es entendible. No puede afectar a los repartos existentes ni a sus modificaciones. Debe quedar claro en la ley», ha defendido el diputado nacional del PRC.
Igualmente, los regionalistas enmendarán este título del texto para que el cierre de las pesquerías no sea de 24 horas, «sino de 48, al menos»; o que la reserva del 10% de todas las posibilidades de pesca planteada en el texto se reduzca al 3%. «Un 10% es excesiva, sobre todo, teniendo en cuenta que en los últimos años, la Administración se ha reservado un máximo de entre un 2% y un 3%, como máximo», ha subrayado.
Otra de las cuestiones que preocupan el PRC tiene que ver con el artículo 42 del Título 5 sobre la gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas. A juicio de Mazón, en el punto 3 se establece que las cuotas asignadas que no se hayan utilizado se pondrán a disposición de la Administración General del Estado.
Y considera que la problemática ligada a la falta de consumo de cuotas no puede estar ligada al intercambio o venta de cuotas de especies que realizan los barcos que van a la mar. «No podemos pagar justos por pecadores, hay que buscar otros mecanismos», ha planteado Mazón, para quien esta posibilidad supone «una clara indefensión» para los afectados que, en ocasiones, lo utilizan «para garantizar la viabilidad de las empresas».
Por todo ello, el PRC presentará una enmienda solicitando la supresión del Título 5, a petición del sector, que cree que sería «mejor» una enmienda a la totalidad a una norma que «nadie a pedido» y con la que la administración podrá «hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana».
También enmenderán la ley para «evitar» la intromisión en las competencias autonómicas sobre la introducción de especies o subespecies alóctonas; sobre la gestión de los recursos ficológicos en las aguas interiores; y sobre las licencias de pesca marítima de recreo de competencia autonómica, ya que establece la necesidad de una comunicación previa de un mes a la Secretaría General de Pesca cuando en Cantabria es suficiente con una semana, tal como recoge la legislación, por lo que se plantea que se especifique el ámbito competencial al que afecta, o la supresión de estos artículos.
Los regionalistas han lamentado que el Ministerio no haya dialogado con el sector, para conseguir una ley «sólida y durarera en el tiempo».
No obstante, ha destacado algún aspecto «positivo» del texto como la introducción de los coeficientes reductores para la edad de jubilación en actividades pesqueras de riesgo para la salud desempeñadas mayoritariamente por mujeres, como maricadoras de a pie, rederas, neskatillas y empacadoras; o la relevancia que otorga a la investigación pesquera, la regulación que ofrece para la pesca recreativa en aguas exteriores y los recursos genéticos, «con algunos matices»
