Un estudio de la Diputación cifra en 966 millones el Valor Añadido Bruto del macrosector, 17.400 empleos y 209 empresas vinculadas al mar, con una base cada vez más innovadora en puertos, energía offshore, pesca, logística y reparación naval.

La Economía Azul ha dejado de ser en Bizkaia una suma dispersa de actividades ligadas al mar para consolidarse como un auténtico macrosector con peso propio en la estructura productiva del territorio. El “Estudio-diagnóstico sobre el posicionamiento de Bizkaia en el ámbito de la Economía Azul”, presentado por la Diputación Foral, concluye que este ecosistema genera 966 millones de euros de Valor Añadido Bruto, equivalentes al 2,5% del VAB total del territorio, y sostiene 17.400 empleos a jornada completa, el 3,3% del empleo total. La fotografía es aún más significativa porque el informe subraya que el peso relativo de Bizkaia en este ámbito se sitúa por encima del conjunto estatal y europeo.

El dato más revelador del informe es quizá el perfil de esa economía azul vizcaína. A diferencia de otros espacios costeros donde predomina el turismo, Bizkaia presenta una estructura marcadamente industrial, logística y tecnológica. El transporte marítimo concentra el 44% del VAB azul; las actividades portuarias, el 18%; el turismo costero, el 11%; los recursos marinos vivos, el 10%; las energías renovables marinas, otro 11%; y la construcción y reparación naval, el 8%. Esa composición confirma que el litoral vizcaíno no solo mira al mar como recurso paisajístico o recreativo, sino como plataforma de actividad avanzada, cadenas de valor industriales y servicios de alto contenido tecnológico.

El tejido empresarial también da cuenta de esa densidad productiva. El estudio identifica 209 empresas cuya actividad está vinculada al 100% con la Economía Azul, siguiendo la metodología de ponderación de la Comisión Europea. Por número de compañías destacan las actividades portuarias, el transporte marítimo y la construcción y reparación naval, mientras que 28 firmas sobresalen por su capacidad tractora en inversión, internacionalización, innovación y desarrollo de proyectos. Esa combinación de empresas tractoras y pymes especializadas es una de las claves que explican la fortaleza competitiva de Bizkaia dentro del conjunto vasco.

El informe añade un segundo elemento especialmente relevante para el lector de Europa Azul: la creciente intensidad innovadora del ecosistema. Entre 2021 y 2023, Bizkaia movilizó 40 millones de euros en I+D vinculada a la Economía Azul, el 52% del total vasco. Solo en 2023, el gasto en innovación azul alcanzó 17,7 millones, con una concentración muy clara en energías renovables marinas, que absorbieron el 43% del esfuerzo inversor, seguidas por las infraestructuras portuarias. El mensaje de fondo es nítido: la ventaja competitiva del territorio no reside únicamente en su tradición marítima, sino en su capacidad para conectar puerto, industria, digitalización, transición energética y conocimiento aplicado.

La geografía interna de esta Economía Azul también ofrece una lectura de gran interés estratégico. Bilbao y su entorno metropolitano concentran el mayor volumen absoluto de valor añadido por el llamado “efecto puerto”, la capitalidad y el peso del transporte marítimo y la logística. Pero, en términos relativos, son Busturialdea y Lea-Artibai las comarcas donde la economía azul tiene una presencia más intensa sobre la estructura local. Busturialdea se apoya en Bermeo, AZTI, BTWC y una potente cadena del atún; Lea-Artibai refuerza su perfil con Ondarroa, la lonja, el polígono acuícola, Arrantza Eskola y Leartiker. Ezkerraldea se articula en torno al Puerto de Bilbao, la electrificación de muelles y el ecosistema de Bilbao PortLab, mientras que Eskuinaldea y Uribe Kosta aparecen asociadas a náutica, movilidad marítima sostenible, BIMEP, DEMOSATH y la proyección de las energías offshore y la biotecnología marina.

Más allá del diagnóstico, el documento tiene un claro carácter propositivo. La Diputación y los agentes implicados plantean articular un Bizkaia Blue Innovation Hub con nodos a lo largo del eje litoral, concebido como palanca para transformar sectores maduros y acelerar actividades emergentes. Entre las oportunidades identificadas figuran la promoción de un polo de acuicultura en la costa vizcaína, el aprovechamiento de la transformación del puerto de Bermeo para atraer nuevas actividades logísticas y marítimas, el impulso a la industria náutica y al green shipping, el desarrollo de pruebas avanzadas con robótica y drones marinos, la descarbonización de las operaciones portuarias y la digitalización de toda la cadena pesquero-industrial, desde la lonja hasta la comercialización.

Esa agenda encaja plenamente con la evolución que vive hoy la economía marítima europea. Bizkaia no aparece en el estudio como un territorio que parta de cero, sino como un nodo ya consolidado que debe dar el salto desde la suma de fortalezas sectoriales a una estrategia azul integrada. El reto será convertir su potencia portuaria, su músculo industrial, su base científico-tecnológica y su tradición pesquera en una propuesta conjunta capaz de atraer inversión, talento y proyectos de nueva generación. La cifra de 966 millones de euros ilustra el presente; la verdadera cuestión es si Bizkaia será capaz de transformar esa base en un liderazgo estable en la nueva economía marítima atlántica.

ETF y las patronales Seafood Europe, Europêche, EAPO y FEAP reclaman que el próximo marco financiero 2028-2034 garantice, como mínimo, el mismo nivel de asignación que el actual y que se reserve una dotación específica para la pesca y la acuicultura.

Las principales organizaciones representativas de la pesca y la transformación en la Unión Europea han lanzado un aviso conjunto ante las primeras discusiones del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. La Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y las patronales Seafood Europe, Europêche, EAPO y FEAP han advertido de las consecuencias que tendría un eventual recorte del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

En un posicionamiento conjunto, las entidades reclaman que la pesca y la acuicultura cuenten con una asignación específica y diferenciada, al menos equivalente a la del periodo actual, y alertan de que una reducción presupuestaria comprometería tanto la competitividad del sector como la sostenibilidad social y ambiental de las comunidades costeras.

Un fondo estratégico para la transición y la soberanía alimentaria

El FEMPA, vigente en el actual marco 2021-2027, ha sido el principal instrumento financiero para apoyar la modernización de la flota, la mejora de la seguridad a bordo, la innovación tecnológica, la transición energética, la trazabilidad y el relevo generacional en la pesca europea.

Las organizaciones firmantes subrayan que el sector se encuentra en un momento crítico, marcado por la descarbonización, la adaptación a nuevas exigencias regulatorias —incluidas las derivadas del Pacto Verde Europeo— y la creciente competencia de productos importados de terceros países con estándares más laxos.

En este contexto, recortar el fondo supondría, según advierten, debilitar la capacidad de adaptación del sector europeo, aumentar su dependencia exterior y poner en riesgo miles de empleos directos e indirectos en zonas costeras y rurales.

Impacto social y empleo

La ETF ha puesto el acento en la dimensión laboral, recordando que la pesca y la acuicultura generan empleo cualificado en regiones donde las alternativas económicas son limitadas. El fondo no solo financia inversiones materiales, sino también formación, mejora de condiciones laborales y medidas de seguridad.

Desde el punto de vista empresarial, Seafood Europe, Europêche, EAPO y FEAP insisten en que el mantenimiento de una dotación suficiente es clave para garantizar la viabilidad económica de la cadena de valor —desde la captura hasta la transformación— y evitar un desplazamiento de actividad fuera de la UE.

Transición energética y modernización

Uno de los argumentos centrales del sector es que el nuevo periodo presupuestario coincidirá con la fase más exigente de la transición energética en la pesca europea. La renovación de motores, la mejora de eficiencia, la digitalización o la incorporación de combustibles alternativos requieren inversiones considerables.

Sin un respaldo financiero sólido, sostienen las organizaciones, la transición podría quedar frenada o recaer desproporcionadamente sobre empresas de pequeña y mediana dimensión, que constituyen el grueso del tejido pesquero europeo.

Llamamiento a Bruselas

Ante las negociaciones que se avecinan en Bruselas sobre el diseño del próximo MFP, las entidades piden que la pesca y la acuicultura no queden diluidas en instrumentos financieros más amplios sin una línea presupuestaria claramente identificada.

El mensaje es nítido: el sector pesquero europeo necesita certeza financiera a largo plazo para cumplir con los objetivos ambientales, sociales y económicos que la propia Unión Europea exige.

Claves

• Las organizaciones sectoriales piden mantener como mínimo el nivel actual de financiación del FEMPA en 2028-2034.
• Reclaman una asignación específica para la pesca y la acuicultura, no integrada de forma difusa en otros fondos.
• El fondo es esencial para empleo, seguridad, relevo generacional y condiciones laborales.
• La transición energética y la modernización tecnológica dependen de un respaldo financiero estable.

El debate presupuestario europeo vuelve a situar a la pesca ante un cruce de caminos: sin un FEMPA fuerte, advierte el sector, la sostenibilidad podría convertirse en una exigencia sin herramientas suficientes para cumplirla.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, puso en valor las actuaciones realizadas en la lonja de Laxe, entre las que se incluyen la mejora de los equipamientos de la fábrica de hielo y la sustitución de los accesos a las instalaciones, con una inversión conjunta superior a los 120.000 euros. Unas acciones que contribuyen a incrementar el valor añadido del producto pesquero local y a garantizar un funcionamiento más moderno y sostenible de las infraestructuras portuarias, especialmente relevantes para la pesca artesanal de la Costa da Morte.

Así lo manifestó la responsable autonómica en su visita a la lonja de Laxe para conocer de primera mano los proyectos de mejora y modernización de equipamientos pesqueros ejecutados en este puerto al amparo de las ayudas autonómicas cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), así como para asistir a la subasta posterior del producto desembarcado por la flota local. Unos trabajos orientados a reforzar la eficiencia, la seguridad y la calidad de los procesos vinculados a la primera venta del pescado, así como a mejorar las condiciones de trabajo de las personas profesionales del sector.

Marta Villaverde recordó que estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Xunta para fortalecer el sistema portuario pesquero gallego, a través de una línea específica de ayudas destinada a la mejora de equipamientos colectivos en puertos y lonjas. En este sentido, indicó que el Gobierno gallego ejecutó entre 2018 y 2025 cerca de 400 actuaciones por un importe global de 26 millones de euros, en el marco del Plan de Equipamientos Portuarios de Galicia 2030.

Asimismo, destacó que la convocatoria correspondiente a 2026 cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, destinada a apoyar proyectos promovidos por cofradías, organizaciones de productores y otras entidades del sector, con el objetivo de avanzar en la modernización de las infraestructuras pesqueras, mejorar la trazabilidad y la calidad del producto y reforzar la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático de los puertos gallegos.

La titular de Mar también mantuvo un encuentro con representantes de la Confraría de Pescadores “Santa María da Atalaia” de Laxe, para analizar la situación actual de la pesca artesanal en la zona y los principales retos de futuro del sector.

La flota de bajura del País Vasco y Cantabria ha comenzado la campaña de verdel (caballa, xarda, rincha) con capturas de sardina. El verdel se ha escondido de los caladeros y havrá que esperarle hasta que asome por la superficie. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Secretaría General de Pesca, publicó las resoluciones que abren la pesquería dirigida para los buques de “otras artes” (distintas al arrastre y al cerco) y fijan la cuota adaptada de 2026 en dos bloques clave del Cantábrico: Gipuzkoa–Bizkaia y Cantabria.

El cupo asignado a la flota de otras artes con puerto base en Gipuzkoa y Bizkaia asciende a 1.359.953 kilos, de los que 1.354.953 se reservan para pesca dirigida y 5.000 para pesca accesoria. En Cantabria, la cuota adaptada se fija en 792.190 kilos, con 787.890 para pesca dirigida y 5.000 para accesoria. En el caso cántabro, la resolución explicita además que los buques podrán realizar la pesca dirigida “con cualquier arte de pesca que tengan autorizado” dentro de esa modalidad (siempre fuera del arrastre y el cerco).

Bolsas comunes y reparto: vuelven los criterios de 2015

La campaña se articula, como en ejercicios anteriores, bajo los criterios de reparto del plan de gestión que el sector conoce desde 2015: la cuota de caballa para la flota que no es arrastre ni cerco se distribuye en bolsas comunes por provincias dentro del Cantábrico-noroeste. En ese esquema, las participaciones son: Bizkaia (29,714%), Gipuzkoa (12,347%) y Cantabria (25,745%), a las que se suman Asturias (14,737%), A Coruña (6,899%), Lugo (5,789%) y Pontevedra (4,769%).

Ese reparto explica por qué el arranque efectivo puede variar en el noroeste: mientras Cantabria, Bizkaia y Gipuzkoa tienen ya calendario oficial de apertura, en Asturias y las provincias gallegas el inicio práctico suele depender de la decisión de sus organizaciones y federaciones, del pulso del recurso y de la estrategia para que el cupo rinda. (En los últimos años, además, la disponibilidad real del verdel ha condicionado mucho más que el BOE).

Menos cuota por el tijeretazo del 70%… y una gestión “a la vista del consumo”

El telón de fondo es conocido en el sector: la Unión Europea ha aplicado una reducción del 70% en línea con el asesoramiento científico para esta pesquería, lo que ha comprimido las posibilidades de captura y ha trasladado presión a cada decisión de gestión.

A esa incertidumbre se suma un elemento técnico: el TAC de caballa (MAC/8C3411) se ha fijado de forma provisional en el reglamento europeo, con un límite inicial equivalente al 90% de lo recomendado por el ICES, a la espera de un acuerdo definitivo con los Estados costeros; de hecho, para la UE se fija una cantidad provisional hasta el 30 de junio de 2026.

Con ese marco, el Ministerio ha optado por abrir la campaña en otras artes con una regla clara: no hay topes diarios de salida en la resolución, pero sí una advertencia explícita. La Secretaría General de Pesca podrá pautar el consumo “como el establecimiento de topes de captura y el cierre preventivo”, y si la pesquería “no se desarrolla de manera adecuada”, se valorarán “medidas de gestión oportunas”, siempre con el sector escuchado.

El mensaje, en la práctica, es el de una campaña abierta pero vigilada, en la que la administración se reserva margen para actuar si el consumo se dispara o si la dinámica de la costera genera efectos indeseados (cierres anticipados, tensiones entre flotas o desajustes en lonja).

El “tablero completo” del Cantábrico: arrastre y cerco también tienen ya sus números

La fotografía de 2026 no se entiende sin el resto de modalidades. En el mismo paquete de resoluciones, el BOE recoge que el arrastre de fondo en Cantábrico y Noroeste cuenta con una cuota definitiva de 2.924.284 kilos de caballa (MAC/8C3411), mientras que la modalidad de cerco dispone de 3.248.857 kilos para ese mismo stock.

A ello se suma el reparto para la flota de altura del Atlántico (Gran Sol / “flota de los 300”), que recibe una cuota adaptada de 1.275,75 toneladas de caballa norte (MAC/2CX14) y opera con límite de 10.000 kg por buque y día, según la resolución específica de ordenación de esa pesquería.

En conjunto, el MAPA ha venido defendiendo que la “cuota adaptada” española incorpora mecanismos como la flexibilidad interanual y otros ajustes para amortiguar el golpe del recorte, aunque el sector insiste en que la magnitud del descenso se notará igualmente en el agua y en la cuenta de resultados.

Una costera que llega con retraso operativo… tras un 2025 marcado por la escasez

La campaña de 2026 llega, además, después de un 2025 atípico en varios puertos, con una costera que muchos calificaron de “frustrante” por la falta de presencia del verdel y capturas muy por debajo de lo esperado. En Cantabria, por ejemplo, se habló de un nivel de pesca muy bajo respecto a la cuota disponible y de la necesidad de abrir con garantías para evitar un cierre en falso.

Por eso, aunque la apertura administrativa ya está fijada (a las 00:00 del día siguiente a la publicación en el BOE), en el muelle la conversación gira alrededor de cuándo habrá verdel “a tiro”, cómo escalonar las salidas y qué hacer si la costera vuelve a comportarse con irregularidad.

El reto: rentabilizar menos kilos en un mercado que mira al precio

En este contexto, las cofradías y organizaciones de productores vuelven a poner el foco en un punto que se repite campaña tras campaña: con menos kilos disponibles, cada decisión cuenta, desde la coordinación de salidas hasta la estrategia de comercialización. El verdel es una especie clave para muchas economías de bajura —por volumen, por calendario y por capacidad de “hacer caja” temprano—, y el ajuste del TAC obliga a exprimir más que nunca la valorización en primera venta.

La semana que viene, si el mar y el recurso acompañan, empezará la prueba real: una costera de verdel con menos margen, más vigilancia y la sensación compartida de que la gestión —y no solo la biología— decidirá buena parte del resultado.