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viernes, enero 23, 2026
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La huella ballenera, el atlas del norte que convierte la costa en archivo

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Àlex Aguilar y Max Aguilar recorren atalayas, hornos y factorías para rescatar una memoria incómoda

Los Aguilar cartografían la caza de ballenas en el norte y reabren su memoria.

Sobre el azul furioso del Cantábrico se eleva un chorro blanco. Dura un segundo, apenas el tiempo necesario para que un atalayero lo vea y active la vieja coreografía de la costa: humo en lo alto, campanas que repican “a ballena”, chalupas que se empujan mar adentro. Durante siglos, ese soplo fue la señal de salida de una industria completa, una economía de litoral que unía técnica, riesgo y recompensa. Hoy, en cambio, aquel sonido se ha transformado en otra cosa: páginas, fotografías, coordenadas y ruinas.

Ese es el territorio que explora La huella ballenera en el norte de la península ibérica, el libro firmado por el biólogo y experto en cetáceos Àlex Aguilar y el fotógrafo Max Aguilar. No se trata de una epopeya marinera ni de una pieza nostálgica: es, sobre todo, un inventario con pulso de reportaje. Un atlas que propone mirar el paisaje como quien lee un archivo: buscar lo que queda —y entender lo que significó— de una actividad que marcó durante casi mil años el Cantábrico y el Atlántico norte.

El método es sencillo y exigente: caminar y documentar. Los autores señalan atalayas derruidas en cabos que aún conservan su lógica de vigilancia; “casas de ballenas” donde se rendía la grasa en hornos y calderas; rampas de izado; naves de despiece; factorías hoy deshabitadas que todavía parecen respirar metal y sal. Y al mismo tiempo ponen nombres a esa geografía: Balea, Caneliñas, Orio, Bueu, Vigo… lugares donde el litoral fue industria antes de ser paisaje.

La tesis de fondo incomoda porque desmonta un tópico. Existe la idea extendida de que los grandes países balleneros fueron los del norte de Europa y América. Aguilar, en cambio, sostiene que España tuvo uno de los registros históricos más largos y continuados de pesca de ballenas. No como anécdota, sino como sistema: con documentos desde el siglo XI y con una actividad organizada que se prolonga, con cambios de escala y tecnología, hasta 1985. En el libro, esa continuidad no se presenta como orgullo, sino como evidencia: una historia densa, poco contada y, en muchos tramos, dura.

En la base de esa primera ballenería está la ballena franca, la “buena” para cazar. Era costera, relativamente lenta y —detalle decisivo— flotaba tras morir, lo que hacía posible arrastrarla con medios rudimentarios desde lanchas pequeñas. Aquella ventaja biológica facilitó el nacimiento de un oficio… y también anticipó su tragedia. La ballena franca soportó siglos de presión y terminó desapareciendo de las costas europeas. La huella de ese vacío funciona hoy como una lección de economía extractiva: cuando un recurso parece inagotable, la tecnología y el mercado suelen ir por delante de los límites del ecosistema.

Los Aguilar cartografían la caza de ballenas en el norte y reabren su memoria.

El libro cuenta después el desplazamiento. Cuando las ballenas escasearon en el entorno, la pesca se internacionalizó. Los balleneros vascos ampliaron rutas hacia Noruega e Islandia, y más allá; más tarde llegarían holandeses y británicos; el siglo XIX vería el dominio estadounidense; y ya en el XX, la tecnología noruega impulsaría la caza moderna y, con ella, el regreso de la industria ballenera a la Península con nuevas especies objetivo, como cachalotes y rorcuales. La costa, de nuevo, se adaptó: arpones-cañón, vapor, cadenas de frío, despiece industrial. El animal dejó de ser solo captura para convertirse en materia prima.

Ahí entra uno de los núcleos emocionales del atlas: las factorías gallegas. Caneliñas, en la Costa da Morte, aparece como el último capítulo de una historia larga. El 21 de octubre de 1985 se despiezó allí la última ballena cazada en España: una hembra de rorcual común de 17,70 metros. Un año después comenzaba la moratoria comercial internacional que aún marca la era contemporánea. El ciclo industrial europeo se apagó y España cerró su página ballenera. Pero el libro recuerda que la memoria no se cierra: se transforma en ruina, patrimonio y debate público.

Las fotografías de Max Aguilar aportan una textura que no necesita adjetivos. El lector entra en naves donde se adivina la cadena de trabajo, ve rampas de izado, estructuras que resistieron temporales, hormigón y óxido frente al aluminio del mar. Balea, en Cangas do Morrazo, aparece como un esqueleto industrial que pide interpretación: no basta con conservarlo, hay que contar qué fue. La propuesta —implícita y explícita— es musealizar sin edulcorar. Convertir el rastro en conocimiento, sin ocultar el coste ecológico y moral de aquella industria.

Algunas piezas de esa memoria ya están protegidas y expuestas. El libro señala museos que han trabajado el tema y colecciones que convierten a la ballena en pregunta, no en trofeo. En Donostia, el Aquarium conserva un esqueleto emblemático que ayuda a dimensionar el animal y el impacto de su ausencia. La costa se presenta así como un mapa de puntos dispersos que necesitan un relato común: no solo local, también atlántico.

La crónica se abre, además, a curiosidades que iluminan la dimensión cultural del fenómeno: el pidgin vasco-islandés, nacido como lengua puente para comerciar y entenderse; episodios de conflicto y violencia en Islandia en el siglo XVII; la presencia de la ballena en la toponimia, en escudos y en símbolos. La caza de ballenas, sugiere el libro, fue también un motor temprano de globalización marítima: movía barcos, contratos, mercancías y personas.

Para EUROPA AZUL el interés es doble. Por un lado, patrimonio: cómo contamos la historia marítima sin convertirla en postal. Por otro, gobernanza: qué aprendemos de los ciclos extractivos cuando hoy hablamos de transición energética, economía circular, descarbonización portuaria o nuevas actividades oceánicas. La memoria ballenera no es solo marítima: es energética. La grasa iluminó ciudades y alimentó industrias; la cadena de valor fue real y poderosa; el límite ecológico también lo fue. Entender esa ecuación ayuda a no repetirla con otros “recursos” del mar.

La huella ballenera propone, en última instancia, un método: mirar el paisaje y leerlo. Encontrar una atalaya y entender su función. Ver una nave derruida y reconstruir su cadena de trabajo. Aceptar que el mar también tiene ruinas, aunque las olas parezcan borrarlo todo. Y escuchar, detrás del oleaje, el eco de aquellas campanas “a ballena”, no para celebrarlas, sino para decidir qué hacemos hoy con la herencia del mayor animal del mundo.

Uhinak gira hacia el territorio: los ayuntamientos entran en primera línea del debate climático costero

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El congreso promovido por Ficoba y AZTI celebrará su 7ª edición el 8 y 9 de octubre de 2026 en Irún

FICOBA volverá a convertirse en punto de encuentro del litoral atlántico cuando Uhinak, el Congreso Internacional de Cambio Climático y Litoral, celebre su séptima edición los días 8 y 9 de octubre de 2026 en Irún. La cita, promovida por el propio recinto ferial y el centro tecnológico AZTI, consolida su perfil como foro donde se sientan en la misma mesa ciencia, administración y empresa, con un objetivo que ya no admite rodeos: pasar de la diagnosis a la respuesta.

Uhinak llega a 2026 con un lema de fondo que se cuela en todas las agendas costeras: la emergencia climática ya no es un horizonte, es una gestión diaria. Temporales más intensos, erosión, inundaciones y presión sobre infraestructuras y playas empujan a los responsables públicos a decisiones incómodas: qué proteger, cómo, con qué plazos y bajo qué criterios. En ese contexto, el congreso da un paso significativo en su evolución y lo hace con una novedad que marca un cambio de tono: dos mesas redondas específicas dirigidas a ayuntamientos y municipios, programadas en la segunda jornada.

La apuesta tiene lectura política y técnica. Política, porque reconoce que la adaptación al cambio climático se decide muchas veces a escala local: ordenanzas, usos de suelo, paseos marítimos, saneamiento, drenajes, equipamientos y planes de emergencia. Técnica, porque los municipios son, a menudo, quienes primero detectan el impacto y quienes cargan con la presión vecinal cuando el mar entra, el paseo se agrieta o una regata se desborda. Uhinak quiere darles espacio propio, no como público invitado, sino como actor central para compartir experiencias reales y actuaciones ya implementadas en distintos territorios costeros.

El giro municipal también refuerza el carácter aplicado que la organización subraya para esta edición: intercambiar aprendizajes replicables, comparar modelos de intervención —desde soluciones “grises” hasta enfoques basados en naturaleza— y discutir qué funciona, qué fracasa y por qué. El objetivo declarado es mejorar la utilidad del congreso para la toma de decisiones, un lenguaje que en 2026 suena menos académico y más urgente.

Call for abstracts: de la idea al programa

La maquinaria del congreso ya está en marcha. El comité técnico ha confirmado que el call for abstracts se abrió el 11 de enero de 2026 y cerrará el 21 de abril de 2026, invitando a comunidad investigadora, administraciones y empresas a presentar propuestas alineadas con los retos actuales del litoral. Es una llamada que busca llenar el programa de casos, datos y soluciones con vocación de aterrizaje: menos teoría aislada y más metodología útil para gestionar costa en condiciones cambiantes.

La propia definición del evento insiste en su vocación transfronteriza y atlántica: Uhinak se plantea como un congreso sobre cómo el cambio climático y los fenómenos extremos impactan en el litoral del arco atlántico, con público objetivo que va desde representantes políticos y técnicos municipales hasta consultorías, ingenierías, empresas y universidades.

Un marco institucional que mira a Europa

La edición 2026 contará, además, con el apoyo de instituciones que reflejan el encaje europeo del debate costero: Gobierno Vasco (a través de Ihobe), Diputación Foral de Gipuzkoa, Communauté d’Agglomération Pays Basque y Région Nouvelle-Aquitaine, entre otras entidades vinculadas al comité organizador y técnico. En Irun —frontera y bisagra natural— esa dimensión transfronteriza no es decorativa: es coherente con un litoral compartido, donde los impactos no se detienen en el límite administrativo y donde la coordinación empieza a ser una condición de eficacia.

En tiempos en los que se multiplican congresos, Uhinak intenta diferenciarse por una pregunta simple: ¿qué hacemos mañana con lo que sabemos hoy? La respuesta que ensaya esta séptima edición apunta a un cambio de escala en el protagonismo: del gran marco al ayuntamiento, del diagnóstico global a la obra concreta, de la curva del mar a la decisión en el pleno municipal.

Octubre de 2026 será, en ese sentido, una cita para medir si el litoral —tan fotografiado, tan disputado y tan frágil— está construyendo una agenda de adaptación con herramientas reales. Y si los municipios, por fin, dejan de ser el último eslabón para convertirse en el primero

El Musel supera por primera vez a Avilés en volumen subastado

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21-05-2021 Subasta de bocarte en Lonja Gijón, en El Musel POLITICA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

La rula gijonesa cerró 2025 con 12,26 millones de kilos y 31,88 millones de euros, un 47% más


El dato tiene algo de hito y algo de mensaje para toda la costa cantábrica: por primera vez, la Lonja de Gijón–El Musel ha subastado en un año más kilos de pescado y marisco que la rula de Avilés, el histórico referente asturiano en volumen. El “sorpasso” llega tras un 2025 pletórico, con 12,26 millones de kilos vendidos y una facturación total de 31,88 millones de euros, un salto del 47% respecto a 2024.

En cifras, el volumen subastado en Gijón alcanzó 12.256.639,79 kilos, mientras que Avilés cerró el ejercicio en 11,1 millones (alrededor de 11.126.000 kilos), lo que invierte una tendencia habitual en Asturias.
Pero la fotografía completa tiene matices: Avilés continúa por delante en valor, con 41,5 millones de euros en ventas en 2025, frente a los casi 32 millones gijoneses.

La lectura para el sector es doble.
Por un lado, El Musel gana músculo como punto de descarga y subasta.
Por otro, Avilés mantiene el liderazgo económico, apoyado en especies y precios que elevan la caja final.

El récord gijonés se entiende mejor al ampliarlo al conjunto regional: de las 24.782,4 toneladas subastadas en todas las lonjas asturianas durante 2025, 12.257,4 toneladas pasaron por la de Gijón, prácticamente la mitad del total.
Ese porcentaje no es solo una estadística: es una señal de centralidad logística.

El motor del año: el bocarte, otra vez

La especie que explica la mayor parte del salto tiene nombre de costera y de mercado: bocarte (anchoa). En 2025 se subastaron en Gijón 5.028.856,3 kilos, con un valor económico de 13,33 millones de euros, lo que aportó alrededor de cuatro de cada diez euros de la facturación de la rula gijonesa.
Además, el bocarte no solo fue abundante: se pagó mejor.

En el puerto se apunta una razón clave: la consideración de El Musel como referente para las conserveras del Cantábrico, que acuden a pujar atraídas por la calidad de la anchoa descargada en Gijón.
Cuando el comprador se desplaza, el puerto cambia de escala.

Tras el bocarte, el año tuvo también dos campañas determinantes para sostener el volumen: la xarda (caballa) y el bonito del norte. RTPA y la información sectorial recogen que caballa y bonito completaron el triángulo que dio estabilidad a la lonja en el calendario anual.

Un récord que no repite el modelo de 2021

El dato histórico de 2025 tiene un antecedente que sirve de contraste.
En 2021, Gijón ya alcanzó un año extraordinario en facturación y en kilos, impulsado por una costera excepcional de bocarte.
Entonces, el volumen total llegó a ser superior al actual, pero el liderazgo en toneladas sobre Avilés no se consolidó como en 2025.

La diferencia ahora es que el récord no se apoya solo en un pico puntual, sino en una combinación más equilibrada de campañas, precios y tracción comercial. Y ahí entra un factor estratégico: el puerto como plataforma de compras en un mercado cada vez más competitivo, donde la subasta ya no es un ritual local sino una pieza de cadena industrial.

Por qué Avilés sigue mandando en euros

Que Gijón gane en kilos y Avilés en valor no es contradictorio: es casi el resumen de dos especializaciones.
Avilés ha cerrado 2025 con 125 especies comerciales subastadas y un crecimiento en capturas y ventas, lo que sugiere una cesta con especies de mayor precio medio, más diversidad y más valor añadido en determinadas jornadas.
En términos de mercado, no siempre pesa más la tonelada: a veces manda la especie.

En el tablero regional, este reparto también ayuda a explicar la rivalidad “sana” entre lonjas: una puede concentrar grandes volúmenes en campañas muy marcadas (bocarte, caballa), mientras otra capitaliza mejor el valor por especie y por mezcla de descargas.

Lo que cambia en el mapa cantábrico

Para EUROPA AZUL, el interés del récord de Gijón va más allá del dato anual.
El Musel es un puerto con infraestructura, accesos y capacidad logística que encaja bien con un modelo de subasta que mira a la industria transformadora y a los grandes compradores. Su evolución en 2025 refuerza una idea: la competencia entre lonjas ya no se decide solo en el mar, sino en tierra, en quién concentra oferta, quién atrae demanda y quién garantiza agilidad.

También es un indicador para las flotas: a igualdad de caladeros, los puertos compiten por servicios, tiempos, precios y compradores. Si la rula se convierte en destino preferente de una parte de la demanda conservera, el efecto arrastre es inmediato: más pujas, más rotación y más capacidad de marcar referencia.

El 2025 de Lonja Gijón deja, en definitiva, una escena inédita en Asturias: Gijón por delante en kilos, Avilés por delante en euros, y un sector que vuelve a confirmar lo que saben patrones y compradores desde hace décadas: cuando la costera acompaña y la demanda aprieta, la rula no solo vende pescado; reordena el mapa.

La bajura amarró y las lonjas cerraron: paro total del sector artesanal contra el nuevo control pesquero de la UE

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Cofradías y federaciones de toda España frenaron la actividad el 19 de enero para exigir ajustes urgentes

El lunes 19 de enero, los muelles españoles amanecieron con una imagen poco habitual: barcos de bajura amarrados y lonjas cerradas. La paralización total de la flota artesanal y costera, convocada por cofradías y federaciones de pescadores de todo el país, fue la respuesta más contundente a la aplicación del Reglamento (UE) 2023/2842, la reforma del control pesquero comunitario que el sector considera “inviable” tal y como se está trasladando al día a día de mareas cortas y tripulaciones reducidas.

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) formalizó la convocatoria a través de su circular Nº 11/26, después de una reunión celebrada la víspera en la que se cerraron los acuerdos de movilización y coordinación. El paro no se limitó a un gesto simbólico: se diseñó como un “apagón” productivo para hacer visible el impacto inmediato de una norma que, según la flota, amenaza la viabilidad del pescado fresco de proximidad.

Protesta coordinada y concentración en Madrid

La jornada de protesta se sostuvo sobre una estrategia de unidad sectorial y visibilidad pública. La FNCP había pedido a las cofradías que acudirían a la concentración principal en Madrid que comunicasen previamente el número de asistentes para coordinar el dispositivo con la Delegación del Gobierno, y anunció la convocatoria de medios para reforzar el mensaje del sector. El objetivo era doble: mostrar fuerza en el territorio —puerto a puerto— y, al mismo tiempo, concentrar presión institucional en la capital.

En Galicia, la movilización contó con el empuje de la Federación Galega de Confrarías, que venía articulando el descontento en las semanas previas. A nivel estatal, la FNCP reforzó el argumento de que el conflicto no era “contra el control”, sino contra una aplicación “mecánica” de nuevas obligaciones tecnológicas y administrativas que, sostienen, no encajan con la realidad operativa de la bajura.

Dos detonantes: preaviso y diario electrónico

El pulso del paro se explicó en dos siglas que han pasado de los despachos a las cubiertas: notificación previa de llegada y diario electrónico de pesca. El reglamento establece, como regla general, la obligación de comunicar electrónicamente la llegada con antelación —cuatro horas en su formulación estándar para determinados segmentos—, aunque contempla la posibilidad de plazos más breves en función de categorías y condiciones, si no se compromete la capacidad inspectora.

España ya había introducido una adaptación parcial al reducir el preaviso a dos horas y media para pesqueros de 12 a 15 metros, en un intento de aproximar la exigencia al trabajo real de una flota que, en muchos casos, faena a poca distancia del muelle. Para las cofradías, ese ajuste fue insuficiente: la obligación, aun rebajada, seguía chocando con jornadas donde la decisión de volver a puerto se toma con el parte meteorológico, el estado de la mar, la marea y la cantidad y mezcla de capturas.

La segunda gran fricción fue lo que el sector resume como el “kilogramo cero”: la sensación de que se exige declarar con un nivel de detalle y desde cantidades mínimas que, en la práctica, obliga a estimaciones permanentes y a un registro “al minuto” en barcos sin medios de pesaje a bordo ni personal administrativo. El temor más repetido fue el de la sanción por diferencias inevitables entre lo apuntado durante la faena y el pesaje final en lonja.

El sector de bajura paró y cerró lonjas contra un control europeo considerado inviable.

“Obligar a esperar en el mar”: el conflicto con mareas cortas

La FNCP y las cofradías insistieron en que la bajura trabaja con mareas cortas, condicionadas por meteorología y ventanas de horas. De ahí que el preaviso se viviera en muchos puertos como una obligación que podía traducirse, en la práctica, en “esperar en el mar” o en recortar tiempo efectivo de pesca.

Ese recorte, subrayó el sector, no solo se mide en ingresos. También afecta —según su argumento— a la calidad del pescado fresco, porque altera tiempos de manipulación, descarga y subasta. En un modelo económico basado en rapidez y frescura, cualquier obligación que “enfríe” la cadena de llegada puede traducirse en menor valor en lonja.

El argumento clave: seguridad a bordo

El paro del 19 de enero también tuvo un componente de seguridad. El sector denunció que las nuevas exigencias obligaban al patrón a alternar tareas digitales y navegación en momentos críticos —entrada a puerto, maniobras, cambios de tiempo—, elevando el riesgo en barcos pequeños donde el margen de error es estrecho. En su lectura, la norma, tal y como se estaba aplicando, trasladaba responsabilidades y carga administrativa a personas que no están a bordo para “hacer oficina”, sino para operar un barco en un entorno cambiante.

Lo que pedía el sector: flexibilizar ya o asumir el amarre

La demanda que articuló el paro fue clara: aplicar de forma amplia las flexibilidades que el propio marco europeo permite para categorías específicas de flota, y fijar criterios que eviten penalizar lo que el sector considera técnicamente imposible de cumplir con precisión “quirúrgica”. La FNCP reclamó decisiones urgentes del Ministerio —con margen en plazos e implementación— y avisó de que, sin correcciones, el amarre pasaría de amenaza a herramienta recurrente.

En los muelles, la jornada del 19 de enero dejó una conclusión que el sector quiso convertir en titular: cuando la bajura para, no se detiene solo una marea. Se interrumpe el flujo del pescado fresco que sostiene lonjas, mercados y empleo costero. Y ese fue, precisamente, el mensaje del paro: poner la cadena entera en pausa para obligar a negociar el modo en que Europa controla la pesca sin romper la pesca de proximidad.

IFFO destaca el papel clave de los productos del mar en la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad

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Un nuevo estudio advierte que sustituir la pesca marina por agricultura intensiva podría agravar la pérdida global de biodiversidad

La organización internacional IFFO (The Marine Ingredients Organisation) ha dado a conocer esta semana los resultados de una nueva investigación científica que pone en evidencia la importancia crítica de los productos del mar en el equilibrio entre seguridad alimentaria global y conservación de la biodiversidad.

El artículo, publicado en la revista Reviews in Fisheries Science & Aquaculture y dirigido por Duncan Leadbitter, investigador del Australian National Centre for Ocean Resources and Security, surge de un taller científico independiente financiado por IFFO y reúne las voces de expertos globales en sistemas alimentarios y sostenibilidad marina.

“Este artículo revisado por pares destaca el papel esencial de las pesquerías gestionadas de forma responsable dentro de sistemas alimentarios sostenibles”, explicó Brett Glencross, director técnico de IFFO. “Necesitamos herramientas más efectivas para comparar objetivamente los impactos en la biodiversidad de la producción de proteínas animales en tierra frente a los del océano.”


Agricultura vs océanos: ¿qué pone más en riesgo a la biodiversidad?

El informe hace una llamada de atención sobre la presión creciente que sufren los ecosistemas terrestres ante la necesidad de alimentar a una población mundial en expansión.

Entre sus principales conclusiones se destacan los siguientes datos:

  • El cambio en el uso de la tierra, en particular la expansión agrícola, es hoy la principal causa de pérdida de biodiversidad a nivel global.
  • Entre las décadas de 1980 y 1990, el 83% de la expansión agrícola mundial sustituyó bosques tropicales, ecosistemas vitales para el planeta.
  • Sustituir toda la proteína animal proveniente de la pesca marina por proteína terrestre requeriría hasta 5 millones de km² adicionales de tierra cultivable —más que la selva tropical intacta de Brasil.
  • La acuicultura sin productos pesqueros requeriría 47.000 km² adicionales de tierras agrícolas, con impactos significativos en vegetación nativa.

Estas cifras sugieren que desplazar completamente la producción de proteína animal del mar a la tierra no es una solución sostenible, y que los productos marinos —obtenidos de pesquerías bien gestionadas— pueden ofrecer una alternativa más equilibrada desde el punto de vista ambiental.


Hacia un nuevo marco de biodiversidad en la producción de alimentos

Para facilitar la toma de decisiones basada en datos, IFFO ha iniciado un proyecto piloto para el desarrollo de un marco de biodiversidad con indicadores claros que midan los impactos ambientales de los distintos sistemas de producción de alimentos. Este enfoque holístico permitirá evaluar con mayor precisión los efectos de las actividades agrícolas y pesqueras, evitando políticas que simplemente trasladen los impactos del mar a la tierra.

“En las próximas décadas habrá que decidir cómo producir más alimentos sin sacrificar el equilibrio ecológico”, señaló el autor principal del estudio, Duncan Leadbitter. “Las pesquerías bien gestionadas no requieren alterar de forma radical los ecosistemas, como sí ocurre en la agricultura.”


Una visión integrada para sistemas alimentarios sostenibles

Los expertos coinciden en que no existe una única solución, sino que se necesitan sistemas alimentarios integrados, donde tanto la pesca marina como la agricultura jueguen un papel complementario. En este sentido, los ingredientes marinos para piensos y alimentación humana continúan siendo una pieza fundamental para garantizar proteínas de alta calidad con menor impacto ecológico.

IFFO espera que este estudio contribuya a fomentar un debate informado y equilibrado sobre el futuro de la alimentación global y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Juicio en Burdeos por presunto tráfico internacional de una tonelada de angulas

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Diecisiete personas son juzgadas por la exportación ilegal hacia Asia de una especie protegida y altamente codiciada

Diecisiete personas comparecen desde este miércoles, 14 de enero, ante el Tribunal Judicial de Burdeos por su presunta implicación en un amplio tráfico internacional de angulas, los alevines de la anguila europea (Anguilla anguilla), una especie catalogada como amenazada.

Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre marzo y mayo de 2019, cuando las autoridades francesas desmantelaron una red sospechosa de haber capturado y exportado cerca de una tonelada de angulas hacia Asia, principalmente China, donde estos alevines alcanzan precios exorbitantes en el mercado negro.

Según la acusación, el valor estimado del tráfico oscila entre 800.000 euros y más de un millón de euros, lo que subraya la rentabilidad de esta actividad ilícita, que pone en riesgo la supervivencia de una especie ya gravemente amenazada.

El proceso judicial, previsto para desarrollarse en tres días, busca esclarecer el papel que cada uno de los 17 acusados habría desempeñado en esta operación, que presuntamente incluía desde la pesca y acopio clandestino hasta la logística de transporte y exportación internacional.

¿Qué son las angulas y por qué se trafica con ellas?

Las angulas son las crías transparentes de la anguila europea. Su pesca está estrictamente regulada o prohibida en la mayoría de países europeos debido al alarmante descenso de la población de esta especie, víctima del cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y los obstáculos en los ríos como las presas.

En países asiáticos, como China o Japón, las angulas son utilizadas para el engorde en piscifactorías y posteriormente comercializadas como anguilas adultas, un producto muy valorado en la gastronomía local. Esta alta demanda ha convertido a las angulas en uno de los productos de fauna silvestre más traficados en Europa, según Europol e Interpol.

Una lucha constante contra el tráfico

En los últimos años, las autoridades francesas y europeas han intensificado los operativos para desarticular estas redes, que operan como verdaderas organizaciones criminales. El caso juzgado en Burdeos es uno de los más relevantes de los últimos tiempos, tanto por la cantidad incautada como por el número de implicados.

Se espera que el veredicto del tribunal marque un precedente en la lucha contra este tipo de delitos ambientales que, además de infringir las normativas europeas, ponen en peligro la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

El Golfo de Vizcaya se cierra un mes a la pesca para proteger los cetáceos

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Por tercer año consecutivo, el Golfo de Vizcaya afronta un parón invernal de la pesca considerada de “alto riesgo” para las capturas accidentales de pequeños cetáceos. La medida, aplicada a los buques de más de ocho metros que usan determinados artes (como algunos tipos de arrastre y redes fijas), vuelve a activarse del viernes 22 de enero al 20 de febrero, con el objetivo de reducir la mortalidad de delfines comunes y otras especies que cada invierno aparece ligada a la actividad pesquera en la fachada atlántica francesa.

El cierre, nacido de la presión judicial y regulatoria, se ha convertido en un símbolo incómodo: funciona para bajar la mortalidad, pero deja un reguero económico y social en los puertos. Las repercusiones se cifran en “casi 300” los barcos amarrados y describe un sistema de compensación pública que ronda el 80% del volumen de negocio durante el periodo de inactividad, con indemnizaciones que han alcanzado en campañas previas el entorno de los 20 millones de euros, en Francia.

En ese contexto, la Organización de Productores Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) ha lanzado un mensaje claro: “toca pasar página” y trabajar ya para una reapertura en 2027. Su argumentario —en seis puntos— mezcla ciencia, tecnología y economía. Por un lado, reivindica la implicación directa de la flota en programas de observación y mitigación (pingers, cámaras embarcadas y proyectos de seguimiento), y sostiene que prohibir faenar precisamente en el periodo de mayor riesgo impide comprobar “en condiciones reales” qué herramientas reducen mejor las interacciones con delfines. Por otro, apela al giro científico que, según los investigadores del proyecto DELMOGES, sitúa el cambio climático como factor “central” para explicar el aumento de contactos: un reordenamiento trófico que acerca presas pelágicas a la costa y, con ellas, a los cetáceos y a los artes.

Las cifras son el combustible del debate. Los datos recientes del Observatoire Pelagis, referencia en el seguimiento de varamientos y mortalidad, sitúan en torno a 1.900 los delfines comunes muertos por captura accidental en el invierno 2024-2025 (fachada Atlántico y Mancha oeste), frente a una media aproximada de 4.700 en los inviernos 2017-2023. Sobre esa base, las administraciones han defendido que el “mes sin pesca” reduce de forma importante las muertes, aunque el propio observatorio advierte de que el nivel previo a la parada sigue siendo incompatible con la viabilidad a largo plazo si no se sostienen medidas eficaces.

En paralelo, la discusión se desplaza hacia el “día después”: cómo sustituir una medida drástica por un paquete estable de soluciones. El Comité Nacional de Pesca Marítima francés (CNPMEM) también ha pedido salir de la lógica de cierres sistemáticos y acelerar el camino hacia alternativas operativas, con la vista puesta —de nuevo— en el horizonte de 2027.

El dilema, en el fondo, no es sólo técnico: es político. Dejar el Golfo de Bizkaia un mes sin actividad permite recortar mortalidad de cetáceos, pero tensiona una cadena de valor que arranca en la mar y termina en lonjas, transformadores y mercados. La cuestión que plantean los pescadores bretones es si el próximo paso puede ser más inteligente que contundente: menos “apagón” y más pruebas, más datos y más innovación a bordo, sin renunciar al objetivo de conservación que empujó a los jueces y a la administración a intervenir.

Astipeche refuerza su flota con dos gemelos de Ondarroa: Andrekala y Arretxu

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El Grupo ASTIPECHE anuncia la incorporación de los buques ondarrutarras Andrekala Berria y Arretxu Berria y eleva su capacidad hasta 31 arrastreros y congeladores. Ambas unidades ya están en Agadir, donde se acomete su adaptación para operar como buques congeladores con trabajos realizados por el propio equipo de la compañía.

El Grupo ASTIPECHE continúa ampliando su músculo operativo en el segmento de arrastreros y congeladores con la incorporación de dos nombres con sello ondarrutarra: Andrekala Berria y Arretxu Berria. La empresa ha comunicado la operación con un mensaje directo: “estamos muy orgullosos de anunciar la incorporación de dos nuevos buques a nuestra flota”, señalando que este paso consolida una trayectoria de expansión sostenida.

Según la información facilitada por la compañía, el refuerzo no es menor: “seguimos creciendo y reforzando nuestra capacidad operativa, alcanzando ya un total de 31 buques arrastreros y congeladores”. En un contexto de mercados exigentes, costes crecientes y mayor presión regulatoria, sumar unidades y especializarlas en formatos de mayor autonomía —como el congelador— se ha convertido en una palanca estratégica para ganar estabilidad en campañas largas y asegurar continuidad de suministro.

Dos buques gemelos y un destino inmediato: Agadir

Las últimas incorporaciones, Andrekala Berria y Arretxu Berria, son buques gemelos y ya se encuentran en su puerto base de Agadir, donde ASTIPECHE ha iniciado los trabajos de adaptación necesarios para su conversión en buques congeladores. La compañía subraya un elemento clave: la transformación se realiza “íntegramente por nuestro propio equipo”, una forma de poner en valor la capacidad técnica interna y de controlar de principio a fin el proceso de modificación y puesta a punto.

La conversión a congelador no es solo un cambio de etiqueta: implica adecuaciones relevantes para operar con estándares de conservación a bordo, mejorar la logística del producto y aumentar la flexibilidad comercial. En términos empresariales, supone trasladar parte del valor añadido al propio buque, reforzando la competitividad en caladeros donde la distancia, la duración de la marea y la gestión del frío marcan la diferencia.

Ondarroa, tradición y proyección

Que ambos buques tengan origen ondarrutarra añade además una lectura simbólica: la tradición pesquera vasca sigue proyectándose en estructuras empresariales que operan en escenarios internacionales. ASTIPECHE, por su parte, encuadra la operación dentro de una línea de crecimiento que combina incremento de flota y mejora de capacidades.

Con los dos “Berria” ya en Agadir y en fase de adaptación, la empresa abre un nuevo capítulo en su hoja de ruta: más barcos, mayor capacidad de congelación y un mensaje claro al sector: seguir creciendo, pero con soporte técnico propio y con un enfoque operativo que busca eficiencia, autonomía y continuidad.

Plan de choque para evitar la pesca accidental de delfines, tortugas y aves marinas en la Región de Murcia

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El Ministerio para la Transición Ecológica prepara un real decreto con medidas preventivas y protocolos de actuación en caso de capturas accidentales

La creciente preocupación por la captura accidental de especies marinas protegidas como delfines, tortugas bobas o aves acuáticas ha llevado al Ministerio para la Transición Ecológica a preparar un real decreto pionero que establecerá medidas de prevención y protocolos de actuación dirigidos al sector pesquero. El objetivo es claro: reducir al mínimo las muertes o daños en estos animales, que quedan atrapados en redes y aparejos durante las faenas de pesca.

Aunque las cifras más alarmantes se registran en el Cantábrico, donde se contabilizan miles de muertes de delfines comunes al año, en el Mediterráneo y, en concreto, en la Región de Murcia, los casos son más escasos, aunque no inexistentes. La pesca de arrastre, el palangre y artes tradicionales como la almadraba de La Azohía han llegado a capturar, de manera no intencionada, tortugas bobas, delfines mulares y algunas especies de rayas o mantas. En la mayoría de los casos, los animales han sido liberados sin heridas, gracias a la actuación rápida de los propios pescadores o buceadores.

Colaboración entre pescadores y naturalistas

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha sido clave en este ámbito. Durante más de una década, ha trabajado junto a la Fundación Biodiversidad en la evaluación del riesgo de capturas accidentales en la costa levantina. Según su director, Pedro García, el impacto en la Región ha sido «muy reducido», y destacó la actitud ejemplar de los pescadores, que han llegado incluso a cortar redes y asumir pérdidas económicas para liberar a los animales atrapados.

En el caso de la almadraba de La Azohía, ANSE ha participado en rescates de delfines mulares y en la evaluación de dispositivos disuasorios. Sin embargo, García advierte que algunos sistemas como los pingers (emisores acústicos), lejos de alejar a los cetáceos, pueden atraerlos aún más, agravando el problema.

Un decreto con impacto en todo el sector

El real decreto actualmente en preparación incluirá:

  • Obligación de comunicar las capturas accidentales de fauna protegida.
  • Protocolos de actuación in situ para minimizar daños.
  • Identificación de zonas y artes de pesca de mayor riesgo.
  • Medidas adaptadas según la especie afectada (aves, mamíferos marinos o reptiles).

Desde el Ministerio señalan que estas medidas buscan identificar puntos críticos y establecer mecanismos eficaces de respuesta, sin penalizar a quienes colaboren activamente con su cumplimiento. También se abre un periodo de consultas públicas para recoger aportaciones del sector pesquero y de organizaciones ambientales.

Aves marinas, las grandes olvidadas

El impacto en aves también preocupa. ANSE documentó durante cuatro años la muerte de cientos de cormoranes y zampullines en redes fijas del Mar Menor, diseñadas para capturar especies como langostinos o lubinas. Se estima que más de 500 aves acuáticas mueren cada año en estas artes. El futuro decreto podría obligar a modificar cebos o métodos de calado para minimizar el riesgo.

Además, especies migratorias como la pardela cenicienta, habitual en aguas del Mediterráneo, también sufren accidentes fatales en determinadas campañas pesqueras.

El sector pesquero pide vigilancia sobre barcos ilegales

El presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, reconoce el esfuerzo del sector por adaptar sus prácticas y minimizar el impacto ambiental. “Llevamos años trabajando para que nuestras artes no dañen ni aves ni cetáceos”, afirma. No obstante, pide al Gobierno que se centre también en los «barcos pirata», que operan ilegalmente con redes superficiales altamente peligrosas para tortugas y otras especies.

Navarro valora positivamente las medidas anunciadas, pero advierte: “Debemos cuidar el mar, pero también proteger la pesca legal y responsable frente a quienes incumplen las normas sin consecuencias”.

Las cofradías deciden si amarran por el nuevo control pesquero: “Es como legislar para coches y aplicarlo a las bicicletas”

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El Ministerio adelanta al lunes 19 la reunión con la flota y las autonomías, mientras crece el malestar por el diario electrónico, las comunicaciones previas a puerto y la obligación de registrar todas las capturas “lance a lance” bajo amenaza de sanciones. Las Cofradías vascas no tiene tomada una postura ante el paro que se divisa desde la Federación Nacional de Cofradías.

La flota pesquera española vive horas de máxima tensión. Las cofradías decidirán hoy si optan por parar ya —amarrando los barcos desde el jueves o el viernes— o si esperan a la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, inicialmente prevista para el día 22 en Madrid y adelantada tres días, al lunes 19, en la que el sector confía en obtener soluciones.

Coincidiendo con ese encuentro, pescadores de distintos puertos también barajan concentrarse ante la sede del ministerio como medida de presión. Son las propuestas que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores acordó en la noche del lunes, y que prevé concretar hoy tras poner sobre la mesa los resultados de la consulta en los distintos puertos.

La chispa que ha encendido el conflicto es la entrada en vigor —hecha “realidad”, según el sector— de obligaciones previstas desde finales de 2023, cuando comenzó a aplicarse el Reglamento de Control de la Pesca de la UE, y que desde este 10 de enero afectan de lleno a parte de la bajura: la flota de entre 12 y 15 metros debe declarar capturas mediante diario electrónico, y tanto estos barcos como los de mayor eslora tienen que anotar todos los peces, sea cual sea su peso, registrándolos lance a lance. A ello se suma la exigencia de comunicar horas antes de entrar a puerto cuántas capturas se llevan a bordo, además de registrar los aparejos perdidos en el mar.

“Hay muchísimo malestar y muchísima preocupación”

Hay muchísimo malestar y muchísima preocupación”, recalca Basilio Otero, presidente de los pósitos españoles, al describir el clima en el sector. Las quejas se concentran en dos puntos: la dificultad material de pesar y declarar con precisión en condiciones reales de trabajo y la carga burocrática asociada a un sistema pensado —denuncian— para otros tipos de flota.

Para la mayoría de la bajura, “es imposible” calcular el peso de todos los peces con un margen de error del 20% —cuando una especie no supera los 100 kilos—, y también resulta inviable que barcos que faenan a poco más de una hora del puerto tengan que registrar dos horas y media antes de entrar sus capturas con la exactitud requerida. El sector advierte, además, del impacto económico: por cada equivocación o incumplimiento, pueden imponerse sanciones de 3.000 euros.

Otero asegura que, tras sus contactos con el ministerio para urgir soluciones, tiene constancia de que Pesca “va a presentar alegaciones” y “enviar a Bruselas un escrito de protesta por la imposibilidad de cumplir estas normas”. Sin embargo, a nivel público, la única reacción conocida del departamento ha sido el adelanto de la reunión. En el momento de elaborar esta información, el ministerio no había respondido a preguntas sobre posibles medidas para atender las reivindicaciones de las cofradías.

Galicia y Andalucía anuncian alegaciones

Las comunidades con fuerte presencia de flota artesanal han elevado el tono. La conselleira do Mar de Galicia, Marta Villaverde, pidió ayer desde Moaña —según recogió Europa Press— que “Madrid reaccione” para atender las demandas del sector y defendió que “las normas se adapten para que dejen seguir trabajando al sector del mar”.

En Andalucía, el consejero de Pesca Fernández-Pacheco anunció también alegaciones para intentar “revertir” unos controles que, en su opinión, “vienen a burocratizar aún más, si cabe” la actividad pesquera.

“Vamos a darnos de alta en Hacienda como adivinos”

En los puertos, la crítica se expresa con ironía y, sobre todo, con preocupación operativa. “Cambiamos de oficio: vamos a darnos de alta en Hacienda como adivinos”, resume Javier Sánchez, patrón y armador de un barco de entre 12 y 15 metros que ya está cubriendo el diario electrónico. Desde A Mariña lucense lamenta “lo absurdo de tener que hacer ocho declaraciones al día” y alerta de un riesgo añadido: “Es un peligro porque no puedo estar con el ordenador al mismo tiempo que llevo el barco y pesco”.

La misma idea se repite en la ría de Pontevedra. José Manuel Rosas, patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra, califica la situación de “surrealista” y acusa a la norma de reflejar un “desconocimiento manifiesto” del trabajo real de la flota: “Es como legislar para coches y aplicarlo a las bicicletas. No se entiende”.

Rosas subraya que el sector no rechaza el control en sí: “Estamos dispuestos a estar geolocalizados y también a comunicar, antes de poner la primera caja en tierra, lo que tenemos”. Pero considera inasumible la mecánica que se exige: “Esta barbaridad de ocho comunicaciones, más esperar dos horas y media para entrar en puerto, es inasumible”.

El temporal amarra hoy, pero la protesta puede ser indefinida

Este martes, el temporal mantiene amarrada a buena parte de la flota en Galicia, pero el sector advierte de que esta parálisis podría convertirse en indefinida si no hay receptividad en Madrid para aplicar el margen de maniobra que —entienden— concede la UE a los Estados miembros en la aplicación práctica del nuevo control.

En las Rías Baixas, el malestar se plasmó ya en una concentración en Cambados el lunes. Rosas describe un “sentir generalizado” y lanza una advertencia que resume el miedo a un efecto dominó: “En Bueu el sentir es de indignación… esto, más tarde o más temprano, les va a llegar a todos”. Según explica, la normativa se irá desplegando por segmentos de flota y, aunque ahora existan esloras más pequeñas eximidas, el horizonte que maneja el sector es claro: de forma escalonada hasta 2030 acabará afectando a todo el profesional.

“Se multiplica el riesgo” en el mar

Más allá del papeleo, la flota insiste en que el diseño actual multiplica los riesgos a bordo. Rosas pone ejemplos concretos: una embarcación de enmalle que levanta una mallada de boga —una especie de bajo valor y no sujeta a TACs y cuotas, según explica— puede pasar horas retirando el pescado. La operativa habitual se remata en puerto, descargando en cajas, pero con la nueva exigencia el patrón se pregunta cómo hacerlo en la mar, con condiciones adversas: tener que quitar “hasta la última boga”, pesarla, comunicarla y aún esperar para entrar a puerto.

También cita el cerco: un barco que trabaja cerca de bateas, da un lance y carga “veinte o treinta cajas” para llevar a Vigo, tendría que esperar esas horas antes de entrar, alargando la jornada “en cumplir un requisito absurdo”. Y remata con una imagen que ilustra la complejidad del “pez a pez”: “Puede venirte una centolla, una lubina, y que tengas que pesarla, notificarla e incluso con coordenadas”.

Compás de espera hasta el lunes 19

Con la flota “en pie de guerra”, el sector aguarda la reunión del lunes 19 como un punto de inflexión. Las cofradías deciden hoy si convierten el malestar en un amarre coordinado o si dan margen a una negociación que, por ahora, solo ha mostrado un gesto: adelantar la cita. En los muelles, la sensación es que el conflicto ya no va solo de formularios, sino de si el control puede implantarse sin hacer inviable —o más peligrosa— la pesca artesanal que sostiene buena parte de la economía y el empleo en el litoral.

Irlanda acelera su red de áreas marinas protegidas: del “gran proyecto de ley” a la vía rápida del planeamiento

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El Parlamento irlandés afronta la recta final hacia el objetivo “30% en 2030” con una apuesta por integrar las nuevas MPAs en los planes DMAP del Maritime Area Planning Act, mientras pescadores y ONG coinciden en lo esencial: más transparencia, co-diseño, recursos y gestión real, no solo mapas.

Dublín quiere cerrar la brecha entre los compromisos internacionales y la realidad del mar. Ese fue el telón de fondo del debate celebrado el martes 13 de enero de 2026 en el Joint Committee on Fisheries and Maritime Affairs (Dáil Éireann), una sesión reanudada sobre Marine Protected Areas (MPAs) que reunió a Administración, organizaciones pesqueras y coaliciones ambientales.

El diagnóstico oficial es claro: Irlanda se ha comprometido a proteger al menos el 30% de su espacio marítimo para 2030, pero hoy su “protección basada en áreas” ronda el 10%, según expuso ante los diputados el principal responsable de política marina del Departamento de Clima, Energía y Medio Ambiente, Rory O’Leary. informe irlanda

Del proyecto de ley propio… a una reforma del “mapa” marino

La discusión giró alrededor de un giro de guion: el Gobierno trabajaba desde 2022-2023 en una ley específica de MPAs (stand-alone Marine Protected Areas Bill), pero tras el traslado de competencias ambientales marinas al actual departamento, se revisaron opciones y se impuso una conclusión: integrar la designación y gestión de MPAs dentro del proceso DMAP (Designated Maritime Area Plan) contemplado por el Maritime Area Planning Act 2021. informe irlanda

La tesis oficial es que un texto independiente crearía “un tercer sistema” de designaciones espaciales, añadiendo complejidad; en cambio, la vía DMAP permitiría una implantación “más coherente y rápida” aprovechando procedimientos ya existentes, con participación pública y supervisión. informe irlanda

Pero el propio comité constató que los plazos se deslizan: varios diputados recordaron que la publicación de las “cabezas” del texto se había prometido para 2023, luego para “Navidad” y ahora se habla de mediados de 2026, un calendario que inquieta por el poco margen real para diseñar, consultar y ejecutar antes de 2030.

Pescadores: “Sí a proteger, no a decidir desde un despacho”

Las organizaciones del sector —la Seafood Ireland Alliance y productores del sur-este y sur-oeste— no rechazaron el concepto de MPA. Su advertencia se centró en el método: reclamaron transparencia y “co-diseño” tras experiencias previas (SPAs, SACs y el South Coast DMAP) que, a su juicio, no fueron plenamente abiertas ni incorporaron bien los datos pesqueros.

El relato del impacto social y económico ocupó buena parte de la sesión. El representante pesquero Patrick Murphy puso cifras sobre la mesa: el sector irlandés —sostuvo— captura solo el 15% del pescado en sus propias aguas, mientras el resto lo extraen flotas de otros países; si se restringe el esfuerzo sin coordinación, dijo, el “beneficio” de la recuperación lo obtendrán sobre todo terceros. informe irlanda

También defendieron que la pesca puede convivir con cierres espaciales y temporales cuando hay ciencia y objetivos claros. Como ejemplo citaron el Porcupine Bank, con cierres auto-regulados en época de reproducción, y recordaron que la flota ha promovido cambios técnicos para reducir capturas no deseadas.

En paralelo, afloró un problema que conecta conservación con burocracia: los retrasos en licencias de acuicultura y evaluaciones ambientales. Murphy describió el caso de su hijo, que —según dijo— lleva cinco años esperando una licencia y la evaluación requerida para seguir trabajando en una zona bajo protección. informe irlanda

ONG: la urgencia está en la ley… y, sobre todo, en la ejecución

Las coaliciones ambientales presentes (Fair Seas/Irish Wildlife Trust/Sustainable Water Network, Coalition 2030, BirdWatch Ireland) apretaron en dos frentes: falta de avance legislativo y debilidad en la implementación de lo ya designado.

Uno de los momentos más contundentes llegó cuando Dónal Griffin (Fair Seas) recordó que en junio de 2023 el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que Irlanda incumplió obligaciones de la Directiva Hábitats (designaciones, objetivos específicos y medidas necesarias), argumento usado para exigir una ley “ambiciosa”, con recursos y ejecución verificable. informe irlanda

BirdWatch Ireland insistió en que la red Natura 2000 es “crítica”, pero que el problema histórico ha sido la financiación y el personal para evaluar, fijar objetivos y gestionar; alertó además de que el 63% de las aves silvestres figura en listas roja o ámbar de conservación en Irlanda.

Desde Coalition 2030 se añadió otro indicador: el último informe del artículo 17 (Directiva Hábitats), publicado justo antes de Navidad, reflejaría que solo dos hábitats marinos alcanzan un estado ambiental “bueno”, mientras el resto muestra estados desfavorables o en declive, como prueba de que “lo hecho hasta ahora no está funcionando”. informe irlanda

El choque de mapas: eólica marina, datos y confianza

La sesión también dejó una postal de la nueva gobernanza del mar: MPAs, pesca y eólica marina comparten tablero. Diputados y comparecientes discutieron el South Coast DMAP, con preguntas directas sobre cómo se ponderaron datos científicos y de sensibilidad (por ejemplo, áreas de alimentación de aves). La Administración defendió que se usó “la mejor información disponible” en un proceso participativo.

BirdWatch, sin embargo, expresó preocupación por la consistencia de los conjuntos de datos y llegó a señalar que, según su lectura de los informes, el área Tonn Nua (zona A) carecería de una base de datos de aves marinas suficientemente clara en la evaluación. informe irlanda

El cierre: raro consenso y una decisión política inmediata

Si algo dejó el acta parlamentaria fue un mensaje difícil de ignorar: pescadores y ONG se parecen más de lo que se piensa cuando hablan de MPAs. Ambos piden reglas comprensibles, gestión sitio a sitio, consulta efectiva y recursos. El presidente del comité lo resumió como un “alto grado de acuerdo” y anunció dos acciones: presionar al ministro para que publique la legislación y exigir un calendario claro.

La reunión se levantó a las 13:26 y el comité fijó su siguiente cita para el martes 20 de enero de 2026.

La UE endurece el cerco a la pesca ilegal con CATCH

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Desde el 10 de enero de 2026, los importadores europeos deben tramitar en un sistema digital único los certificados de captura y documentos asociados.

La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) entra en una nueva fase en la frontera comunitaria. La Comisión Europea ha activado el uso obligatorio de CATCH, una plataforma informática en tiempo real integrada en TRACES NT, que centraliza la gestión del esquema europeo de certificación de capturas y aspira a acelerar procedimientos, reducir papel y, sobre todo, mejorar la detección de producto de origen irregular antes de que entre en el mercado de la UE. informe pesca ilegal

La novedad clave es el calendario: desde el 10 de enero de 2026, los importadores de la UE están obligados a presentar en CATCH los certificados de captura y la información asociada para cualquier envío de productos pesqueros que requiera documentación bajo el Reglamento INDNR. informe pesca ilegal
En paralelo, el sistema permite que operadores y autoridades de terceros países creen y validen documentos dentro de CATCH, aunque para ellos el uso es voluntario (y la Comisión lo “recomienda” para evitar fricciones y demoras). informe pesca ilegal

Más detalle en el certificado: buque, arte, zona y fechas

El informe de preguntas frecuentes detalla una actualización de la plantilla del certificado de captura con un objetivo claro: reconstruir con mayor precisión la actividad pesquera “desde el origen” y poder cruzar datos con medidas de conservación, zonas y normativa aplicable. informe pesca ilegal

Entre los campos reforzados destacan:

  • Identificación del buque: obligación de consignar IMO cuando proceda, u otro identificador único (UVI) si existe. informe pesca ilegal
  • Arte de pesca: pasa a ser un dato exigible en el certificado. informe pesca ilegal
  • Fechas de captura “desde–hasta” por marea o periodo de pesca. informe pesca ilegal
  • Zona de captura más desagregada: además del área FAO, se exige indicar ZEE y/o alta mar y, cuando aplique, el área de una OROP/RFMO. informe pesca ilegal

En la práctica, esto empuja a una trazabilidad más “auditada”: no solo qué se captura, sino dónde, con qué arte y bajo qué marco de gestión.

El procesado gana peso: cuándo hace falta “processing statement”

Otro punto de impacto para la cadena (incluida la industria transformadora) es el ajuste sobre la declaración de procesado (Anexo IV). Desde el 10 de enero de 2026, los productos procesados tras desembarque y exportados a la UE deben ir acompañados del processing statement, incluso si el procesado se realiza en el mismo país que actúa como Estado de pabellón. informe pesca ilegal
Además, el Anexo IV actualizado incorpora la obligación de un número único proporcionado por la autoridad que lo refrenda, para facilitar el seguimiento documental. informe pesca ilegal

El documento aclara también qué operaciones se consideran “procesado” (fileteado, ahumado, salazón, cocción, conserva, etc.) y cuáles no (por ejemplo, congelado y/o envasado, por sí solos, no activan el Anexo IV). informe pesca ilegal

Tránsitos y divisiones de partidas: llega el “non-manipulation document”

La UE introduce una pieza documental especialmente relevante para rutas con países de tránsito, almacenes logísticos o operaciones de split (dividir una partida en varias). El nuevo non-manipulation document tiene plantilla propia y es obligatorio desde el 10 de enero de 2026 cuando aplique, con el fin de acreditar que el producto no fue manipulado más allá de operaciones de conservación y que permaneció bajo supervisión de autoridad competente. informe pesca ilegal

El informe avisa de un detalle práctico: un bill of lading no equivale a ese documento, porque no certifica la supervisión por parte de la autoridad del país de tránsito. informe pesca ilegal

Periodo transitorio hasta 2028 y fin de “arreglos administrativos”

Para evitar un choque inmediato con documentos emitidos antes del cambio, se establece un periodo transitorio: hasta el 10 de enero de 2028, CATCH permitirá introducir información de plantillas antiguas para documentos validados antes del 10 de enero de 2026, pero la presentación a la autoridad de un Estado miembro deberá hacerse igualmente a través del sistema. informe pesca ilegal

Además, desde el 10 de enero de 2026 quedan terminados los acuerdos administrativos con siete países (entre ellos Noruega, Islandia, EE. UU. o Canadá) para usar sus plantillas específicas; aun así, se prevé una transición con reglas y fechas de adaptación para esos casos. informe pesca ilegal

El siguiente salto: conexión con la “ventanilla única” aduanera

La hoja de ruta no acaba en CATCH. La propia UE prevé la interoperabilidad con el EU Single Window Environment for Customs (EU CSW-CERTEX) como muy tarde en enero de 2028, para que las decisiones de autorización o rechazo en el ámbito INDNR circulen automáticamente hacia Aduanas. informe pesca ilegal

Impacto para el sector: más control, más datos, más riesgo de fricción si hay papel

El informe es explícito: cuando un exportador o una autoridad de un tercer país no usa CATCH y sigue emitiendo certificados en papel, el importador europeo deberá volcar los datos y subir una copia escaneada; y si falta algún campo obligatorio, el documento no se puede tramitar y habrá que pedir corrección y reemisión. informe pesca ilegal
Por eso Bruselas insiste en que digitalizar desde el origen reduce incidencias, y advierte de que el papel “inevitablemente” puede traducirse en procedimientos más largos. informe pesca ilegal

En el fondo, el mensaje es doble: más robustez contra la pesca INDNR y, al mismo tiempo, un nuevo estándar operativo que exige a la cadena —captura, tránsito, procesado, logística e importación— hablar un idioma documental más homogéneo y verificable. CATCH no elimina la complejidad del comercio pesquero global, pero sí coloca el listón: quien no esté listo en datos y trazabilidad, se expone a retrasos, bloqueos y verificaciones en el acceso al mayor mercado importador del mundo.