Diez años después de la aprobación de la política pesquera común (PPC), esta sigue siendo «el marco jurídico adecuado para hacer frente a los retos a los que se enfrentan la pesca de la UE y los mares de los que depende, aportando la estabilidad necesaria al sector y permitiendo a Europa predicar con el ejemplo de sostenibilidad en todo el mundo»

Bruselas subraya que allí donde se ha impuesto el rendimiento máximo sostenible (RMS) «los stocks se han recuperado, los ingresos han aumentado y los impactos negativos sobre el medio marino han disminuido». Ahí está que, de los cinco que se explotaban de forma sostenible en el 2009, se ha pasado a los 60 de hoy. Con todo, «se necesitan esfuerzos adicionales», principalmente en el Mediterráneo y el Báltico, y por eso insta a los Estados miembros a fijar en el 2024 cuotas atendiendo al RMS en todas las cuencas marinas.

Así que conmina a los Estados miembros a fijar las cuotas en el 2024 atendiendo al rendimiento máximo sostenible en todas las cuencas marinas y se muestra reacia a modificar la obligación de desembarque, a la que opta por dar más tiempo y nuevas herramientas de control.

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La Comisión Europea ataja así todas las expectativas que tenía el sector de hacer ajustes en las cuestiones más espinosas, como una obligación de desembarque imposible de cumplir, por más que el Ejecutivo comunitario sostenga que sí. Admite una mala implementación de ese veto a los descartes, pero cree que es pronto para hacer cambios y sostiene que es mejor dar más tiempo y, sobre todo, mejorar las herramientas de control, sustituyendo las tradicionales —inspecciones a bordo, en lonjas y puertos— por otras más modernas.

«Stocks» sostenibles

Los principales objetivos de las medidas son fomentar el uso de fuentes de energía más limpias y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, así como reducir el impacto del sector en los ecosistemas marinos. Las acciones propuestas se llevarán a cabo gradualmente para ayudar al sector a adaptarse. Un «Pacto por la Pesca y los Océanos» apoyará también la plena aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) en coordinación con los Estados miembros y las partes interesadas del sector pesquero, incluidos pescadores, organizaciones de productores, consejos consultivos regionales, sociedad civil y científicos. Las propuestas también se centran en hacer del sector un lugar de trabajo atractivo para las generaciones más jóvenes.

La obligación de desembarque (OD) de la Unión Europea entró plenamente en vigor en 2019, con el objetivo de reducir los descartes induciendo mejoras en la selectividad de las artes de pesca y cambios en el comportamiento de las flotas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado una revisión de síntesis de los impactos económicos y sociales de la OD. Para cubrir esta laguna, el objetivo del documento publicado por Sebastián Villasante y Raúl Prellezo es proporcionar un resumen de lo que concluye la literatura científica sobre el impacto económico y social de la OD considerando también las exenciones y adaptaciones de gestión en vigor.

Así, muestran que, aunque el número de estudios científicos relacionados con el impacto económico es elevado, casi todos ellos están relacionados con las consecuencias previstas y no con las consecuencias reales. Sólo unos pocos estudios utilizaron indicadores sociales cuantitativos para medir las repercusiones. Los resultados de la revisión de síntesis también indican que la literatura científica concluye en general que es probable que los impactos económicos y sociales a corto plazo sean negativos, porque se producirán efectos de estrangulamiento y las medidas de mitigación requieren tiempo para dar resultados, mientras que los efectos a largo plazo son variables y dependerán de la medida de mitigación aplicada. Sin embargo, estos resultados presuponen el pleno cumplimiento de la OD por parte de los pescadores, mientras que la bibliografía sugiere que no es así. La revisión concluye que los análisis de los impactos económicos y sociales de la LO basados en resultados reales y no en resultados previstos son escasos, lo que en última instancia impulsa la recomendación política de producir resultados reales y contrastarlos con los resultados previstos.

Los resultados sirven como marco de decisión para determinar cómo los factores críticosque pueden tener los mayores efectos económicos y sociales, que son relevantes en el contexto de la evaluación de la Política Pesquera Común de la UE.

El Glosario de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) describe los descartes como «liberar o devolver pescado (incluidos crustáceos y moluscos) al mar, vivo o muerto, independientemente de que dicho pescado se haya subido completamente a bordo de un buque pesquero». Los descartes anuales mundiales de la pesca de captura marina entre 2010 y 2014 se situaron entre 6,7 y 16,1 millones de toneladas, lo que implica un importante desperdicio de recursos con repercusiones ecológicas y económicas.

Históricamente, las prácticas de descarte han estado relacionadas con razones institucionales y económicas . La normativa pesquera suele definir las capturas que pueden capturarse y desembarcarse legalmente. Sin embargo, las capturas pueden superar las cuotas o incumplir una normativa sobre tamaño mínimo legal o composición de las capturas, por lo que no pueden conservarse a bordo y deben descartarse. Por motivos económicos, las capturas también pueden descartarse si están formadas por pequeños individuos de especies comerciales que alcanzan precios bajos, son de mala calidad, incluyen especies de escaso valor comercial, o incluso son de especies no comerciales, limitaciones en la capacidad de retención y/o el coste adicional de manipular especies de escaso o nulo valor . En general, las razones del descarte pueden resumirse en no internalizar el coste de reducir el valor de las capturas . Desde el punto de vista ecológico, aunque desembarcar la totalidad de las capturas cuando se pesca como de costumbre no beneficia a las poblaciones de peces (ni a las aves y mamíferos marinos), si esto se acompaña de cambios en las prácticas pesqueras aumentará la resiliencia marina y la productividad futura de los mares .

La reducción de las cantidades de descartes también se ha considerado en las pesquerías de la Unión Europea (UE). El Libro Verde sobre la Política Pesquera Común (PPC) identificó la elevada cantidad de descartes en Europa como una de las deficiencias estructurales de esta política . En 2012, la UE propuso reformas de la PPC que pretendían reducir las capturas no deseadas y eliminar los descartes para 2019 . El Reglamento de base de la PPC [10] pretendía acabar con la práctica derrochadora de los descartes mediante la introducción gradual de una obligación de desembarque (OD). En resumen, el propósito de la OD era que, para el año 2019, todas las especies sujetas a totales admisibles de capturas (TAC), cuotas y/o tallas mínimas de referencia para la conservación (TMRC) en el Mediterráneo y el Mar Negro fueran retenidas y desembarcadas. El objetivo previsto de este reglamento era generar un impulso para reducir los descartes mediante mejoras en la selectividad de los artes de pesca y cambios de comportamiento entre las flotas pesqueras. Sin embargo, la LO en sí no es un sistema exhaustivo de gestión de descartes cero, ya que permite algunas exenciones basadas en la cantidad que puede descartarse.

Este es el caso de la exención de minimis, que permite descartar hasta el 5% de las capturas. En la PPC se dan dos condiciones para activar la aplicación del de minimis: las pruebas científicas indican que es muy difícil aumentar la selectividad de los artes de pesca; o los costes de manipulación de las capturas no deseadas serían desproporcionados. La PPC también incluye una exención de «alta capacidad de supervivencia» para las combinaciones de especies/artes que permiten la supervivencia de peces, crustáceos y moluscos tras el descarte. Una última exención se basa en la naturaleza de las especies capturadas: Las especies protegidas, en peligro o amenazadas (PET) y las especies dañadas por la depredación deben descartarse [4], [10].

Además de estas exenciones, la PPC ofrece dos estrategias para mitigar la OD (la caja de herramientas de mitigación de la OD). En primer lugar, el sistema de gestión pesquera se adaptó para cumplir los requisitos de la OD, permitiendo la flexibilidad de cuotas entre especies (IQF) entre poblaciones objetivo y no objetivo. Esto regula una transferencia limitada entre TAC específicos de cada población y es aplicable cuando la población no objetivo se encuentra dentro de límites biológicos seguros. En segundo lugar, en el caso de las poblaciones basadas en la gestión de los TAC (la mayoría de las especies comerciales del Atlántico nororiental, el Mar del Norte y el Mar Báltico), se permiten aumentos de cuota. Estos aumentos son una adición puntual a las cuotas acordadas para acomodar el aumento previsto de las capturas desembarcadas de las pesquerías sujetas a la OD y son específicos para cada región y especie . En los últimos años, los académicos han analizado en profundidad las repercusiones de la OD en las pesquerías de la UE. Por ejemplo, Borges [11] analizó la evolución de la política de descartes de la UE desde su inicio en 2006 y descubrió que el aumento de la concienciación social debido a las campañas públicas contra los descartes pesqueros ha centrado la atención de los gestores de la UE en un síntoma de mala gestión pesquera. También se realizóuna completa recopilación de estudios relacionados con diversos aspectos, como las consecuencias tácticas, tecnológicas, institucionales, culturales y las posibles consecuencias sociales y/o económicas de la LO. Más recientemente, Steins et al. descubrieron que los enfoques políticos y la bibliografía científica tendían a centrarse en la capacidad de los pescadores para adaptarse a los cambios de selectividad como motor facilitador de una mayor adopción voluntaria de artes de pesca de eficacia probada. Sin embargo, es poco probable que centrarse en la capacidad de los pescadores como motor para fomentar la pesca selectiva conduzca a cambios reales si no se abordan los factores sociales, políticos y científicos relacionados con la disposición al cambio. Esto significa que, como ya señalaron estudios anteriores [14], [15], [16], los responsables políticos deben centrarse más en las motivaciones intrínsecas de los pescadores y en sus creencias sobre la pesca sostenible, así como en sus percepciones sobre las motivaciones y el comportamiento de otros pescadores. Además, la investigación científica sobre las tecnologías de reducción de los descartes se ha centrado en el diseño técnico, con una atención limitada a la evaluación de las actitudes de los pescadores hacia el uso de estas tecnologías [17]. Por lo tanto, Suuronen y Browman [17] sugirieron que el sector pesquero necesita una visión clara de lo que significan los cambios técnicos para los medios de vida de los pescadores y pruebas sólidas de que las nuevas tecnologías para reducir los descartes funcionan suficientemente bien en el marco de la heterogeneidad existente entre las pesquerías comerciales y los pescadores.

Aunque estas contribuciones académicas son muy valiosas y necesarias para comprender mejor los efectos de la OD, hasta la fecha no ha habido ninguna revisión de síntesis que analice las repercusiones económicas y sociales. Para cubrir este vacío, el objetivo de este trabajo es proporcionar un resumen de lo que concluye la literatura científica sobre los impactos económicos y sociales considerando también las exenciones y adaptaciones de gestión en vigor. El calendario de este trabajo es muy significativo. En primer lugar, porque la LO se aplicó plenamente en 2019 y se espera que la política haya generado impactos en el sector pesquero. En segundo lugar, porque la Comisión de la UE informará sobre la prohibición de los descartes al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de la PPC antes del 31 de diciembre de 2022 . En tercer lugar, esta revisión sirve como marco de toma de decisiones para determinar qué factores críticos de la prohibición de los descartes pueden tener un mayor impacto económico y social en el sector pesquero en relación con la aplicación de la LO en las pesquerías europeas.

La Coalición Internacional de Asociaciones de Pesca (ICFA) no está de acuerdo con una petición instada por el Dr. Rashid Sumaila y el Dr. Daniel Pauly, ambos de la Universidad de Columbia Británica, que piden la prohibición de toda pesca comercial en alta mar y la declaración de esas aguas como Zona Unidas.

La carta abierta se dirige a las partes en el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) de las Naciones Unidas, también conocido como el Tratado de la Alta Mar, y afirma que la pesca en alta mar es insostenible y poco rentable.

La pesca en alta mar, cuando se gestiona con una ciencia y una normativa suficientes, es una oportunidad para proporcionar proteínas saludables, sostenibles y bajas en carbono a una población en rápido crecimiento.

En su Informe sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) determinó que las Naciones Unidas (FAO) determinó que el 82,5% de las pesquerías mundiales han alcanzado la sostenibilidad biológica en volumen, frente al 78,7% del informe de 2020. La ciencia pesquera y las estrategias de gestión siguen el equilibrio entre la conservación marina y el máximo aprovechamiento sostenible, garantizando que los beneficios de este recurso de este recurso renovable a largo plazo.
Unos 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen del marisco como fuente primaria de proteínas.
Además, el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas para una Economía Oceánica Sostenible informa de que la producción de productos del mar produce hasta 250 veces menos carbono por kilogramo.
En lugar de una prohibición total de la pesca en alta mar, que no se basa ni en la ciencia ni en la economía, el ICFA pide lo siguiente
a) Mejorar y ampliar la gestión de la pesca en todas las jurisdicciones con el objetivo de eliminar la pesca INDNR y lograr una producción 100% sostenible.
a) Mejora y ampliación de la gestión pesquera en todas las jurisdicciones con el objetivo de eliminar la pesca INDNR y lograr una producción 100% sostenible.
b) Aplicación efectiva del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones Pesqueras.

c) Una mayor participación de expertos en pesca, así como una mejor consulta entre las delegaciones de BBNJ las delegaciones de la BBNJ y los representantes nacionales de las Agencias de Pesca y los Ministerios de Pesca en el contexto del proceso de negociación de la BBNJ y los futuros procedimientos. contexto del proceso de negociación de la BBNJ y de futuros procedimientos.
d) La exclusión de la pesca del Acuerdo BBNJ, ya que las actividades pesqueras en alta mar deberán seguirán gestionándose a nivel regional en relación con las especies de interés común para las Partes contratantes de un determinado instrumento jurídico, marco u organismo pertinente;
e) Un Acuerdo BBNJ que colabore o coopere eficazmente con las OROP de manera que no menoscabe su ámbito de aplicación, mandato y competencias. En consecuencia, se aplicarse:

• Las AMP identificadas y designadas en el contexto del Acuerdo BBNJ que se solapen con la cobertura de una OROP no regularán las actividades pesqueras.
• No se exigirán EIA a los buques incluidos en el ámbito de aplicación de las medidas de gestión de las OROP. medidas de gestión de las OROP
• Se consultará siempre a las OROP y a sus miembros cuando la COP o cualquier órgano subsidiario BBNJ pretenda adoptar cualquier medida en el ámbito de competencia de dicha OROP
• Una vez que se haya creado una OROP y ésta haya adoptado las correspondientes medidas de gestión medidas de gestión para la gestión de determinada zona en alta mar, toda normativa adoptada en el marco de la BBNJ dejará de estar en vigor.

Un territorio disputado entre Irlanda y el Reino Unido es uno de los muchos problemas pesqueros causados por el Brexit Tanto Irlanda como el Reino Unido reclaman Lough Foyle como propio: ¿qué normas de pesca se aplicarán tras el Brexit?

Sus aguas albergan una gran variedad de vida marina, incluidos mejillones, lo que atrae la atención de pescadores del Norte y de la República. Pero desde el Brexit, la atención se ha centrado en él por diferentes razones, ya que los políticos debaten qué debe hacerse con las cuotas de pesca y quién debe tener derecho a utilizar Lough Foyle.

No es un problema exclusivo de Lough Foyle, pero sí uno de los más claros. Ello se debe a que la masa de agua ha sido objeto de una disputa territorial entre el Reino Unido e Irlanda desde que se trazó la frontera, disputa que continúa silenciosamente hasta nuestros días.

Aunque es un problema en sí mismo, crea uno nuevo cuando se une al Brexit: cuando el Reino Unido abandone finalmente la Unión Europea, ¿qué normas de pesca se establecerán en Lough Foyle y qué buques podrán utilizar sus aguas?

Pádraig Mac Lochlainn, del Sinn Féin, miembro de la comisión de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos del Oireachtas y representante de los electores de la frontera de Donegal, explica en parte por qué la disputa se ha prolongado tanto tiempo.

«Lo normal sería dividir el lago o mar en cuestión por la mitad: Carlingford Lough está dividido por la mitad a efectos prácticos», explica a TheJournal.ie.

Pero la dificultad [con Lough Foyle] es que si hay barcos que van al puerto de Derry, tienen que pasar por Lough Foyle, y si se divide por la mitad los barcos y embarcaciones tendrían que ir por el lado del gobierno irlandés de esa línea para tomar el canal de navegación más seguro».
«Esto no sería un problema para los buques comerciales, pero sí para los de la marina, por ejemplo».

Cree que esa es la razón no oficial por la que sigue existiendo una disputa territorial en Lough Foyle, pero que aún es posible encontrar una solución.

El Brexit

A principios de este año, el Gobierno británico anunció que las aguas del Reino Unido sólo estarían disponibles para los buques y arrastreros británicos cuando salieran de la Unión Europea.

Aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE, es probable que los dos equipos negociadores no encuentren mucho que ceder en el tema de la pesca, ya que «recuperar el control» de las aguas británicas fue una de las principales razones por las que el Reino Unido votó a favor de la salida (aunque quedó algo eclipsada por el debate en torno a la inmigración).

En julio, el Secretario de Medio Ambiente británico, Michael Gove, anunció que el Reino Unido se retiraría del Convenio de Pesca de Londres de 1964, un acuerdo que se incorporó a la Política Pesquera Común de la UE.

El acuerdo permite a los países vecinos faenar hasta las costas del otro, de acuerdo con las prácticas pesqueras históricas. A menos que el Reino Unido llegue a un nuevo acuerdo con la UE, su retirada del Convenio significa que los buques irlandeses no podrán faenar en las costas británicas y viceversa.

Esto será especialmente problemático en Lough Foyle, donde hasta ahora no había que decidir dónde podían faenar los buques británicos e irlandeses, ya que ambos cumplían las normas de la UE.

Mac Loughlin afirma que muchos pescadores con los que ha hablado están «profundamente preocupados por el Brexit».

Sólo el 5% de todo el pescado capturado en aguas irlandesas se produce o procesa en Irlanda, dice, citando una cifra del Parlamento Europeo.

«Alrededor del 40% de las capturas de la flota irlandesa se realizan en aguas del Reino Unido. La pérdida de este tipo de capturas sería devastadora».

Las aguas irlandesas están muy presionadas en cuanto a la cantidad de pescado que se destina a cuotas extranjeras. Muchos pescadores van a aguas del Reino Unido y también tienen su propio pescado exprimido».
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«Las empresas mejilloneras irlandesas, en su mayoría multinacionales, están entrando por este resquicio legal para esquilmar los criaderos de mejillones, que es un recurso nacional.

«El Gobierno irlandés no ha legislado para cerrar esta zona contra las multinacionales y seguir permitiendo pescar a los pequeños barcos de Irlanda del Norte».

En relación con Lough Foyle y los pesqueros norirlandeses, el Departamento de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos señaló que hasta ahora «la pesquería ha funcionado sobre una base de gestión de todas las islas» entre la República e Irlanda del Norte.

A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, el Ministerio ha estado estudiando la forma de aplicarla al sector pesquero.

La sentencia recomendaba que sólo se expidieran permisos a los barcos de pesca marítima irlandeses sujetos a la legislación nacional.

Se ha emprendido un examen en profundidad de la situación particular de Lough Foyle, dado que la legislación nacional no ofrece actualmente a los productores de mejillones la oportunidad de obtener una autorización adecuada para sus instalaciones de acuicultura.
Aguas abiertas

Si el Reino Unido cierra sus aguas a los buques extranjeros, como es probable que haga, otros buques extranjeros que antes faenaban allí probablemente se dirijan a Irlanda como próximo lugar de pesca.

Las flotas europeas ya son conscientes de ello: nueve países de la UE, entre ellos Francia, Alemania y España, se han unido en una Alianza Pesquera Europea de reciente creación y han advertido de las cuantiosas pérdidas que sufrirán los lances pesqueros si el proceso de divorcio se torna amargo.

Las flotas europeas obtienen un tercio de sus capturas en la zona económica exclusiva en torno a las Islas Británicas, y la pérdida de acceso a esas aguas podría reducir sus beneficios a la mitad a corto plazo, afirma la alianza pesquera.