Representantes del sector pesquero y marisquero, economistas, biólogos, sindicalistas, pescadores recreativos, ecologistas están compareciendo ante la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso para dar su opinión sobre el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. La reserva del 10 % de las cuotas por parte del Estado, el cambio en los criterios de asignación de cupos y la «expropiación» de derechos pesqueros no usados son las cuestiones más controvertidas.
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Para Miren Garmendia de Organización de Productores de Pesca de Bajura de Guipúzcoa (Opegui), se hace necesario contar con el sector a la hora de dictar normas de gestión aludiendo a un borrador de orden para regular la captura de bonito que presentó al sector la Administración y que tenía que estar redactado por alguien «que desconocía por completo la realidad de la pesquería», al pretender imponer cupos diarios o semanales de capturas, un error grave que Garmendia aseguró «no haber visto en 30 años». El proyecto de ley genera entre los pescadores vascos «mucha preocupación porque hay mucha ambigüedad, arbitrariedad e inseguridad jurídica».
Garmendia no ve justificación para que el Estado se reserve hasta un 10 % y pidió más «transparencia» sobre los intercambios de cuotas que hace la Administración con otros países. Asimismo, lamentó que en el proyecto «no se hable nada del relevo generacional ni de la incorporación de la mujer« en el sector pesquero».
También intervino, el director general de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac), Anertz Muniategi, que dijo que se trata de un «adecuado proyecto de ley» salvo en lo referido a las asignaciones de posibilidades de pesca. Su crítica también se dirigió a esa reserva del 10 % que el Estado se hace de las posibilidades de pesca, porque en su opinión, «podría permitir la entrada de buques sin historicidad en una pesquería, creando inseguridad jurídica y poniendo en riesgo las inversiones realizadas por los buques antiguos». Por ello, cree que «es necesario que se recoja con claridad que los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de este proyecto de ley mantengan su vigencia sin condiciones».
Mediterráneo y Galicia
Entre los primeros intervinientes estuvo el representante de las Cofradías de Cantabria, César Nantes, y los responsables de la Federación de Cofradías catalanas de pescadores, Antoni Abad, y de la Asociación de Pescadores de Artes Menores del Mediterráneo (MedArtNet), Javier Pulido alertaron del problema del relevo generacional de la flota española.
En el caso del Mediterráneo, Pulido lamentó que el proyecto de ley no cambie los criterios de reparto de los cupos de atún rojo y reclamó un 50 % de las posibilidades de pesca de la especie para la flota artesanal. Pulido y Abad reclamaron un nuevo régimen de «cogestión» de los caladeros, en la que la flota participe y tenga capacidad de decisión, porque favorecería el cumplimiento de las normas, ya que tendrían en cuenta el criterio de quien está realmente en el mar.
Entre los intervinientes está la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que hablará antes de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y del presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), el gallego Basilio Otero, programado para el cierre de las sesiones. El jueves, además de Quintana y Otero, darán su opinión y se someterán a las preguntas de los diputados la doctora en Ciencias Económicas Carmen García Negro, el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidade de Santiago Carlos Teijo y el hasta hace unas semanas secretario xeral de Pescagalicia, Torcuato Teixeira, ahora asesor jurídico de la FNCP.
