El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este jueves que los Totales Admisibles de Capturas (TAC) que los países de la Unión Europea fijaron para ciertas poblaciones de peces en 2020 atendieron los dictámenes científicos y que su nivel no fue inadecuado.
La corte con sede en Luxemburgo respondió así a una cuestión prejudicial planteada a través de una ONG, que denunció la fijación de cuotas superiores a lo debido en aguas de Irlanda.
La denuncia aseguraba que, según el dictamen científico emitido por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar para la pesca del año 2020, las cuotas correspondientes al bacalao, al merlán y a la solla en aguas que rodean Irlanda y entre esa isla y Francia debían haberse fijado en cero para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones.
Los jueces europeos no atendieron la opinión de una Abogada General del Tribunal de Justicia que pidió declarar inválido el Reglamento de 2020 en el que se fijaron las cuotas de pesca para el bacalao, el merlán y la solla en niveles superiores a cero cuando esas poblaciones de peces se pescaran como capturas accesorias.
El Tribunal de Justicia concluyó hoy que los controvertidos TAC “fueron fijados sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, en un nivel que no es manifiestamente inadecuado para conciliar el objetivo de continuación de las pesquerías mixtas y el de restablecer la buena situación biológica de las poblaciones afectadas”.
Además, añade la sentencia, “se vieron acompañados de medidas correctoras idóneas para limitar las capturas accesorias efectuadas en 2020 en las poblaciones objeto de esos TAC y, en consecuencia, el impacto de las pesquerías mixtas en cuestión en tales poblaciones”.
De ello, deriva que “al adoptar dichos TAC, el Consejo (los países) no sobrepasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación”.
El caso fue llevado ante el Tribunal Superior de Irlanda, que tenía “serias dudas” sobre la legalidad de los límites de pesca de la UE, e intensificó el procedimiento, pidiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunciara sobre la cuestión.
Valoración del ministro español
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su satisfacción tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la gestión y negociación pesqueras que se realizan anualmente entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Ha asegurado que “la justicia europea avala, con este fallo, la gestión pesquera basada en la sostenibilidad económica, social y ambiental”, como reconoce la Política Pesquera Común (PPC).
El tribunal da la razón al Consejo de Ministros de Pesca y muestra, “tal y como estábamos convencidos, de que había actuado correctamente en la fijación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) para el 2020 acordados en diciembre de 2019”. Este reparto fue puesto en duda por la asociación medioambientalista con sede en Irlanda “Friends of the Irish Environment”, en un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de este país que, a su vez, planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE.
El ministro apunta que “la sentencia es clara”, porque los TAC que esta asociación cuestiona se fijaron sobre la base de los mejores dictámenes científicos para que la actividad pesquera se pueda llevar a cabo manteniendo el estado biológico de las poblaciones de peces, así como el empleo y modo de vida ligada a la pesca.
El alto tribunal reconoce que el Consejo acompañó esta decisión con el establecimiento de medidas correctoras diseñadas para limitar las capturas accesorias realizadas en 2020 de las poblaciones cubiertas por esos TAC y, en consecuencia, su impacto en las pesquerías mixtas -sobre los que hay fijados totales admisibles de capturas, así como capturas accesorias- en dichas poblaciones.
Desde la organización ecologista ClientEarth dijeron que “el fallo de hoy aporta claridad: en el futuro, aprobar la sobrepesca de poblaciones objetivo es ilegal. Sin embargo, es decepcionante que el Tribunal no haya seguido la opinión de la Abogado General y no haya confirmado que la obligación de poner fin a la sobrepesca se aplica igualmente a las poblaciones de peces capturados accidentalmente”.
El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha manifestado su intención de permanecer alerta y utilizar todos los mecanismos e instrumentos internos de sus distintos estamentos para asegurar que los pescados y mariscos que llegan a los consumidores lo hacen, como es habitual, con los mayores estándares de calidad y seguridad.
El sector hace esta manifestación para tranquilizar a la opinión pública ante la posible incertidumbre que la polémica sobre los denominados “pélets” o “granza” aparecidos en distintas playas gallegas, asturianas, cántabras y vascas, así como francesas, pueda causar a la hora de consumir productos pesqueros.
Los pescadores apelan, una vez más, a la ciencia y a los científicos para determinar los efectos reales que sobre la salud puede tener este vertido de bolas de plástico. En este sentido, indican que las primeras informaciones apuntan a que se trata de polietileno que no sería tóxico. En cualquier caso, no se trata de microplásticos y, en caso de que fueran ingeridos accidentalmente por los peces, estarían presentes en el estómago e intestinos, no consumidos por el ser humano.
Por lo tanto, el sector pesquero, llama a la calma y a la no especulación informativa en torno a este hecho e insta a los partidos políticos, al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas a trabajar conjuntamente para aclarar y determinar de manera solvente el alcance real medioambiental, social y económico de este incidente, y para buscar soluciones eficaces para su erradicación. En este sentido, el sector pesquero ofrece toda su colaboración, como hace de manera habitual.
Por último, el sector pesquero cree que esta desafortunada situación puede servir para evidenciar la necesidad de reforzar las políticas preventivas y no reactivas capaces de minimizar el impacto de cualquier tipo de riesgo que el intenso tráfico marítimo de las cornisas cantábrica y atlántica pueda tener en su sostenibilidad ambiental, económica y social. Así mismo, el sector también aprovecha la oportunidad para concienciar a los ciudadanos y a las administraciones del problema que suponen los 1,7 millones de toneladas de plástico que cada año llegan a los océanos, procedentes de las actividades en tierra, según el informe “Global Plastics Outlook 2022” de la OCDE.
Por último, cabe recordar que los pescadores llevan años luchando contra esta lacra y limpiando los fondos de basuras y plásticos de forma voluntaria Así, a modo de ejemplo, en 2022, cerca de 2.600 pescadores recogieron casi 19 toneladas (189.844 kilos) de basura – mayoritariamente plásticos – de los fondos marinos españoles a través del programa Upcycling the Oceans. Gracias a este programa, prendas de ropa, calzados y otros utensilios se fabrican utilizando estos residuos como materia prima. El programa de reciclaje, que comenzó en 2015, ya ha recogido aproximadamente 1.400 toneladas de residuos en el mar.
Otras iniciativas impulsadas por el sector pesquero, como RED-USE, persiguen la circularidad de las redes y aparejos de pesca cuando acaban su vida útil, pasando a formar parte de mobiliario urbano y doméstico, entre otros. En 2022 se recogieron de los puertos españoles participantes más de 19 toneladas de redes, confirmando el compromiso del sector con una política de residuo cero.
ANFACO-CECOPESCA suscribe un convenio con la compañía eléctrica española por el cual las 255 empresas asociadas a este clúster de la cadena mar-industria que lo deseen contarán con un tratamiento personalizado de asesoramiento para reducir su huella de carbono implantando soluciones de descarbonización adaptadas a sus procesos industriales.Iberdrola pondrá además a disposición de los asociados su plataforma GGE (Global Green Employment) que centra su actividad en la divulgación de empleos verdes. A través de este portal cualquier ciudadano puede consultar la demanda de profesionales en este sector y acceder a información sobre todos los puestos de trabajo a nivel mundial.El colectivo de procesamiento y conservación de pescados y mariscos asociado suma en España una facturación anual de más de 11.600 millones de euros y supone el mantenimiento de más de 24.000 empleos
En un contexto mundial donde la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad son imperativos ineludibles, Iberdrola y ANFACO-CECOPESCA, entidad que agrupa a 255 empresas de la cadena mar-industria (procesado, conservación y la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura en España), se unen en un compromiso para impulsar la transición verde en consonancia con todo el sector pesquero. Este esfuerzo conjunto refleja la determinación de ambas entidades por promover prácticas responsables, alineadas con los ODS y contribuir a la construcción de un futuro más respetuoso con el medio ambiente. Mediante el acuerdo suscrito, Iberdrola se compromete a ofrecer a los asociados de Anfaco-Cecopesca que lo soliciten un estudio personalizado enfocado a la búsqueda de soluciones para la descarbonización y la sostenibilidad en sus productos industriales, tales como electrificación industrial y calor verde, uso de hidrógeno, movilidad eléctrica, posibilidad de instalaciones de generación fotovoltaica, suministro de energía 100% renovable y desarrollo de espacios industriales y empresariales inteligentes, entre otras. A la firma asistieron Alfonso Calderón, Director Comercial de Iberdrola Clientes España, y Roberto Alonso, Secretario General de ANFACO-CECOPESCA.
La industria marítima y pesquera desempeña un papel esencial en la economía global, pero también enfrenta desafíos significativos relacionados con la descarbonización y la sostenibilidad. La transición verde implica una transformación con la adopción de prácticas que reduzcan la huella de carbono y promuevan eficiencia energética, luchando contra la amenaza climática y protejan la biodiversidad marina. Durante el acto, Alfonso Calderón incidió en que “la firma del acuerdo es una muestra más del compromiso que tenemos desde Iberdrola en acompañar al sector industrial en el proceso hacia la descarbonización, en este caso concreto al industrial del sector conservero y de transformación de productos del mar, ofreciendo soluciones de electrificación 100% renovable en su actividad de procesado y conservación”.
Por su parte, ANFACO-CECOPESCA, como entidad representativa de la cadena mar-industria, reconoce la necesidad de liderar este cambio hacia la sostenibilidad siempre desde el diálogo, tal y como constató el pasado mes de julio con su adhesión a la Alianza Galega polo Clima y a la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB), o su pertenencia al Pacto Mundial de Naciones Unidas. A lo anterior se suman recurrentes proyectos en economía circular y valorización de subproductos, hacia el concepto de residuo cero. Roberto Alonso resaltó a este respecto que “los retos actuales de nuestra actividad ligada al mar necesitan de alianzas fuertes, como la presente, que compartan objetivos comunes para movilizar acciones sostenibles en beneficio del tejido industrial y la sociedad, siendo las entidades como ANFACO-CECOPESCA agentes de cambio positivo en la creación de oportunidades”.
Oportunidades de empleo
El contenido del convenio entre Iberdrola y ANFACO-CECOPESCA precisa además que la firma energética, como una de las empresas de referencia mundial en la transición energética verde, la sostenibilidad y la promoción de energías renovables, junto con soluciones para la descarbonización de la economía, es también uno de los vectores de dinamización y de impulso de oportunidades de trabajo en estas áreas, por lo que pone a disposición de todas las empresa asociadas la posibilidad de adherirse a la plataforma Global Green Employement (GGE). Este programa centra su actividad en la divulgación de empleo verdes, de manera que estas firmas de procesamiento y conservación de pescado podrán potenciar la empleabilidad mediante la visibilidad de sus vacantes de empleos verdes. Esto además se llevará a cabo con un respeto riguroso y permanente en todo momento del control por parte de los asociados sobre la gestión de estas oportunidades de trabajo.
El acuerdo de ANFACO-CECOPESCA con Iberdrola permitirá a la compañía eléctrica que preside Ignacio Galán facilitar energía verde a los asociados de ANFACO-CECOPESCA que se interesen, en su condición de empresa líder global en la defensa del medio ambiente y promoción de energías limpias y acceso a las mismas a sus clientes. Esta energía procede de fuentes energéticas renovables según lo establecido por la Directiva Europea, fuentes que evitan la emisión de aquellos gases que provocan el denominado efecto invernadero en la atmósfera. Este hecho permite dar un valor añadido medioambiental a las marcas y productos que optan por este suministro, lo que supone un empujón ante el consumidor para posicionarse en un mercado en el que éste — el de la reducción o eliminación total de la huella de carbono — es un valor positivo diferencial con una tendencia social creciente. Adicionalmente Iberdrola estudiará la mejora de las condiciones económicas del suministro eléctrico de los asociados interesados, optimizando la contratación de las potencias eléctricas, de manera que los clientes opten por la tarifa de acceso a las redes más rentable en cada caso.
En definitiva, este convenio permitirá impulsar la colaboración entre ambas entidades en beneficio de los nuevos retos emanados de la transición verde, y cuya palanca clave proviene de la transición azul y su interacción con los océanos. Precisamente, la preocupación por éstos refleja el compromiso conjunto entre Iberdrola y ANFACO-CECOPESCA como punto de partida para la construcción de un futuro más sostenible sin comprometer la actividad pesquera actual.
Además, el martes, el pleno debe decidir si aplica el procedimiento de urgencia a la nueva propuesta sobre oportunidades de pesca, en cuyo caso sería sometida a votación en esta misma sesión.
Manu Soto, director de la Estación Marítima de Plentzia, centro puntero de investigación biomarina a nivel europeo, advierte que, más allá de la polémica por su toxicidad, «lo que sí son es nocivos para el medio ambiente».
El Gobierno Vasco no espera que los residuos de la marea de pellets de plástico se dejen ver esta semana frente a la costa de Euskadi, aunque activará un plan de emergencia marina y tratará de recogerlos en alta mar para minimizar la cantidad que finalmente llegue al litoral vasco, después de que se haya extendido ya desde Galicia a Asturias.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha activado el Plan Especial de Emergencia de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar «Itsasertza» y en las próximas horas se convocará a la comisión asesora.
A su juicio, el impacto medioambiental de este vertido, aunque es «importante, no es comparable de ninguna manera con lo que ocurrió con el ‘Prestige'» y la marea de chapapote que afectó entonces a toda la cornisa cantábrica.
Todos los indicadores y análisis efectuados a los pellets localizados en los últimos días en la costa vasca apuntan a que son anteriores al vertido en Portugal, aunque todavía hay que confirmar este extremo.
Así lo han transmitido este jueves el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y el director del centro de ciencia y tecnología marina y alimentaria Azti, Rogelio Pozo, en una conferencia de prensa celebrada en Bilbao tras la primera reunión del comité asesor del Plan de Emergencia por contaminación marina.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido críticas de distintos sectores por sus múltiples iniciativas de reformas. El capítulo referido a las modificaciones a la ley de pesca, incluido en su proyecto de «ley ómnibus» ―formalmente denominada Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos― no es la excepción. ¿Cuáles son los puntos más cuestionados? Gobernantes locales apuntan a los que quitan la prioridad a las empresas y trabajadores argentinos.
Si se aprueba este proyecto de ley, ya no será obligatoria la descarga en los puertos argentinos, ya que se derogaría el artículo 25 de la actual ley de pesca, que obliga a «desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos».
También se modificaría el artículo 26, que regula los permisos de pesca. Hasta ahora, los criterios para habilitar a los buques por plazos de 10 o 30 años tienen que ver con priorizar a quienes empleen mayor mano de obra argentina, a las naves construidas en el país y con menor antigüedad.
La nueva propuesta es establecer un plazo único de 20 años y eliminar todos estos requisitos. «Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques», dice. «Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques», agrega.
Otro cambio tiene que ver con la competencia en los cupos de captura, en los que vuelve a igualar a buques nacionales y extranjeros. La ley vigente estipula en su artículo 27 que las cuotas de captura se deben otorgar «por especies, por buque, zonas de pesca y tipo de flota». También que, para otorgar esos permisos, el Consejo Federal Pesquero deberá ver los antecedentes y priorizar la «cantidad de mano de obra nacional ocupada», las «inversiones efectivamente realizadas en el país», «el promedio de toneladas de captura legal de cada especie» y de «toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie efectuado durante los últimos ocho años» por buque o por grupo de naves «si estos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario», y «la falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o resoluciones regulatorias de la actividad pesquera».
La propuesta de la «ley ómnibus», en cambio, liberaría las licitaciones a cualquier buque extranjero, sin contemplar los antecedentes de las empresas. Propone que las cuotas de captura sean asignadas «a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada».
Zona exclusiva
Este punto es particularmente controvertido, dada la disputa que existe de larga data con los numerosos pesqueros internacionales, principalmente chinos, españoles, taiwaneses y surcoreanos que trabajan casi sin controles en aguas internacionales, al límite de la zona económica exclusiva de Argentina, demarcada por la línea de las 200 millas náuticas, o 370 kilómetros, desde la costa.
Organizaciones como Greenpeace daban cuenta ya en 2021 de que esas flotas generaban «un resplandor tan grande como el que genera la Ciudad de Buenos Aires» en un área de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados, en la que llegaron a contabilizar 470 barcos, mientras que en toda la zona económica exclusiva, que es más de un millón de kilómetros cuadrados, había en operación «aproximadamente 200 barcos».
Por último, la «ley ómnibus» eliminaría la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, al derogar el artículo 40, que estipula que «las habilitaciones de capitanes y oficiales se reservan para los argentinos” y que “el 75% del personal de maestranza, marinería y operarios de planta a bordo de los buques pesqueros debe estar constituido por argentinos o extranjeros con más de 10 años de residencia permanente efectivamente acreditada en el país».
Las normas revisadas modernizan la forma en que se controlan las actividades pesqueras, por ejemplo tanto los buques de la UE como los que pescan en aguas de la UE . Ayudarán a prevenir la sobrepesca, crearán un sistema de control de la pesca más eficaz y armonizado y garantizarán la igualdad de condiciones entre las diferentes cuencas marinas y flotas.
El Reglamento revisado de control de la pesca de la UE actualiza la mayoría de las normas de control de los buques pesqueros para en línea con los avances tecnológicos y hacer que la pesca en la UE sea más sostenible.
Los principales cambios se refieren a un mejor seguimiento de las actividades pesqueras y a la trazabilidad de las capturas haciendo uso de la mejor tecnología disponible y sancionando a quienes incumplan las normas.
El Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, afirmó:
El sistema revisado de control de la pesca es la culminación de cinco años de negociaciones. Con ello, estamos actualizando significativamente la forma en que se supervisan las actividades pesqueras, para garantizar que nuestros preciosos recursos marinos estén mejor protegidos y que las normas de control de la pesca se apliquen mejor a lo largo de toda la cadena, desde la red hasta el plato.
Mejor armonización y preservación de los recursos marinos
Las nuevas disposiciones garantizarán un sistema de control pesquero más armonizado para las pesquerías de la UE y preservarán mejor los recursos marinos mediante:
Lucha reforzada contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) el transición hacia la digitalización total, las nuevas tecnologías y la gestión de datos moderna.
El control de las actividades pesqueras será completamente digitalizado – de la red al plato – ampliando gradualmente la geolocalización y la notificación electrónica a todos los buques pesqueros, independientemente de su tamaño, y obligando a registrar y notificar las capturas en determinadas pesquerías recreativas.
Todos los buques pesqueros serán rastreados a través de un sistemas de seguimiento de buques (VMS) y todas las capturas deberán registrarse por medios electrónicos.
Se utilizarán herramientas fáciles de usar, como aplicaciones en dispositivos móviles, para aliviar la carga de los pescadores.
Por primera vez, la trazabilidad digital completa será obligatoria a lo largo de la cadena de suministro, lo que permitirá a las autoridades abordar la pesca ilegal. El sistema será obligatorio para los productos frescos, congelados y de acuicultura y se ampliará gradualmente a los productos pesqueros procesados, como las conservas, proporcionando más información sobre el origen a los consumidores. Estas normas se aplicarán a todos los productos pesqueros, incluidos los importados.
Las nuevas normas del sistema de control de la UE también refuerzan la cumplimiento de la ‘obligación de desembarque’ (para garantizar que las capturas no deseadas no se descarten ilegalmente en el mar, sino que se lleven a la costa): incluyen obligaciones para monitoreo electrónico remoto (con cámaras a bordo) para buques pesqueros de más de 18 metros que presenten un alto riesgo de incumplimiento de esta obligación.
Es importante destacar que las nuevas normas incluyen sanciones armonizadas por incumplimiento de las normas de la política pesquera común, en particular en el caso de infracciones graves.
Nuevas normas para los productos pesqueros importados
Para los productos pesqueros importados, el uso de la Herramienta informática CATCH pasará a ser obligatorio.
Importadores de la UE deberá utilizar CATCH a partir del 9 de enero de 2026 para presentar los certificados de captura para la importación de productos pesqueros en el mercado de la UE.
CATCH agiliza el proceso de certificación de capturas de productos pesqueros que ingresan al mercado de la UE y ofrece un Flujo de trabajo totalmente digitalizado y sin papel. Facilita el intercambio de datos, información y documentos entre todas las partes comerciales involucradas y las autoridades de control y, por tanto, simplifica y acelera los procedimientos administrativos.
CATCH facilita la identificación y prohibición de la importación a la UE de productos pesqueros obtenidos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), mejorando así la eficacia del sistema de certificación de capturas del Reglamento INDNR de la UE.
Próximos pasos
El reglamento entrará en vigor el 9 de enero de 2024, pero existen disposiciones transitorias para dejar tiempo suficiente para que las autoridades pesqueras de la UE y otras partes interesadas relevantes se adapten a los nuevos requisitos.
La mayoría de las disposiciones del Reglamento modificado se aplicarán en dos años, a partir del 10 de enero de 2026. Las excepciones al margen de tolerancia se aplicarán en seis meses (a partir del 9 de julio de 2024).
Algunas disposiciones se aplicarán solo después de cuatro años (a partir del 10 de enero de 2028), ya que su implementación puede requerir algún trabajo preparatorio, como el seguimiento electrónico remoto o el seguimiento electrónico y el registro de capturas para flotas de pequeña escala.
Pocas otras disposiciones se aplicarán sólo después de cinco años (a partir del 10 de enero de 2029), como las relativas a la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas preparados y conservados o de las algas.
En los próximos meses y años, la Comisión Europea adoptará las regulaciones necesarias para garantizar una implementación armonizada de las nuevas reglas en toda la UE.
Fondo
Las normas de control son fundamentales para implementar la política pesquera común de la UE, en particular para monitorear las cuotas de pesca y garantizar que las capturas no deseadas no se descarten ilegalmente en el mar.
El seguimiento y control de las actividades pesqueras lo llevan a cabo las autoridades nacionales, con el apoyo de la Comisión Europea y la Agencia Europea de Control de la Pesca.
En 2018, la Comisión Europea propuso revisar el sistema de control pesquero de la UE para simplificarlo y garantizar el pleno cumplimiento de la política pesquera común reformada.
A finales de mayo de 2023, los dos colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo, acordaron un acuerdo final que aprobaron formalmente el 20 de diciembre de 2023.
El Gobierno vasco utiliza dos barcos para vigilar los pellets y Bizkaia pide a los voluntarios que no vayan por su cuenta a las playas
Las administraciones vascas aceleran sus dispositivos para localizar la llegada de las bolas de plástico o pellets que formaban parte de la carga del Toconao tras detectarse desde ayer los primeros restos plásticos en la playa de La Arena. El Gobierno vasco ultima la salida a la mar de dos barcos para la inspección y el control de los restos de plástico mientras que la Diputación de Bizkaia ya ha activado un dispositivo propio con 60 profesionales. La diputada foral Arantxa Atutxa ha pedido a posibles voluntarios para que no acudan a las playas por su cuenta para evitar que al pisar los pellets se entierren en la arena dificultando su recogida.
El Gobierno vasco cuenta con un barco propio de inspección y está habilitando un pesquero para detectar la presencia de pellets en la franja costera de Bizkaia donde ayer martes se encontraron los primeros restos de plástico. El dispositivo forma parte de un plan de emergencia liderado por el vicelehendakari y consejero de Seguridad Josu Erkoreka. Este grupo de trabajo no es el único que se ha constituido durante las últimas horas porque el delegado del Gobierno Denis Itxaso también ha mantenido una primera reunión de coordinación con responsables y técnicos de las administraciones vascas implicadas.
«Es importante que todas las instituciones nos coordinemos y abordemos este fenómeno en su justa proporción», ha afirmado Itxaso que se ha comprometido a facilitar el primer balance de su grupo de trabajo con el Ejecutivo de Urkullu. En la reunión convocada por Itxaso han participado los diputados forales de Bizkaia Arantxa Atutxa y de Gipuzkoa José Ignacio Asensio.
Atutxa, en una comparecencia de urgencia ante los medios de comunicación, ha explicado que Bizkaia ha activado a 60 profesionales de los servicios de vigilancia y medio ambiente de las costas vizcaínas. Además, se ha puesto en marcha la compra de material como tamizadoras para la limpieza de las playas tras detectarse restos plásticos en tres arenales vizcaínos.
Pero la Diputación de Bizkaia pretende evitar la presencia descontrolada de voluntarios en sus playas y ha reclamado que los ciudadanos no acudan por su cuenta a ayudar en la limpieza sino que se ofrezcan a las asociaciones Sare Berdeak y Bizkaia Gara que serán las encargadas de coordinar a los posibles voluntarios. Atutxa ha advertido de que si los ciudadanos pisan los restos plásticos es muy probable que queden enterrados en la arena aumentando la dificultad para su recogida.
La Diputación de Bizkaia ya ha remitido al centro de investigación Azti los restos hallados en las últimas horas pero, como también ha confirmado la consejera Arantxa Tapia, aún no está completamente confirmado que procedan el carguero portacontenedores Toconao.
Itsasmuseum alberga en Carol Iglesias Espazioa la exposición temporal sobre Nuevo Anchústegui, ‘Gure Señoriti’, hasta el 7 de abril de 2024. La presentación ante los medios ha tenido lugar este miércoles con presencia de Juan Antonio Apraiz, comisario de la exposición e investigador y divulgador de la cultura marítima vasca; Jon Ispizua, responsable de Erain, el proyecto de carpintería de ribera Itsasmuseum; Jon Ruigómez, director de Itsasmuseum, y Leixuri Arrizabalaga, presidenta de Itsasmuseum y diputada de Cultura.
Se trata de un recorrido por la historia de un barco único e irrepetible, el representante más antiguo de una época y una tipología fundamental en el desarrollo de la pesca tradicional de bajura en Euskal Herria que refleja el saber hacer de los carpinteros de ribera que poblaban la costa de Bizkaia en el siglo XX.
La muestra aborda temas como la familia, el pueblo de Ondarroa, su puerto base, la historia del barco y sus adaptaciones para dar servicio a los distintos tipos de pesca en los que faenaba, su donación a Itsasmuseum o su nueva vida como pieza de la colección. Presenta también una selección de imágenes y documentos del archivo familiar, así como piezas cedidas por otras instituciones como el Euskal Museoa.
Este miércoles a las 18.00 horas tendrá lugar en el museo la inauguración social de la muestra, abierta a todos los públicos, que contará con una breve presentación de Juan Antonio Apraiz Zallo en el auditorio y la visita posterior a la exposición.
Logotipo del proyecto
En paralelo, se ha presentado el logotipo del proyecto del Nuevo Anchústegui, una creatividad diseñada por Xabier Laka Antxustegi, profesor en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, escultor, y miembro de la familia Antxustegi, que tiene como finalidad complementar el vínculo con lo fabril y lo mercantil del ámbito marítimo del logotipo de Itsasmuseum, con una visión artesanal y pesquera de lo marítimo de la que, el Nuevo Anchústegui, es un claro exponente.
Tanto el logotipo como los dos prototipos materializados para su uso experimental como objeto conmemorativo en dos versiones, ‘itsasgora-pleamar’ e ‘itsasbehera-bajamar’, han sido donados por el autor al museo y se encuentran disponibles para la venta al público en la tienda a un precio de 20 euros. Todos los beneficios de estas ventas se destinarán a la restauración y conservación del Nuevo Anchústegui.
La embarcación
Nuevo Anchústegui, construido en los Astilleros Arriola de Ondarroa en 1958, es una embarcación de bajura típica de finales de los 50, con casco de madera de sólida estructura de roble, barraganetes en las bandas, amuras y aletas, viveros metálicos para la pesca con cebo vivo incorporados en el interior del casco, superestructura con puente de gobierno a media altura, mástiles de madera y que contaba con un afamado motor de propulsión local entre otras características reseñables.
Donado a Itsasmuseum por la familia Antxustegi-Badiola el 17 de octubre de 1997, navegó desde Ondarroa para ser mantenido en seco en los muelles de Axpe hasta que en 2003 fue trasladado a los diques del antiguo Astillero de Euskalduna, lugar en el que se encuentra desde entonces como pieza representativa de la colección del museo. Años después, en 2015, el Gobierno de Gasteiz decidió restaurar la embarcación por su valor cultural en el marco de la subvención para la protección del patrimonio marítimo.
Patrimonio inmaterial e identidad
La exposición no solo quiere recoger el patrimonio material, la historia del Nuevo Anchústegi como embarcación, como objeto, como pieza relevante de patrimonio tangible, sino que también quiere profundizar en la memoria inmaterial, en los testimonios vivos, en el contexto en que se construye y sale a faenar, en Ondarroa, en la familia Antxustegi-Badiola, quiere adentrarse y recuperar también esta otra parte de su valor cultural, el que se refiere a las vivencias, las tradiciones y las personas.
«Nuevo Anchústegui es un elemento importante del patrimonio marítimo vasco, es un testimonio vivo de la relación de un pueblo con su medio, sus bosques y la madera que se extrae de ellos, sus mares y las especies que los habitan, sus puertos, los vientos imperantes, etc. Es, en definitiva, el reflejo de las raíces culturales de un pueblo, un elemento identitario de primer orden», han señalado desde Itsasmuseum.
Juan Antonio Apraiz, el comisario, es un gran conocedor de la cultura marítima de Euskal Herria. Este proyecto es el resultado de una larga y rigurosa investigación que le ha llevado a recoger y analizar mucho material, documentos y testimonios, con la finalidad de crear una auténtica ‘biografía’ del barco.
En 2016 Itsasmuseum, de la mano de la Diputación Foral de Bizkaia, apostó por retomar su proyecto original de taller, crear Erain como polo de conocimiento de la carpintería de ribera de Bizkaia y, con el visto bueno del Patronato, proceder a la restauración científica del barco bajo tres premisas; el respeto a los criterios de mínima intervención en objetos patrimoniales, la toma de decisiones de manera consensuada entre las personas que forman el equipo técnico multidisciplinar compuesto por profesionales del ámbito de la restauración, la etnografía, los museos, el patrimonio y la universidad, así como la participación de personas voluntarias en el proceso.
Erain, en euskara, es el nombre que recibe el tipo corte que necesita una tabla (traca) para adaptarse a las formas de un barco. Además, es una forma coloquial del verbo ‘eragin’ que significa promover, activar, impulsar, inducir o sembrar. Y precisamente eso es lo que pretende Itsasmuseum Bilbao, recuperar el conocimiento de la carpintería de ribera como parte de nuestra identidad como museo y territorio.
La restauración científica del Nuevo Anchústegui ocupa un lugar destacado en la iniciativa. Un proyecto que quiere dejar constancia de todo el proceso, es decir, documentar cada intervención, para que en el futuro sirva para actuar en este ámbito. En este sentido, anualmente, el museo publica una memoria con todo el trabajo realizado, un histórico de las intervenciones, el diagnóstico de conservación general del barco y la definición de los criterios que marcan la restauración científica.
De martes a domingo de 11.00 a 19.00. Los lunes cerrado.
Arsenio Domínguez tomó posesión de su cargo de Secretario General de la OMI el 1 de enero, nombró a los miembros del Comité de Dirección.
El Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha anunciado su equipo de dirección, una semana después de tomar posesión de su nuevo cargo.
El Sr. Arsenio Domínguez, que tomó posesión de su cargo como décimo Secretario General electo de la OMI el 1 de enero, nombró a los miembros del Comité de Dirección el 8 de enero:
Directora de la División administrativa – Sra. Azara Prempeh
Director de la División de seguridad marítima – Sr. Hiroyuki Yamada
Directora de la División de asuntos jurídicos y relaciones exteriores – Sra. Dorota Lost-Sieminska
Directora de la División del medio marino – Sra. Heike Deggim
Director de la División de cooperación técnica – Sr. José Matheickal
Director de la División de conferencias – Sr. Xiaojie Zhang
Jefe de Gabinete – Sr. Damien Chevallier
En su mensaje de año nuevo, el Sr. Domínguez prometió aprovechar los éxitos de la OMI y hacer más.
«Conmigo como décimo Secretario General, les invito a que se unan a nosotros en una era de progresión de la Organización, que lidera con el ejemplo y con valores más elevados desde la inclusión, la diversidad y la transparencia. Estoy deseando trabajar con ustedes en los próximos años en una nueva y apasionante era para hacer de este sector marítimo uno mucho mejor», declaró el Sr. Domínguez.
España se dota, por primera vez, de un marco legal para prevenir el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación. El ministro Luis Planas señala que evitar el despilfarro de alimentos es un “imperativo categórico” que implica al conjunto de la sociedad. Las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas.
Un aspecto esencial de la ley cuando se produzca el desperdicio alimentario es la jerarquía de prioridades. La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos y, cuando no sea posible, se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost
El proyecto de ley establece medidas de buenas prácticas, como el incentivo del consumo de productos considerados poco estéticos, alimentos de temporada y ecológicos
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales.
Dada la importancia que tiene para la sociedad española en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico, el Gobierno ha considerado prioritario retomar esta iniciativa legislativa y aprobar este proyecto de ley en el primer Consejo de Ministros de 2024, para su posterior tramitación parlamentaria.
IMPERATIVO ÉTICO DEL DESPERDICIO
La motivación de la ley responde al “imperativo categórico” que según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tienen los poderes públicos de reducir drásticamente el volumen de desperdicio alimentario, en consonancia con las grandes líneas del Gobierno de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico. Planas ha resumido el objetivo de la ley en lema de la campaña de concienciación que realiza el ministerio, “aquí no se tira nada”.
El ministro ha explicado que el desperdicio perjudica especialmente a los más necesitados, al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad; malgasta recursos naturales escasos y aumenta los residuos y el impacto ambiental; y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Es, por tanto, una obligación también para todos los operadores de la cadena, y una tarea que debe implicar al conjunto de la sociedad.
Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.
Con este proyecto de ley, España se dota, por primera vez, de un marco legal para el conjunto del Estado para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación de todos los actores de la cadena alimentaria. La nueva norma busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos, la donación y contribuir de esta manera a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable.
De esta forma, la futura ley establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario. Es un aspecto esencial, ya que se establece como prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.
En siguientes escalones, se contempla la transformación de los alimentos (zumos, mermeladas) y, cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos o la obtención de compost o biocombustibles.
Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien debe cobrar por los envases de plásticos de un solo uso como establece la Ley de residuos 7/2022.
La ley también articula medidas de buenas prácticas en cuestiones como la venta de productos ‘imperfectos’; de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. Y también para la venta de productos de consumo preferente o de caducidad próxima.
La norma, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria, se fundamenta en valores ampliamente compartidos por la mayoría de la sociedad y es una ley con más vocación de convencimiento y sensibilización que de coerción. Como todas las leyes cuenta con un régimen sancionador, si bien su objetivo es la concienciación.
Y, en un contexto como el actual, no podemos permitirnos, como sociedad, el lujo de desperdiciar el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores o despilfarrar recursos como el agua, la energía o los fertilizantes.
PREVENCIÓN PARA EVITAR EL DESPILFARRO DE RECURSOS
Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de España de prevenir y reducir estas pérdidas, no solo para asegurar el suministro alimentario, sino también para disminuir riesgos ambientales y preservar recursos naturales y energéticos.
El proyecto de ley está en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que establece en su punto 12.3 la necesidad de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de venta al por menor y consumo, así como disminuir las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro para el año 2030.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aproximadamente se desperdician en el mundo unos 1.300 millones de toneladas anuales, lo que supone un 30 % de los alimentos que se producen.
España está comprometida con la solución a este problema, con medidas que van desde la creación de metodologías de medición del desperdicio, campañas de sensibilización y publicidad y otras acciones de colaboración con otros agentes de la cadena alimentaria.
Desde hace unos años, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mide el desperdicio que se produce dentro y fuera de los hogares. Así, durante el año 2022, los hogares españoles registraron un desperdicio total de 1.170,45 millones de kilos o litros, con una disminución del 6,1% en comparación con el año anterior y un notable descenso del 13,5 % respecto al periodo prepandemia, en 2019.
A pesar de este avance positivo, el Gobierno considera necesario mantener el esfuerzo de sensibilización de los consumidores, para garantizar un aprovechamiento más eficiente de los alimentos. Son cifras aún altas que es necesario reducir, con un mejor aprovechamiento de los alimentos y una cadena alimentaria más eficiente y sostenible.
PLAN DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO
Para lograr estos objetivos, la nueva ley establece la obligatoriedad para todos los agentes de la cadena alimentaria de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio. El propósito es que las empresas realicen un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen áreas donde se producen pérdidas de alimentos e implementen medidas para minimizarlas y asignen usos alternativos, siguiendo una jerarquía de prioridades adaptada a las características de cada agente.
Un aspecto esencial de la ley es la jerarquía de prioridades, que permite a los agentes establecer una prelación en el destino de los alimentos para evitar su desperdicio. En este sentido, la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos.
Para la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones. Quedarán exceptuados de la obligación de realizar estos convenios de donación las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2.
En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en otros productos como zumos o mermeladas. Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.
BUENAS PRÁCTICAS
Asimismo, el proyecto de ley establece medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos, o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. El Gobierno adoptará políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio, para lo que se llevarán a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente.
Por su parte, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Este plan, que se revisará cada cuatro años, definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.
Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario, que contendrá objetivos generales y prioridades para las tareas de control.
DATOS DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN ESPAÑA
Durante el año 2022, cada hogar español desperdició, de media, aproximadamente 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas. Los productos sin elaborar siguen siendo los más desperdiciados, aunque en 2022 fueron un 9 % menos que en 2021. Respecto a los platos cocinados, su desperdicio aumentó un 6,7 % respecto a 2021.
En cuanto al comportamiento fuera del hogar, aunque el consumo alimentario aumentó un 6,1 % en el año 2022, se produjo una reducción del desperdicio del 11,3 %, lo que supone una reducción en más de 4 millones de kilos o litros respecto del 2021.
Los datos reflejan que se camina en una buena dirección, pero resulta necesario continuar la labor de sensibilización y educación sobre el control de los productos frescos perecederos y no perecederos, y su aprovechamiento, en especial tras la implementación de las nuevas rutinas tanto de trabajo como de consumo fuera del hogar.
La empresa vasca BIOLAN Microbiosensors ha inaugurado hoy el nuevo edificio en Zamudio (Bizkaia) que les va a permitir seguir creciendo como equipo.
BIOLAN desarrolla, fabrica y comercializamos biosensores enzimáticos, test inmunocromatográficos y diagnósticos genéticos y moleculares para la detección de parámetros relacionados con la calidad y seguridad alimentaria, así como con la salud.
BIOLAN ha logrado el premio A de BRONCE otorgado por EUSKALIT, impulsor de la mejora e innovación de la gestión de las empresas vascas Un total de 19 organizaciones vascas, entre las que se encuentra BIOLAN, fueron reconocidas con el Premio Vasco a la Gestión en una ceremonia de entrega que tuvo lugar el 19 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.
El método BIOFISH 7000 HIS de BIOLAN ha obtenido una excelente calificación en el último Proficiency Testing realizado por la LGC Standards, el laboratorio del Instituto Nacional de Medición del Reino Unido dedicado a la realización de ensayos de aptitud. En esta ocasión, el equipo BIOFISH 7000 HIS se ha sometido a un estudio comparativo con los métodos oficiales de referencia actuales que miden histamina en pescado, como la Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC) y el método ELISA.
A este último reconocimiento hay que sumarle la participación en otros dos Proficiency Tests: uno organizado en julio por el mismo laboratorio mencionado arriba; y el otro, en septiembre, organizado por FAPAS, uno de los laboratorios de ensayos de aptitud más conocidos a nivel mundial.
En está inauguración nos han acompañado el Lehendakari Iñigo Urkullu, la Diputada General de Bizkaia Elixabete Etxanobe Landajuela, las Consejeras Arantxa Tapia y Gotzone Sagardui Goikoetxea, la Diputada Foral Ainara Basurko, la alcaldesa de Derio Esther Apraiz y la teniente de alcalde de Zamudio Itziar Landeta, junto con otras autoridades
