En Stormont se ha aprobado una pieza clave de la legislación sobre el brexit, a pesar de que algunos miembros de la asamblea dijeron que no había habido tiempo suficiente para analizarla. Se debatió una moción que aprueba la extensión del proyecto de ley de pesca del Reino Unido a Irlanda del Norte. Su objetivo era proporcionar un marco legislativo para la industria después del final del período de transición en diciembre.
La flota de Irlanda del Norte capturó 90 millones de libras, valor del pescado capturado según la última estadística, De estos, £ 42 millones fueron a Gran Bretaña y £ 31,4 millones fueron a la UE, incluidos £ 7,2 millones a la República de Irlanda. .
El presidente del comité, Declan McAleer, dijo que su comité no había tomado una posición y que sentía que el escrutinio se había «apresurado».
También, se preguntó si los pescadores de Irlanda del Norte se beneficiarían de mayores oportunidades de pesca después del Brexit.
Otras preocupaciones planteadas incluyeron la falta de detalles sobre un fondo del Reino Unido para reemplazar el dinero de la UE para proyectos de infraestructura pesquera y cómo el protocolo de Irlanda del Norte, la Ley del Mercado Interior y las negociaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido podrían afectar a la industria.
Otros miembros de la asamblea dijeron que estaban frustrados porque el requisito de pescar de manera sostenible no se había convertido en el objetivo principal de la legislación y cómo las oportunidades de pesca del Reino Unido se dividirían entre las naciones delegadas.
La flota de Irlanda del Norte capturó 90 millones de libras, valor del pescado capturado según la última estadística, De estos, £ 42 millones fueron a Gran Bretaña y £ 31,4 millones fueron a la UE, incluidos £ 7,2 millones a la República de Irlanda.
‘Desventaja competitiva’
Por su parte, el ministro de Agricultura, Edwin Poots, habló apasionadamente a favor de la moción. Dijo que sin él Stormont no podría apoyar a la industria al final de la transición y que no habría pagos de subvenciones ni forma de otorgar licencias a los barcos, lo que dejaría al sector en una desventaja competitiva.
El señor Poots dijo que el proyecto de ley es un marco que les permitiría construir sobre los detalles más adelante, y ese detalle podría ser influenciado por el miembro de la asamblea, a diferencia de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE.
Dijo que estaba «agradecido» de que el Reino Unido saliera de la PPC y dijo que había «castrado» las flotas pesqueras nacionales.
Proceso legal con el Reino Unido
La Unión Europea anunció que decidió iniciar un proceso legal contra el gobierno británico, a raíz de un proyecto de ley sobre mercados internos que modifica aspectos del Acuerdo de Retirada, la normativa que define los detalles del Brexit.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en Bruselas que en la jornada la UE «decidió enviar una notificación formal al gobierno británico. Este es el primer paso en un procedimiento de infracción».
Ursula von der Leyen añadió que Londres tiene un plazo de un mes para «enviar sus observaciones».
El corazón del conflicto es el proyecto de ley impulsado por el gobierno británico y que modifica cláusulas esenciales del acuerdo firmado el año pasado.
Instantes después de este anuncio, un portavoz del gobierno británico dijo a la prensa que Londres «responderá en el momento debido» a la notificación formal de Bruselas.
«Precisamos crear una red de seguridad para proteger la integridad del mercado interno del Reino Unido», justificó el portavoz.
Este anuncio se conoció mientras europeos y británicos mantienen en Bruselas una complicada negociación para definir como será la futura relación bilateral, pero las declaraciones de Von der Leyen reflejan el pesimismo generalizado sobre la posibilidad de un entendimiento.
Para Von der Leyen «esa ley, por su propia naturaleza, es una ruptura de las obligaciones de buena fe estipuladas en el acuerdo. Si es adoptada tal como está, estará en total contradicción con el protocolo para Irlanda e Irlanda del Norte».
La UE ya había establecido un plazo hasta el fin de septiembre para que el gobierno británico elimine de esa ley las «cláusulas problemáticas», pero el martes la Cámara de los Comunes del Parlamento aprobó el texto y lo envió a la Cámara de los Lores.
«El plazo venció. Los puntos problemáticos no fueron eliminados», lamentó Von der Leyen.
En tanto, en una nota oficial, la Comisión recordó que tanto la UE como el Reino Unido están obligados a «cooperar de buena fe» y en aplicar el Acuerdo.
Al impulsar este proyecto de ley, señaló la nota de la Comisión, el Reino Unido «ha violado sus obligaciones de actuar de buena fe (…) Además, ha lanzado un proceso en el que, si la ley resulta aprobada, impedirá la implementación del Acuerdo de Retirada».
