Durante otros diez años, los países de la UE podrán restringir el acceso de los buques pesqueros de otros Estados miembros a las aguas territoriales nacionales dentro de las 12 millas náuticas de su costa.
Sólo se concederá acceso a los buques que tradicionalmente pescan en la zona. Esto permitirá a los Estados miembros reducir la presión pesquera en determinadas zonas y preservar las actividades económicas locales y a pequeña escala en sus costas. En el caso de las regiones ultraperiféricas de la UE, las excepciones abarcan las zonas situadas a menos de 100 millas náuticas de la costa para los buques registrados en los puertos de estas regiones.
El Parlamento apoyó el acuerdo alcanzado con el Consejo en septiembre con 608 votos a favor, 13 en contra y 9 abstenciones, permitiendo que el régimen actual, que refleja varios ajustes y cambios bilaterales tras la retirada del Reino Unido, continúe hasta el 1 de enero de 2032 y mantenga las medidas de protección.
Según el texto acordado, antes del 30 de junio de 2031 la Comisión preparará un informe para el Parlamento y el Consejo sobre la aplicación de estas normas antes de que expiren. Si la Comisión decide revisar la Política Pesquera Común, también llevará a cabo una evaluación de impacto de acuerdo con los principios de mejora de la legislación de la UE.
En cuanto a la utilización de artes de pesca de fondo, la Comisión y el Parlamento tomaron nota de los debates en curso en la zona del Canal de la Mancha, donde se expresó la preocupación por su impacto. Ambas instituciones expresan su apoyo a las iniciativas locales e invitan a los Estados miembros a presentar recomendaciones conjuntas que tengan en cuenta las opiniones locales.
Esto permitirá a la Comisión hacer un seguimiento con medidas técnicas que reflejen las evaluaciones científicas -para las que la Comisión aportará financiación- y el impacto socioeconómico de cualquier restricción.
Las normas se aplicarán en toda la UE a partir del 1 de enero de 2023. Tras la votación en el pleno, el acuerdo deberá ser aprobado formalmente por el Consejo y entrará en vigor al séptimo día de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
