La localidad de Ribeira concentrará la lucha del sector pesquero contra los cierres de Bruselas de los caladeros tradicionales. Ya está organizada la concentración en la Praza do Concello de Ribeira, cuya convocatoria fue acordada hace unos días por el Consello Local de Pesca para protestar contra la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en áreas comunitarias, pues desde el Concello se difundió que empezará a las siete de la tarde. Además, se instaló en el balcón del consistorio una pancarta bajo el lema “Sen o mar morremos, Non ao veto europeo á pesca de fondo”, con la que desde la Administración local se pretende mostrar su desacuerdo con la referida medida que, según indicaron fuentes municipales, afectará a una treintena de buques, entre arrastreros del litoral y palangreiros del Gran Sol, y puntualizaron que, además, se verán perjudicadas de manera colateral las artes menores

En principio, el sector pesquero recibió de forma positiva la confirmación de Luis Planas de que se permitirá pescar en determinadas zonas de estos caladeros donde la profundidad va de 0 a 400 metros, pero recuerdan que los cierres se mantendrán en la mayor parte de estas 87 zonas y critican la incertidumbre que sigue rodeando la aplicación de la medida. Así, Kiko Marín, de la Organización de Productores de Ondarroa «podemos seguir faenando hasta los 400 metros pero los polígonos se mantienen».

El presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, Iván López van der Veen, subrayó r tras el anuncio del ministro Luis Planas que se trata de una “buena noticia”, ya que el reglamento pretende salvaguardar los fondos marinos de entre 400 y 800 metros de hondo. “Este cambio demuestra que la norma es una chapuza. Tres días antes de que entre en vigor se dicen estas cosas”, lamentó López a los medios de comunicación durante la celebración de Conxemar, destacando que la flota española tiene todavía “dudas” de cómo se aplicará esta norma. Según explicó, en 41 caladeros hay zonas con profundidades inferiores a 400 metros, por lo que el veto ahí desaparecería, pero solo en esos lugares, no en todo el caladero. De ahí la “complejidad” de su aplicación por las autoridades de inspección. Para él, esto es un “alivio” para los barcos costeros que trabajan, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz o en la cornisa cantábrica, con fondos de menos de 400 metros. “Lo que no nos gusta es estar con estas incertidumbres y sustos a 48 horas de la entrada en vigor de la norma, que ya fue publicada en mayo y se lo llevamos preguntando a la Comisión Europea desde ese mes. Queremos claridad”, sentenció.

Preguntado sobre cómo actuará la flota española a partir del próximo lunes, López indicó que seguirá trabajando “donde les dejen”, ya que es un sector “resiliente” que pretende “estar a la altura” de las necesidades de los consumidores para ofrecer pescado en época navideña. En la misma línea habló el presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, quien dijo que se trata de una “buena noticia” este cambio de postura, pese a que reconoció que el sector debe continuar por la vía diplomática y judicial porque todavía “no queda solucionado el problema” en su conjunto.

También en el contexto de Conxemar, Touza subrayó ante los medios de comunicación que esto supone un “balón de oxígeno” para la flota de arrastre, que podrá faenar en aquellas zonas donde no se superen los 400 metros de profundidad. A su juicio, este cambio de posición es un reconocimiento de que la Comisión Europea “no hizo bien los deberes”. Aun así, pidió a la ciudadanía que se una a la manifestación convocada para el próximo sábado en la localidad coruñesa de Ribeira en contra de este reglamento comunitario, que supuso una “enorme unidad” del sector, de las administraciones y de la sociedad.

La Comisión levantó el veto para la pesca de fondo entre 0 y 400 metros de profundidad en las 87 áreas de exclusión del Atlántico incluidas en el reglamento de protección de los ecosistemas marinos. Las incongruencias eran evidentes y la Comisión ha reconocido que en 41 de los 87 los polígonos delimitados, al menos uno de sus extremos está lejos de los 400 metros de profundidad. «La exclusión por batimetría de 41 de 87 áreas supone que la mayoría de la flota de arrastre continuará faenando en sus zonas habituales», dijo Planas.

La Comisión Europea ha cambiado su postura ante la oposición de los Gobiernos y del sector contra los errores “notables” de forma de la propuesta. Bruselas rectificó y trasladó por escrito a los Estados Miembros que la medida se ejecutará íntegramente en 46 de las 87 áreas inicialmente previstas. En las restantes 41 hay cambios: el veto se mantiene, pero no en las zonas por debajo de los 400 metros. Era una de las grandes dudas que generaba la medida y que ha llevado a la CE a matizar su postura.

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La Comisión Europea  levantó el veto para la pesca de fondo entre 0 y 400 metros de profundidad en las 87 áreas de exclusión del Atlántico incluidas en el reglamento de protección de los ecosistemas marinos, lo que en la práctica supone que casi la totalidad de la flota española de arrastre podrá seguir faenando en los 41 polígonos donde pesca habitualmente, siempre dentro de las zonas de esa profundidad.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado, durante su visita a la Feria Conxemar de Vigo, que la Comisión ha accedido, y así lo ha trasladado «por escrito» al Ejecutivo español, a permitir la pesca a esas profundidades, después de que el Gobierno español comprobase, en coordinación con el sector, que había «errores notables» desde el punto de vista de las batimetrías y la cartografía en la medición de las profundidades.

El titular de Pesca ha señalado que esta decisión supone una «primera victoria» ya que permitirá a la flota comunitaria seguir faenando en estos espacios en aguas del Estado español, Portugal, Francia e Irlanda, aunque ha asegurado que el Ejecutivo presentará de igual manera el recurso al reglamento de Bruselas (que afecta a unos 500 barcos en España, unos 200 en Galicia).

Al respecto, ha incidido en que el Gobierno español apoya la protección de mares y oceános, pero ello debe permitir mantener la actividad pesquera tal y como se lleva a cabo, «de manera extremadamente respetuosa y selectiva». «Estamos de acuerdo con el principio de la precaución medioambiental, pero hay que aplicar también un principio de precaución pesquero», ha matizado.

Asimismo, ha insistido en que el reglamento que va a aplicar la Comisión «no tiene en cuenta la información científica más reciente», sino un informe del que se ha hecho «una lectura muy parcial», incluso extendiendo el veto a artes de pesca inicialmente no incluidas, como el palangre de fondo.

Por otra parte, ha recordado que la política pesquera comunitaria se basa en tres pilares, la sostenibilidad biológica, la sostenibilidad económica y la social, y «ningún informe ha avalado desde el punto de vista económico y social esa medida».   .

Por ello, España va a recurrir el reglamento ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y mantiene las conversaciones con la Comisión sobre la base de dos premisas: «firmeza en la reclamación de la anulación del reglamento» y, al mismo tiempo, «dando la posibilidad de un diálogo y negociación».

Tras conseguir un «primer resultado», con la exclusión de zonas de 0 a 400 metros del veto, el Gobierno continuará su ofensiva con la presentación del recurso y «hablando con la Comisión» para la «revisión» del reglamento y para solventar las consecuencias para el palangre de fondo y otras artes de enmalle de fondo, como la volanta.   

Representantes de la “Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos”, promotora del Manifiesto de Burela han designado al Presidente de la Plataforma a Basilio Otero, patrón Mayor de Burela, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Lugo, y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.

Como vicepresidente estará Adolfo García actualmente Presidente de Federación de Cofradías de Asturias; y el resto de miembros de la Ejecutiva serán el Presidente de la Federación Galega de Confrarías, el Presidente de la Federación de Cofradías de Coruña, y representantes de la flota del Golfo de Cádiz y del Mediterráneo.

También ha acordado instar de nuevo al Secretario de Estado de Medio Ambiente a que reciba a los miembros de esta Asociación, tras su negativa reiterada a recibirnos por “motivos de agenda”, creemos que este actitud es un desprecio al sector pesquero que representamos, y contraviene tanto las recomendaciones del Parlamento Europeo en relación al necesario diálogo con los sectores afectados, especialmente con los pescadores, y la necesaria transparencia en relación a la ordenación de los espacios marinos en aguas de la Unión Europea; transparencia que está brillando por su ausencia, pues desde el mes de mayo pese a las reiteradas peticiones de información al respecto no sabemos que datos se están teniendo en cuenta sobre la afectación a la actividad pesquera y a los ecosistemas marinos a la hora de ordenar los espacios y en su caso destinar zonas para este tipo
de industrias en nuestra costa.

Rechazo del proyecto frente a Ortegal

También ha acordado rechazar frontalmente el último proyecto presentado frente Ortegal y Estaca de Bares, el proyecto liderado por la empresa de ingeniería COBRA, denominado “GALWIND”, que ocuparía casi 170 km cuadrados de superficie, con la implantación de 68 aerogeneradores y dos cable de varios km para llevar la producción a las subestaciones de Xove y Sabón. «Es un proyecto que impacta no sólo en una zona de gran intensidad pesquera de diferentes artes (volanta, palangre, arrastre…), sino con importantes caladeros de pesca como o “Mar do Crimen”, taponando la zona de paso entre el “Caladero de Ortegal” y el “Caladero de Praia da Estaca”; no se presenta ni un estudio sobre las especies que se verían más afectadas que serían el rape, el jurel, la caballa y el gallo, ni se ha aportado un estudio del impacto socioeconómico, y lejos de ello, dichos promotores se atreven a acusar falsamente en su proyecto a la pesca de degradar los ecosistemas y ser causante la pesca de una explotación abusiva de los recursos pesqueros de la zona».
También han aportadoinfografía sobre las zonas que se vedarían cerca del espacio que se pretende ocupar por esta proyecto, «donde se evidencia que con esas zonas que la Comisión ha vedado frente a nuestras costas sin el menor rigor y criterio, junto con el espacio que pretende ocupar este proyecto, los pescadores tendrían que dejar libre medio caladero o dejar amarrados sus buques a puerto porque no quedarían espacios para la pesca».

En aras a facilitar a la opinión pública información real sobre las reivindicaciones, consistentes en que no se oponen a las energías renovables, «al contrario somos los principales perjudicados por el cambio climático pues también afecta al estado de los ecosistemas de los que vivimos», pero sí afirman también que » nos oponemos a que se sacrifique la pesca y nuestros ecosistemas para implantar la energía eólica marina, y al mismo tiempo denunciar el acoso propagandístico que utilizan las industrias energéticas para desprestigiar a la pesca y vender sus proyectos como solución para el cambio climático aunque suponga la destrucción de ecosistemas y de puestos de trabajo en la pesca, se organizarán unas Jornadas Divulgativas en el mes de noviembre con participación de administraciones y sociedad civil, y se diseñará una estrategia de comunicación para difundir nuestros valores y el respeto que merecemos como proveedores de una proteína sostenible e imprescindible para la población por sus grandes propiedades nutritivas».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado, en el Pleno del Congreso de los Diputados, que España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca en 87 áreas consideradas ecosistemas marinos vulnerables, recogida en el reglamento de ejecución publicado el 19 de septiembre, “que es absolutamente desproporcionada e injusta”.

El ministro ha asegurado que la decisión supone aspectos “altamente lesivos” para la pesca española, y que el Gobierno va a interponer el recurso, porque asume la defensa de los intereses del conjunto del sector. En sendas respuestas parlamentarias a preguntas del Partido Popular (PP) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) sobre la posición del Gobierno ante el citado reglamento comunitario, Planas ha señalado que, por supuesto, el Gobierno de España comparte el objetivo de la conservación y protección de los ecosistemas marinos vulnerables, pero tiene que tratarse de una medida “proporcionada”, de acuerdo a los preceptos de la Política Pesquera Común, es decir, que sea equilibrada desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
En este sentido, Planas ha remarcado que este acto de ejecución no tiene en cuenta toda la información científica disponible actualizada, ni se ha realizado con una evaluación de impacto socioeconómico. N

Además, contiene errores en la batimetría, porque la prohibición de pesca se marca para profundidades de entre 400 y 800 metros y hay algunas zonas que no llegan a ella y otras que son superiores. El ministro ha informado de que el Gobierno está en contacto con la Comisión para que aclare los términos de aplicación de un reglamento que es muy complejo.
“Tengan por seguro”, ha añadido el ministro, que “el Gobierno va a hacer todo cuanto esté en nuestra mano” para evitar los efectos de esta decisión de la Comisión Europea. Planas ha asegurado que todas estas acciones las hace el Gobierno en colaboración con el sector y las comunidades autónomas.