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sábado, diciembre 3, 2022
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El Gobierno recurre la prohibición de pescar en 87 áreas del Atlántico ante la justicia europea

El Ejecutivo argumenta que la decisión de Bruselas de vetar barcos en un área de 16.419 kilómetros cuadrados no se basó en la mejor información científica disponible

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en una imagen de archivo.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en una imagen de archivo.POOL (REUTERS)

El Gobierno ha presentado el recurso contra la decisión de cerrar ciertas áreas del Atlántico Noroeste a la actividad pesquera debido a la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos que albergan. España argumenta que la norma de la Comisión Europea que fija los vetos —que afectan a la pesca a más de 400 metros de profundidad en 87 zonas del Atlántico nororiental— es desproporcionada e injusta “por no contar con la información científica más actual disponible, no contar con un informe de impacto y vulnerar, de esta forma, los principios de la Política Pesquera Común (PPC) que establece el necesario equilibrio, en las decisiones que se adopten, entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible”.

La demanda, que por su complejidad técnica ha requerido de la intervención del Ministerio, la Abogacía del Estado y el Instituto Español de Oceanografía, pone de relieve, según el departamento que dirige el ministro Luis Planas, “las deficiencias de fondo y de forma en las que habría incurrido la Comisión Europea en la elaboración de este acto de ejecución”.

El artículo 263 del Tratado de la UE —que determina que el Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los actos del Consejo, la Comisión y el BCE— se ha tomado como base para interponer el recurso contra la decisión comunitaria, aunque fuentes del sector auguran poco recorrido: en el mejor de los casos, podría resolverse dentro de varios años.

El debate sobre la prohibición lleva meses causando un gran malestar entre los pescadores españoles, que acusan al comisario europeo del ramo, Virginijus Sinkevičius, de haberle dado la espalda al sector al decretar la prohibición con datos desfasados sobre el estado del fondo marino. Inicialmente, las patronales cifraron en 500 barcos y más de 2.000 trabajadores los afectados, —la medida entró en vigor el 9 de octubre— pero actualmente Cepesca sigue sin tener todas las cifras para evaluar cómo han evolucionado las capturas.

Iván López, presidente de la Alianza Europea para la Pesca de Fondo, avanza que la flota palangrera está viviendo retrasos medios de dos días para entrar en zonas donde sí está permitido pescar, pero que ahora tienen una mayor densidad de buques trabajando. Por el momento, cree, se está manteniendo la calma en el sector porque el alza de las cotizaciones y la cercanía de la Navidad permiten a las empresas aguantar. “Pero cuando llegue enero, los precios, que ahora son un incentivo, caerán”, y con ellos la rentabilidad, advierte.

Al contrario que en el arrastre, donde la pesca de la flota comercial se puede hacer consecutivamente (con un barco pescando tras otro), con las artes fijas los aparejos tienen que estar suspendidos en el mar durante horas, lo que dificulta el trabajo en los caladeros y podría generar conflictos entre los pescadores. Algo que, por el momento, no se ha producido. Tampoco se espera ningún desabastecimiento de productos, puesto que las empresas mayoristas recurren a una enorme variedad de zonas de pesca e importan pescados y mariscos de otros mercados.

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