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martes, junio 18, 2024
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Los armadores franceses preocupados por la falta de ayudas a la subida del gasoleo

Con el telón de fondo de las múltiples crisis que azotan al sector pesquero francés desde hace varios meses, la llegada del Presidente francés el martes 28 de noviembre a la conferencia Assises de l’Économie de la Mer, en Nantes, era sinónimo de esperanza para todos los pescadores, que esperaban anuncios firmes de apoyo al sector. Lo que surgió fue un sentimiento de amargura y una gran decepción con respecto a la crisis del gasóleo, que cristaliza las preocupaciones inmediatas y existenciales de los profesionales, pero que no fue objeto de ningún nuevo anuncio. Al mismo tiempo, el lunes 27 de noviembre, el Consejo de la UE adoptó un nuevo reglamento sobre el acceso preferencial al mercadoś, por el que se concede un acceso con derechos nulos a más de 900.000 toneladas de pescado importado.

El precio del gasóleo profesional se acerca actualmente a 1 euro/litro, su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esto representa un aumento de más del 40% en los últimos 18 meses, y un incremento de entre el 30% y el 50% de los costes para las empresas pesqueras francesas, ya que el combustible es su principal partida de gastos. Una situación que está estrangulando al sector.

Además, la ayuda estatal de 0,20 cts/litro, destinada a apoyar a las empresas francesas frente a la subida de los precios de la energía, está sujeta a un límite máximo específico para la pesca, independientemente del tamaño y el número de buques explotados por cada empresa. Esta norma significa que las ayudas se limitarán ahora a 365.000 euros para el periodo comprendido entre marzo de 2022 y finales de junio de 2024 por empresa pesquera, independientemente de los costes reales soportados. Esta limitación es injusta, mal entendida por las empresas y considerada injusta por sus tripulaciones asalariadas, que participan directamente en los resultados, algo que no es habitual.

El límite máximo es seis veces inferior al que se aplica a las empresas ordinarias de otros sectores de la economía, lo que convierte a la industria pesquera en el pariente pobre en cuanto a ayudas públicas para ayudar a las empresas a hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, las empresas de pesca de agua dulce que explotan entre 3 y 4 arrastreros de 20-25 metros ya no reciben ayudas desde principios de 2023. Las que explotan dos arrastreros no reciben ayudas desde este otoño. Las que explotan uno o varios arrastreros más pequeños pronto alcanzarán este límite. Evidentemente, la imposibilidad de acceder a cualquier tipo de ayuda es mucho mayor para las empresas que explotan más buques o buques de mayor tamaño.

Una prórroga de la ayuda al gasóleo… ¡a la que ya no pueden optar las empresas!

El martes 21 de noviembre, el Secretario de Estado francés del Mar, Hervé Berville, anunció que había obtenido el acuerdo de Bruselas para prorrogar hasta junio de 2024 la subvención de 0,20 céntimos/litro de combustible para los pescadores. Esta información fue confirmada el martes por el Presidente francés, dando la impresión de que el problema se había resuelto. Pero no es así.

El sistema de topes por empresa, que sigue siendo el quid del problema y sobre el que los pescadores llevan meses alertando, sólo se ha incrementado automáticamente en 35.000 euros (de 330.000 a 365.000 euros). Además, una interpretación errónea de las declaraciones del Presidente sugiere que «las ayudas se aplicarán hasta un límite máximo de 335.000 euros anuales por empresa». Una vez más, esto no es así: ¡la ayuda máxima de 365.000 euros se aplica al periodo que va desde su introducción en marzo de 2022! En otras palabras, los contadores no se pondrán a cero el 1 de enero de 2024. En resumen, el Presidente de la República ha anunciado la prórroga de unas ayudas… ¡a las que muchas empresas pesqueras hace tiempo que dejaron de tener derecho!

Malestar por la situación

A muy corto plazo, la crisis del gasóleo amenaza a más de la mitad de la oferta pesquera francesa y, por consiguiente, a las zonas de empleo costeras vinculadas a los puertos más dependientes (a veces más del 80%) de estas flotas. La UAPF y la ANOP, que representan y defienden a estas empresas, hacen un llamamiento para que se tome conciencia de la gravedad de la situación. Esperan que esta industria única, basada en el patrimonio, pueda sobrevivir.

El sector pesquero francés se ha visto dañado y debilitado por las sucesivas crisis de los últimos años (COVID, BREXIT, el choque inicial de la guerra en Ucrania, etc.). Si no se hace nada rápidamente, esta industria amenaza con desaparecer, y algunos de sus proveedores y clientes con ella. Por ejemplo, Via Océan (antes Saupiquet), una empresa atunera francesa con una larga tradición, ha anunciado recientemente su intención de cesar su actividad, lo que, según la prensa, supondría la pérdida de 58 puestos de trabajo.

Contingentes arancelarios

En un momento en que la soberanía alimentaria se enarbola como bandera, la política de la UE sigue favoreciendo las importaciones de productos pescados por buques de fuera de Europa, que tienen menores costes de producción y, por tanto, se venden a precios más bajos.

El lunes 27 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea adoptó un nuevo reglamento sobre el acceso preferencial al mercado (PMA), por el que se concede el acceso con derecho cero a más de 900.000 toneladas de productos del mar importados, entre ellos 35.000 toneladas de lomos de atún, en consonancia con las dificultades encontradas por Via Océan, frente a las 830.000 toneladas del reglamento anterior.

Una paradoja resumida por el Presidente francés en su discurso: «No tiene sentido ser cada vez más exigentes con los productores si permitimos que se importen cada vez más pescados y productos del mar de potencias que no respetan estas normas», concluyendo que «el riesgo es que masacremos nuestra capacidad de producción».

La disminución del número de pescados franceses en las estanterías se verá así compensada por un aumento de las exportaciones de productos del mar procedentes de pesquerías sometidas a una reglamentación social y medioambiental mucho más débil, sin que el consumidor final lo note.¿Ha dicho soberanía alimentaria?

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