El pleno del Parlamento gallego ha aprobado, con los votos a favor del PPdeG y de Democracia Ourensana (DO) y el rechazo de la oposición, la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, una norma con la que, para BNG y PSdeG, la Xunta busca el «greenwashing» o «teñir de verde» su política, pero tras la cual se impulsa un afán privatizador. Esta ley implicará el pago de un canon al promotor de los proyectos, una de las medidas que se incluyen en la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia aprobada. Estarán afectadas por el canon las líneas que discurran dentro del territorio gallego desde el punto de soterramiento hasta la conexión con la subestación correspondiente.
Los promotores deberán cuantificar qué importe se destinará a proyectos sociales, culturales y de promoción de la igualdad, la reducción de la huella de carbono; el número de empleos, con especial atención a personas con discapacidades o en riesgo de exclusión social, la cuantía total de los salarios que pagarán a los trabajadores en los nuevos proyectos, y el número medio de horas de formación anual prevista
Contempla que los promotores de los proyectos adquieran un compromiso adicional para generar un impacto socioeconómico positivo en el territorio y en la ciudadanía. Además, deberán cumplir con todas las garantías ambientales.
De esta forma se aborda la necesidad de reindustrializar Galicia hacia la descarbonización, la autonomía energética, la neutralidad climática y la sostenibilidad; pero con la garantía de que nuestra sociedad se vea beneficiada de dichos proyectos.
Las iniciativas de competencia autonómica deberán incluir los beneficios económicos y sociales dentro de la evaluación de su impacto ambiental. Y, en caso de no ser preceptiva esta evaluación, la Xunta exigirá a los promotores un estudio de impacto social y económico del proyecto para su autorización.
Con esta ley, los populares defienden que su Gobierno intenta facilitar la implantación de todos aquellos proyectos que cumplan con los requisitos medioambientales. Tras su paso por la Cámara, el texto final incorporó nueve enmiendas: una de los populares, cinco del Bloque y tres de los socialistas, dos de estas últimas transaccionadas.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, calificó hoy la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utiliza los recursos naturales de Galicia, aprobada esta mañana en el Parlamento, como «la mayor reforma en materia industrial y energética de los últimos años» en la comunidad autónoma.
La portavoz del PSOE gallego en el debate, Patricia Iglesias, ha acusado al grupo mayoritario de «pasar la apisonadora», pues sus enmiendas «cayeron en saco roto» y de 34 aceptaron dos «que son meramente cosméticas, de estilo», criticó.
Aportaciones de la sociedad civil
Cinco de 67 son las que se sumaron de los nacionalistas, según ha señalado el diputado José Manuel Golpe, quien, como Iglesias, ha hablado de «oportunidad perdida» con esta ley que ven un «cajón de sastre».
Ante las críticas, el parlamentario popular Alberto Pazos, ha reivindicado las importantes aportaciones por parte de la sociedad civil, que ha ilustrado con 67 alegaciones incorporadas al articulado.
Por su parte, ha acusado a la oposición de querer «eólica sin molinos, minería sin minas e industria sin factorías», y resaltó que no existe en la actualidad una fuente de energía que no suponga ningún tipo de impacto ambiental.
Recursos de Galicia
Antes de aprobar este martes la ley en el Parlamento, el Ejecutivo autonómico presentó a finales del pasado año la sociedad mixta ‘Recursos de Galicia’, un vehículo que surge impulsado por esta norma que todavía no había salido adelante de forma definitiva en la Cámara gallega.
Recientemente también dio a conocer la Xunta la comercializadora de energía con la que la sociedad público-privada pretende rebajar el coste de la luz para empresas y vecinos de zonas afectadas por, por ejemplo, parques eólicos.
Los cambios en la planificación eólica que el Ejecutivo autonómico pretende a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025 ha sido otros de los temas protagonistas. De esta forma, Iglesias ha atribuido a la Xunta una «autoenmienda» de su política en este ámbito y ha ha recordado que son ya «60 los parques suspendidos» por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Por parte de los nacionalistas, Golpe ha cargado contra las medidas que contiene la ley que sale aprobada, puesto que en opinión de su grupo «trazan un rumbo hacia la destrucción del país vestido de beneficios». Son, ha subrayado, «medidas pensadas para que haya más privatización de los recursos y más discrecionalidad» por parte de la Xunta.
En un contexto de «tercera revolución industrial», el diputado popular Alberto Pazos ha valorado que Galicia la afronta «por primera vez desde una posición de privilegio» al disponer de recursos para la generación de energía renovable. Asimismo, ha reiterado que los proyectos continuarán estando sometidos «a las máximas exigencias ambientales» y ha indicado que «ni una sola de las enmiendas» de la oposición estaba dirigida a reforzar las garantías ambientales.
