El cierre a la pesca de fondo en 87 áreas que afectan a aguas de Irlanda, Francia, Portugal y España no termina de ponerse freno. Estas vedas se establecieron el 9 de octubre de 2022 con la intención de proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés), la falta de revisión –que se prometió que iba a ser de carácter anual– y la polémica surgida por la forma en la que se establecieron continúan generando debates y controversia. En estos momentos, un grupo de expertos creado específicamente para la materia está analizando ya el impacto socioeconómico que dejan estos cierres y con los resultados se tomarán acciones. El director de Política Pesquera de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), Fabrizio Donatella, demanda “datos de calidad” a los Estados miembro, con el ánimo de, esta vez sí, alcanzar un “consenso total” en el debate organizado en el Parlamento Europeo por parte del grupo Renew Europe y la europarlamentaria española Izaskun Bilbao. A él estaban invitados tanto el sector pesquero como científicos e incluso ONGs. ello, la Comisión Europea. La europarlamentaria del PNV organizó en Bruselas una audiencia pública sobre las protección de los ecosistemas marinos vulnerables, fondos con corales o esponjas marinas, que todos creen esenciales para la biodiversidad.

Donatella aseguró que Bruselas busca “garantizar el proceso de toma de decisiones”, sobre todo tras la controversia que generó el acto de implementación impulsado entonces, que incluso hizo que España acudiese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear un recurso de anulación ante la falta de un análisis de su impacto socioecónomico.

Ante la presencia de representantes del sector pesquero gallego y del resto de España, Donatella aseguró que la DG Mare “ha aprendido” mucho durante el tiempo que llevan implementados los cierres. “Hemos asistido a una dificultad enorme para garantizar que los científicos tengan en sus manos los datos adecuados para tomar la decisión”, recalcó. De igual forma, destacó que “no se aportaron correctamente datos en algunos parámetros” y que trabajan “incansablemente” en este punto.

Indignación con declaraciones

Mientras tanto, los europarlamentarios han mostrado su malestar por unas declaraciones en el que un funcionario justificaba el cierre de las 87 zonas a la pesca de fondo de España, Portugal, Francia e Irlanda «en que la Tierra es redonda». Científicos y pescadores advirtieron que delimitar las áreas por grados y no por superficies, las diferencias en la latitud provocan que en España abarquen 25 kilómetros cuadrados; y en el norte, 15.

«Lo que no se puede aceptar es decir que la Tierra es redonda para definir que no se guarda la proporcionalidad; se pide rigor, seriedad, proporcionalidad», replicó, visiblemente enojada, la eurodiputada Izaskun Bilbao.

El científico español que participa en el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés) trabajando en el tema de los VME, José Manuel González-Irusta, volvió a insistir en que los trabajos realizados se centraron en el arrastre y no en el palangre de fondo, una de las principales polémicas de la normativa, que se aplica por igual sobre ambos segmentos de flota. “Con ello generamos un impacto económico innecesario”, recordó, además de destacar que las áreas “son innecesariamente grandes en algunos casos”.

«Impuesto geográfico» le llamó Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), quien insistió en reclamar a la Comisión que suspenda los 87 cierres, al menos para el palangre. Con la posible ampliación a 104 a 115 sobre la mesa, Bruselas retrasa la revisión anunciada para el pasado octubre al menos hasta final de año. Ante ese «castigo», la flota se encomienda a la Justicia europea, a la que han recurrido España y Productores Pesqueros de Burela.

Francois Bastardie, investigador del Instituto Nacional de Recursos Acuáticos de Dinamarca, constató que las flotas españolas de litoral «serán las más impactadas», porque, si las vedas aumentan a 104, serían 54 en aguas españolas, y 62 si suben a 115.

A partir de un estudio sobre los palangreros de Burela, Gonzalo Rodríguez, coordinador de Investigación en Economía Pesqueira de la Universidade de Santiago, confirmó que pescaron un 31 % menos y sus ingresos cayeron un 32 %, por lo cual llamó a la Comisión a aplicar políticas «prácticas y realistas».

Comercio de esturión

Izaskun Bilbao también ha girado una pregunta sobre el comercio de tiburón.Un estudio publicado recientemente por la revista Current Biology desvelaba graves irregularidades
en el comercio de caviar y esturión en los países del bajo Danubio. En concreto, el 21 % de las cerca de 150 muestras analizadas correspondían a capturas ilegales, el 30 % infringía la normativa CITES y el 32 % incorporaba en el etiquetado información incorrecta sobre la especie de esturión o el país de captura. Las muestras se obtuvieron comprando carne de esturión y caviar en restaurantes, mercados de pescadores y tabernas. Pese a que estas especies están protegidas por exigentes normas de etiquetado desde el año 2000 para evitar el comercio ilegal, las prácticas desveladas por este trabajo alertan sobre un mejorable funcionamiento de los sistemas de control. Las actividades que dan lugar a estos fraudes, en absoluto sostenibles, inciden sobre la crítica situación de esta
especie en el Danubio y obligan a una rápida intervención.

Por ello, Bilbao gira estas preguntas:

1. ¿Dispone la Comisión de información que confirme la denuncia que publica Current Biology?
2. ¿Qué influencia tienen estas prácticas sobre la crítica situación de esta especie en el río
   Danubio?
3. ¿Se plantea la Comisión actuaciones específicas para corregir esta situación?

Los pescadores del Cantábrico han iniciado esta semana la costera de la anchoa, que oficialmente arranca el 1 de marzo, y lo han hecho de manera «testimonial», con pocas capturas de bocarte y de «pequeño» tamaño, y «a trompicones» además, debido al temporal. Durante la mañana de hoy jueves, los puertos se prestaban a las primeras descargas a primera hora de la mañana

«Lo primero que necesitamos es buen tiempo», ha indicado el presidente de los pescadores cántabros, César Nates, quien ha señalado que el martes por la mañana se ha subastado un millar de cajas que suponen unos 8.000 kilos de capturas, y que se suman algunas más vendidas el lunes. Pero es algo «testimonial», porque ha habido «muy poquita pesca».

Se habíam vendido en lonjas vascas -los barcos de Cantabria o no han salido a faenar al estar amarrados a puerto por el mal tiempo o no han encontrado bocarte- y a un precio de unos 5 euros el kilo, que es «irreal» y «denota que no hay anchoa».

«Vale eso porque no hay nada», ha explicado el portavoz de la Federación de Cofradías de la región, que espera que esta noche puedan salir todos los buques cántabros a la mar. Así, «mañana veremos lo que hay, si hay algo o no hay nada», ha apostillado aludiendo a las capturas y subastas del miércoles.

La Comisión Europea reconoce que no fue informada de la veda decretada por Francia para proteger delfines con el mes de antelación que impone el reglamento de la Política Pesquera Común (PPC) para aquellas medidas de urgencia que afecten a buques pesqueros de otros Estados miembros. El apartado 2 del artículo 13 recoge que en esos casos las medidas «solo podrán adoptarse tras haber consultado a la Comisión, a los Estados miembros afectados y a los consejos consultivos interesados acerca del proyecto de medidas, acompañado de una exposición de motivos» y, «en cualquier caso» esa consulta «no podrá ser inferior a un mes». El comisario de Pesca señala que Bruselas tuvo noticias de las medidas el 3 de enero, 20 días antes de que entrara en vigor, en lugar del mes que establece el reglamento de la Política Común de Pesca.

En esta dirección el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en respuesta a una pregunta de los eurodiputados del PP Gabriel Mato y Francisco Millán, señala que «la Comisión fue informada de las medidas francesas el 3 de enero de 2024». Es decir, apenas 20 días antes de la entrada en vigor de la veda que se extendió del 22 de enero al 20 de febrero y que, como explica Sinkevicius, se aplicó «a todos los buques, incluidos los equipados con dispositivos acústicos de disuasión, ya que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar afirma claramente que las vedas son la herramienta de mitigación más eficiente y que los dispositivos acústicos de disuasión solo pueden ser eficaces en combinación con vedas».

A pesar de reconocer indirectamente que se han incumplido los dictados de la PPC, Sinkevicius señala que la orden francesa se basa en la decisión de su Consejo de Estado de 22 de diciembre del 2023 y deja claro que «la Comisión acoge con satisfacción esas medidas». A fin de cuentas, el asunto «ha sido objeto de intensas consultas desde el 2021». El comisario alude a una primera recomendación conjunta del grupo de Estados miembros de las Aguas Suroccidentales a la Comisión, que recibió una evaluación negativa del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STEFC). También cita una segunda ronda de consultas que dio lugar a la presentación de una nueva recomendación conjunta el 24 de octubre del 2023, que incluía una veda voluntaria de pesca del 22 de enero al 20 de febrero de 2024 o, alternativamente, el equipamiento de los buques con dispositivos acústicos de disuasión o cámaras, y que fue asimismo descartada por el STEFC por insuficiente para reducir las capturas accesorias. Añade que los Estados miembros pertinentes informaron a la Comisión de que cabía esperar una nueva recomendación en el transcurso del 2024.

En su respuesta, Sinkevicius dice que, según Francia y España, alrededor de 500 de sus buques podrían verse afectados por la veda de un mes. Pero esta flota «es polivalente y muchos buques pueden utilizar artes que no se ven afectados por la veda». En algunos casos, los barcos también faenan en otras zonas, lo que reduce aún más el impacto de la veda en sus actividades. Todos los Estados miembros pueden conceder ayudas públicas en caso de paralización temporal para compensar por las pérdidas de los pescadores que no pueden acceder a los caladeros durante la veda.