La Consejera, Amaia Barredo reclama al Ministerio que eleve a Bruselas una “respuesta firme” ante la autoasignación de terceros países y abre la puerta a una parada temporal compensada con FEMPA

El Gobierno Vasco ha movido ficha para defender a la flota vasca ante el recorte de la cuota del verdel (caballa) y ha trasladado ya su malestar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que lo eleve a las instituciones europeas. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca reclama una corrección del marco provisional de reparto y una posición clara de la Unión Europea en la negociación con los Estados costeros, en un contexto marcado por acuerdos unilaterales al margen de la UE.

«Pedimos un acuerdo definitivo cuanto antes, un reparto justo y una gestión flexible de la cuota del verdel. Ese es el camino para proteger el empleo, la actividad y el futuro de nuestra flota”, aseguró la consejera Amaia Barredo, subrayando que el Ejecutivo autonómico actuará “con urgencia”, en coordinación permanente con el sector.

Entre las medidas concretas planteadas al Ministerio, el Gobierno Vasco propone activar el mecanismo de flexibilidad interanual, que permite trasladar hasta un 10% de la cuota no consumida en 2025 al año 2026. Según los cálculos trasladados por el Ejecutivo vasco, esta vía podría incorporar 2.742 toneladas adicionales a la cuota del Estado, de las cuales 736 toneladas corresponderían a la flota vasca. Con ese ajuste, las posibilidades de pesca del País Vasco podrían situarse cerca de las 2.500 toneladas en 2026.

El Departamento defiende que este margen, dentro de la normativa, puede resultar decisivo para amortiguar el impacto del recorte en una costera que, en el Cantábrico, sostiene actividad, empleo y rentabilidad en segmentos clave.

Transferencias más amplias de cuota y máxima operatividad

La segunda pata de la propuesta es una gestión “ágil” y con el máximo aprovechamiento de la cuota disponible. El Gobierno Vasco pide flexibilizar las medidas para permitir transferencias de cuota no solo entre buques de la misma modalidad, sino también entre distintos segmentos de flota —arrastre, cerco y artes menores— e incluso entre caladeros, siempre que sea legalmente viable.

La idea, según el planteamiento autonómico, es evitar que toneladas disponibles queden sin pescar por rigideces administrativas o por un reparto que no se adapte a la realidad de las campañas, los ritmos de captura y la distribución de la actividad por artes.

El Gobierno Vasco también eleva el tono en el plano europeo. Ha instado al Ministerio a solicitar a la Comisión Europea la activación inmediata de instrumentos jurídicos comunitarios para impedir la importación en la UE de verdel procedente de pesca ilegal, en caso de que continúe el acuerdo de autoasignación de cuotas alcanzado por Estados costeros al margen de la Unión.

El objetivo es que la UE responda con “firmeza” si se mantienen prácticas que, a juicio del Ejecutivo vasco, distorsionan la gestión del stock, afectan a la sostenibilidad y penalizan a las flotas comunitarias sujetas a reglas más estrictas.

En paralelo, el Departamento no descarta aprobar una parada temporal de la actividad para los barcos que pescan verdel con anzuelo durante la costera, una medida que —de adoptarse— estaría compensada económicamente con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El Gobierno Vasco presenta esta opción como un “instrumento” adicional para proteger al segmento más expuesto si las posibilidades de pesca se quedan por debajo de lo necesario para sostener la campaña.

El precedente de 2025

El Ejecutivo autonómico recuerda, además, que en 2025 la flexibilidad de gestión y las transferencias de cuota permitieron sostener la actividad del sector, un antecedente que, en su lectura, demuestra que la coordinación y la rapidez en la toma de decisiones son claves para minimizar el golpe de los recortes.

Con este paquete de propuestas, Vitoria busca ganar margen en 2026 y, al mismo tiempo, empujar a Madrid y Bruselas hacia una negociación “definitiva” con los Estados costeros que cierre el actual escenario provisional. En el tablero, el Gobierno Vasco sitúa tres prioridades: más cuota, reglas de gestión menos rígidas y una respuesta europea que blinde el mercado comunitario frente a la pesca ilegal y los acuerdos unilaterales.

La Comisión Europea pide aportaciones hasta el 9 de marzo de 2026 para reforzar la protección del mar y simplificar la aplicación de las normas

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública y un llamamiento a presentar contribuciones para preparar la próxima revisión de la Directiva marco sobre la estrategia marina (MSFD), una de las piezas centrales de la política comunitaria para evaluar y proteger el estado ambiental de los mares europeos. El proceso permanecerá abierto hasta el 9 de marzo de 2026 y busca recabar propuestas de administraciones, sector económico, comunidad científica, ONG y ciudadanía, con el objetivo de “afinar” una norma que aspira a ser más eficaz y, al mismo tiempo, más sencilla de aplicar sobre el terreno.

La MSFD —aprobada en 2008— establece el marco para que los Estados miembros adopten estrategias marinas y medidas destinadas a lograr o mantener el “buen estado ambiental” de las aguas marinas europeas, mediante evaluaciones periódicas, seguimiento y programas de medidas. Sin embargo, el balance de los últimos años ha evidenciado una brecha persistente entre el objetivo político y la realidad ecológica: en distintas zonas marítimas europeas continúan las presiones sobre la biodiversidad y se mantienen problemas de contaminación, lo que ha llevado a Bruselas a plantear ajustes en la gobernanza y en la ejecución.

Según el planteamiento de la Comisión, la revisión pretende reforzar la tutela del medio marino —con normas más operativas y comparables entre regiones— y, a la vez, reducir cargas administrativas y mejorar la gestión y el uso de los datos. La idea de fondo es consolidar un sistema que permita medir mejor los avances, detectar con mayor rapidez las presiones y orientar medidas con efectos verificables, evitando duplicidades y burocracia que a menudo frenan la acción coordinada entre países.

Un debate que afecta a pesca, puertos y economía azul

La consulta llega en un momento en el que la UE intenta alinear sus políticas marinas con una visión más integrada: del control de la contaminación y la salud de los ecosistemas a la planificación de actividades económicas, la resiliencia y la seguridad alimentaria. En ese tablero, el sector pesquero mira con atención: las decisiones que se adopten en la revisión de la directiva pueden influir en el enfoque de seguimiento ambiental, en las medidas de reducción de presiones sobre hábitats y especies, y en la coordinación regional que condiciona tanto la protección de áreas sensibles como la gestión compatible de usos del mar.

La Comisión remarca que se trata de un proceso abierto y deliberadamente amplio, precisamente para incorporar la experiencia práctica de quienes trabajan en el mar —desde la ciencia a la economía azul— y para ajustar una norma que, pese a haber creado un marco común, no ha logrado consolidar resultados homogéneos en todas las cuencas. La MSFD es, además, un pilar que interactúa con otras piezas regulatorias y con estrategias comunitarias que buscan coherencia “de la fuente al mar”, un enfoque que Bruselas quiere reforzar en sus políticas ambientales.

Ventana abierta hasta marzo

El calendario marca ahora el paso: hasta el 9 de marzo de 2026, los actores interesados podrán enviar aportaciones a través del portal europeo de participación pública. La Comisión utilizará ese material para perfilar el contenido y el alcance de la revisión, con la intención de que el resultado final combine más efectividad ambiental con reglas más claras y aplicables, especialmente en lo relativo a evaluación, seguimiento y medidas de respuesta.

Para el debate marino europeo, la consulta es una oportunidad de aterrizar el discurso: menos declaraciones genéricas y más propuestas concretas sobre cómo medir mejor, coordinar mejor y actuar mejor. Porque, en última instancia, el desafío de la MSFD no es solo normativo: es de ejecución, de datos útiles y de decisiones que se traduzcan en un mar más resiliente sin estrangular la actividad legítima que depende de él.

El análisis del experto César Augusto Lerena alerta de que la rebaja de aranceles a merluza, calamar o langostino puede chocar con cuotas, medidas sanitarias y cláusulas de precaución que permitirían frenar importaciones.

El Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Mercosur vuelve a agitar el debate político y productivo, con la pesca como uno de los sectores que podría verse beneficiado por la reducción de aranceles, pero también condicionado por un entramado de salvaguardas y requisitos ambientales y sanitarios. Así lo plantea el Dr. César Augusto Lerena en un análisis publicado el 19 de diciembre, en el que resume los posibles efectos del pacto sobre las exportaciones pesqueras del Cono Sur y cuestiona el equilibrio real del intercambio.

La discusión se produce en un clima de contestación social en Europa. Agricultores y ganaderos se manifestaron en Bruselas con protestas y cortes de tráfico, temiendo la entrada de productos sudamericanos en un mercado fuertemente protegido. Para Lerena, esa reacción refleja “un modelo agropecuario europeo agotado” que se sostiene mediante políticas de defensa comercial, mientras exige garantías para evitar una “invasión” de importaciones.

Dos textos y un calendario largo

Según el análisis, el acuerdo se articula en dos piezas: un marco político y de cooperación (UE-Mercosur) y un texto comercial interino de aplicación provisional. La letra pequeña importa: la creación de una zona de libre comercio sería gradual, con transiciones de hasta 10-15 años en sectores sensibles, y con herramientas de protección activables por la UE. Además, la ratificación completa podría prolongarse, al requerir el aval del Parlamento Europeo y de una mayoría de Estados miembros.

En paralelo, Lerena subraya la división interna en la UE: Francia, Italia, Hungría y Polonia se oponen, mientras España, Alemania y países nórdicos lo ven como una palanca geopolítica para compensar tensiones con Estados Unidos y China.

La pesca: rebajas arancelarias con freno de mano

En el capítulo estrictamente pesquero, el texto apunta a rebajas arancelarias relevantes:

• Pescado congelado (por ejemplo, merluza): caída del arancel desde el entorno del 7-10% hasta el 0% inmediato, según la lectura del autor.
• Calamares: reducción también al 0% inmediata.
• Langostino: el producto “estrella” argentino, con aranceles en torno al 12%, bajaría a 0% en 3-5 años, un plazo que el análisis considera demasiado largo en un mercado muy competitivo.

El problema, advierte Lerena, es que la apertura preferencial no sería irrestricta: estaría “sujeta a contingentes” (cuotas arancelarias preferenciales) y a “salvaguardas” que permitirían suspender temporalmente importaciones si la UE alegase perjuicio grave a sus productores. Esa combinación —cuotas, periodos de transición y mecanismos de defensa— introduciría incertidumbre en la planificación empresarial y en la expectativa de crecimiento exportador.

Precaución sanitaria y “barreras” encubiertas

Otro foco de alerta está en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. El análisis considera asumible la armonización de estándares, pero ve un riesgo en el uso del principio de precaución, que podría justificar restricciones sin evidencia concluyente, abriendo la puerta a barreras para-arancelarias.

En esa línea, Lerena propone reforzar la certificación pública de organismos como INIDEP y SENASA para evitar que exigencias adicionales se conviertan en un argumento técnico que active salvaguardas o bloqueos.

Sostenibilidad, “cero deforestación” e indicaciones geográficas

El acuerdo incorpora capítulos de sostenibilidad alineados con el Acuerdo de París, con referencias a biodiversidad, transición verde y derechos indígenas. Sin embargo, el análisis cuestiona si habrá instrumentos financieros que acompañen a los países de Mercosur en esa adaptación, y reclama claridad sobre el alcance del objetivo de “cero deforestación” hacia 2030 y sobre el uso de contramedidas “proporcionales” si una parte considera que se le vacían los beneficios del pacto.

En paralelo, el texto comercial reconocerá centenares de indicaciones geográficas europeas con protección reforzada. Para Lerena, Mercosur debería fortalecer también denominaciones propias y, en pesca, corregir prácticas que —según denuncia— inducen a error al consumidor europeo en el etiquetado de capturas vinculadas a Malvinas.

Más valor añadido… si cambia el marco interno

Lerena plantea que el acuerdo solo será una oportunidad real para la pesca si impulsa más valor añadido exportado (no solo materia prima para transformar en Europa) y si se corrigen elementos internos como las retenciones a la exportación en Argentina. Con ese giro —sostiene— el sector podría aspirar a elevar ingresos y ampliar mercado, siempre que no quede atrapado por la combinación de cuotas y salvaguardas.

El análisis añade, además, dos advertencias políticas y estratégicas: el impacto de permitir importaciones de buques desde la UE en países con industria naval propia, y el encaje de normativas que extenderían a terceros (como el Reino Unido) los mejores beneficios concedidos.

Un debate abierto

Con la agricultura europea en pie de protesta y la UE buscando reforzar su autonomía estratégica, el acuerdo UE-Mercosur sigue avanzando entre intereses cruzados. En pesca, el mensaje del análisis es claro: la rebaja arancelaria puede ser una palanca, pero el resultado dependerá de cómo se apliquen las salvaguardas, de la interpretación del “principio de precaución”, del diseño de cuotas y del margen que tengan los países del Mercosur para competir con producto transformado y trazabilidad robusta, sin que la letra pequeña convierta la promesa comercial en un beneficio reversible

La Consellería do Mar presenta en el Igafa (A Illa de Arousa) los avances de una red con más de una docena de proyectos de investigación aplicada y 1,95 millones de euros en 2025

La Conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió este 18 de diciembre de 2025 en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) la presentación de resultados de Redemar 2025, una red de colaboración científico-técnica impulsada por la Xunta para analizar el estado de las rías y trasladar mejoras prácticas a la flota, el marisqueo y el litoral gallego. La jornada se planteó como escaparate de los avances alcanzados y, a la vez, como punto de encuentro para reforzar la transferencia de conocimiento entre investigadores y profesionales del mar.

Villaverde defendió que el futuro del mar gallego “depende más que nunca” de unir conocimiento científico y experiencia del sector, con un objetivo doble: anticiparse a los retos que afectan a la actividad y sostener las decisiones de gestión en datos fiables. En su intervención subrayó que Redemar busca que los resultados se traduzcan en beneficios concretos para mariscadoras, pescadores y empresas de la cadena mar-industria, en un contexto de presiones crecientes sobre recursos, hábitats y rentabilidad.

Inversión al alza: 1,95 millones en 2025 y 2,4 millones en 2026

La Consellería encuadró Redemar dentro de su apuesta por la investigación aplicada como herramienta de gestión. Según los datos aportados, el programa moviliza 1,95 millones de euros en 2025, con previsión de elevar la dotación a 2,4 millones en 2026 y acercarse a tres millones hasta 2027. Los fondos se canalizan a través de más de una docena de proyectos en los que colaboran universidades gallegas, centros científicos, organismos autonómicos y entidades del propio sector.

El planteamiento, remarcó Villaverde, es consolidar un modelo en el que la gobernanza de las rías combine evidencia científica y decisiones compartidas, con capacidad real de respuesta ante cambios rápidos: desde episodios ambientales extremos a nuevas exigencias normativas.

De la restauración de bancos a la respuesta ante invasoras

El balance presentado sitúa el foco en líneas de trabajo directamente vinculadas a la productividad y la sostenibilidad. Entre las acciones destacadas figuran proyectos orientados a mejorar la gestión y la productividad de los recursos marinos, la restauración de bancos naturales y la recuperación de hábitats, así como iniciativas para la respuesta frente a especies invasoras y depredadoras, uno de los frentes que más inquieta a las actividades extractivas en determinadas zonas.

Redemar también avanza —según la Consellería— en ámbitos como la monitorización ambiental costera en tiempo real, la adaptación al cambio climático y la preparación ante nuevos marcos regulatorios, aspectos que ganan peso en un litoral donde la variabilidad ambiental y las obligaciones de control condicionan cada vez más la planificación de campañas y la estabilidad de las producciones.

“Decisiones mejor informadas” para proteger empleo y biodiversidad

La titular de Mar defendió que la red permite “tomar decisiones mejor informadas” y fortalecer el futuro de la actividad económica ligada al mar, con un enfoque que busca proteger empleo, recursos y biodiversidad. La jornada, además de presentar resultados, reforzó una de las líneas estratégicas de la Consellería: mejorar la transferencia de conocimiento y estrechar la colaboración cotidiana entre ciencia y profesionales, para que la investigación no se quede en el laboratorio y llegue a la gestión y al trabajo diario en el mar.

Con Redemar 2025, la Xunta vuelve a situar la cooperación científico-técnica como palanca para sostener la competitividad de la cadena mar-industria y, al mismo tiempo, avanzar hacia una gestión más fina y preventiva de las rías gallegas, en un escenario donde anticiparse puede ser la diferencia entre resistir o perder terreno.

Los consejos consultivos del Noroeste y del Mar del Norte responden al estudio de la Comisión y reclaman un sistema adaptativo, más realista para pesquerías mixtas, con flexibilidad de cuotas, apoyo a la selectividad y menos enfoque “solo” en control

Los Consejos Consultivos de Aguas Noroccidentales (NWWAC) y del Mar del Norte (NSAC) han remitido un dictamen conjunto en el que reclaman una reforma integral de la Obligación de Desembarque (Landing Obligation, LO) en el marco de la evaluación en curso de la Política Pesquera Común (PPC). El documento responde al estudio independiente encargado por la Comisión Europea sobre el funcionamiento de la LO, publicado el 16 de junio de 2025, y plantea un cambio de rumbo: centrar la política en evitar y minimizar las capturas no deseadas, más que en “gestionar” el descarte vía exigencias administrativas y control.

En su resumen ejecutivo, NWWAC y NSAC sostienen que la obligación de desembarque —tal y como está diseñada— no ha logrado los resultados esperados y ha generado cargas operativas y burocráticas para el sector, especialmente en pesquerías mixtas, donde la selectividad total “no es aún viable” en la práctica. Por ello, proponen evolucionar hacia un sistema adaptativo y basado en evidencias, construido “en estrecha cooperación con el sector pesquero”, que priorice medidas de evitación, mejora de artes y recopilación robusta de datos.

Uno de los mensajes más repetidos en el dictamen es la advertencia contra un enfoque excesivamente centrado en el cumplimiento y la inspección como única palanca de cambio. Los consejos consultivos consideran que el control es necesario, pero insuficiente si no se acompaña de incentivos, colaboración y soluciones realistas, y señalan que la implementación debe ser “más participativa y orientada a resultados”, apoyando innovación y confianza entre administración, ciencia y flota.

Flexibilidades, exenciones y “choke species”: el talón de Aquiles

El documento entra en uno de los nudos más sensibles: el riesgo de cierres prematuros por especies de “estrangulamiento” (choke species) en pesquerías mixtas. En este punto, NWWAC y NSAC piden mantener instrumentos que han funcionado como red de seguridad, entre ellos la bolsa de intercambio de cuotas para cubrir capturas accesorias inevitables y evitar parones de actividad, mientras se mantiene la prohibición de pesca dirigida sobre stocks con recomendación de captura cero.

Asimismo, reclaman:

• un uso más consistente de las flexibilidades de cuota,
• mayor claridad en las condiciones para desarrollar exenciones (de minimis y alta supervivencia),
• y una adaptación de TACs y de la lista de especies afectadas por la LO para reducir rigideces en pesquerías mixtas.

Frente a la idea de “recortar” exenciones para reforzar la LO, la posición de ambos consejos es clara: la dependencia creciente de exenciones refleja, a su juicio, ineficiencias del propio sistema, y en muchas pesquerías son un elemento de viabilidad más que una “puerta trasera”.

Dimensión social y económica: “la otra mitad” del debate

Otro eje del dictamen es la exigencia de incorporar de forma más explícita los costes sociales y económicos: tiempos de manipulación a bordo, almacenamiento, gestión de capturas no comercializables, impacto en jornadas y rentabilidad, además del contexto de renovación de flota y relevo generacional. Los consejos consultivos piden que cualquier reforma se diseñe teniendo en cuenta estos factores y que se reconozcan los esfuerzos ya realizados por la industria para mejorar la selectividad.

REM y el concepto de “alto riesgo de incumplimiento”

En materia de control, el dictamen no descarta la monitorización, pero reclama que la Comisión defina —junto a Estados miembros y EFCA— el concepto de “alto riesgo de incumplimiento” ligado a la obligación de desembarque para evitar interpretaciones dispares y falta de armonización entre países.

Financiar la transición: selectividad, innovación y energía

NWWAC y NSAC concluyen que la reforma debe apoyarse en financiación suficiente para innovación: artes selectivas, mejoras operativas en manipulación de capturas, proyectos piloto para reducción de capturas accesorias y, además, medidas relacionadas con descarbonización y eficiencia energética. También piden coherencia normativa con el Reglamento de Medidas Técnicas y más flexibilidad para que las innovaciones lleguen al mar sin quedar atascadas en rigideces regulatorias. NWWAC_NSAC_Advice_Landing-Oblig…

En definitiva, el mensaje conjunto de ambos consejos consultivos es que la Unión Europea encara una decisión de calado: mantener un marco que, según su diagnóstico, acumula fricciones y resultados limitados, o replantear la obligación de desembarque hacia un modelo más pragmático, regionalizado y centrado en prevenir el problema desde el inicio: que las capturas no deseadas entren en la red.

Armadores y cofradías alertan de que la rebaja de topes de xarda recortará días de costera y descargas en puertos como Avilés o Lastres, y exigen una postura más firme ante la presión pesquera de Feroe e Islandia

El anuncio de un nuevo ajuste a la baja en las posibilidades de pesca de verdel (xarda) ha abierto una brecha entre la flota asturiana y el Gobierno del Principado. El sector reprocha al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, haber “restado gravedad” al impacto real del recorte, en un escenario que los pescadores describen como especialmente delicado: menos cuota comunitaria, incertidumbre sobre el reparto efectivo en el Atlántico Nordeste y un reparto de esfuerzo que, temen, vuelve a castigar a quienes cumplen las reglas.

El malestar no se limita a una cuestión de números, sino a su traducción práctica: topes diarios más bajos, una campaña más corta y menos entrada de pescado en lonja, con el consiguiente golpe a la rentabilidad de una costera clave para muchos barcos de artes menores. En Asturias, insisten fuentes del sector, el verdel no es solo una especie “de transición” entre mareas: es el arranque de caja de la primavera y un termómetro para toda la cadena —puertos, comercialización y empleo indirecto—.

Marcos reconoció que el verdel llega con “un recorte importante” para el conjunto de países de la UE, aunque defendió que la afección “no es la misma” en todas las comunidades y que, por el tipo de flota regional, Asturias no sufriría un impacto tan directo como otras zonas más dependientes del arrastre o el cerco. El sector, sin embargo, rebate esa lectura: aunque el golpe sea desigual, la xarda es transversal y su recorte termina tensionando el reparto interno, los ritmos de descarga y el valor añadido en los puertos.

La sombra de Feroe e Islandia y un TAC por encima del consejo científico

A esa discusión interna se suma un factor que la propia Consejería citó como “preocupante”: qué ocurre fuera del paraguas comunitario. Y ahí, la foto internacional alimenta la inquietud. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) recomendó para 2026 un recorte drástico del 70% en la pesquería de caballa del Atlántico Nordeste, pero cuatro “partes costeras” (Reino Unido, Noruega, Islas Feroe e Islandia) han pactado un TAC de 299.010 toneladas, más de 100.000 toneladas por encima de la recomendación científica (174.357).

El acuerdo incluye además un reparto de cuotas entre esos cuatro actores y ajustes mediante intercambios de acceso a aguas, que alteran el porcentaje final neto asignado a cada uno. En el sector asturiano interpretan que este tipo de pactos —con la UE fuera de la mesa principal— debilita el mensaje de sostenibilidad y puede desembocar en una presión pesquera total superior a la aconsejada, prolongando el problema de fondo del stock.

“Hay cosas positivas, pero la xarda no se puede despachar”

El consejero trató de equilibrar el diagnóstico con elementos favorables: citó que el recorte inicialmente previsto para el abadejo se habría moderado, que especies relevantes para la comunidad se mantendrían, y que la anchoa registraría un incremento histórico. También apuntó a la expectativa de mejora futura ligada al reparto del aumento del atún rojo y a la reivindicación regional de obtener cuota propia.

La flota, sin embargo, reclama que esa “cara amable” no tape el núcleo del conflicto. “Hay asuntos positivos, sí, pero la xarda es una campaña estructural y cualquier recorte se nota en el muelle”, resumen representantes del sector, que piden al Principado más presión política y más coordinación con el Estado y otras autonomías para defender un reparto equilibrado, exigir control efectivo del esfuerzo total en el Atlántico Nordeste y evitar que los ajustes vuelvan a resolverse con topes que recortan actividad sin ofrecer alternativas claras.

En plena escalada de costes, con meteorología más adversa y márgenes cada vez más finos, la flota asturiana reclama una idea simple: si se pide sacrificio dentro, no puede tolerarse barra libre fuera. Y, en casa, exigen que el Gobierno regional no lo minimice.

Medio Rural invierte 781.367 euros en la modernización de la Cofradía de Pescadores de Luarca

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria invierte 781.367 euros en modernizar las instalaciones de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario de Luarca. Además, el Ejecutivo impulsa actuaciones en la red de caminos del concejo, inversiones forestales y medidas de prevención de incendios que, en conjunto, sobrepasan 1,3 millones.

El consejero, Marcelino Marcos, ha dado a conocer estos datos durante su visita a Valdés, donde ha subrayado el compromiso del Gobierno de Asturias con las infraestructuras que sostienen la actividad pesquera, agraria y forestal.

En la Cofradía, las principales inversiones se concentran en la lonja y en la operatividad del puerto. Destaca la obra de la nave portuaria, en ejecución, con una inversión de 445.678 euros. Además, este año se ha instalado una nueva grúa hidráulica por 44.724 euros, destinada a facilitar y agilizar las operaciones. Asimismo, se han consignado 14.278 euros para la redacción del proyecto de demolición y reconstrucción de la fábrica de hielo, cuya ejecución está prevista en 2026 con un presupuesto estimado de 150.000 euros. A estas mejoras se añaden 134.584 euros para la ampliación del espacio audiovisual polivalente y una subvención de 132.180 euros para su adecuación, con el objetivo de reforzar la capacidad de servicios y la comercialización.

El consejero también ha visitado las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Santiagu, en Valdés, con una inversión de 866.239 euros. La actuación finalizará en enero de 2026. Con esta intervención, son ya siete las concentraciones parcelarias en ejecución en el concejo, que se suman a las 19 ya finalizadas.

El vial de Setienes a Priedafita ha recibido en este ejercicio 72.479 euros, a la que se añadirán 279.866 euros el próximo año para finalizar la obra. Por su parte, el camino de La Candanosa se reparó con una inversión de 159.599 euros y ha quedado concluido este mismo año. En conjunto, estas tres actuaciones superan 1,3 millones.

La modernización de la Oficina para el Medio Rural de Luarca/L.luarca también forma parte del plan de mejoras de la consejería en el municipio. La consejería ha adjudicado las obras por 87.120 euros, con un plazo de ejecución de seis meses.

En materia forestal, el concejo ha recibido 325.517 euros a lo largo de este año. La inversión más relevante, de 282.727 euros, ha consistido en la repoblación de varios montes afectados por incendios. Además, se han llevado a cabo trabajos de limpieza de helechos por 24.470 euros y se ha acometido la repoblación con castaño en Campo Rebuloso con 42.790 euros.

La prevención de incendios forestales es una prioridad para el Gobierno de Asturias. En este capítulo, el Principado ha destinado 131.946 euros con cargo al Fondo de Infraestructuras Rurales y Prevención de Incendios. A estas partidas se suman 17.108 euros para la parroquia rural de Trevías y 16.641 euros para la de Barcia y Leiján, orientados al mismo fin.

El Parlamento Europeo ha dado un paso más en el debate sobre la transición energética de la pesca comunitaria al respaldar un informe que reclama planes de renovación de buques, más financiación y ajustes legislativos para acelerar la descarbonización de la flota sin dejar atrás a los segmentos más frágiles del sector. La iniciativa sitúa el objetivo de neutralidad climática en 2050 como horizonte ineludible y advierte de que el esfuerzo exigirá una “transición justa”, combinando modernización, innovación tecnológica y mejoras en las artes de pesca.

El documento parte de un diagnóstico conocido pero cada vez más apremiante: la descarbonización se está convirtiendo en un reto estructural para la pesca, especialmente para las pequeñas empresas y la flota artesanal, con menor músculo financiero para abordar inversiones y con márgenes muy estrechos ante el encarecimiento de la energía. En este marco, la Eurocámara defiende que la transición no puede limitarse a objetivos generales, sino que debe traducirse en instrumentos concretos y en un marco normativo que no bloquee la inversión.

Renovación, auditorías energéticas y más instrumentos financieros

Entre las principales propuestas, el Parlamento apuesta por esquemas de renovación de buques impulsados por la Comisión Europea y los Estados miembros, en cooperación con actores privados, como vía para dinamizar la modernización de una flota cuya edad media ronda las tres décadas. A la vez, reclama revisar la Política Pesquera Común (PPC) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA/EMFAF), al considerar que las normas actuales restringen severamente la financiación pública y privada destinada a ese salto tecnológico.

El informe plantea, además, que la Comisión explore instrumentos de financiación adicionales al FEMPA para sostener la transición energética del sector, y sitúa las auditorías energéticas de los buques como una herramienta clave para identificar mejoras de eficiencia, proponiendo que puedan desplegarse con apoyo del propio fondo comunitario. En paralelo, se menciona el potencial de tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar rutas de pesca y consumo energético, junto a la necesidad de un calendario de descarbonización por fases, apoyado en el mejor conocimiento científico y los datos disponibles.

Artes más selectivas y puertos preparados para la transición

La Eurocámara vincula la descarbonización no solo al motor o al combustible, sino también a la innovación en artes y técnicas de pesca, con un mensaje nítido: la eficiencia energética debe ir de la mano de mayor selectividad y menor impacto sobre hábitats marinos. El informe pide a la Comisión inversiones orientadas a mejorar la selectividad de los aparejos, reducir capturas no deseadas y prevenir la captura de juveniles, al tiempo que reclama avances en infraestructura portuaria y en la actualización de los buques para garantizar seguridad y condiciones laborales adecuadas a bordo.

El ponente del informe, el eurodiputado Ton Diepeveen, defendió que la propuesta busca un enfoque práctico: reducir barreras a la inversión, estimular la innovación y reforzar la certidumbre para el sector, con la vista puesta también en el relevo generacional.

Contexto: emisiones bajas, dependencia de importaciones y cambio climático

El debate llega en un momento en que Bruselas insiste en el objetivo climático de 2050, mientras el propio sector afronta impactos crecientes del cambio climático, desde episodios de meteorología adversa hasta migraciones de stocks por el calentamiento del mar. El informe recuerda además una paradoja estratégica: aunque la flota europea ha reducido emisiones y su peso en el total mundial es muy bajo, la UE importa más del 70% del marisco y pescado que consume, lo que reabre el debate sobre autonomía alimentaria y resiliencia de la producción propia.

A partir de ahora, el foco se desplaza a la Comisión y a los Estados miembros: convertir el mensaje político del Parlamento en cambios normativos, reglas de financiación y programas capaces de aterrizar la transición energética en los muelles, especialmente allí donde la modernización es más costosa y la rentabilidad, más vulnerable.