OPPAO denuncia una veda “desproporcionada” y alerta de su impacto social y alimentario en plena dependencia de importaciones

Los dos arrastreros en pareja Kaxu y Kaxarra, de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), han tenido que amarrar en puerto para cumplir con el cierre temporal de la pesca en el golfo de Bizkaia que se prolongará hasta el 20 de febrero. La medida, impulsada por la Comisión Europea, afecta a los buques de más de ocho metros y pretende reducir las capturas accidentales de delfines comunes y otros pequeños cetáceos, especies estrictamente protegidas por la normativa comunitaria.

El director gerente de OPPAO, Mikel Ortiz, enmarca el parón en una preocupación compartida —la protección del ecosistema—, pero cuestiona el equilibrio de la decisión. “Somos pescadores y, por tanto, los primeros interesados en cuidar del mar y todo su ecosistema, porque queremos seguir pescando en el futuro”, subraya. Desde la organización recuerdan que el objetivo ambiental es legítimo, aunque creen que el enfoque aplicado vuelve a cargar el coste sobre una flota que, aseguran, ya opera bajo un endurecimiento constante de controles y restricciones.

La Comisión defiende que el cierre invernal se aplica por tercer año consecutivo, a petición conjunta de varios Estados miembros —entre ellos España— y que responde a un periodo identificado por la ciencia como de alto riesgo de capturas accidentales. Bruselas sostiene además que, según un informe reciente del observatorio francés PELAGIS, la mortalidad por capturas incidentales en 2025 habría sido sensiblemente menor que la estimada antes de los cierres (2017-2023). En paralelo, la medida se acompaña de obligaciones técnicas y de seguimiento, como el uso de dispositivos acústicos disuasorios en determinadas artes y un refuerzo de la monitorización con observadores y cámaras.

Ortiz, sin embargo, pone el foco en la dimensión social y económica: “El delfín no es una especie en riesgo de extinción en el Atlántico Norte… pero el oficio de nuestros pescadores sí está en claro riesgo de desaparecer”, afirma. A su juicio, el cierre evidencia una “descompensación” en la Política Pesquera Común: “Proteger al delfín, sí; pero ¿quién protege al pescador?”. La OPPAO enlaza el debate con la dependencia alimentaria: recuerda que la Unión Europea importa una parte mayoritaria del pescado que consume, una tendencia que distintas fuentes sitúan en torno a dos tercios —o más— del abastecimiento.

En ese contexto, el responsable de OPPAO denuncia lo que considera una competencia en desigualdad de condiciones: el pescado de terceros países, sostiene, no siempre está sometido a los mismos estándares pesqueros, sanitarios y laborales que la flota comunitaria, lo que presiona los precios en el mercado. Y añade una idea que se repite en el sector: que la flota europea vive bajo una presunción de culpabilidad, con “inspecciones y controles diarios”, recortes de cuotas, cierres de zonas y nuevas exigencias tecnológicas.

La organización cifra el impacto del amarre en términos concretos para su operativa: asegura que el parón de cuatro semanas supondrá dejar de aportar 125.000 kilos de merluza, con un efecto económico de 500.000 euros, y advierte de la repercusión en 30 trabajadores durante el mes sin actividad, frente a una compensación que considera insuficiente. Estos cálculos forman parte de la argumentación de OPPAO y alimentan su conclusión: que el cierre es “desproporcionado” y que, tal y como se aplica, tensiona los tres ejes que la propia política europea dice perseguir —sostenibilidad ambiental, social y económica—.

Bruselas, por su parte, reconoce el impacto y estima que alrededor de 300 buques de la UE pueden verse afectados, señalando que existen vías de compensación a través del FEMPA/EMFAF y ayudas estatales, precisamente para “proteger los medios de vida” mientras se avanza en soluciones duraderas. Entre la urgencia ecológica y la supervivencia del oficio, el golfo de Bizkaia vuelve a entrar en un mes decisivo en el que el mar se queda sin parte de su flota… y el debate, sin cerrar.

El dictamen, con Javier Garat como ponente, reclama un capítulo propio de pesca en el presupuesto 2028-2034

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un dictamen que eleva la presión política sobre Bruselas para que la Política Pesquera Común (PPC) cuente con una financiación obligatoria y garantizada de 6.100 millones de euros en el próximo marco 2028-2034. La cifra replica el volumen del actual periodo 2021-2027 y busca evitar que la pesca —una de las pocas competencias verdaderamente exclusivas de la UE— quede diluida en instrumentos presupuestarios más amplios, compitiendo con otras prioridades y sin una “línea” propia que aporte certidumbre a la flota y a las comunidades costeras.

El texto, cuyo ponente es el español Javier Garat, pone el foco en un debate que lleva meses creciendo: cómo se ordenará la financiación europea del sector cuando desaparezca un fondo “dedicado” como el FEMPA/EMFAF y el apoyo pase a integrarse en planes nacionales y regionales. En su propuesta presupuestaria, la Comisión defiende una arquitectura más flexible y transversal, con capacidad para movilizar recursos de distintos capítulos; de hecho, subraya que en los Planes Nacionales y Regionales existe una asignación mínima reservada de 2.000 millones de euros para “núcleos” de la PPC, además de otras posibles vías de apoyo a través de instrumentos adicionales.

Ahí está precisamente el choque. Para el CESE, esa flexibilidad puede traducirse en incertidumbre práctica: si la pesca no tiene un “capítulo” propio, la disponibilidad real de fondos dependerá más de prioridades nacionales, calendarios y negociaciones internas que de una estrategia común. Por eso, el dictamen reclama un blindaje que preserve la lógica comunitaria de la PPC y evite una carrera desigual entre Estados miembros a la hora de modernizar, innovar o sostener su tejido productivo.

El CESE también introduce un mensaje político relevante: advierte de la aparente prioridad que podría ganar el Pacto Europeo por el Océano —una estrategia sin carácter vinculante— frente a los objetivos legales de la PPC definidos en los Tratados y en su reglamento. La lectura es clara: el sector acepta coherencias y sinergias, pero no que una agenda “marco” termine desplazando el núcleo normativo de la política pesquera.

En paralelo, el dictamen conecta el debate presupuestario con la realidad de la flota. Reclama que los Estados miembros impulsen planes de modernización y renovación orientados a eficiencia energética, seguridad a bordo y condiciones laborales, subrayando que estas mejoras deben hacerse sin aumentar la capacidad pesquera. También pide una definición más flexible de la pesca costera artesanal, alineada con criterios de la FAO y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, para reflejar mejor la diversidad socioeconómica europea.

El trasfondo es estructural: Europa afronta una transición energética que exige inversión, pero lo hace con una flota envejecida —el propio CESE ha señalado en trabajos previos una edad media en torno a 31,5 años— y con crecientes dificultades para atraer relevo generacional. En ese contexto, el presupuesto deja de ser un asunto técnico: se convierte en la palanca que determinará si la UE puede descarbonizar y modernizar su pesca manteniendo actividad, empleo y suministro, o si el ajuste acaba traduciéndose en más dependencia exterior y menor tejido industrial costero

El CEO del consorcio emiratí asegura que la adquisición de la histórica compañía guipuzcoana es una «prueba de su estrategia de expansión internacional» y que la ubicación de Zumaia es estratégica para atender el crecimiento del mercado de la energía eólica marina

El grupo emiratí AD Ports Group, el nuevo propietario de Astilleros Balenciaga tras salvar a la emblemática naval de Zumaia de su disolución, prevé crear más de 50 empleos gracias a la actividad estimada. El CEO del consorcio emiratí, en sus primeras declaraciones públicas tras haber adquirido Balenciaga por 11,2 millones de euros, asegura que una cartera sólida de proyectos ya en marcha y futuros encargos vinculados tanto a su filial Safeen Drydocks como a los socios internacionales del grupo y a las necesidades de su propia flota le hacen prever que se vaya a generar empleo.

El consejero delegado del área marítima y de transporte del grupo, Ammar Al Shaiba, ha subrayado que la operación responde a una estrategia clara de crecimiento internacional. «Esta adquisición es una prueba de nuestra estrategia de expansión internacional selectiva y diversificación del portafolio», afirmó, destacando que la experiencia de Balenciaga en la construcción de buques avanzados, especialmente para la eólica marina, permitirá reforzar las capacidades del grupo y facilitar la transferencia de conocimiento entre sus distintas filiales.

Balenciaga está reconocido como un referente en la prefabricación estructural de grandes módulos para proyectos offshore y en la construcción de buques complejos. Es además uno de los pocos astilleros de España especializados en la fabricación de Service Operation Vessels (SOV), buques que funcionan como bases flotantes para parques eólicos marinos, así como en barcos de investigación, buques de apoyo offshore y remolcadores especializados.

Además, en otra idea relevante, la inversión cobra especial relevancia en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de la energía eólica marina. AD Ports Group acaba de anunciar una alianza con Masdar para desarrollar proyectos offshore y prevé un aumento significativo de la demanda de buques SOV en los próximos años. En este escenario, la proximidad del astillero guipuzcoano al mar del Norte y a los principales mercados europeos lo sitúa en una posición estratégica para atender esa demanda, según subrayan los árabes

El astillero, que pasará a denominarse Balenciaga Shipyard, aporta casi cien años de experiencia en construcción naval y unas instalaciones consideradas entre las más avanzadas del sector. Cuenta con dos diques secos, una grada de 105 metros, una fábrica de 22.385 metros cuadrados equipada con tecnologías de automatización y fabricación avanzada, además de un centro de corte y producción de 3.530 metros cuadrados.

El Consejo Noruego de Productos del Mar alerta de que un giro geopolítico —aranceles o escalada— obligaría a replantear inversiones

La escalada política en torno a Groenlandia empieza a tener consecuencias más allá de la diplomacia y la seguridad. La Norwegian Seafood Council (NSC) —organismo público encargado de promocionar el origen “Seafood from Norway”— admite que podría verse obligada a reconsiderar e incluso retirar su campaña de promoción en Estados Unidos, valorada en 4,4 millones de dólares, si el escenario se deteriora. La advertencia la lanzó su consejero delegado, Christian Chramer, durante el Global Seafood Market Conference 2026 celebrado en Florida, al reconocer que un “cambio de escenario” forzaría a “reconsiderar y reequilibrar” la estrategia.

El telón de fondo es la amenaza de nuevos aranceles vinculada al pulso sobre Groenlandia. Según información sectorial, Donald Trump planteó tarifas del 10% a partir del 1 de febrero para un grupo de países europeos —entre ellos Noruega— y elevación hasta el 25% desde el 1 de junio de 2026 si no se alcanza un acuerdo en torno a la “compra” de Groenlandia. En paralelo, varios gobiernos europeos han denunciado públicamente la lógica de la presión comercial en un asunto de soberanía y defensa, abriendo la puerta a una respuesta coordinada.

Para Noruega, el riesgo es doble: reputacional y económico. Entre los países señalados, Noruega es con diferencia el mayor proveedor de productos del mar para el mercado estadounidense, con 1.300 millones de dólares exportados en 2024, según datos citados por medios especializados basados en NOAA Fisheries. La mayor parte de ese flujo corresponde a salmón de cultivo, y solo en filetes frescos de salmón atlántico se enviaron 29.600 toneladas por un valor de 472 millones de dólares ese mismo año.

La campaña ahora en cuestión se apoya en una apuesta estratégica: Estados Unidos es un “mercado de crecimiento” para el marisco noruego, donde el consumo per cápita sigue siendo relativamente bajo frente a otras proteínas. El propio NSC subraya que los estadounidenses consumen mucho más carne que pescado y que su trabajo en el país se centra en aumentar conocimiento y preferencia por especies noruegas, con acciones tanto en retail como en restauración. En ese enfoque, el sello de origen y la narrativa de calidad, regulación y sostenibilidad son pilares clave para diferenciarse en un mercado dominado por grandes volúmenes y una competencia internacional intensa.

La amenaza de aranceles llega, además, sobre un terreno ya sensible. Desde agosto de 2025 Estados Unidos aplica un arancel “recíproco” del 15% que, aunque no llevó al NSC a cambiar de rumbo en su marketing, sí generó “ruido y turbulencias” en el comercio, según reconoció el propio organismo en declaraciones previas. En 2025, el Consejo defendía que “el marketing es una carrera de fondo” y que su presencia en EEUU debía mantenerse pese a las tensiones comerciales. El nuevo choque, ligado a Groenlandia, pone en duda esa estabilidad de planificación: una cosa es ajustar mensajes ante un arancel ya vigente; otra, operar con la incertidumbre de un conflicto diplomático que pueda derivar en nuevas barreras o en un deterioro abrupto del clima de negocio.

De ahí la prudencia que ahora verbaliza la dirección del NSC. La promoción no se decide en el vacío: depende de previsibilidad logística, de la disposición del canal a acompañar campañas y, sobre todo, de un marco donde el “origen Noruega” sume valor en lugar de convertirse en factor de riesgo. En la práctica, cualquier endurecimiento comercial impactaría no solo en el precio final, sino también en el equilibrio entre mercados: un reordenamiento de destinos y presupuestos promocionales hacia otras regiones —Europa o Asia— sería una salida lógica si EEUU dejara de ofrecer condiciones mínimamente estables.

En el corto plazo, el sector mira con inquietud el calendario. Si las amenazas arancelarias se concretan, la campaña de 4,4 millones se convertirá en algo más que un plan de marketing: será un termómetro de hasta qué punto la geopolítica puede interrumpir —de un día para otro— la maquinaria comercial de un producto tan global como el salmón.

Bretaña pide retomar el diálogo con Reino Unido, Noruega, Feroe e Islandia y fijar un TAC 2026 de 299.000 toneladas

El expediente del verdel se ha convertido en el gran punto de fricción de la gobernanza pesquera del Atlántico nordeste y vuelve a tensionar la agenda europea. La Organización de Productores “Les Pêcheurs de Bretagne” (LPDB) ha interpelado públicamente a la ministra delegada de Mar y Pesca, Catherine Chabaud, para que Francia impulse una salida política a un bloqueo que amenaza con agravar tanto la situación del stock como la incertidumbre para las flotas.

El trasfondo es delicado: el CIEM/ICES ha advertido de un deterioro severo del recurso y ha recomendado un recorte drástico de capturas para 2026. En su último dictamen científico, el organismo fija un nivel de capturas máximo de 174.357 toneladas para el stock de caballa del Atlántico nordeste, una caída de alrededor del 70% frente al nivel aconsejado para 2025.

La tensión no es solo biológica. A juicio de LPDB, el desplome se explica por una combinación de cambios ambientales y una presión pesquera elevada en los últimos años, especialmente por parte de varios países costeros del norte. Esa lectura conecta con el mayor problema estructural del verdel: la ausencia de un acuerdo integral de reparto entre la Unión Europea y los grandes actores no comunitarios del caladero (Reino Unido, Noruega, Islas Feroe e Islandia), lo que ha alimentado años de cuotas fijadas de forma unilateral y disputas diplomáticas.

En este contexto, la UE ha denunciado haber quedado al margen de un entendimiento anunciado en diciembre por Reino Unido, Noruega, Feroe e Islandia. La Comisión Europea expresó su “profunda preocupación” por un arreglo firmado sin consulta previa a Bruselas, y el propio sector comunitario alertó de un “desequilibrio” competitivo si terceros países consolidan un marco que deja a la UE sin espacio real para defender sus derechos históricos.

El choque también se trasladó al Consejo: al aprobar las posibilidades de pesca para 2026, los ministros europeos optaron por límites provisionales para los seis primeros meses del año, a la espera de que se cierre (si se cierra) un reparto definitivo del stock de verdel entre los Estados costeros.

Es en esa “semana decisiva” donde LPDB pone el foco y formula tres exigencias a la ministra francesa Chabaud. Primero, reabrir el diálogo con los países nórdicos para alcanzar un acuerdo de reparto “duradero” que ponga fin a la excepción del verdel, uno de los pocos grandes stocks sin pacto estable de asignación, según la organización. Segundo, fijar un TAC 2026 de 299.000 toneladas, una reducción muy severa, pero menos abrupta que el escenario principal del CIEM/ICES; y tercero, blindar la clave histórica de reparto, reclamando para la UE el 21,85% del total para que el ajuste sea “equitativo”.

La cifra de 299.000 toneladas no es casual: coincide con el nivel que, según comunicados sectoriales, han manejado los cuatro países firmantes del arreglo parcial para 2026 (en torno a 299.010 toneladas). Pero el debate real no es solo el volumen total, sino quién se queda con qué: el sector europeo advierte de que la suma de las cuotas asignadas por esos cuatro socios alcanza casi el 80%, dejando a la UE —y también a Groenlandia— fuera del tablero, sin corregir además el riesgo de sobrepesca por terceros.

Con la campaña del pelágico en el horizonte y acuerdos bilaterales que siguen moviéndose (como los entendimientos Reino Unido–Feroe), el verdel se consolida como un termómetro de la capacidad europea para defender sostenibilidad, estabilidad económica y peso diplomático en un Atlántico cada vez más competitivo