Noticia general

La Ley de Cadena Alimentaria recibe oposición del sector comercializador

El Mapa tramita la promulgación de una ley de cadena alimentaria que ya levanta polémica, principalmente, en el sector del campo, pero se oyen las primeras voces contrarias en el sector de la pesca y comercializador.

En esta dirección, Maria Luisa Alvarez, de Fedepesca, ha celebrado una reunión con Gemma Hernandez, Directora de la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentario junto a su equipo para trasladarles las inquietudes de los comercializadores ante la propuesta de nueva Ley de cadena alimentaria, que tal y como está redactada no excluiría a las pymes de la obligación de cerrar contratos en sus relaciones de aprovisionamiento, “lo cual en nuestro caso es absurdo”.,dijo Alavarez. En esta dirección, Fedepesca presentará alegaciones, motivo por el que ha mantenido diversas reuniones con los responsables del Mapa.

Planas señaló que la «reforma parcial» de febrero supuso «un paso adelante muy importante» desde el punto de vista de la negociación de todos los elementos de la cadena, en línea con las leyes más avanzadas en la materia de la Unión Europea, y que recogía los aspectos demandados por las organizaciones agrarias, entre ellos que los precios de venta siempre sean superiores a los de producción.

En este sentido, explicó que su intención es llevar a las Cortes este proyecto de ley, que ya ha pasado en primera lectura por el Consejo de Ministros, que completará aquel decreto ley con aspectos que pretenden clarificar una serie de «cuestiones concretas», así como para extender sus «ventajas y protecciones» a toda la Unión Europea.

Planas reconoció que hay quienes han criticado la reforma, si bien insistió en que «ninguna administración pública puede fijar precios, porque es contrario a las normas de la economía de mercado».

Por otro lado, Agricultores y Ganaderos, tras revisar los datos publicados por Eurostat relativos a los índices de precios de la alimentación, constatan el fuerte incremento que se ha producido en la brecha de precios entre productores y consumidores españoles desde la entrada en vigor del Estado de Alarma a causa del coronavirus. 

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