La producción global de la acuicultura europea está estancada y los fondos apliacados para su desarrollo son excesivos, con un descenso en países clave como Italia y Francia. El panorama se desprende del reciente informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo.
La Unión Europea ha avanzado en el fomento del desarrollo sostenible de la acuicultura en sus Estados miembros, pero el Tribunal de Cuentas Europeo informa de que, pese a un aumento significativo de la financiación, aún no se han logrado resultados tangibles. La producción acuícola europea parece haberse estancado, según indica el informe especial publicado por el Tribunal de Cuentas el miércoles 15 de noviembre.
A pesar de los esfuerzos de la UE en los últimos años en el sector de la acuicultura, los resultados no han sido satisfactorios, es lo que destaca Nikolaos Milionis, miembro del Tribunal que ha dirigido la fiscalización.
El periodo que abarca el informe es 2014-2020, con un análisis de las disposiciones y programas ya establecidos para el periodo 2021-2027. La acuicultura se considera un componente clave de la estrategia de economía azul de la UE, contribuye a la seguridad alimentaria y se promueve como fuente de proteínas con una baja huella de carbono en el contexto del Pacto Verde Europeo.
Financiación más que triplicada Sin embargo, la financiación de la acuicultura para el período 2014-2020 se ha más que triplicado en comparación con el período anterior, sin una clara demostración de necesidad por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros. El Tribunal de Cuentas Europeo plantea dudas sobre la necesidad de este aumento, afirmando que «existen serias razones para creer que la UE ha concedido demasiado dinero». La infrautilización de los fondos es evidente, con la posibilidad de que los Estados miembros no puedan gastarlos en su totalidad en 2023, fecha límite para la elegibilidad de los gastos. Esta situación ha dado lugar a una infrafinanciación de los proyectos, sin tener debidamente en cuenta su contribución a los objetivos de la UE en materia de acuicultura.
El sector pesquero peruano está preocupado por la disminución de biomasa de merluza (Merluccius gayi peruanus). Desde hace algunos meses las capturas marcan una disminución en volumen y en tamaño de la especie, que preocupa entre las empresas pesqueras y procesadoras.
El IMARPE, es el organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción, orientado a la investigación biológica y científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos , para asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino, algo así como el INIDEP en nuestro país, bajo la órbita de producción.
A principios de julio pasado, y en función del informe presentado, el Ministerio de Producción (Produce) anunció la aprobación del régimen provisional de extracción de merluza (Merluccius gayi peruanus) para el periodo julio 2023 – junio 2024, en respuesta ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 000217-2023-PRODUCE, publicada en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, en línea con el enfoque de manejo pesquero adaptativo se establece una «cuota de inicio» de 10,000 toneladas como parte del Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del presente régimen provisional de pesca.
La medida que preserva la actividad pesquera en el norte del Perú se basó en las condiciones ambientales cambiantes, en coordinación con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).
La norma detalla que la cuota inicial determinada podrá ser modificada según la disponibilidad y las condiciones del recurso, y será reevaluada a medida que se obtenga nueva información científica por parte del IMARPE.
El prestigioso instituto, lleva un estricto estudio con series temporales y espaciales de dicha especie y de las condiciones en las cuales se desarrolla, resaltando que existes evidencias fehacientes que la disminución de la biomasa de merluza y la caída de tallas, podría estar asociada a varios aspectos.
a). Desde el propio IMARPE, los autores del artículo «Cambios en el área de distribución de la merluza peruana: efecto de la pesquería y El Niño» (Wosnitza-Mendo et al., 2009) sugieren que existe una correlación positiva entre la abundancia de la anchoveta y la merluza peruana. Esta relación se basa en los siguientes hallazgos:
En los años 1970, cuando la biomasa de la anchoveta estaba baja, la merluza se expandió hacia el sur, ocupando áreas que anteriormente estaban dominadas por la anchoveta.
Después del colapso de la población de la merluza en la década de 1980, la anchoveta comenzó a recuperarse y a expandirse hacia el norte.
En la actualidad, la anchoveta ha ocupado las áreas al norte, mientras que la merluza se encuentra en su punto más bajo.
Los autores proponen tres posibles explicaciones para esta relación:
La competencia por alimento: La anchoveta es una presa importante para la merluza. Cuando la biomasa de la anchoveta es baja, la merluza puede ampliar su dieta a otras presas, lo que le permite expandir su área de distribución.
El impacto de El Niño: El Niño es un evento climático que puede causar cambios en la temperatura y la productividad del mar. Los autores sugieren que El Niño puede afectar la abundancia de la anchoveta y la merluza de manera diferente, lo que podría contribuir a la relación observada.
Cambios en el hábitat: Los autores sugieren que otros factores, como los cambios en la estructura del fondo marino o en la disponibilidad de oxígeno, podrían estar influyendo en la relación entre la anchoveta y la merluza.
Sin embargo, los autores señalan que la evidencia disponible es limitada y que se necesitan más estudios para confirmar esta relación.
En conclusión, los autores del artículo sugieren que existe una relación entre la abundancia de la anchoveta y la merluza peruana. Esta relación podría ser el resultado de la competencia por alimento, del impacto de El Niño o de cambios en el hábitat.
b).- La distribución de la merluza peruana está determinada por la fuerza y profundidad de la Corriente Cromwell, que a su vez está asociada a la isoterma de 14 °C.
En los últimos 50 años, se ha observado una disminución de la temperatura superficial del mar peruano (TSM), lo que se ha asociado a una disminución de la fuerza de la Corriente Cromwell. Esto ha llevado a una reducción del área de distribución de la merluza, que se ha visto restringida a aguas más profundas y más al norte.
Durante los eventos El Niño, la Corriente Cromwell se intensifica y se extiende hacia el norte, lo que lleva a una expansión del área de distribución de la merluza.
En conclusión, la distribución de la merluza peruana está influenciada por factores tanto físicos como ambientales. Los cambios en la TSM y la profundidad de la Corriente Cromwell han llevado a una reducción del área de distribución de la especie, que se ha visto restringida a aguas más profundas y más al norte.
Los principales hallazgos del resumen son los siguientes:
La distribución de la merluza peruana está determinada por la fuerza y profundidad de la Corriente Cromwell.
En los últimos 50 años, se ha observado una disminución de la TSM y la fuerza de la Corriente Cromwell. Esto ha llevado a una reducción del área de distribución de la merluza, que se ha visto restringida a aguas más profundas y más al norte. Durante los eventos El Niño, la Corriente Cromwell se intensifica y se extiende hacia el norte, lo que lleva a una expansión del área de distribución de la merluza.
Estos hallazgos son importantes para comprender la dinámica de la población de merluza peruana y de la desaparecida pariente chilena, la merluza de cola (macruronus magellanicus) y para desarrollar estrategias de manejo que permitan conservar la especie sin llegar al extremo de Chile, donde fue alertada su gran disminución como consecuencia de utilizar esa especie demersal para la fabricación de harina de pescado (desde 1995) con la consecuencia de la sobrepesca y presión de esfuerzo pesquero que la llevó a mediados de la década del 2000 al estado de alerta, pasando a especie sobreexplotada y desde el 2017 a estos días, como especie extinguida.
Conclusiones
Los datos analizados por el IMARPE, ofrecen importantes puntos de referencia de cómo un desequilibrio hecho por el hombre puede cambiar el balance entre los niveles tróficos más altos y más bajos (anchoveta disminuye, merluza y sardina aumenta).
Los datos de una fase posterior a la fuerte presión pesquera muestran los cambios en todos los niveles.
Se llega a la conclusión que “ después de una reducción de la biomasa de alguna especie dominante, sea por sobrepesca o por un evento climático de fondo como El Niño, la ocupación del área por la especie alterna puede ser explicada mejor por las interacciones biológicas (predación y competencia) que jugarían un rol más importante que los impactos ambientales reinantes a mediano plazo ”.
En un informe el IMARPE vislumbra que futuras investigaciones deberían centrarse más en las relaciones tróficas y los impactos mutuos entre las especies y las consecuencias de los cambios provocados por las temperaturas y salinidad de las corrientes marinas.
Lo concreto es que por la lucha en el hábitat alimenticio, o por la modificación de las condiciones hidrobiológicas del medio ambiente que rodean a las especies, tanto la anchoveta, como ahora la merluza, están provocando impacto económico en las empresas del sector, por cuanto desde la óptica de la pesca, los participantes de la pesquería presumen que el recurso está a más profundidad y que esto se debe a la alta salinidad que presenta el mar peruano en estos momentos. Una situación parecida se vio en 1983.
En julio pasado, el Ministerio de la Producción anunció que el IMARPE planificará diversas actividades científicas para obtener información sobre la población de la merluza, pero hasta ahora no se conocen los resultados de esta operación.
Es importante mencionar que la incertidumbre ambiental, combinada con los cambios en el comportamiento del recurso, dificulta la comprensión del estado actual del recurso, por ello los empresarios piden que se haga una investigación más profunda encarada con el profesionalismo con que el IMARPE cuenta.
La asociación ORPAGU ha adelantado que la tintorera tendfrá una cuota en el Atlántico norte y otra en el Sur. La espece está en el punto de mira de las asociaciones conservacionistas. Se da la circunsancia que tanto el marrajo como la tintorera, las dos únicas especies objetivo, fueron incluidas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por sus siglas en inglés). La falta de datos es otro de los problemas de esta especie, aspecto que genera incertidumbre que al final se traduce en restricciones a la pesca como medida precautoria. Y esto es exactamente lo que ahora puede pasar con la tintorera en el marco de la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat).
Por un lado, la situación en el Atlántico norte “está bien” y los expertos no han detectado “sobrepesca ni índices de que esté sobrepescado”. Por ello, desde la flota esperaban que no se plantee ninguna alteración en el total admisible de capturas (TAC) ni medidas restrictivas, pese a la presión que saben que llegará por parte de algunas ONG.
Otra situación se da en la zona sur del océano. Tras la reunión en Bruselas, desde el sector destacan que “hay algo más de incertidumbre”: si bien “no hay sobrepesca”, si se ha detectado “indicios” de que puede estar sobrepescado. “Por lo que es probable que se plantee alguna propuesta, ya que ahora ni siquiera hay un TAC”, explican.
En este sentido, la decisión del Cites del pasado año de incluir la tintorera como especie a controlar comercialmente fue un duro traspiés para la flota palangrera, ya que este organismo y la Iccat “deben ser coherentes en sus planteamientos”.
La reunión ICCAT finaliza 20 de noviembre en la ciudad de El Cairo, Egipto y se confirmará la situación del pez espada, así como de otras como el atún.
La Comisión Europea, en base a una primera recomendación científica, impidió pescar a los barcos de arrastre de fondo en 87 zonas del Atlántico NE, tres de ellas en el Golfo de Cádiz. Nuevos datos apuntan a que, en el peor de los escenarios, sólo una de esas zonas estaría cerca de un ecosistema marino vulnerable. Científicos y representantes del sector analizaron en Ayamonte, en las V Jornadas Internacionales organizadas por la OPP Punta del Moral, el nuevo marco normativo y de ayudas para las organizaciones pesqueras
En 2022, la Comisión Europea publicó un Reglamento que impedía la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico NE, tres de ellas en el Golfo de Cádiz. Esta decisión, muy criticada por el sector y por la Administración española, puso en peligro la actividad de numerosos barcos y cientos de empleos.
Bruselas adoptó esta decisión en base a una primera recomendación científica del ICES -su consejo asesor sobre áreas marinas- que, como se ha comprobado ahora, no se ajustaba a la realidad. Un nuevo estudio de un periodo de tiempo más amplio, de 2009 a 2021 frente al 2009-2011 del previo, demuestra que el sector no estaba equivocado en su protesta ya que, en el peor escenario posible, sólo contempla un cierre en aguas gaditanas (en 4 de los 5 planes ahora expuestos) y no incluiría el área en la que se produce la actividad pesquera. Sin duda, una excelente noticia para la flota andaluza y para la pesca de fondo, convertida en los últimos años en la diana de la Comisión Europea. Y, aunque todavía habrá que esperar algunas semanas para conocer la decisión de Bruselas, el sector se muestra más esperanzado que hace unos meses. Para explicar el cambio en esta recomendación científica hablaron en Ayamonte, en el marco de las V Jornadas Internacionales de Pesca organizadas por los Armadores Punta del Moral, los investigadores del IEO Ana Magro y Juan Gil.
Por su parte, Carola González Kessler, subdirectora del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se refirió a los cambios en las ayudas a las organizaciones profesionales de pesca, como es el caso de la OPP80 de Ayamonte, y señaló la necesidad de adecuar la normativa nacional a la comunitaria, lo que conllevaría mejoras de gestión presupuestaria “y la armonización de criterios, fruto de la experiencia adquirida a lo largo de los años”. Entre los ponentes también destacó Raúl Costas, director de Operaciones y Compras del Grupo Eurored, sociedad gallega dedicada al diseño y elaboración de artes de pesca, así como el gerente de Pesca España, Antonio Nieto, asociación creada en 2022 para reivindicar los productos del mar, defender los intereses del sector y continuar promoviendo el consumo de pescado.
La clausura de la jornada corrió a cargo del subdirector de Pesca de la Junta de Andalucía, Pedro Antonio Zorrero, y de Pedro Luis Casado, director financiero de la organización pesquera ayamontina. Tras los discursos, los participantes, venidos de diferentes ciudades españolas, participaron en una degustación de productos capturados por la flota de Punta del Moral.
Primera organización transnacional andaluza
Los armadores de Punta del Moral conforman la primera organización transnacional andaluza y su flota está compuesta por 46 embarcaciones que suman el 40% de las cuotas del Golfo de Cádiz y alrededor del 80% de las cuotas del censo de arrastre de fondo de Portugal. Las capturas incluyen una gran variedad de especies, más de un centenar, siendo las más importantes las siguientes: gamba, merluza, cigala, bacaladilla, pulpo, alistado, y el carabinero. En la actualidad, la OPP factura más de 40 millones de euros y es un ejemplo de transparencia y crecimiento.
El Puerto de Bilbao y Petronor amplían el compromiso inicial firmado con el puerto de Amsterdam para extender esta conexión hasta Duisport. El Gobierno holandés ya cerró en junio un acuerdo para captar hidrógeno verde desde Algeciras a Rotterdam
La empresa energética vasca Petronor, el puerto de Bilbao junto al Gobierno vasco han extendido un acuerdo al puerto alemán de Duisport el compromiso inicial alcanzado con el puerto holandés de Amsterdam para crear un corredor marítimo de hidrógeno verde. Esta vía de transporte energético facilitará la transición de las empresas de Países Bajos y, especialmente, de Alemania. El acuerdo se produce tan sólo cuatro meses después de que el puerto de Algeciras adoptara un pacto similar con el puerto de Rotterdam para transportar el hidrógeno verde que se genere en el sur de España.
Los puertos holandeses de Amsterdam y Rotterdam más el alemán de Duisport se preparan para convertirse en ‘hubs’ de hidrógeno verde, la energía no contaminante de moda en Europa. El Memorando de Entendimiento firmado hoy por representantes de Petronor, el puerto de Bilbao y el EVE facilitará que el hidrógeno verde generado en Euskai llegue hasta los grandes corporaciones alemanas situadas en la región Rin-Ruhr.
«Nuestro objetivo es convertirnos en un puerto neutro en carbono para 2050 y, por lo tanto, los corredores verdes entre Bilbao, Países Bajos y Alemania son importantes para ayudar a descarbonizar, no sólo la industria del País Vasco, sino también otras regiones industriales de Europa», ha señalado tras al firma del MoU el director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao Andima Ormaetxe.
Duisport, el puerto interior más importante de Alemania, se convierte también en destino del hidrógeno verde vasco como energía para suministrar a la potente industria siderúrgica de esta región del oeste de Alemania.
El acuerdo alcanzado hoy desarrolla el segundo corredor marítimo de hidrógeno verde español con los Países Bajos. El Gobierno neerlandés con el rey Guillermo al frente está desarrollando una estrategia de consolidación de suministradores en el sur de Europa. El pasado mes de junio el Rey Guillermo y el Rey Felipe VI presidieron la firma del acuerdo entre Algeciras y Rotterdam para consolidar un proyecto que complementa el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Una iniciativa público-privada que cuenta con una inversión de 3.000 millones de euros, la creación de 10.000 puestos de trabajo y una capacidad de producción de 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que evitará la emisión de 6 millones de toneladas de CO2
Dado que la mayor parte de la producción mundial de productos del mar es vulnerable a los efectos del cambio climático, cada sector se enfrenta a obstáculos y oportunidades de adaptación únicos. Foto de Petersburg, Alaska, por Marysia Szymkowiak. Se prevé que la demanda mundial de productos del mar se duplique de aquí a 2050. Pero mientras que los impactos ambientales de la acuicultura y la pesca reciben atención, los impactos potenciales del cambio climático en los dos sectores han pasado en gran medida por debajo del radar.
Pero en junio de 2023, un estudio reveló que más del 90% de la producción de productos del mar es vulnerable al cambio climático. Al tiempo que identifica los principales factores de estrés inducidos por el hombre, plantea dudas sobre si los alimentos de origen acuático pueden realmente resistir el paso del tiempo y ser la solución de seguridad alimentaria que muchos creen que son.
«Sólo hemos arañado la superficie en nuestra comprensión de cómo se conectan los factores de estrés ambiental y cómo pueden afectar negativamente a la producción y la seguridad de los alimentos azules», dijo a Advocate Ling Cao, coautora principal y profesora del Laboratorio Estatal Clave de Ciencias Medioambientales Marinas de la Universidad de Xiamen. «Comprender la complejidad de estos factores de estrés y sus impactos en cascada será esencial para desarrollar estrategias exitosas de adaptación y mitigación».
En 2021, un estudio sobre los efectos del cambio climático en la acuicultura concluyó que el calentamiento de las aguas podría facilitar más brotes de enfermedades, y el aumento previsto del dióxido de carbono en los océanos podría diezmar la vida marina. Los autores analizaron el aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, las enfermedades, la proliferación de algas nocivas, los cambios en el régimen de lluvias y la salinidad de la superficie del mar, y debatieron varias medidas paliativas.
Según el autor principal, Sahya Maulu, de la Universidad de Plymouth (Reino Unido), adaptarse a los cambios previstos a corto plazo y adoptar medidas de mitigación a largo plazo podría ser la única forma de mantener la producción acuícola. Según él, el éxito de la adaptación dependerá de la capacidad de los productores de las distintas regiones del mundo. Afortunadamente, muchos son conscientes hasta cierto punto del cambio climático y sus repercusiones, y se están tomando medidas para mejorar la resistencia de la acuicultura.
«La mayoría de los gobiernos se están tomando en serio los programas de concienciación para preparar a los productores ante los cambios previstos», afirma Maulu. «En los países desarrollados, están aumentando la financiación destinada a la investigación para mejorar la comprensión de las respuestas de las especies acuícolas al cambio climático, mejorar la eficiencia de la producción, como la reutilización del agua, o promover una economía circular. Los gobiernos también están animando y apoyando a los productores acuícolas para que diversifiquen su producción. Un estudio reciente que realizamos en Zambia sobre la percepción del cambio climático por parte de los productores acuícolas mostró que más del 80% eran conscientes de ello. Lo que quizá no esté claro es si pueden atribuir correctamente los cambios en su producción al cambio climático y viceversa».
Mientras tanto, en Estados Unidos, los pescadores del Golfo de Alaska han visto avances del cambio climático y no son bonitos. Entre 2014 y 2016, un calentamiento sin precedentes en el Pacífico Norte desencadenó cambios en el ecosistema. Según Marysia Szymkowiak, del Centro de Ciencias Pesqueras de Alaska (AFSC, por sus siglas en inglés), la ola de calor marino fue notable, con pruebas de descensos rápidos y pronunciados del salmón y el bacalao del Pacífico, reducción de la productividad en todo el ecosistema y mortandad de mamíferos marinos y aves. Szymkowiak y un equipo de científicos del AFSC y de la universidad trabajan para entender cómo puede afectar el cambio climático a la pesca y cómo pueden prepararse.
En 2021, un estudio sobre los efectos del cambio climático en la acuicultura concluyó que el calentamiento de las aguas podría facilitar más brotes de enfermedades, y el aumento previsto del dióxido de carbono en los océanos podría diezmar la vida marina. Los autores analizaron el aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, las enfermedades, la proliferación de algas nocivas, los cambios en el régimen de lluvias y la salinidad de la superficie del mar, y debatieron varias medidas paliativas.
Según el autor principal, Sahya Maulu, de la Universidad de Plymouth (Reino Unido), adaptarse a los cambios previstos a corto plazo y adoptar medidas de mitigación a largo plazo podría ser la única forma de mantener la producción acuícola. Según él, el éxito de la adaptación dependerá de la capacidad de los productores de las distintas regiones del mundo. Afortunadamente, muchos son conscientes hasta cierto punto del cambio climático y sus repercusiones, y se están tomando medidas para mejorar la resistencia de la acuicultura.
«La mayoría de los gobiernos se están tomando en serio los programas de concienciación para preparar a los productores ante los cambios previstos», afirma Maulu. «En los países desarrollados, están aumentando la financiación destinada a la investigación para mejorar la comprensión de las respuestas de las especies acuícolas al cambio climático, mejorar la eficiencia de la producción, como la reutilización del agua, o promover una economía circular. Los gobiernos también están animando y apoyando a los productores acuícolas para que diversifiquen su producción. Un estudio reciente que realizamos en Zambia sobre la percepción del cambio climático por parte de los productores acuícolas mostró que más del 80% eran conscientes de ello.
En el caso de la pesca, el siguiente paso es la planificación formal de la adaptación al clima.
En colaboración con tres comunidades pesqueras del Golfo de Alaska, Szymkowiak elaborará evaluaciones de vulnerabilidad para examinar los riesgos y efectos del cambio climático.
La vulnerabilidad climática de las comunidades pesqueras no se limita a los riesgos para la pesca.Más bien afecta directamente al tejido social y humano que mantiene unidas a estas comunidades.
«Los pescadores son innovadores y tanto ellos como las comunidades pesqueras ya están respondiendo a los efectos del cambio climático», afirmó Szymkowiak. «En mi opinión, las comunidades se dirigen ahora a unir diferentes piezas, compartir lecciones para comprender lo que ha funcionado y lo que no, y crear economías de escala, pasando de esfuerzos ad hoc y poco sistemáticos a una planificación holística.Eso es lo emocionante de nuestro proyecto de planificación de la adaptación pesquera.Por fin hemos conseguido algo de dinero para hacer estas cosas en Córdova, Sitka y Kodiak, y éste es un proyecto piloto para formalizar estos procesos de planificación de la adaptación para otras comunidades, de modo que puedan planificar de modo similar la adaptación.»
¿Podría la acuicultura adaptarse de forma similar?
Maulu afirmó que la investigación y el desarrollo son fundamentales para comprender mejor los diversos aspectos del sector de la acuicultura que se ven y se verán afectados por el cambio climático.Mientras tanto, hay que potenciar los programas de concienciación, especialmente para los productores rurales con acceso limitado a los principales sistemas de información.Las prácticas acuícolas también deben integrarse eficazmente en la economía circular para hacer frente a los impactos previstos, dijo, especialmente en la industria de los piensos acuícolas.Los estudios sobre la utilización de harinas de insectos o proteínas unicelulares que muestran potencial para sustituir a los piensos convencionales con muy baja contribución al cambio climático son algunos de los impresionantes pasos en esta dirección.
«La acuicultura es diversa en cuanto a sistemas de producción, especies e intensidad, por lo que debe promoverse una tecnología más eficiente en el uso de los recursos, como los sistemas multitróficos», afirma Maulu.»Hay numerosas especies y otras potenciales cuyo rendimiento en condiciones cambiantes no se conoce bien.Hay que estudiarlas más a fondo para predecir su respuesta al cambio climático y, cuando sea posible, desarrollar especies más resistentes a las enfermedades emergentes o a los cambios en las condiciones ambientales.La mayoría de los países desarrollados avanzan en este sentido, pero los países en desarrollo siguen rezagados debido sobre todo a la escasez de fondos».
Los resultados de la campaña de 2023 «son muy alentadores», ya que «anticipan un reclutamiento alto para la campaña pesquera de 2024», según los datos de la campaña científica JUVENA 2023, que anualmente lidera el centro tecnológico Azti, y que sitúa en unas 500.000 toneladas la abundancia de anchoa juvenil en el Golfo de Bizkaia, un dato similar al del año pasado y que prácticamente duplicaría la media de la serie temporal.
Los resultados provisionales de la campaña confirman la «sostenida abundancia» de anchoa juvenil, manteniendo la tendencia positiva los últimos años. De este modo, en 2023 se ha estimado que la biomasa de anchoas menores de un año es de aproximadamente 500.000 toneladas, una cifra similar a la registrada en 2022. Además, la estimación de biomasa de anchoa juvenil en 2023 se sitúa un 90% por encima del promedio de la serie temporal.
AZTI ha explicado que la campaña JUVENA se desarrolla con «un enfoque ecosistémico que va más allá de la mera evaluación de la población de anchoa juvenil» y se consideran factores esenciales para el desarrollo sostenible de la especie, «como las condiciones oceanográficas y la interacción con otros componentes del ecosistema, como el plancton y los depredadores superiores de la anchoa».
El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, ha señalado que los resultados de la campaña JUVENA 2023 «respaldan el compromiso continuo del sector, del Gobierno Vasco y de la comunidad científica en la gestión sostenible de esta especie fundamental para la economía y el ecosistema de Euskadi».
«Comprender la abundancia y la distribución espacial de los juveniles de anchoa, examinar su estado y analizar los factores ambientales que inciden en su supervivencia resulta fundamental para fortalecer la sostenibilidad de la actividad pesquera, al tiempo que satisfacemos las necesidades del presente sin poner en riesgo las del futuro ni afectar un pilar fundamental de la economía de Euskadi», ha resaltado Oroz.
Promovida por el Gobierno Vasco, la campaña JUVENA está coordinada por Azti y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), y cuenta con el respaldo financiero de la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España.
Los resultados de JUVENA son «fundamentales» para formular recomendaciones a las autoridades pesqueras y contribuyen a la regulación de la explotación de la anchoa, «en concordancia con los principios de sostenibilidad».
Recomendaciones de capturas
«La campaña JUVENA de evaluación acústica de juveniles, que se inició en 2003, nos permite pronosticar cuántas anchoas alcanzarán la madurez el año siguiente, lo que nos brinda la oportunidad de formular recomendaciones sobre las capturas admisibles de anchoa (TAC analíticos) con suficiente antelación y, además, nos permite desarrollar una estrategia de pesca sostenible», ha indicado el director general de AZTI, Rogelio Pozo.
Además, ha destacado que los resultados de la campaña de 2023 «son muy alentadores», ya que anticipan un reclutamiento alto para la campaña pesquera de 2024″, ha explicado Pozo.
La estima obtenida se validará en noviembre en el grupo de trabajo para la revisión de las campañas de evaluación del sudoeste europeo (WGACEGG), presidido este año por Guillermo Boyra, experto en gestión pesquera sostenible de AZTI y responsable científico de la campaña.
21-11-2021 Merluza negra sostenible.
ECONOMIA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÁDIZ
OPROMAR
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado el recurso presentado por España contra los límites de pesca de la merluza europea, el salmonete de fango y la gamba roja en las zonas del mar de Alborán, las islas Baleares, el norte de España y el golfo de León.
España solicitó la anulación del reglamento del Consejo que establecía las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y en el mar Negro, alegando que las medidas eran «desproporcionadas» y «manifiestamente inadecuadas» para conseguir el objetivo del reglamento al no respetar la exigencia de dictamen científico y por no ser necesarias al existir otras medidas alternativas como vedas, tallas mínimas e incremento de la selectividad de los artes de arrastre.
En su sentencia dictada este jueves, TJUE ha desestimado este recurso y considera que el Consejo expuso de modo jurídicamente suficientemente las razones por las que estableció el esfuerzo pesquero máximo admisible para palangreros de merluza europea y salmonete de fango y a los límites máximos de capturas de gamba roja del Mediterráneo en las subzonas del mar de Alborán, las islas Baleares, el norte de España y el golfo de León.
El fallo declara que el Consejo goza de una facultad de apreciación al respecto y que no sobrepasó manifiestamente sus límites al adoptar estas y no considera que esta sea manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido, de modo que no viola el principio de proporcionalidad, como sostenía España.
La Justicia europea ha apuntado que el reglamento no excluye ningún tipo particular de medida de conservación, sino que parece dejar al Consejo la elección, en su caso, de las medidas complementarias del régimen de gestión del esfuerzo pesquero más adecuadas para alcanzar el objetivo relativo a la mortalidad por pesca en relación con el rendimiento máximo sostenible a más tardar el 1 de enero de*2025.
Por otra parte, de los dictámenes científicos en que se basó el Consejo se desprende claramente que la fijación de los totales admisibles de capturas (TAC) o de límites de capturas era una medida que podía adoptarse como complemento del régimen de gestión del esfuerzo pesquero, sobre la base del reglamento del plan plurianual.
España también sostenía, entre otras cosas, que esta segunda medida se solapaba con la medida ya existente relativa al régimen de gestión del esfuerzo pesquero para los arrastreros, que el establecimiento de un límite máximo de capturas para esa especie en esas zonas era redundante y que hay otras medidas con idéntico objetivo, como las zonas de veda de la pesca.
El recurso español añadía que el establecimiento de máximos de capturas es «la más dañina» de las medidas de conservación para el comportamiento económico de la flota pesquera y que requiere un análisis científico más profundo que el que se llevó a cabo, por lo que propuso medidas de gestión alternativas, en su opinión menos perjudiciales.
Sin embargo, el TJUE considera que el Consejo obró correctamente tras haber sopesado la eficacia de las medidas frente a sus repercusiones económicas sobre las actividades pesqueras, y al considerar que eran las más adecuada para alcanzar, como complemento del régimen de esfuerzo pesquero, el objetivo de mortalidad, fijado en un nivel correspondiente al rendimiento máximo sostenible a 1 de enero de 2025.
Consignaciones Toro y Betolaza reclama al puerto de Bilbao más espacio para su concesión del muelle A-6 de la ampliación. La compañía opera como estibadora en los puertos de Bilbao, Pasajes, Gijón, Avilés y Lisboa. Esta firma ha solicitada a la Autoridad Portuaria de Bilbao modificación de la concesión de su titularidad en el muelle A-6 de la ampliación del enclave vizcaíno.
De este modo, la compañía quiera ampliar la superficie concesional de este espacio en unos 61.709 m².
Los responsables de la dársena vasca han decidido someter a información pública este petición, con el fin de que durante un plazo de veinte días hábiles, puedan examinarse el expediente y presentarse alegaciones.
Consignaciones Toro y Betolaza presta servicios marítimo-portuarios y logísticos en distintas zonas geográficas y con presencia e instalaciones propias en los puertos de Bilbao, Pasajes, Gijón y Avilés y en el puerto seco de Azuqueca de Henares.
De manera particular, la compañía opera como estibadora en los puertos de Bilbao, Pasajes, Gijón, Avilés y Lisboa, realizando labores que incluyen el manejo de contenedores, cargas convencionales, cargas de proyecto, así como graneles sólidos.
Así mismo, también da servicios marítimo-portuario de consignación de mercancías, agencia de aduanas, fletamento, consultoría tecnológica y transitarios.
Las investigaciones de una organización que rastrea los flujos de dinero ilícito han revelado que se calcula que decenas de miles de trabajadores quedan atrapados cada año en estos barcos en condiciones inseguras. Rusia, Reino Unido y España, acusados de maltratar a los pescadores. Se han detectado condiciones de trabajo peligrosas y forzadas, a veces similares a la esclavitud, en casi 500 buques de pesca industrial de todo el mundo, incluidos varios países europeos. Sin embargo, es mucho más difícil de lo que se imagina identificar a los responsables de los abusos en el mar, gracias a la falta de transparencia y de supervisión reglamentaria.
Así se desprende de un nuevo informe elaborado por la Coalición para la Transparencia Financiera, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que rastrea los flujos de dinero ilícito.
En estrecha colaboración con Associated Press, el estudio es un intento exhaustivo de identificar a las empresas que explotan buques en los que se calcula que decenas de miles de trabajadores quedan atrapados cada año en condiciones inseguras.
El informe, publicado esta semana, revela que una cuarta parte de los buques sospechosos de abusar de los trabajadores enarbolan bandera de China, así como de muchos otros de países como Tailandia, Taiwán y Corea del Sur.
El panorama no es mucho mejor en Europa, con buques procedentes sobre todo de Rusia, Reino Unido y España acusados de maltratar a los pescadores.
Teniendo en cuenta que la investigación se centra en la pesca en alta mar, tradicionalmente zonas sin ley que escapan a la jurisdicción de cualquier país, está claro que la revelación de estos delitos no hace más que arañar la superficie de un problema mucho más extendido.
Según los autores del informe, el trabajo forzoso en la industria pesquera es un fenómeno poco frecuente pero común, y cada vez más reconocido como una «crisis generalizada de los derechos humanos».
128.000 pescadores sufren amenazas de violencia
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se calcula que en todo el mundo 128.000 pescadores sufren amenazas de violencia, servidumbre por deudas, exceso de horas extraordinarias y otras condiciones propias del trabajo forzoso.
Tanto las empresas europeas como las estadounidenses están sometidas a una presión cada vez mayor para que limpien sus cadenas de suministro en sectores de gran intensidad de mano de obra, donde los abusos a los trabajadores están muy extendidos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional creado por el G7 -que incluye a Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido- ha identificado recientemente la tala y la minería ilegales como motores clave del blanqueo de capitales.
El G7 también ha animado a sus miembros a crear bases de datos de acceso público para concienciar sobre los flujos financieros que alimentan los delitos medioambientales.
La industria del marisco, sin embargo, ha escapado hasta ahora al mismo escrutinio, en parte porque los gobiernos carecen a menudo de herramientas para regular lo que ocurre a cientos de kilómetros de tierra.
La Coalición para la Transparencia Financiera elaboró una lista de 475 buques sospechosos de realizar trabajos forzados desde 2010. De esa cantidad, sólo se disponía de información sobre el pabellón de aproximadamente la mitad del total, otro indicio de la necesidad de una mayor transparencia en la propiedad, afirma el grupo.
También descubrieron que alrededor del 22,5% de los buques pesqueros industriales y semi-industriales acusados de trabajo forzoso entre 2010 y 2023 eran propiedad de empresas europeas, encabezadas por empresas españolas, rusas y británicas.
A former slave fisherman who spent more than two decades in Indonesia after being enslaved on Thai fishing boats, rests at a government welfare hostel in Myanmar in 2015Gemunu Amarasinghe/AP
La vida cotidiana en los buques
Incluso cuando los trabajadores afectados no son europeos, el comportamiento sin escrúpulos de los propietarios de estos buques repercute en los consumidores del continente.
«El Outlaw Ocean Project ha documentado el traslado forzoso de más de mil uigures y miembros de otras minorías musulmanas a 2.000 millas de sus hogares en Xinjiang, una región sin salida al mar, a 10 plantas de procesamiento de pescado en la provincia costera de Shandong desde 2018″, explica a Euronews Andrew Wallis, director ejecutivo de la organización benéfica contra la esclavitud Unseen.
«Algunas de estas instalaciones abastecen a mayoristas de marisco británicos y europeos, que a su vez venden a supermercados como Tesco, Sainsbury’s, Waitrose, Morrisons y otros minoristas; empresas de catering que abastecen a pubs, hoteles y restaurantes, escuelas y universidades; y al Servicio Nacional de Salud», añade.
A bordo de estos buques, la vida suele ser sombría
El Dr. Chapsos, de la Universidad de Coventry, explica a ‘Euronews’ que los barcos están dirigidos por «redes de delincuencia organizada, que reclutan a personas mediante engaños, prometiéndoles trabajo en la industria pesquera».
Cuando están a bordo, «es el infierno en la tierra», afirma. «A menudo se enfrentan a «retenciones salariales, palizas, confiscación de pasaportes, privación de alimentos y agua potable e incluso a la muerte por negligencia o violencia», explica Wallis.
«El Outlaw Ocean Project descubrió que los trabajadores que capturan calamares destinados a la exportación pueden verse obligados a permanecer en alta mar durante más de tres años, lo que les expone al riesgo de contraer enfermedades como el beriberi, causada por la escasez de vitamina B1 que se encuentra en frutas y verduras frescas, lo que provoca algunas muertes», añade.
An employee of Thai Union, an international seafood and canned fish company, prepares canned sardines at the company’s canned fish factory in Peniche in JunePATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images
¿Quién está detrás de esta industria?
Wallis explica a ‘Euronews’ que, en general, la culpa es del «Estado chino, de empresas y prácticas comerciales sin escrúpulos, así como de empresas europeas y occidentales que exigen demasiados beneficios de sus cadenas de suministro».
Sin embargo, esta práctica no está totalmente exenta de regulación. Tanto en Europa como en el resto del mundo, estas flotas pescan en la llamada zona económica exclusiva de otros estados costeros, ya sea legal o ilegalmente. Cada Estado costero tiene la responsabilidad de vigilar su zona marítima y, por tanto, existen normas.
«La cuestión es», dice Chapsos, «si el estado costero tiene los medios, capacidades y aptitudes para vigilar de forma eficiente y eficaz sus aguas y si la corrupción de los funcionarios para hacer la vista gorda desempeña otro papel importante».
Si un delito tiene lugar en aguas internacionales abiertas, se supone que está regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
En la carta hay numerosas **menciones a la esclavitud en el mar.**En una de ellas se pide a todos los Estados que adopten medidas eficaces para prevenir y castigar la esclavitud en los buques que enarbolen su pabellón, mientras que en otra se autoriza el abordaje de buques sospechosos de dedicarse a la trata de esclavos.
La cuestión se reduce a menudo a «qué país asumirá la responsabilidad de poner esto en práctica», afirma Chapsos. «Se trata de mar abierto, así que tiene que hacerlo colectivamente la comunidad internacional, bajo la dirección y coordinación de organizaciones internacionales como la ONU, la UE, la UA o la ASEAN», añade.
Parece que no es tan sencillo como parece.
¿Cuál podría ser la solución?
La respuesta dista mucho de ser sencilla, afirma Wallis, y los problemas parecen residir en la necesidad de beneficios y la falta de respeto por los trabajadores desesperados.
«Si no tienes que pagar a tu mano de obra y la tienes en una situación de trabajo forzoso y control, entonces reduces tus costes«, explica Wallis a Euronews. Dice que la comunidad internacional tiene mucho trabajo por hacer, pero que es factible, al menos en Europa.
«Implantar una legislación obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos, así como una ley arancelaria que impida que los productos contaminados por el trabajo forzoso puedan entrar en el mercado europeo, además de una aplicación rigurosa de la ley y sanciones, supondría un gran avance», añade Wallis.
Dried fish at a canning factory in Isla Cristina, SpainEdwin Remsberg/VWPics/Universal Images Group via Getty Images
Chapsos está de acuerdo y afirma que los gobiernos pueden hacer «mucho» para endurecer la normativa sobre aguas y actividades internacionales.
¿Primero en su lista? Prohibir los transbordos en el mar.
Se trata del proceso por el que el buque pesquero transfiere regularmente sus capturas a otros buques en alta mar para transportarlas al lugar de desembarque, lo que permite a los pesqueros permanecer más tiempo en alta mar.«Los transbordos suelen ser el medio para trasladar a los pescadores traficantes a los buques y viceversa, por lo que cortar este ‘suministro’ ayudaría a mejorar los controles», explica Chapsos.
También sugiere la aplicación de controles más estrictos en los lugares de desembarque, que incluyan averiguar exactamente quién forma parte de la tripulación de cada barco, así como comprobaciones de la documentación por parte de las autoridades estatales. Las medidas anticorrupción también son cruciales, afirma, advirtiendo de que «quienes realizan los controles podrían ser o llegar a ser corruptos».
Otras sugerencias incluyen el establecimiento de **certificados de captura de pescado.**Se trata de un método similar al que utilizan los productores en tierra firme, en el que se puede ver de dónde procede la carne que se compra en los supermercados, con datos concretos sobre el agricultor y su procedencia. «Eso debería aplicarse también al pescado, en cuanto llega al lugar de desembarque», afirma Chapsos.
Aunque parece que aún queda lejos una amplia regulación gubernamental, el profesor sugiere que incluso los profanos en la materia sin autoridad alguna pueden contribuir a cambiar mínimamente la vida de estos transportistas.
«Las comunidades costeras locales pueden desempeñar su papel informando de cualquier cosa sospechosa», afirma, «especialmente en puertos remotos pueden desempeñar un papel esencial; conocen su lugar mejor que nadie, cualquier pescador víctima de la trata o esclavizado a bordo les llamaría la atención».
La descarbonización de la flota es “el principal vector de cambio” al que se enfrentan los armadores españoles, que están sometidos a “una presión mayúscula” por parte de los reguladores europeos e internacionales a pesar de que el barco “es el medio de transporte que genera menos costes externos” en términos de contaminación y eficiencia energética, según expresó el presidente de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), Vicente Boluda, en el marco del primer Congreso Internacional de Economía Circular Azul (Maritime Blue Growth) en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
En su intervención, Boluda se hizo eco de la avalancha normativa que ya están encarando los navieros. Desde 2023, la Organización Marítima Internacional (OMI) aplica un índice de eficiencia energética (EEXI) para los buques existentes y un indicador de la intensidad de carbono operacional (CII). En la UE, a partir de 2024, los barcos que hagan escala en el continente empezarán a pagar por su emisiones, dentro del esquema de comercio conocido como EU ETS. Y en 2025, el reglamento Fuel EU Maritime “obligará a utilizar combustibles menos intensivos en carbono, o alternativamente abonar una multa”.
En referencia a las medidas comunitarias, Boluda ha sido taxativo: “Su coste supondrá, de media, un millón de euros por buque y año, y puede alcanzar los dos millones de euros para barcos que operen únicamente en tráficos de cabotaje o intraeuropeos. No hablamos de inversiones que nos permitan avanzar en la descarbonización, sino de sanciones y compra de derechos de emisión”, ha declarado.
“Si los navieros nos hemos preocupado siempre por reducir nuestro consumo de combustible, que es uno de nuestros principales costes, es un hecho que la presión ahora mismo es máxima. Primero, para dar cumplimiento a las normas de la OMI. Y segundo, para reducir el importante coste que vamos a tener asociado a las emisiones”, ha añadido Boluda.
LAS MEDIDAS SUPONDRÁN PARA CADA BUQUE UN MILLÓN DE EUROS POR BUQUE y AÑO
El armador valenciano se ha posicionado a favor de los biocarburantes avanzados como “la mejor vía y la única alternativa” para que el sector “contribuya de manera significativa a la reducción” de los gases de efecto invernadero. Además, ha recordado que “no existen hoy ni combustibles ni tecnologías de cero emisiones viables y comercialmente disponibles para el transporte marítimo”, en referencia al hidrógeno, el amoniaco y el metanol. También aloró otras iniciativas, como el hidrógeno, el amoniaco y el metanol, pero son tecnologías que no están maduras. Y, mientras tanto, a partir del 2025 los navieros deberán a comenzar a pagar los derechos de compra de emisiones a razón de un millón de euros por buque y año, doblándose esta cantidad en los buques de cabotaje.
«Estamos en un mometo crucial»
Boluda ha insistido durante su intervención en que “estamos en un momento crucial”. Y ha reconocido que, teniendo en cuenta que 40% del comercio marítimo mundial es energía, la descarbonización supone una “oportunidad de crecimiento y de consolidación de un sector marítimo fuerte” con el alumbramiento de “nuevos mercados y segmentos de buques”. No obstante, la adaptación a las normas europeas y de la OMI plantea a los armadores “riesgos a la hora de tomar de decisiones para mantener su competitividad en un negocio fuertemente liberalizado y globalizado”. También señaló que nuestro país dispone de la decimoprimera flota europea y 36ª del mundo, muy lejos de los que le correspondería por su peso específico.
Por estos motivos , el naviero valenciano ha defendido que “un marco regulador moderno, sólido, estable y eficiente es el requisito indispensable para que la industria pueda elaborar sus estrategias a largo plazo”. En su opinión, este programa, que en España tomará forma a través de la Estrategia Marítima y el Plan Nacional para Descarbonizar la flota en el que trabaja el ministerio de Raquel Sánchez, “resulta fundamental para impulsar las inversiones y, en definitiva, para permitir a los navieros españoles competir en el ámbito internacional”.
En principio, aunque la industria ha mejorado su eficiencia energética casi el 4% anual en la última década y media, lo que se traduce en una reducción del consumo de combustible por tonelada y milla transportada “de nada menos que de 42 puntos”, el 99,9% de la energía que utilizan los buques sigue siendo de origen fósil. Y es que, según datos de la OMI citados por el presidente de Anave, el comercio marítimo mundial aumentó el 44% en el mismo periodo, por lo que las emisiones totales “sólo” disminuyeron el 17%.
“La principal ventaja de los biocombustibles es que la adaptación técnica de los buques sería, en general, relativamente simple. En ocasiones, bastaría con una limpieza en profundidad de los tanques de combustible y unas modificaciones menores, junto con una formación adecuada de las tripulaciones”, ha manifestado Boluda. De hecho, en los últimos meses, varias navieras españolas, caso de Ibaizabal “han hecho pruebas satisfactorias” con biofuel de segunda generación, que puede llegar a reducir hasta el 85% las emisiones de CO2 frente al uso combustibles fósiles tradicionales.
LA FLOTA NAVIERA del desequilibrio entre la economía española, la flota controlada y el tráfico portuario
Los armadores españoles, a través de la patronal que preside Boluda, solicitaron al Gobierno central que habilite una partida de 530 millones de euros de los fondos Next Generation para la renovación de la flota en el marco de la transición energética. La petición sigue el modelo de los Ejecutivos de Italia y Francia, que ya han lanzado programas similares para las flotas mercantes de sus respectivos países. En julio pasado, dentro del plan nacional en el que trabaja la cartera de Transportes para descarbonizar la flota, Anave consiguió del Ejecutivo hacer realidad una de sus demandas más antiguas, como es la aprobación de una línea de avales del Estado para financiar las operaciones de crédito destinadas a la remoción de la escuadra de los armadores con el objetivo de mejorar su rendimiento medioambiental.
Por último, Boluda ha subrayado la brecha existente entre el PIB de España, que es la cuarta economía de la UE, y la flota controlada por armadores del país, algo más de 200 buques y de cinco millones de toneladas de arqueo bruto (GT), que “ocupa el puesto 11 en el ranking europeo y el 36 en el mundial, muy lejos de las posiciones de Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda o Suecia”. Otro dato que abunda en este desequilibrio es que nuestro país es el tercero del Espacio Económico Europeo en tráfico portuario. Esta situación, a pesar de que los armadores nacionales han invertido 2.000 millones de euros en 33 buques en los últimos cinco años, “da lugar a un importante déficit de la balanza de fletes” y “no permite aprovechar el impacto de nuestra actividad en otros sectores de la economía azul, como los astilleros, las oficinas técnicas, los bancos o los seguros”, ha concluido el presidente de los navieros españoles.
Maritime Blue Growth (MBG), el primer congreso internacional de la industria marítima, se puso en marcha en el Palacio Euskalduna de Bilbao, abordar el futuro de la economía circular azul. El sector considera «imprescindible potenciar nuevas vías de colaboración ante el inminente cambio en el modelo de negocio y el nacimiento de nuevas cadenas de valor».
Christophe Tytgat, secretario General de Sea Europe mostró su preocupación «por el futuro de los astilleros por la diferencia de precios» y solicitó cubrir los «nichos de mercado en base a la innovación tras el avance de China. Ahora China te ofrece el barco que quieras no así Japón y Corea».
Tytgat dijo que «Hemos perdido mucha capacidad industrial. Hay mucha diferencia de precios. Hay mercados que podemos recuperar » decía el secretatio general de Sea Europe. «Hemos tenido problemas incluso para actualizar buques»
No obstante, apuntó las potencialidades de Europa. «El 50 por ciento de los suministradores de buques están en Europa. Hasta qué punto tenemos capacidad de sostener la industria que queremos», dijo
En el debate también se incidió en que «Hay que «adecuar los puertos a la reducción de emisiones a partir del 2024 en base a las necesidades tecnologicas y los costes de adaptación que suponen. Si me llega un crucero tendré que adaptar mi puerta a las necesidades tecnológicas de ese buque para que las emisiones sean cero».
El programa del evento estaba estructurado en tres bloques temáticos, a saber: “Hacia la Economía Circular Azul: Impacto del avance tecnológico”,“Revolución Circular Azul: No es lo que piensas, sino cómo piensas”; y “Futuro y disrupción: más allá de la transición digital”.
Problemas de financiación
El presidente de la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea, Philippos Philis, encabezó la inauguración de este evento y apuntó las dificultades de financiación después de la caída de alemán Lehman Brothers ha desaparecido la financiacion. «Se pueden utilizar los mercados de capital, pero tenemos que tener una visión e iniciativas internacionales ante el veloz avance tecnológico». Abogó `por cursos de formación para capacitar al personal en nuevas tecnologías
Tytgat también dijo que «vemos la economía circular como un reto y un negocio. La UE apartó a la construcción naval que podía haber desarrollado los anteriores. Tenemos competencia injusta de Japón, China y Corea. El problema está en los países y en que no hay normas iguales». Se mostró optimista en que «la agenda de sostenibilidad nos da herramientas para conseguir emisiones o y nos da oportunidad para buques nuevos o reconvertir los existentes. Dentro del fondo de innovación tendremos que competir con empresas que contaminan más y que recibirán más apoyos».
Recordóque «la Ley de industria cero es una respuesta a la ley americana. Tenemos que construir buques de cero emisiones. Pero para la industria marítima no tenemos un enfoque de desarrollo. Hay desafíos tecnológicos que estamos dispuestos a asumir y no nos dan suficientes apoyos para llevarlo a cabo».
La éolica off shore va a ayudar al sector pesquero en su avance tecnológico
Pedro Pérez Gabriel, coordinador de GOE Asime de Galicia, dijo como formamos en Galicia el GOE en 2013 que agrupa a 40 empresas y es un agente clave de dinamización del sector offshore. Aporta 1800 millones de euros de negocio en eólica marina.
Frente al reto de consecución 1 a 3 gigawatios en España mostró las zonas aptas para la eólica off shore, junto con 6 promotores impulsan 9 parques y 6 Gw en estudio. «Tenemos más de 100 metros de profundidad. Hicimos dos escenarios diferentes con potencia estimada de 1,5 Gw y otro de 6,5 gw. El reto es focalizarse, tecnificarse y financiarse»,dijo Pedro Pérez Gabriel. Asimismo el responsable de Asime dijo que «la éolica off shore va a ayudar al sector peswquero en su avance tecnológico. Va a ser una oportunidad».
Daniel De la Torre director de Circular Play abogó por cambiar el modelo de producción y apoyó el mpulso normativo al modelo circular. «Repensar los procesos y la industria. Favorecer Economía Azul y la economía Circular. A todos nos une el consumo de materias primas. La cadena de valor es amplia y distribuida. Hay que verla como oportunidad competitiva». Finalmente dijopque «debemos analizar la cadena de valor y utilizar metricas. Buscar el apoyo en la inteligencia artificial. El objetivo es avanzar en sostenibilidad».
