Los gobernadores Alberto Weretilneck, de Río Negro; Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut y Claudio Vidal de Santa Cruz. han emitodo un documento ante las modificaciones en materia de regulación comprendidas en la «Ley Ómnibus», que remitió el presidente Javier Milei, al Congreso, que «nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país».

Los mandatarios provinciales destacaron tres temas que «afectan gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros», según expresaron:

• Modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos
  En primer lugar vemos con preocupación la derogación del Artículo 25* del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922, que con anterioridad a esta reforma obligaba a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos nuestro pais, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en suelo argentino, es decir, miles de personas que trabajan en torno a la actividad, como estibadores y personal de logística para que después las plantas procesen los productos. Con su derogación, nuestros recursos se podrian descargar fuera de nuestro pais lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos.
• Competencia desigual en la asignación de cupos de captura
  El segundo aspecto tiene que ver el Articulo 27* también del Régimen de Pesca, que sufriría una modificación ya que con anterioridad, para acceder a los distintos cupos de especies, se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que habían generado de manera efectiva, entre otros aspectos. Hoy, la modificación indica que nada de todo esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia
  absolutamente desigual.
• Eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacional argentina
  Por último, el articulo 40° de la misma Ley, establecia que el 75% del personal embarcado debia ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, que no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región.
• Sumado esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el art. 9 de la Ley federal de pesca, provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pequero para que sean ejercidas de forma exclusiva por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional. De tal manera las decisiones en materia pesquera dejan de ser determinadas de manera democrática y se cercena la voluntad de las Provincias que delegaron facultades en el Consejo Federal Pesquero al momento de adherir a la Ley Federal de Pesca.
• Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos que son de nuestra región y de igual forma los empleos para trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las Provincias Patagónicas, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, además de debilitar la soberanía económica.

La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata expresó su profundo rechazo a la modificación de la Ley Federal de Pesca incluida en el «Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

En un comunicado, la entidad destacó que «dicha modificación surge del desconocimiento de un sector que genera no solo empleos en su etapa extractiva, sino en toda la cadena de valor de la cual nuestra industria naval es parte».

El progrma e-FishMed trata de alcanzar formación sobre gestión de riesgos en la pesca en Marruecos. En el marco del proyecto e-FishMed financiado por la Unión Europea, formadores de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) y de la Dirección de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural y Aguas y Bosques impartieron clases de formación sobre gestión de riesgos en el control y la inspección de la pesca en Rabat, Marruecos, del 12 al 14 de diciembre de 2023. En total, 21 inspectores de la Administración Marroquí de Pesca participaron en esta formación. El objetivo del proyecto es mejorar el control y la inspección para combatir la pesca ilegal

La formación pretende apoyar los objetivos del proyecto e-FishMed, contribuyendo a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y a la mejora del control de las medidas de conservación. El enfoque de gestión de riesgos es clave para optimizar la toma de decisiones y establecer objetivos claros para los inspectores de pesca, garantizando así una mejor relación coste-eficacia en las actividades de control e inspección, tanto en el mar como en los puertos.

Durante la sesión de formación, de tres días de duración, se hizo hincapié en la capacitación de los funcionarios de inspección, enseñándoles a aplicar los principios de gestión de riesgos para decidir qué buque inspeccionar y cuándo hacerlo durante una salida al mar o en puerto, con el fin de alcanzar los objetivos operativos.

El lugar de la formación fue el Departamento de Pesca Marítima de Marruecos, uno de los países beneficiarios del proyecto e-FishMed. El proyecto, de tres años de duración, comenzó el 1 de febrero de 2022 y en él participan Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez como países beneficiarios, con el apoyo técnico de Francia, Italia, Malta, Portugal y España como socios del proyecto. En el futuro, podría ampliarse a otros países mediterráneos.

El objetivo general del proyecto es reforzar las capacidades de los países beneficiarios, contribuyendo a una mejor comprensión y aplicación común de las normas.

En concreto, e-FishMed pretende mejorar los sistemas nacionales y regionales de seguimiento, control y vigilancia de la pesca mediante la creación de una academia regional virtual de formación.La academia virtual e-FishMed pretende armonizar las actividades de control e inspección pesquera, fomentando la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los países mediterráneos. El proyecto está en consonancia con varias políticas de la UE, entre ellas la Estrategia de la Cuenca Marítima del Mediterráneo Occidental, el Nuevo Enfoque para una Economía Azul Sostenible y el nuevo Programa Mediterráneo.Su valor añadido fue reconocido en la Declaración Ministerial WestMed de 23 de junio de 2023.

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La Consellería do Mar releva Antonio Basanta Fernández, quien ha dejado la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica en la que trabajó desde mayo del 2022 para incorporarse como asesor al equipo de Costas Kadis, comisario de Pesca y Oceános, por Patricia García Sanchez, quien pasa a ocupar uno de los cargos más relevantes en la consellería que encabeza Alfonso Villares, en un área tan especializada como la que gestiona en Galicia los asuntos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura y debe defenderlos ante el Estado y la Unión Europea.

Patricia García, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, y residente en la localidad mariñana de Foz, es funcionaria de la Xunta desde el 2013, explica el Gobierno gallego en un comunicado donde informa de su nombramiento. Desde el 2022 pertenece al subgrupo funcionarial A2, el del cuerpo de gestión.

Por su formación específica en derechos de personas con discapacidad y de inclusión social, desde el 1 de febrero del 2018 al 9 de marzo del 2021 fue directora-administradora de la Residencia de Maiores de Burela. De acuerdo con la información facilitada por la Xunta, su único contacto con un sector tan complejo como al que se incorpora tuvo lugar del 25 de mayo del 2021 al 15 de diciembre del 2022, cuando fue jefa de sección de administración general y personal en la Xefatura Territorial de la Consellería do Mar, en Celeiro (Viveiro).

Desde el 11 de enero del 2023 hasta este 27 de diciembre del 2024 ejerció de jefa del Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal en el departamento territorial de la Consellería de Política Social, en Lugo. Según la Xunta, también ha sido técnica de Medio Ambiente en el Concello de Ribadeo y, durante tres años, abogada júnior en el Departamento de Derecho Público en el despacho Garrigues, en Oviedo. Su currículo incluye un máster ejecutivo en Derecho Empresarial, impartido por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con la Universidad de Harvard.

A partir de ahora ocupará la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación, durante años uno de los pilares sobre los que pivota la consellería que preside Alfonso Villares.

La Dirección General de la Marina Mercante española ha impuesto sanciones de hasta 60.000 euros por embarcación después de analizar la investigación compartida por Oceana. Según Oceana «las embarcaciones sancionadas apagaron su sistema de identificación automática reiteradamente mientras pescaban«

El Gobierno de España ha sancionado a 25 embarcaciones pesqueras con bandera española por desactivar sus geolocalizadores mientras pescaban en alta mar cerca de las costas de Argentina. La medida es el resultado directo de una investigación de Oceana y que la organización compartió con la Secretaría General de Pesca y con la Dirección General de la Marina Mercante. El estudio muestra como estas embarcaciones apagaron de forma reiterada sus sistemas de identificación automática (SIA) mientras faenaban. El SIA comparte datos de localización de la embarcación¹ y es obligatorio en España y en la Unión Europea para fomentar la transparencia de la actividad pesquera y garantizar la seguridad en el mar. A pesar de esta norma, pocos países comunitarios han impuesto sanciones por este motivo.

El asesor de la campaña de pesca ilegal y transparencia de Oceana en Europa, Ignacio Fresco Vanzini, afirma que “celebramos la decisión de la administración española por dar un paso más en favor de la transparencia en el sector pesquero. Aquellos que no respetan las normas deben saber que sus actos tienen consecuencias y en este caso es en forma de sanciones. El uso de sistemas de identificación automática es clave para la seguridad de los pescadores, para que los estados sepan lo que pasa en sus aguas y para garantizar que las actividades pesqueras se desarrollan dentro de la legalidad.”

Según el análisis de Oceana, entre 2018 y 2021, el 90% de las 30 embarcaciones españolas identificadas habían desactivado su SIA y pasado el doble de tiempo con el dispositivo reglamentario apagado, que encendido. Ahora, algunas de las sanciones impuestas por España ascienden a 60.000 euros.

Como parte de esta investigación, la organización analizó la actividad de los buques pesqueros a lo largo de la frontera de las aguas nacionales de Argentina, utilizando datos de Global Fishing Watch (GFW)², una organización independiente sin ánimo de lucro fundada por Oceana en colaboración con Google y SkyTruth.

Oceana insta al resto de países identificados en su análisis, entre ellos China, Corea del Sur y Taiwán, a hacer cumplir las normas vigentes, priorizar la transparencia del sector pesquero y garantizar la seguridad de los pescadores a bordo.

Los barcos con bandera española sancionados apagaron repetidamente su SIA sin motivos legítimos más de 1.200 veces durante al menos 24 horas. Según Oceana, esto no sólo debería constituir una infracción contra la seguridad marítima, sino también debería ser susceptible de sanción por parte de las autoridades pesqueras, sobre todo en el marco del nuevo Reglamento de Control pesquero. Dicho reglamento, que entra en vigor en enero de 2024, exigirá a todas las embarcaciones notificar con antelación a las autoridades competentes cualquier apagado del SIA.

Todo buque pesquero que tenga el pabellón de un país de la UE y tenga más de 15 metros de eslora debe estar equipado con un dispositivo SIA que transmita la localización, dirección y velocidad del buque en el mar. Navegar sin SIA se considera una infracción de la legislación de la UE y de España: los buques sólo pueden desactivar legítimamente el SIA en situaciones excepcionales y siguiendo ciertas normas, como cuando navegan en zonas donde la piratería podría ser un problema.