El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ultima el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, que verá la luz los próximos días, y con que el que inicia una revisión de una normativa aprobada hace 20 años.
El Gobierno español aprobará este marzo el primer proyecto de una amplia reforma de la Ley de Pesca que ha alertado al sector, tanto por las oportunidades que abre como por los recelos que genera ante el impacto de los cambios en la planificación empresarial.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ultima el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, que verá la luz los próximos días, y con que el que inicia una revisión de una normativa aprobada hace 20 años, que protagonizará la legislatura y que afectará al acceso a los caladeros, sanciones o protección del mar. El sector español de la pesca está compuesto por 8.884 barcos, genera 1.802 millones de euros y cerca de 32.000 empleos, según datos del MAPA correspondientes a 2019.
La ley ya fue revisada en 2014 por el Gobierno del Partido Popular; aunque aquella modificación fue «menor» en comparación con la que se avecina. Según el sector supuso un importante avance para blindar las penalizaciones a la pesca ilegal, prestigiar a España en ese terreno y promover actuaciones contra operadores ilícitos.
El Gobierno español aprobará en marzo el primer proyecto de una amplia reforma de la Ley de Pesca que ha alertado al sector, tanto por las oportunidades que abre como por los recelos que genera ante el impacto de los cambios en la planificación empresarial.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ultima el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, que verá la luz los próximos días, y con que el que inicia una revisión de una normativa aprobada hace 20 años, que protagonizará la legislatura y que afectará al acceso a los caladeros, sanciones o protección del mar. El sector español de la pesca está compuesto por 8.884 barcos, genera 1.802 millones de euros y cerca de 32.000 empleos, según datos del MAPA correspondientes a 2019.
La ley ya fue revisada en 2014 por el Gobierno del Partido Popular; aunque aquella modificación fue «menor» en comparación con la que se avecina. Según el sector supuso un importante avance para blindar las penalizaciones a la pesca ilegal, prestigiar a España en ese terreno y promover actuaciones contra operadores ilícitos.
Para los armadores Cepesca, la reforma en ciernes genera incógnitas sobre el acceso a las cuotas o la seguridad jurídica empresarial, mientras que las cofradías ven oportunidades para impulsar una regulación flexible y más adaptada al pescador, pero también piden prudencia. Por su parte, la organización ambientalista WWF opina que la ley debe dar solución a la actual «crisis de biodiversidad» de los mares.
