ANFACO-CECOPESCA ha elaborado un documento reuniendo las principales peticiones que la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura española, conocida como complejo mar-industria, aspira a incorporar en los programas y debates políticos.
ANFACO-CECOPESCA define en nueve bloques diferenciados más de 30 medidas específicas que abarcan el amplio espectro legislativo de aplicación, así como peticiones de posicionamiento en Bruselas ante la presidencia Española de la UE. El documento se ha entregado hoy a los responsables de programas políticos. “Es un momento de especial importancia, marcado por una serie de hechos que han venido lastrando la competitividad empresarial y reducido el consumo por la inflación. Por ello, abordamos la elaboración de esta propuesta con gran responsabilidad y urgencia, demandando que el sector sea escuchado activamente, y con ello incorporadas nuestras medidas de forma efectiva pensadas por y para el futuro”, ha incidido Roberto Alonso, secretario general de ANFACO-CECOPESCA.
Precisamente, España desde el 1 de julio asumió la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el último tramo del ciclo institucional, antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024. El nuevo gobierno tendrá que culminar las negociaciones de un gran número de expedientes abiertos en diversas líneas de trabajo: transición ecológica, transformación digital y agenda social. Asimismo, puede iniciar acciones con repercusión en el siguiente ciclo europeo. A lo anterior, se añaden decisiones internas a nivel estado, que doten de seguridad jurídica con un marco legal estable, atraigan la inversión, empleo, fomenten el consumo y generen competitividad en el complejo mar-industria.
En el apartado de estructura y operativa de la Administración, se solicita la creación de una Dirección General del complejo mar-industria, la modernización de los servicios veterinarios y competencias actualmente repartidas en tres ministerios (MAPA, Sanidad y Consumo), o el freno a desarrollos normativos en las Comunidades Autónomas que fragmenten el mercado español. En aspectos europeos, “el nuevo gobierno debiera tener como prioridad al sector pesquero, posicionando desde un primer momento a un español como nuevo Comisario al frente de asuntos pesqueros a partir de 2024, aquello que conocemos como DG-MARE, así como coordinando una mayor presencia de los europarlamentarios en PECH, y con una visión a cuatro años vista para promover mayor número de españoles en puestos de dirección de la Comisión Europea. Ha quedado patente que Bruselas es fundamental y nuestra influencia debe mejorar”, indica Roberto Alonso.
Continuando con la competitividad industrial, se incluye el abastecimiento de la industria y la necesidad de contingentes arancelarios autónomos, citando la imperiosa necesidad de sus sostenimiento e incremento para productos como Pleoticus muelleri, Engraulis, Loligo gahi, o los lomos de atún.
También juzgan los empresarios como imprescindibles su aumento a 55.000 toneladas para el próximo periodo si se quiere una industria que compita desde España.
La creación de un canal para el complejo mar-industria que facilite su protección al amparo de la Ley de la Cadena Alimentaria, una ampliación de los plazos de pago de productos perecederos a 60 días o la dotación de seguridad jurídica para las instalaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre, con la revisión del reglamento de costas, también se incluyen.
Tampoco se obvia en el documento el ámbito laboral, que exige una defensa y seguridad jurídica para el contrato fijo-discontinuo, reducción de la burocracia en el seno empresarial creado por las determinadas medidas, o un paquete de acción para el relevo generacional y formación.
La calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad también se citan con una mejor interlocución público-privada que pondere adecuadamente la representatividad e impacto de las medidas legislativas de información al consumidor, que se limite el fraude de los productos veganos de imitación a fin de que no puedan utilizar los términos comerciales de los pescados y mariscos, se armonice el NUTRI-SCORE a las conclusiones de la Comisión Europea, o se impulse, decididamente, una revisión a escala europea del papel protector del selenio en los pescados y mariscos, apartándose de forma definitiva las noticias alarmantes sobre el mercurio cuyas nuevas evidencias científicas han desechado.
En sostenibilidad, el plástico de un solo uso se incluyó en un contexto económico difícil, sin existir alternativas ni garantías de materiales suficientes, junto a un ciudadano que no es capaz de visualizar el coste de la recogida de sus envases en los diferentes contenedores, conocido como Punto Verde, y que se solicita debiera incluirse en los tiques de compra.
Para la financiación, resolverse la histórica exclusión de las empresas en inversión al amparo del marco comunitario, el reglamento UE 651/2014, y conseguir el PERTE MAR-INDUSTRIA tan solicitado desde ANFACO-CECOPESCA. Además, en pleno proceso de revisión de las ayudas de minimis, se solicita ampliar su cantidad hasta los 300.000 euros para el sector, con carácter permanente, demostrándose que se puede realizar en el momento actual de la guerra de Ucrania. “Para competir globalmente, el sector necesita mantener la inercia inversora, modernizadora, y la apuesta por la innovación. No podemos entender que después de un año, y tras haberse conocido que las empresas del complejo mar-industria no podrían acometer inversiones al amparo de los NEXT GENERATION, todavía sigamos sin solicitar desde el gobierno de España la propuesta de PERTE MAR-INDUSTRIA a la Comisión Europea. Debe resolverse urgentemente esta situación, pues España es la principal potencia europea y ahora mismo está perdiendo oportunidades en la transición verde y digital”, exclama Roberto Alonso.
El comercio internacional también se recoge, asumiendo que la palanca de crecimiento es la internacionalización, para la cual la colaboración público-privada en ferias, misiones, degustaciones y campañas bajo la marca España son fundamentales, junto a ayudas para las empresas. Además, la política comercial de la Unión Europea es clave para el futuro del sector. Los acuerdos comerciales deben alcanzar un level playing field, con estudios de impacto rigurosos y en el caso de las conservas de atún, principal producto del mar, su exclusión total por considerarse sensibles. “Es bien conocida la diferencia de estándares de nuestros competidores en terceros países, tanto a nivel medioambiental, con la permanente amenaza de la pesca IUU, como en materia laboral e incluso en seguridad alimentaria. Esto se torna especialmente importante en las negociaciones con ASEAN, donde Tailandia o Indonesia suponen un claro ejemplo de amenaza al no garantizarse un level playing field. La estrategia comercial europea debe redefinirse, y el complejo mar-industria no puede ser una moneda de cambio”, aclara Roberto Alonso.
El consumo, con una retracción motivada por la inflación, se propone contrarrestar reduciendo permanentemente el IVA para todos los productos pesqueros, independientemente de su presentación (congelado, conserva, ahumado, salado, etc.), en beneficio de la dieta de los ciudadanos al darse un mensaje directo de recomendación, conocida como fiscalidad saludable. A ello, también se suman los convenios de colaboración con entidades asociativas para formar e informar a los consumidores.
Finalmente, la I+D+i, con la innovación como eje competitivo se recoge, solicitando un plan de reorganización del ecosistema español, que posicione a cada agente en su TRL especifico, con el beneficio para la transferencia de conocimiento y tecnología y crecimiento empresarial. Además, debe crearse un estatuto del investigador, que resuelva los retos emanados de la reforma laboral.
Desde ANFACO-CECOPESCA, se defiende el paquete de más de 30 medidas como un documento de trabajo vivo, que recuerda su importancia a todos los partidos políticos, por tratarse de medidas enfocadas a mejorar la economía, el tejido industrial ligado con los productos del mar, y con ello el progreso socioeconómico del interés general para España.
