La ley de Restauración de la Naturaleza, parte del paquete de políticas verdes emprendida por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, se está convirtiendo en estandarte de las protestas agrícolas que atraviesan Europa. También en una de las normativas más polémicas de la legislatura, ampliamente rechazada por la derecha. Este lunes le ha tocado el turno a Hungría, que junto con otros siete Estados miembro han impedido que los países de la UE aprueben de forma definitiva la norma que busca restaurar los hábitats dañados para 2050.

Tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, a finales de febrero el pleno de la Eurocámara daba el respaldo a esta normativa aún con el rechazo de la derecha y la ultraderecha. A un paso de su aprobación definitiva, pendiente solo de la ratificación por parte de los Estados miembro, finalmente el voto en contra del gobierno ultraderechista de Víktor Orbán ha servido para sumar una minoría de bloqueo, junto con Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia.

Todos los ojos estaban puestos en Budapest, que si finalmente se unía al grupo de países contrarios permitiría sumar la minoría de bloqueo. Preguntada por esta posibilidad a su llegada al Consejo de ministros de Medio Ambiente, este lunes, la ministra de Transición Ecológica, apuntaba que sería «un enorme fracaso no tener un compromiso de restauración de la naturaleza». Un escenario que consideró una «enorme irresponsabilidad

Este proceso, que acostumbra a ser meramente protocolario, ha terminado por poner en jaque la legislación. A pesar de que no constaba en la agenda del encuentro de ministros de este lunes, el asunto se añadió al debate para que los ministros «aborden el actual estado del expediente», según fuentes del Gobierno belga, que ocupa este primer semestre de 2024 la presidencia de turno del Consejo de la UE, sin bien no estaba previsto ningún votvoto al respecto

Aunque la normativa se ha ido diluyendo en su tramitación respecto a la propuesta presentada por Bruselas en junio de 2022. La idea de esta ley era dibujar una estrategia comunitaria en paralelo para cumplir con los acuerdos de biodiversidad de las Naciones Unidas. Es así que planteaba que el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres degradados deban ser restaurados para 2030 y la totalidad para 2050.

A petición del Parlamento, la ley incluye un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.

El Comisario Sinkevicius ha anunciado una evaluación completa de la Política Pesquera Común. Su declaración se ha realizado, en Brujas, en el Conejo informal de la UE anunciando que llevará a cabo una evaluación completa de la Política Pesquera Común.

Sinkevivius ha declarado esta tarde en rueda de prensa desde la reunión de Ministros de Pesca de la UE celebrada en Brujas que es un buen momento para analizar el futuro de nuestra pesca. En la reunión se ha repasado el mandato de cinco años de la Comisión y el Parlamento. Dijo que había sido un mandato difícil, empezando por el Brexit, que cambió la organización de las pesquerías de la Unión, la pandemia del COVID-19, que ejerció «una enorme presión sobre nuestros pescadores», según el Comisario, y, por último, la invasión de Ucrania por Rusia, que encareció enormemente los precios del gasóleo para uso marítimo, lo que mermó los beneficios de los buques pesqueros.

En su opinión, como si se tratara su última declaración, han sido años realmente difíciles, en los que la UE ha sabido actuar a tiempo para ayudar a los pescadores a utilizar los fondos disponibles, pero en los que todavía tenemos que mirar hacia el futuro, asegurándonos de que nuestros pescadores sean aún más resistentes a futuras crisis, garantizando que haya una transición hacia combustibles más sostenibles que permitan tener una pesca sana pero garantizando la sostenibilidad.

Dijo que fueron años realmente difíciles, en los que la UE consiguió actuar a tiempo para ayudar a los pescadores a utilizar los fondos disponibles, pero afirma que todavía tenemos que mirar hacia el futuro asegurándonos de que nuestros pescadores sean aún más resistentes a futuros choques, asegurándonos de que haya una transición hacia combustibles más sostenibles que permitan tener una pesca sana pero garantizando la sostenibilidad en nuestros océanos.

Elogió el esfuerzo del sector pesquero y acuícola por contribuir a mejorar el medio marino. Dijo: «Pero nada se habría conseguido sin nuestros pescadores y acuicultores. «Quiero agradecerles de todo corazón sus encomiables esfuerzos», finalizó

El ministro de Agricultura ha participado en Brujas cómo proteger los caladeros y hacer más atractivo el sector garantizando que sea una actividad «rentable y sostenible»

La Unión Europea (UE) quiere hacer más atractivo el sector de la pesca a los jóvenes, para lo que hay que tomar «importantes decisiones de inversión», reconoció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes de entrar al Consejo informal sobre el futuro.

Hay que esperar a la sentencia para ver qué ocurre y qué consecuencias prácticas tiene el tema». Así, con cautela, se ha pronunciado este lunes el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, sobre la situación con el acuerdo de pesca de la UE con Marruecos, solo unos días después de que la abogada general de la Unión recomendara al TJUE la suspensión de este pacto. «No hay que prejuzgar las situaciones, pero, en todo caso, estamos preparados para cualquier escenario, en contacto con las autoridades marroquíes y, evidentemente, tanto en el Consejo como en la Comisión están trabajando sobre ello», sostuvo Planas en declaraciones a Efe en el Consejo de ministros del ramo en Brujas.

En primer lugar, la abogada general explica que el pueblo del Sáhara Occidental «no tiene ningún representante oficial o reconocido para interponer un recurso en su nombre». Sin embargo, el Frente Polisario lucha por uno de los tres resultados posibles del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental: la creación de un Estado independiente. En consecuencia, debe considerarse que el Frente Polisario «refleja los intereses y deseos de (al menos) una parte del pueblo del Sáhara Occidental», resume.

Después, pasando al fondo del asunto, la abogada general sostiene que el Acuerdo de Pesca y el Protocolo de Aplicación «no cumplen el requisito» de tratar el territorio del Sáhara Occidental como «separado y distinto» del del Reino de Marruecos.

Además, añade, el hecho de no tratar por separado ambos territorios también «puede repercutir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio!. Sin embargo, dado que algunos de estos elementos, aunque planteados ante el Tribunal General, no fueron tratados, no corresponde al Tribunal de Justicia discutir el alcance de los derechos y deberes relacionados con el disfrute de los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental, concluye el comunicado de la abogada. En general, el TJUE suele seguir la línea marcada por esta figura.

En ese contexto, Planas prefiere optar por la cautela y esperar acontecimientos. «Este es un acuerdo de pesca, pero es un poco más que un acuerdo de pesca. Es uno de los elementos que unen a un país cercano, socio y amigo de la Unión Europea, como es Marruecos, con la Unión Europea. Por tanto, estas consecuencias también hay que tenerlas muy presentes», expuso el ministro en un encuentro informal del que no se esperan grandes conclusiones.

«Hay casos en los cuales el tribunal sigue el criterio de la abogada general y otros en que no sigue ese criterio», concluyó el titular de Agricultura y Pesca, en un tema sobre el que los próximos meses serán capitales. En enero de 2019, la Unión Europea y el Reino de Marruecos firmaron el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero sostenible (el Acuerdo de pesca), junto con el Protocolo de aplicación. Dicho acuerdo fue aprobado por el Consejo.

En junio de 2019, el Frente Polisario, movimiento que apoya el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, solicitó la anulación de la Decisión del Consejo ante el Tribunal General. En su recurso, el Frente Polisario afirma representar al pueblo del Sáhara Occidental. Alega que el Consejo no respetó el derecho a la autodeterminación de dicho pueblo. En su sentencia, el Tribunal General anuló la decisión del Consejo. En 2021, tanto la Comisión como el Consejo interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia.

La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.