Seis países amenazan con desbaratar el avance del plan recuperación del atún de aleta amarilla, según han hecho ver responsables de OPAGAC. En esta dirección, se han conocido los datos de captura más recientes (2020) de los países objetantes al plan de recuperación (India, Irán, Indonesia, Madagascar, Omán y Somalia) y se asume que capturan los mismos volúmenes que en 2022. Sobre la base de esta suposición, estos países capturarían 144.784 millones de aleta amarilla en 2022 y la captura total potencial sería de 445.613 toneladas, mucho más alta que MSY, y la segunda captura de aleta amarilla más alta en el Océano Índico

El plan provisional de recuperación del atún de aleta amarilla de la Comisión del Atún del Océano Índico (CAOI) entró en vigor el 17 de diciembre de 2021. Para 24 países miembros, los límites de capturas asignados para 2022, recientemente publicados y diseñados para proteger la salud de la población a largo plazo, ya están en vigor. Sin embargo, para dichos seis países restantes que se opusieron al plan, no se aplican los límites de capturas más estrictos, lo que no sólo obstaculiza los progresos realizados por los delegados de la CAOI, sino que también pone en peligro toda la población.

La Alianza Mundial del Atún (GTA) es un grupo independiente de empresas de la cadena de suministro muy influyentes que luchan por un atún ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Como colectivo de empresas de gran poder adquisitivo, los socios de la GTA se han comprometido a abordar la sobrepesca en sus cadenas de suministro de productos del mar. Tras una serie de objeciones al plan de recuperación provisional de la CAOI para el atún de aleta amarilla, la GTA está profundamente preocupada porque, a pesar de que acaba de entrar en vigor, el plan ya está abocado al fracaso.

La 25ª sesión de la CAOI tuvo lugar del 8 al 12 de junio de 2021. En esta reunión, los delegados acordaron un plan provisional de recuperación del atún de aleta amarilla sobreexplotado. La medida acordada establecía un límite total de capturas de 401.011 toneladas, justo por debajo del nivel máximo aconsejado por el propio comité científico de la CAOI.

El acuerdo fue muy disputado y la medida final fue un mosaico de concesiones, negociadas durante muchas horas de reuniones virtuales. A pesar de este esfuerzo, la medida sólo estaba pensada para aplicarse en 2022; estaba prevista una nueva evaluación de la población de rabiles, que se publicaría en octubre, y que serviría de base para un nuevo debate en 2022 que se aplicaría a partir de 2023.

Incluso con las concesiones negociadas, y el carácter provisional de la medida, seis países se opusieron formalmente, creando más incertidumbre en torno al futuro del rabil del Océano Índico más allá de los próximos 12 meses.

Lo primero que hay que señalar es lo absurdo de una situación en la que los países pueden optar por «no participar» en las medidas de gestión. Esto socava la capacidad de la OROP para cumplir su mandato y penaliza a los «buenos actores». Aunque la mayoría de los 24 países miembros de la CAOI se han comprometido a proteger la población de atún amarillo, sus esfuerzos se ven socavados por la negativa de los seis países restantes a hacer cualquier concesión.

Más concretamente, estas objeciones ponen en grave riesgo de fracaso el recién acordado plan provisional de recuperación del rabil. El consejo científico fue acordar una captura total inferior a las 403.000 toneladas (cMSY). El total de capturas de los países obligados por el nuevo plan de recuperación es de 300.829 toneladas, lo que es inferior al RMS (Tabla 1). Sin embargo, los países objetores no están incluidos en esta cifra.

La antigua medida sobre el rabil, la Resolución 19/01, sigue siendo vinculante para los países objetores: Indonesia, la República Islámica de Irán, Madagascar, Omán y Somalia. India también se opuso a esa resolución, por lo que la Resolución 18/01 sigue siendo vinculante para ellos.

¿Qué significa esto para sus límites de capturas?

Para dar una idea de las implicaciones de estas objeciones, se han determinado los datos de capturas más recientes (2020) de estos países objetores y se hasupuesto que capturarán lo mismo en 2022. Basándonos en esta suposición, estos países capturarían 144.784m de rabiles en 2022 y la captura total potencial sería de 445.613t – mucho más alta que el cMSY, y la segunda mayor captura de rabiles en el Océano Índico de la historia.

Por eso las objeciones son tan importantes. ¿Cómo se supone que nuestros socios van a cumplir sus compromisos de eliminar la sobrepesca si los intentos de dar prioridad a la salud a largo plazo de las poblaciones se encuentran constantemente con una falta de voluntad de cooperación?

La Alianza Mundial del Atún (GTA) es un grupo independiente de minoristas y empresas de la cadena de suministro de atún que se han comprometido a lograr una pesca de atún más transparente, socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Con más de 10.000 tiendas en 21 países de cuatro continentes, utilizan su poder de compra colectivo para influir en las políticas establecidas por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera del Atún (OROP).

La Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) es una organización intergubernamental responsable de la gestión del atún y especies afines en el Océano Índico. Es una de las cinco Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) de túnidos.

La Secretaría de Pesca Marítima ha procedido a la asignación de las cuotas de atún rojo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 46/2019,
de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental
y Mediterráneo.

Teniendo en cuenta que la cuota de atún rojo asignada a España para el año 2022 es de 6.093,28 toneladas, tal y como se recoge en el Anexo ID del Reglamento (UE) del Consejo, por el que se establecen para 2022 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión.

La cuota de 6.093,28 toneladas asignada al Reino de España se asignará tal y como se indica a continuación:

• 24,37 t (0,4 %) para cubrir supuestos en que se sobrepasare la cuota y para capturas realizadas por flotas no incluidas en las listas del Censo Específico.
• 44,32 t (0,7273%) para cubrir la captura accesoria de las flotas de palangre de superficie y curricán para bonito del norte y la pesca recreativa.
• 5.310,30 t (87,1501%) destinados a los buques y Almadrabas incluidos en las listas a), b), c), d) y e) del Censo Específico. A esta cantidad se adicionan 1,41 t (0,0231%) que se asignan para la almadraba de pequeños túnidos en el Mediterráneo.
• 712,88 t (11,6995%) destinados a los buques incluidos en las listas f), g) y h) del Censo Específico.
  
  También se publican anexo I con los buques y almadrabas incluidos en las listas a), b), c), d) y e) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo, ordenados alfabéticamente indicando, para cada uno de ellos, la lista donde se incluyen como se contempla en el citado artículo 3.1, así como el porcentaje de la cuota ajustada resultante asignado a cada uno de ellos

En el Anexo II se recogen los buques incluidos en la lista f) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.
En el Anexo III se recogen los buques incluidos en la lista g) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.
En el Anexo IV se recogen los buques incluidos en la lista h) del Censo Específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.

Alicia Villauriz considera necesario reenfocar la aplicación del plan desde el punto de vista de la necesaria sostenibilidad integral, que tenga en cuenta los pilares social, económico y de empleo de la Política Pesquera Común

Resulta imprescindible analizar el impacto de dos años de aplicación del plan, antes de avanzar en nuevas acciones y dar margen para valorar los efectos de las amplias medidas ya adoptadas.

La consecución del Rendimiento Máximo Sostenible se debe basar en una gestión pesquera que apueste por la mejora de la selectividad de las artes y no en una reducción adicional de los días de pesca

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha mantenido una reunión en Bruselas con europarlamentarios españoles de los diferentes grupos políticos para analizar la situación de la aplicación en España del Reglamento 2019/1022, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental. 

La secretaria general ha pormenorizado los resultados del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) celebrado los pasados 12 y 13 de diciembre, en el que España votó en contra de las medidas propuestas por la Comisión Europea, que se aprobaron por mayoría cualificada, y ha transmitido a los representantes españoles la opinión del Gobierno de España contraria a nuevas bajadas de los días de esfuerzo disponibles, sin una evaluación previa de los efectos de las ya realizadas en 2020 y 2021.

Villauriz ha abogado por aplicar medidas alternativas basadas en vedas espacio temporales y medidas técnicas orientadas hacia la mejora de la selectividad de las artes, que cuentan con un importante aval científico sobre su mayor idoneidad para conseguir los objetivos de recuperación perseguidos.

Los dos primeros años de aplicación del reglamento ya han tenido un impacto significativo sobre el sector pesquero español, por ello, el Gobierno considera que, antes de tomar nuevas decisiones, es preciso tener en cuenta sus efectos sobre los pilares social, económico y de empleo que también contempla la Política Pesquera Común.

La secretaria general ha reiterado, una vez más, el ineludible compromiso de España con una gestión pesquera sostenible en el Mediterráneo, pero considera necesario llevarla a cabo desde la defensa de un enfoque integral y equilibrado en la aplicación de este plan plurianual.

Para ello, considera imprescindible analizar el impacto que se está produciendo, antes de seguir avanzando con cualquier nueva medida. Se puede y se debe exigir a la Comisión Europea, ha dicho la secretaria general, una evaluación completa, desde el comienzo de la aplicación del reglamento hasta el momento, que incluya una valoración integral del impacto social y económico sobre el sector pesquero. Asimismo, resulta procedente dar un margen suficiente para valorar los efectos de las amplias medidas ya adoptadas en España, no solo de la importante reducción del esfuerzo pesquero realizado, sino de las vedas espaciotemporales que se han implantado.

Finalmente, ha recordado a los eurodiputados que España ha hecho un gran trabajo durante el último año, en colaboración con el sector pesquero y los institutos científicos, que aunque por el momento no ha sido tenido en cuenta por la Comisión Europea en el Consejo, cuenta con suficientes argumentos científicos, que demuestran que la consecución del Rendimiento Máximo Sostenible, el objetivo del plan plurianual, se debería de basar en una gestión pesquera que apueste por la mejora de la selectividad de los artes de pesca, y no en una reducción adicional de los días de pesca que, como reconoce incluso el propio (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF) por sus siglas en ingles), no tiene una relación directa con la mortalidad por pesca. 

El eurodiputado canario del PP Gabriel Mato reiteró ayer lunes que “la pesca artesanal debe recibir un trato específico en las políticas pesqueras de la Unión Europea (UE)”, indica el PP. 

“La pesca artesanal debe recibir una atención y un tratamiento especiales”, ha dicho Mato durante la reunión de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo en la que se ha debatido un informe sobre la aplicación del artículo 17 del Reglamento sobre la Política Común Pesquera de la UE. 

El eurodiputado ha recordado que, en Canarias, este tipo de pesca “es un rasgo fundamental de la sociedad, la economía, la cultura y la tradición locales”. 

También ha recordado que, durante las negociaciones sobre el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para el periodo 2021-2027, defendió con éxito que, al analizar las fortalezas, debilidades y oportunidades de sus flotas, los estados miembros de la UE debían “otorgar especial importancia a la pesca artesanal y proponer medidas específicas para su desarrollo sostenible”. Esta propuesta fue finalmente aceptada por los gobiernos. 

Además, ha añadido Mato, “he defendido a los pescadores artesanales en el marco del reparto de cuotas de atún rojo y he conseguido, con el apoyo de otros grupos políticos, obtener del Consejo de la UE que los Estados Miembros se esfuercen por promover las artes y técnicas utilizadas en la pesca artesanal y tradicional, y darles especial consideración, lo que va más allá de las obligaciones de los Estados Miembros en virtud del artículo 17”. 

No obstante, Gabriel Mato ha precisado que “no solo la pesca artesanal tiene un bajo impacto en el medio ambiente marino”, sino que “la pesca a gran escala puede ser perfectamente sostenible y tener un bajo impacto en el medio ambiente, y, en ese caso, el artículo 17 les otorga el derecho a recibir el mismo trato”. 

Mato ha subrayado además que en algunos casos “los pescadores artesanales no podrían consumir todas las cuotas disponibles, por lo que impedir que lo hagan los pescadores a gran escala iría en contra de los objetivos del Tratado de la UE y la Política Pesquera Común, que son, entre otros, contribuir a la disponibilidad de alimentos en la UE”. 

“En cualquier caso, deberíamos evitar crear una competencia innecesaria entre la pesca a pequeña y gran escala”, ha resumido Mato, que ha anunciado que presentará enmiendas al respecto durante la tramitación de este informe parlamentario en las próximas semanas.

Relevo generacional

La Organización de Productores de Pesca Artesanal (OPP72), Nicólas Fdez Muñoz, ha elaborado un estudio para establecer las bases para conseguir el relevo generacional en la pesca.

Así, u𝐧𝐚 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 hoy en día en el 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐨 es la falta de 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐯𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐚, la cual pone en serio peligro el 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫, debido a que si no se cubren los puestos que quedarán vacantes con las próximas jubilaciones, existe el riesgo de que se produzca 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐥𝐨𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐚.

𝐋𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐞𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨, con largas jornadas y la falta de comodidades a bordo, son algunos de los factores que hacen que cada vez 𝐦𝐚́𝐬 𝐣𝐨́𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐜𝐚, ocasionando que el sector pesquero envejezca y peligre su subsistencia en el tiempo.

Desde la 𝐎𝐏𝐏𝟕𝟐 𝐡an 𝐚𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚, a través de 𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 de posibles soluciones a este problema, con el objetivo de detectar aquellas más viables y ponerlas en práctica. Dicho estudio se ha realizado durante el año 2021, a través de diferentes 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐟𝐥𝐨𝐭𝐚, analizando la posibilidad de 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐢́𝐬𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐮𝐞𝐜𝐨𝐬, así como la realización de 𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐣𝐨́𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬 cuyo objetivo ha sido conocer su punto de vista acerca de los beneficios y desventajas del trabajo en la mar.

𝐄𝐥 𝐟𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐬 ante la alarmante falta de jóvenes que quieran trabajar en el sector pesquero 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐲 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬. Hay que aunar esfuerzos para buscar posibles soluciones para hacer 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐣𝐨́𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬, 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐯𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫.