Los empresarios advierten del desastre que supondría para muchas empresas que no se modificaran los artículos de la Ley de cambio climático que afectan a las concesiones de terrenos públicos en el dominio marítimo terrestre. Por su parte, la Xunta de Galicia ya ha trasladado al Gobierno central un informe, elaborado por la Asesoría Jurídica General, que concluye que el artículo 18.4 es “frontalmente inconstitucional”, además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son “contrarios a la seguridad jurídica”. Y el BNG, la segunda fuerza política en Galicia,
también apoya a la industria del mar. La guerra está servida.
SANTIAGO/M. BEREA
Más de un centenar de empresas del sector mar-industria alimentario podrían cerrar si no se modifican dos de los artículos del proyecto de la Ley de cambio climático y
transición energética que afecta a las concesiones de terrenos públicos en dominios
marítimo-terrestres. El problema reside en que el Ministerio para la Transición
Ecológica propone que las prórrogas de las concesiones (que tienen una duración
máxima de 75 años) se computen desde 1988, año en la que se redactó la primera
norma, en lugar de contar desde el momento en el que se solicita la ampliación.
Las conserveras son, probablemente, las más afectadas por este articulado en el caso
de que se mantenga la redacción tal y como propone ahora el Ministerio. Al respecto,
Juan Manuel Viéites, secretario general de Anfaco y presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, asegura que “lo que están provocando es una incertidumbre total y una inseguridad jurídica muy importante, y así se lo hemos trasladado a los grupos políticos que están representados en el Congreso”. En cuanto al número de empresas afectadas, Viéites asegura que es importante “porque va a afectar a todo lo que esté ubicado en el dominio marítimo terrestre, aquí no sólo es el complejo mar industria, hablamos también de colegios, depuradoras de ayuntamientos, hoteles…”.
La Xunta de Galicia contraataca
Los empresarios no están solos. El informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta, remitido a Madrid junto a una carta firmada por las consejeras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y del Mar, Rosa Quintana, señala que de no proceder a la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de ley, su redacción afectará a la seguridad jurídica del tejido que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre. “Una vez más queremos trasladarle nuestra preocupación por la inclusión del artículo 18 en la Ley de cambio climático. Nos preocupan, especialmente, la redacción de los apartados 3 y 4 y sus repercusiones negativas en el litoral gallego, donde se realizan actividades respetuosas con el medio ambiente que constituyen el modo de vida de miles de familias gallegas”, comienza la misiva.
Las representantes autonómicas señalan que el Estado central no cesa en su objetivo y pretende establecer un nuevo precepto regulador de los títulos de ocupación del
dominio público marítimo terrestre. Tal y como explican, la redacción propuesta por el Ministerio del artículo 18.4 solo podría aplicarse a las concesiones anteriores a la Ley 2/2013, ya que el artículo 66 de la Ley de costas regularía a las que se concedieron después de esa fecha y por lo tanto la duración, de concesión y prórroga, no podrá superar los 75 años.
Ángeles Vázquez y Rosa Quintana recuerdan que esta no es la primera vez que se le
traslada al Ministerio las repercusiones negativas sobre la regulación de los títulos de
ocupación del dominio público marítimo terrestre. Y alertan de que la redacción del
Ministerio podría suponer la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y de 10.000
millones de euros.
El BNG apoya a las empresas
Por su parte, representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), segunda fuerza
política en Galicia, mantuvieron un encuentro con representantes del sector mar-
industria para trasladarles la propuesta de su formación sobre la Ley de cambio
climático. El BNG busca la modificación del controvertido “para asegurar que este
sector, uno de los principales motores económicos del litoral gallego, que además es
sostenible y respetuoso con el medio, pueda seguir desarrollando su actividad
económica y generar riqueza y dinamismo, así como miles de puestos de trabajo”.
Para el Bloque, el artículo realiza una modificación encubierta del previsto en la Ley de Costas, un cambio legislativo que pone en grave riesgo la continuidad y el futuro de todas las actividades vinculadas al complejo mar-industria alimentaria, que
necesariamente deben situarse en la línea de costa que pertenece a la zona de
dominio marítimo terrestre perteneciente al Estado.
