De conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se procede a la audiencia pública del «Anteproyecto de ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima». Así, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación avanza en la actualización y adaptación de la legislación pesquera española a la comunitaria y la internacional. Tras la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, vigente desde marzo del año pasado, se ha elaborado el anteproyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima

Los interesados en participar en esta audiencia pública podrán hacerlo remitiendo, por correo electrónico, el modelo que se adjunta completo con sus sugerencias, alegaciones y observaciones.

Dentro de los tramos precedentes, las sanciones pecuniarias se impondrán en los grados mínimo,
medio o máximo en función de los criterios del artículo 27 del siguiente modo:
a) Sanción pecuniaria por infracción leve:

1. º Grado mínimo: de 60 a 200 euros.
2. º Grado medio: de 201 a 400 euros.
3. º Grado máximo: de 401 a 600 euros.
4. 
   b) Sanción pecuniaria por infracción grave:
5. º Grado mínimo: de 601 a 15.000 euros.
6. º Grado medio: de 15.001 a 40.000 euros.
7. º Grado máximo: de 40.001 a 60.000 euros.
8. 
   c) Sanción pecuniaria por infracción muy grave:
9. º Grado mínimo: de 60.001 a 120.000 euros.
10. º Grado medio: de 120.001 a 240.000 euros.
11. º Grado máximo: de 240.001 a 600.000 euros.

Las sanciones que pueden aplicarse por la comisión de las infracciones previstas en la presente ley son las siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Amonestación pública.
c) Sanción pecuniaria.
d) Asignación de puntos conforme a la normativa en vigor.
e) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras.
f) Decomiso de artes de pesca.
g) Decomiso de los productos de la pesca obtenidos en la comisión de las infracciones.
h) Retirada definitiva o suspensión de la licencia de pesca o de otras autorizaciones.
i) Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas.
j) Incautación del buque y de los medios de trasporte utilizados en la comisión de infracciones.
k) Suspensión del estatuto de operador económico autorizado.
l) Reducción o anulación de posibilidades de pesca.
m) Salida del buque del Registro General de la Flota Pesquera.

Infracciones muy graves.
A los efectos de la presente ley se consideran infracciones muy graves:
a) El ejercicio o realización de actividades profesionales de pesca marítima sin estar incluido en el Registro General de Flota Pesquera.
b) La presentación de documentos, datos, circunstancias o información falsos que hayan sido requeridos por las autoridades pesqueras o que se deban presentar para el desarrollo de las funciones de control de la actividad pesquera.
c) El ejercicio de la actividad pesquera sin autorización en aguas del mar territorial o zona económica exclusiva españoles por parte de buques no comunitarios.
d) El desembarque o descarga en cualquier parte del territorio nacional de productos pesqueros de países no comunitarios sin haber obtenido la previa autorización o incumpliendo las condiciones de la misma o cuyo origen no esté identificado de conformidad con la normativa.
e) La utilización para la pesca de explosivos, armas, sustancias tóxicas, venenosas, soporíferas o corrosivas.
f) La resistencia, desobediencia u obstrucción a las autoridades competentes en materia de pesca marítima, agentes y observadores que actúen por delegación o en virtud de cualquier otra forma jurídica prevista en
derecho, impidiendo el ejercicio de su actividad.
g) La vulneración de las medidas provisionales y coercitivas impuestas por las autoridades pesqueras competentes, así como el incumplimiento de las sanciones no pecuniarias previstas en la presente ley.
h) La violación de las obligaciones establecidas en virtud de los Tratados Internacionales en materia de
pesca marítima o Normas establecidas en el seno de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales, cuando su incumplimiento pueda poner en peligro o atente contra la normal ejecución de los mismos, o suponga o pueda suponer un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.

Con la aprobación de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, se estableció una regulación actualizada y sistemática de la actividad pesquera como elemento extractivo, acompañado de las necesarias medidas de sostenibilidad y de investigación pesquera.
En este contexto, la presente ley constituye el segundo paso para alcanzar este enfoque triple y tiene como principales objetivos: reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, revisar los sistemas de control como garantía del cumplimiento de la política pesquera común y clarificar el régimen de infracciones y sanciones en materia de pesca marítima, sin que ello suponga una transformación
profunda del régimen sancionador actual pero sí una flexibilización de la aplicación del mismo conforme a la reforma emprendida en el marco de la Unión Europea.
Así, esta ley adapta la normativa nacional a las novedades introducidas tanto en la normativa internacional como en la europea, en particular, las modificaciones que lleva a cabo el Reglamento (UE) nº 2023/2842. De esta forma, se alcanza una mayor seguridad jurídica mediante la sistematización de contenidos en coherencia con los reglamentos europeos.
La ley establece las bases del sistema de control e inspección de la pesca marítima, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario; refuerza la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adoptando, entre otras, medidas dirigidas a frenar el flujo de productos pesqueros derivados de este tipo de pesca hacia los mercados nacionales e internacionales; y concreta los tipos infractores y los criterios sancionadores a efectos de salvaguardar los principios de igualdad ante la ley y de proporcionalidad.
Asimismo, esta ley adecúa el régimen sancionador de la pesca en aguas exteriores a la normativa en vigor en materia de procedimiento administrativo. En concreto, aplicando las novedades previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se congratula de la puesta en marcha esta pasada semana del Perte de la industria conservera. Era, según reconoce Luis Planas en una entrevista a Europa Press, “un compromiso personal” que adquirió con el sector de la transformación pesquera. “Había problemas legales que hemos tardado casi un año en solucionar. Hemos lanzado este Perte, con una dotación inicial de 20 millones, pero que es una cantidad ampliable”, avanzó. De hecho, las bases mencionan abiertamente la posibilidad de elevar la cantidad hasta los 40 millones. Un plan que ha recibido ya reacciones “positivas” por parte del sector pesquero, por lo que Planas –al igual que las empresas potencialmente beneficiadas, como Anfaco valoró– confía en que se puedan agotar todos los fondos, que serán “muy importantes” para impulsar el sector conservero nacional.

Planas calificó también de “tremendamente importante” la convocatoria del segundo Perte agroalimentario, que está dotada con 100 millones de euros y que estará abierta desde el próximo 19 de septiembre al 21 de octubre, después de que se cubriera la primera convocatoria con cerca de 186 millones en 250 proyectos. “Este Perte Agroalimentario es tremendamente importante y en esta segunda convocatoria hemos querido ampliar la posibilidad y flexibilizar algunas de las condiciones de presentación de los proyectos para llegar a un mayor número de perceptores y para una buena aplicación de los fondos”, indicó a Europa Press. Recuerda que la “digitalización y la sostenibilidad” son los dos elementos centrales de este plan, que se une a todo lo que está haciendo la industria agroalimentaria española, que “es tremendamente positivo”.

El ministro no quiso dejar pasar la ocasión de mostrarse orgulloso ante el “buen” funcionamiento del sistema agroalimentario español. “Me permitiría decir que hasta muy bien”, recalcó, resaltando igualmente su “alta calidad”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) organizan hasta el 27 de septiembre, un curso internacional para formación de inspectores de pesca, que se desarrolla a bordo del buque escuela de cooperación pesquera Intermares, atracado en el Puerto de Vigo.

El curso, “Fishesries Port Inspections in support of the Agreement on Port States Measures”, que celebra ya su cuarta edición, forma parte del Programa Mundial de Capacitación en Pesca de la FAO, que apoya la implementación del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA) y otros compromisos internacionales.

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha destacado en la inauguración del curso que la iniciativa fortalece los esfuerzos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). Con ello, se busca contribuir a las iniciativas nacionales, regionales y globales destinadas a prevenir, desalentar y eliminar prácticas pesqueras ilegales que amenazan la sostenibilidad de los recursos marinos.

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha recordado el liderazgo de España en el marco de la vigilancia y control pesquero, como uno de los pilares  para la sostenibilidad de la actividad y de los recursos pesqueros. Ha destacado también la importancia que el ministerio concede a la formación y que, en este caso, se trata de un intercambio de experiencias y conocimientos entre alumnos y profesores de diferentes procedencias.

En esta formación participan 17 funcionarios de diferentes países anglófonos del Caribe (Dominica, Granada, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago), y tiene como objetivo capacitarlos en técnicas de inspección portuaria para combatir la pesca ilegal. El curso, de carácter teórico-práctico, será impartido en por expertos de la FAO, autoridades nacionales y conferenciantes invitados.

EL BUQUE INTERMARES, UNA AUTÉNTICA UNIVERSIDAD FLOTANTE

El buque de cooperación y formación pesquera Intermares es una auténtica “universidad flotante”, ya que tiene como principal objetivo ofrecer capacitación de calidad dirigida al sector marítimo-pesquero y a las actividades conexas a éste.

El Intermares ofrece formación que va desde un nivel básico, como seguridad a bordo, artes y tecnología pesquera o el mantenimiento de servicio de máquinas; hasta aquellas con un carácter técnico como la manipulación de conservación y procesado de pescado, de control de calidad y de investigación aplicada a campañas de pesca, entre otras.

Esta embarcación tiene una autonomía de 20.000 millas. Cuenta con un diseño y un equipamiento tecnológico de última generación, que ha contado en su construcción con elementos para la protección y respeto del medioambiente marino. Está adaptado a las actuales necesidades de confort y trabajo de tripulantes, profesores y alumnos en las dependencias comunes, entre las que encuentran las aulas-taller, las salas de reunión, los camarotes y los laboratorios.

Bajo el lema “Formar para avanzar”, se realizan diferentes actividades gracias al acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Defensa, que aporta la dotación del buque, y permite optimizar los recursos de la Administración General del Estado.

El TJUE ha dictaminado que la legislación irlandesa que penaliza las infracciones de los controles pesqueros no es incompatible con la legislación de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso de ClientEarth para acceder a los documentos de la Comisión Europea sobre el control de la pesca en Francia y Dinamarca.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea escuchará a Friends of the Irish Environment afirmando que existe una «obligación internacional» de acabar con la sobrepesca para 2020 La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido su dictamen en el asunto C-330/22, el caso de sobrepesca de Irlanda.

ClientEarth, una organización de derecho medioambiental sin ánimo de lucro, que solicitaba el acceso a los documentos de la Comisión Europea sobre la aplicación de las medidas de control de la pesca en Francia y Dinamarca.

El caso, C-249/23 P, surgió de la solicitud de ClientEarth en virtud del Reglamento (UE) n.º 1049/2001, que regula el acceso público a los documentos de la UE. ClientEarth solicitó información relacionada con la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, que garantiza el cumplimiento de la política pesquera de la Unión Europea. La Comisión Europea denegó parcialmente el acceso, alegando la protección de las inspecciones y auditorías en curso, lo que dio lugar a la impugnación legal de ClientEarth.

El Tribunal General falló en contra de ClientEarth en febrero de 2023, lo que motivó el recurso de la organización. ClientEarth argumentó que los documentos eran cruciales para la participación pública en el proceso legislativo, especialmente para mejorar la protección del medio ambiente. Sin embargo, la Comisión Europea sostuvo que la divulgación de dichos documentos pondría en peligro las investigaciones en curso y estaba protegida por el artículo 4(2) del Reglamento 1049/2001.

El Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Tribunal General, coincidiendo en que la negativa de la Comisión estaba justificada. El tribunal destacó que ClientEarth no había demostrado un interés público superior que pesara más que la necesidad de confidencialidad en el proceso de auditoría de la Comisión. La sentencia destacó que, si bien la transparencia es vital, debe equilibrarse con la protección de los procedimientos de investigación.

Como resultado, el Tribunal desestimó el recurso de ClientEarth y ordenó a la organización pagar las costas judiciales incurridas durante el procedimiento.

Esta sentencia refuerza la postura de la UE sobre el mantenimiento de la confidencialidad en los asuntos de investigación, incluso frente a las reclamaciones de interés público relacionadas con la legislación medioambiental.