Quince millones de euros en el peor de los casos. Doce, si se aplican ciertas flexibilidades puede ser el impacto económico que tendrá en la flota de arrastre del Cantábrico la obligación de desembarque, que impondrá que se descarguen todos los ejemplares sometidos a cuota o tengan talla mínima. La cifra ha sido calculada por el equipo de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y fue dada a conocer en el pleno del Consello Galego de Pesca, que presidió la secretaria xeral técnica de Mar, Isabel Concheiro.
El profesor Gonzalo Rodríguez explicó que la reducción de la producción y el impacto económico «va a ser significativo para el conjunto de la flota do Cantábrico en geral y para la galega, que es la más numerosa, en particular». Rodríguez expuso que las que se realizan en aguas cantábricas son pesquerías mixtas, «en donde no se puede pesca lo que uno quiere», por lo que la actividad se «vuelve más difícil, y el número de descartes va ser mayor y cota de ingresos va a ser más grande».
El profesor de Economía Aplicada abogó por «permitir al sector que aborde un proceso de aprendizaje de los países que implementaron estas medidas con anterioridad», tales como los países nórdicos o Nueva Zelanda, donde se buscó un enfoque más pragmático, flexible e dilatado en el tiempo para permitir reducir progresivamente los descartes, «y conseguir incrementar la selectividad, porque la tecnología al respecto está muy avanzada».Rodríguez relacionó el veto a los descartes con la búsqueda de la sostenibilidad y la necesidad de resolver el problema ético que supone devolver alimento al mar y puso el acento en la contradicción que supone obligar a que esos descartes solo se puedan destinar a harina. Mar también presentó el atlas de la bajura de Galicia, un documento con el que pretende convencer a Bruselas de que la flota artesanal debe quedar exenta de la obligación de desembarque.
