El 2020 es decisivo para el futuro marino. Se va a lanzar un código que regulará la minería submarina. Durante la última década, esta actividad ha pasado de ser objeto de debate a convertirse en una realidad que podría tener graves efectos impredecibles. La excusa, un creciente sector tecnológico y las energías renovables. Ecologistas en Acción ha analizado los impactos y alternativas a la destrucción de los fondos océanicos.
Estamos en un momento clave para la protección de los océanos. La Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) planea lanzar un código para regular la extracción de minerales en alta mar, el “Código de Minería”. Este mismo año está prevista su publicación y numerosas voces, incluyendo organizaciones
pesqueras, colectivos ecologistas y la propia UE solicitan una moratoria de diez años mientras sus impactos potenciales no sean totalmente conocidos. Ha habido poca investigación por falta de fondos y por cuestiones de accesibilidad.
Ocurre que España carece de una legislación específica de minería submarina. Se aplica la obsoleta Ley de Minas de 1973. El vacío normativo y la falta de precedentes podría llevar a la autorización de los primeros proyectos de una forma de minería que poco se asemeja a la convencional y cuyos efectos son imprevisibles.
La necesidad de normas específicas para la minería submarina ha surgido ocasionalmente en el debate político, pero ningún gobierno o partido ha presentado propuestas concretas. Añadir además, la ambigüedad sobre los trámites ambientales requeridos (incluyendo la evaluación de impacto ambiental) y la dificultad para que administraciones y sociedad ejerzan un control de los impactos.
Existe demanda, pues minerales estratégicos para los teléfonos móviles o las energías renovables como el litio, el cobalto escasean en la corteza terrestre y se localizan en unos pocos países. España es uno de ellos.
Financiación pública
En la última década y media, las políticas de financiación europeas para las llamadas “materias primas críticas” han hecho crecer en España la influencia de quienes apoyan la extracción minera en los fondos oceánicos.
Así, los lechos marinos españoles están siendo investigados (por el Instituto Geológico y Minero de España, CSIC y universidades) y financiados por organismos públicos (de la UE, del Estado español e incluso de otros estados), con vistas a una explotación futura.
Y a pesar de los impactos que podrían producirse, como los efectos tóxicos de los metales pesados a lo largo de la cadena trófica (incluyendo los recursos pesqueros), la liberación de gases de efecto invernadero, y la destrucción irreversible de la biodiversidad marina (con consecuencias incluso para la investigación médica y farmacéutica), determinadas agencias gubernamentales y organismos públicos han ido apoyando el avance de la minería submarina.
Da que pensar, apuntan desde Ecologistas en Acción, que organizaciones ecologistas y pesqueras, así como los departamentos ministeriales de Pesca y Medio Ambiente han quedado al margen de deliberaciones y decisiones.
