El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido críticas de distintos sectores por sus múltiples iniciativas de reformas. El capítulo referido a las modificaciones a la ley de pesca, incluido en su proyecto de «ley ómnibus» ―formalmente denominada Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos― no es la excepción. ¿Cuáles son los puntos más cuestionados? Gobernantes locales apuntan a los que quitan la prioridad a las empresas y trabajadores argentinos.
Si se aprueba este proyecto de ley, ya no será obligatoria la descarga en los puertos argentinos, ya que se derogaría el artículo 25 de la actual ley de pesca, que obliga a «desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos».
También se modificaría el artículo 26, que regula los permisos de pesca. Hasta ahora, los criterios para habilitar a los buques por plazos de 10 o 30 años tienen que ver con priorizar a quienes empleen mayor mano de obra argentina, a las naves construidas en el país y con menor antigüedad.
La nueva propuesta es establecer un plazo único de 20 años y eliminar todos estos requisitos. «Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques», dice. «Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques», agrega.
Otro cambio tiene que ver con la competencia en los cupos de captura, en los que vuelve a igualar a buques nacionales y extranjeros. La ley vigente estipula en su artículo 27 que las cuotas de captura se deben otorgar «por especies, por buque, zonas de pesca y tipo de flota». También que, para otorgar esos permisos, el Consejo Federal Pesquero deberá ver los antecedentes y priorizar la «cantidad de mano de obra nacional ocupada», las «inversiones efectivamente realizadas en el país», «el promedio de toneladas de captura legal de cada especie» y de «toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie efectuado durante los últimos ocho años» por buque o por grupo de naves «si estos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario», y «la falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o resoluciones regulatorias de la actividad pesquera».
La propuesta de la «ley ómnibus», en cambio, liberaría las licitaciones a cualquier buque extranjero, sin contemplar los antecedentes de las empresas. Propone que las cuotas de captura sean asignadas «a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada».
Zona exclusiva
Este punto es particularmente controvertido, dada la disputa que existe de larga data con los numerosos pesqueros internacionales, principalmente chinos, españoles, taiwaneses y surcoreanos que trabajan casi sin controles en aguas internacionales, al límite de la zona económica exclusiva de Argentina, demarcada por la línea de las 200 millas náuticas, o 370 kilómetros, desde la costa.
Organizaciones como Greenpeace daban cuenta ya en 2021 de que esas flotas generaban «un resplandor tan grande como el que genera la Ciudad de Buenos Aires» en un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, en la que llegaron a contabilizar 470 barcos, mientras que en toda la zona económica exclusiva, que es más de un millón de kilómetros cuadrados, había en operación «aproximadamente 200 barcos».
Por último, la «ley ómnibus» eliminaría la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, al derogar el artículo 40, que estipula que «las habilitaciones de capitanes y oficiales se reservan para los argentinos” y que “el 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo de los buques pesqueros debe estar constituido por argentinos o extranjeros con más de 10 años de residencia permanente efectivamente acreditada en el país».
