Los avances en la tecnología de las baterías de los vehículos eléctricos en los últimos años están produciendo el no uso de cobalto, níquel, ni manganeso, metales que las empresas mineras tratan de extraer de las profundidades marinas. La popularidad y el rápido aumento de la cuota de mercado de estas baterías de nueva generación, que ya representan un un tercio del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos hace que no sea necersaria la minería para apoyar el creciente mercado de los vehículos eléctricos y más dudosa su viabilidad financiera.
La rápida expansión de las ventas de baterías de fosfato de litio e hierro (LFP) y otras que no utilizan metales que se extraen de las profundidades marinas han eliminado la supuesta necesidad de campañas de extracción de metales del mar.
Las empresas mineras han tratado de explotar la Zona Clarion Clipperton («CCZ») del Océano Pacífico, un área tan amplia como el territorio continental de Estados Unidos, en busca de nódulos polimetálicos que contengan cobalto, níquel, manganeso y cobre (en lo sucesivo, «metales de aguas profundas»). Tres de estos metales de aguas profundas, el cobalto, el níquel y el manganeso, se han utilizado mucho en las baterías de los vehículos eléctricos. Basándose en este uso histórico y en la creciente demanda de VE, las empresas mineras han argumentado que era necesario obtener estos metales y satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos. En los últimos años, sin embargo, varias baterías que no utilizan estos metales de aguas profundas han cobrado impulso rápidamente en el mercado.
Las baterías LFP son populares por su menor coste, gran estabilidad , disponibilidad de materias primas, mayor resistencia a las crisis de precios y mayor eficiencia energética.
Además cuentyan con una mayor resistencia a las crisis de precios y ventajas en materia de seguridad.
Investigaciones más recientes también han descubierto que la radiación alfa presente en los nódulos de manganeso desencadenan riesgos para la salud de quienes los manipulan y para el medio ambiente.
Los daños medioambientales y los riesgos desconocidos han dado lugar a un llamamiento mundial en favor de una moratoria de la minería. A este llamamiento se han unido 22 países (entre ellos Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Fiyi, Francia, Alemania, Panamá, Nueva Zelanda, Samoa, España y Suiza), organizaciones intergubernamentales (entre ellas el Parlamento Europeo y la Alianza de Parlamentarios del Pacífico), más de 100 organizaciones sin ánimo de lucro, el sector privado y la sociedad civil. Alianza de Parlamentarios del Pacífico), más de 100 organizaciones sin ánimo de lucro, líderes indígenas de más de 70 grupos de más de 50 países, organizaciones pesqueras y organizaciones de la sociedad civil.
