El sector pesquero manifiesta que la pesca debe salvaguardarse y critican la aprobación de la hoja de ruta por parte del Consejo de Ministros
La nueva hoja de ruta para el desarrollo de la energía eólica marina en España, aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aumentado la preocupación del sector pesquero del Cantábrico-Noroeste ante el desarrollo de esta alternativa de producción energética en la costa.
Torcuato Teixeira Valoria, secretario general de Pesca Galicia (OPP31) y representante del sector en el Observatorio da Eólica Mariña creado por la Xunta de Galicia para abordar el despliegue de esta tecnología, volvió a destacar que las zonas industriales de energía eólica marina son «incompatibles» con la actividad pesquera. El representante de la OPP31 advierte que esta «apuesta incondicional por la industrialización de los mares» es una «amenaza» para la actividad pesquera y los ecosistemas». El portavoz del sector subraya que la flota nunca se opondrá a las acciones para mitigar las emisiones y avanzar en la lucha contra el cambio climático y mejorar la salud de los mares, pero pide garantías para la actividad pesquera, dado su papel en el suministro de alimentos de primera calidad, y para el medio ambiente, por el impacto que este tipo de instalaciones podría tener en los caladeros de alto valor del Cantábrico-Noroeste.
La hoja de ruta del Gobierno establece una estrategia para reforzar el liderazgo de España en el desarrollo tecnológico y en la investigación y desarrollo de diferentes fuentes limpias que aprovechen los recursos naturales marinos, con especial atención a la energía eólica. Al mismo tiempo, dice el Gobierno, se pretende garantizar un «despliegue ordenado» de las instalaciones en las aguas territoriales, de modo que sean «respetuosas con el medio ambiente, compatibles con otros usos y actividades y se utilicen para mejorar el conocimiento del medio marino», subraya. «Estamos de acuerdo en proponer un enfoque integrador», responde Teixeira, que valora que la estrategia prevé un desarrollo «en armonía» con las actividades pesqueras. Pero advierte: «Siempre y cuando este desarrollo no afecte a nuestras pesquerías y a nuestros caladeros».
20 líneas de acción
La Estrategia establece 20 líneas de actuación con el objetivo de conseguir entre 1 y 3 GW de energía eólica marina flotante en 2030 -hasta el 40% del objetivo de la UE para el final de la década- y hasta 60 MW de otras energías marinas precomerciales, como la undimotriz o la mareomotriz. El Gobierno ha anunciado que destinará 200 millones de euros hasta 2023 y evaluará las necesidades de las infraestructuras portuarias, en las que habrá que invertir entre 500 y 1.000 millones de euros para cubrir las nuevas necesidades logísticas.
El sector está abierto al «diálogo» con todos los actores implicados en el desarrollo de estas industrias, pero insiste en que su línea roja es «infranqueable». Por ello, y con el apoyo de las conclusiones del informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre el impacto en el sector pesquero de los parques eólicos y otros sistemas de energía renovable, subraya que la implantación de esta energía eólica marina en aguas de la UE no debe hacerse nunca a costa de los efectos sobre los fondos marinos y la actividad pesquera.
Al mismo tiempo, cuestiona la visión del Miteco sobre el sector pesquero en el Cantábrico noroccidental. El documento elaborado por el Ministerio justifica la implantación de aerogeneradores en la cornisa cantábrica y en la costa atlántica, tomando como ejemplo los casos de Dinamarca (2.034 buques), Bélgica (64 buques), Holanda (839 buques) o Alemania (1.293 buques).
Esta comparación, dice Torcuato Teixeira, «es totalmente improcedente y no admite comparación en relación con el impacto que pueda tener en la actividad pesquera española», ya que el censo de la flota del Cantábrico-Noroeste es de 5.000 buques, que faenan en «una plataforma continental muy inferior a la disponible en el Mar del Norte o el Mar Báltico». Ante esta situación, la industria se reafirma en su «incompatibilidad» y exige al IEO más conocimientos científicos antes de proponer la «coexistencia».
