La Junta respalda la petición del sector pesquero de adelantar el inicio de la captura de la sardina. La consejera subraya el gran peso económico que para la flota de cerco del Golfo de Cádiz supone la decisión, ya que el 95% de sus capturas son boquerones y sardinas
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha subrayado el respaldo de la Junta a la petición del sector andaluz de adelantar el período de captura de sardina en el Golfo de Cádiz. Y lo ha hecho dando traslado al Ministerio de la reclamación que están realizando los presidentes de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), pescadores y armadores de Andalucía dedicados a la captura de esta especie, a fin de que se pueda atender esta “justa petición”.

El sector andaluz, y así lo ha explicado la Consejería, está solicitando que se adelante al mes de marzo la apertura del caladero a fin de poder contar con más días para la captura de esta especie. Se trata de una reclamación del sector andaluz que está respaldada por informes científicos en los que se apuntan a unaumento de ejemplares y a una modificación de los ciclos de aparición de la sardina en este caladero.
Esta decisión podría estar justificada por el hecho de que en 2022 ya se realizaron cambios en el período establecido inicialmente para la sardina, tanto es así que se amplió cerca de un mes.
Carmen Crespo ha explicado que “la captura de sardina viene regulada por el plan nacional de gestión del cerco, que no se actualiza desde 2018, y que por tanto precisa una actualización para adaptarse a la realidad actual del caladero”. Asimismo, la aceptación de esta petición vendría a “suponer un gran respaldo y una ayuda extraordinaria para los pescadores del Golfo de Cádiz, afectado por las decisiones de los últimos recortes de la UE, ya que podrían contar con más tiempo para aprovechar al máximo las cuotas que tienen asignadas”, ha comentado la consejera. Crespo ha insistido también en que “la rentabilidad de las empresas es una necesidad en todos los sectores y, en el caso de la pesca, es preciso contar con recursos pesqueros para afrontar los sobrecostes que tiene últimamente la actividad”.
La responsable de Pesca ha lamentado que “este sector, tradicionalmente vulnerable, está atravesando un período especialmente complicado a causa del aumento de los costes de producción y el alto precio de la cesta de la compra, que hace inviable para muchos hogares el consumo habitual de pescado fresco”.
Ante esta situación, Carmen Crespo ha visto “crucial” dar traslado al Estado la petición lógica del sector andaluz sobre la modificación de la temporada de captura de la sardina.
La consejera ha destacado el peso económico que la sardina supone para la flota de cerco del Golfo de Cádiz, ya que, junto al boquerón, supone el 95% de las capturas de estos barcos. Por esta razón, ha defendido que “permitir la pesca de ambas especies de forma conjunta aumenta la rentabilidad de las embarcaciones y contribuye a evitar el amarre al que se ven abocados actualmente numerosos buques y sus tripulaciones y da una mayor estabilidad y empleabilidad al sector”.
Asimismo, Crespo ha recalcado también que “los pescadores andaluces vienen realizando durante los últimos años grandes esfuerzos para avanzar en sostenibilidad y estas medidas, como se observa en especies como la sardina, están dando sus frutos y permitiendo un aumento del stock de los ejemplares en los caladeros”. “Precisamente para compensar esa implicación del sector en el cuidado del medio marino y las especies que lo habitan, desde las administraciones debemos ofrecer todo el apoyo posible basándonos en los datos objetivos que ofrecen los informes científicos”, ha recalcado la consejera.

Las medidas aplicadas contra el arrastre por parte de la Comisión Europea dejan con muy pocas perspectivas al sector de altura al fresco. Si el palangre desapareció hace mucho tiempo de puertos como Ondarroa ahora el arrastre es el punto de mira a que siga en retroceso. Por ello los desguaces van a estar al orden del día.El palangre gallego lleva meses y meses de perdidas.

El sector pesquero francés se prepara para activar un plan de desguace que podría reducir en 124 unidades iniciales su censo con el objetivo de ajustar la dimensión del sector a la nueva realidad pesquera impuesta tras el ‘brexit”. Bajo el nombre de “Plan de Apoyo Individual derivado del Brexit”, el Gobierno ya ofrece las primeras cifras. En el caso irlanda son 60 los buques que se pretende desguazar.

El fuerte impacto que se sintió en los puertos irlandeses y franceses con la salida de Reino Unido de la Unión Europea bajo el denominado Brexit, hace ya más de tres años, se cobrará casi 180 buques –concentrados en ambos países– que los Veintisiete perderán a lo largo de los próximos meses. Tanto París como Dublín han aprobado en los últimos días y semanas sendas ayudas para desguazar.

Bruselas veta el arrastre en las áreas marinas protegidas, que ocuparán el 30% de las aguas comunitarias en 2030. La Comisión Europea en su comunicación para los Estados miembro marca la hoja de ruta marcada para establecer la prohibición, que será ya efectiva en el plazo de solo un año para el 20%. Es decir, para marzo de 2024.

La Comisión propone reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aspirar a la neutralidad climática del sector de la pesca y la acuicultura, en consonancia con una de las ambiciones del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática en la UE para 2050. Propone medidas para ayudar al sector a acelerar su transición energética, mejorando la eficiencia del combustible y cambiando a fuentes de energía renovables y bajas en carbono.

Una de las medidas clave es una Asociación para la Transición Energética de la Pesca y la Acuicultura de la UE. Reunirá a todas las partes interesadas, incluidos los sectores de la pesca, la acuicultura, la construcción naval, los puertos, la energía, las ONG y las autoridades nacionales y regionales, para abordar colectivamente los retos de la transición energética del sector.

La Comisión también trabajará para colmar las lagunas en la transferencia de tecnología de la investigación y la innovación a la aplicación; promover el desarrollo de competencias entre la mano de obra; y mejorar el entorno empresarial, incluidas las oportunidades de financiación y la concienciación.

La actual dependencia del sector de los combustibles fósiles no solo es insostenible desde el punto de vista medioambiental, sino que también lo hace vulnerable a las subidas del precio de la energía. Cuando los precios del combustible aumentaron en 2021 y 2022, muchos buques se quedaron en puerto y el sector necesitó apoyo financiero, ya que una gran parte de la flota pesquera de la UE no pudo cubrir los costes operativos. La acuicultura estuvo igualmente expuesta a la subida de los precios tanto del combustible como de los piensos. El sector se benefició de la ayuda financiera de la UE.

Proteger los ecosistemas marinos para una pesca sostenible

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los océanos amenazan la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas. La Comisión presenta un plan de acción marino para reforzar la contribución de la PPC a los objetivos medioambientales de la UE y reducir el impacto adverso de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos, especialmente a través de la perturbación de los fondos marinos, las capturas accesorias de especies sensibles y los efectos en las redes tróficas marinas. Un medio marino sano, con poblaciones de peces sanas y una biodiversidad rica, es la única manera de garantizar un futuro próspero a las comunidades pesqueras de la UE a medio y largo plazo.

El plan de acción contribuye a cumplir la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 y su compromiso de proteger legal y eficazmente el 30 % de nuestros mares, con un tercio estrictamente protegido. Para cumplir este objetivo, la Comisión pide a los Estados miembros que adopten medidas de conservación de la pesca para proteger y gestionar eficazmente las zonas marinas protegidas (ZMP), con un calendario claro. Estos esfuerzos deben incluir la protección de las zonas de desove y cría de peces, la reducción de las tasas de mortalidad de los peces y la restauración de zonas núcleo para especies y hábitats sensibles.

El plan también pretende reducir el impacto de la pesca en los fondos marinos. La protección y restauración urgentes de los hábitats de los fondos marinos en las AMP es fundamental, dada su importancia como puntos calientes de la biodiversidad marina de la UE y la importancia del carbono azul en los hábitats marinos para hacer frente al cambio climático. Por ello, la Comisión pide a los Estados miembros que propongan recomendaciones conjuntas y adopten medidas nacionales para eliminar gradualmente la pesca de fondo móvil en todas las AMP a más tardar en 2030 y no permitirla en ninguna AMP de nueva creación. Las primeras medidas deben tomarse ya en marzo de 2024 para los espacios Natura 2000 de la Directiva de Hábitats que protegen los fondos marinos y las especies marinas.

El plan de acción también propone medidas para aumentar la selectividad de las artes y prácticas de pesca y reducir las capturas accidentales de especies amenazadas, estableciendo un calendario para ayudar a los Estados miembros a dar prioridad a las especies que requieren más protección.

Dado que los océanos y los mares cubren el 71% de la superficie de la Tierra y más del 65% del territorio de la UE, el plan de acción de hoy también formará parte de la contribución de la UE a la aplicación del acuerdo sobre biodiversidad de Kunming-Montréal, recientemente acordado .

Diez años después de la aprobación de la política pesquera común (PPC), esta sigue siendo «el marco jurídico adecuado para hacer frente a los retos a los que se enfrentan la pesca de la UE y los mares de los que depende, aportando la estabilidad necesaria al sector y permitiendo a Europa predicar con el ejemplo de sostenibilidad en todo el mundo»

Bruselas subraya que allí donde se ha impuesto el rendimiento máximo sostenible (RMS) «los stocks se han recuperado, los ingresos han aumentado y los impactos negativos sobre el medio marino han disminuido». Ahí está que, de los cinco que se explotaban de forma sostenible en el 2009, se ha pasado a los 60 de hoy. Con todo, «se necesitan esfuerzos adicionales», principalmente en el Mediterráneo y el Báltico, y por eso insta a los Estados miembros a fijar en el 2024 cuotas atendiendo al RMS en todas las cuencas marinas.

Así que conmina a los Estados miembros a fijar las cuotas en el 2024 atendiendo al rendimiento máximo sostenible en todas las cuencas marinas y se muestra reacia a modificar la obligación de desembarque, a la que opta por dar más tiempo y nuevas herramientas de control.

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La Comisión Europea ataja así todas las expectativas que tenía el sector de hacer ajustes en las cuestiones más espinosas, como una obligación de desembarque imposible de cumplir, por más que el Ejecutivo comunitario sostenga que sí. Admite una mala implementación de ese veto a los descartes, pero cree que es pronto para hacer cambios y sostiene que es mejor dar más tiempo y, sobre todo, mejorar las herramientas de control, sustituyendo las tradicionales —inspecciones a bordo, en lonjas y puertos— por otras más modernas.

«Stocks» sostenibles

Los principales objetivos de las medidas son fomentar el uso de fuentes de energía más limpias y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, así como reducir el impacto del sector en los ecosistemas marinos. Las acciones propuestas se llevarán a cabo gradualmente para ayudar al sector a adaptarse. Un «Pacto por la Pesca y los Océanos» apoyará también la plena aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) en coordinación con los Estados miembros y las partes interesadas del sector pesquero, incluidos pescadores, organizaciones de productores, consejos consultivos regionales, sociedad civil y científicos. Las propuestas también se centran en hacer del sector un lugar de trabajo atractivo para las generaciones más jóvenes.

La obligación de desembarque (OD) de la Unión Europea entró plenamente en vigor en 2019, con el objetivo de reducir los descartes induciendo mejoras en la selectividad de las artes de pesca y cambios en el comportamiento de las flotas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado una revisión de síntesis de los impactos económicos y sociales de la OD. Para cubrir esta laguna, el objetivo del documento publicado por Sebastián Villasante y Raúl Prellezo es proporcionar un resumen de lo que concluye la literatura científica sobre el impacto económico y social de la OD considerando también las exenciones y adaptaciones de gestión en vigor.

Así, muestran que, aunque el número de estudios científicos relacionados con el impacto económico es elevado, casi todos ellos están relacionados con las consecuencias previstas y no con las consecuencias reales. Sólo unos pocos estudios utilizaron indicadores sociales cuantitativos para medir las repercusiones. Los resultados de la revisión de síntesis también indican que la literatura científica concluye en general que es probable que los impactos económicos y sociales a corto plazo sean negativos, porque se producirán efectos de estrangulamiento y las medidas de mitigación requieren tiempo para dar resultados, mientras que los efectos a largo plazo son variables y dependerán de la medida de mitigación aplicada. Sin embargo, estos resultados presuponen el pleno cumplimiento de la OD por parte de los pescadores, mientras que la bibliografía sugiere que no es así. La revisión concluye que los análisis de los impactos económicos y sociales de la LO basados en resultados reales y no en resultados previstos son escasos, lo que en última instancia impulsa la recomendación política de producir resultados reales y contrastarlos con los resultados previstos.

Los resultados sirven como marco de decisión para determinar cómo los factores críticosque pueden tener los mayores efectos económicos y sociales, que son relevantes en el contexto de la evaluación de la Política Pesquera Común de la UE.

El Glosario de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) describe los descartes como «liberar o devolver pescado (incluidos crustáceos y moluscos) al mar, vivo o muerto, independientemente de que dicho pescado se haya subido completamente a bordo de un buque pesquero». Los descartes anuales mundiales de la pesca de captura marina entre 2010 y 2014 se situaron entre 6,7 y 16,1 millones de toneladas, lo que implica un importante desperdicio de recursos con repercusiones ecológicas y económicas.

Históricamente, las prácticas de descarte han estado relacionadas con razones institucionales y económicas . La normativa pesquera suele definir las capturas que pueden capturarse y desembarcarse legalmente. Sin embargo, las capturas pueden superar las cuotas o incumplir una normativa sobre tamaño mínimo legal o composición de las capturas, por lo que no pueden conservarse a bordo y deben descartarse. Por motivos económicos, las capturas también pueden descartarse si están formadas por pequeños individuos de especies comerciales que alcanzan precios bajos, son de mala calidad, incluyen especies de escaso valor comercial, o incluso son de especies no comerciales, limitaciones en la capacidad de retención y/o el coste adicional de manipular especies de escaso o nulo valor . En general, las razones del descarte pueden resumirse en no internalizar el coste de reducir el valor de las capturas . Desde el punto de vista ecológico, aunque desembarcar la totalidad de las capturas cuando se pesca como de costumbre no beneficia a las poblaciones de peces (ni a las aves y mamíferos marinos), si esto se acompaña de cambios en las prácticas pesqueras aumentará la resiliencia marina y la productividad futura de los mares .

La reducción de las cantidades de descartes también se ha considerado en las pesquerías de la Unión Europea (UE). El Libro Verde sobre la Política Pesquera Común (PPC) identificó la elevada cantidad de descartes en Europa como una de las deficiencias estructurales de esta política . En 2012, la UE propuso reformas de la PPC que pretendían reducir las capturas no deseadas y eliminar los descartes para 2019 . El Reglamento de base de la PPC [10] pretendía acabar con la práctica derrochadora de los descartes mediante la introducción gradual de una obligación de desembarque (OD). En resumen, el propósito de la OD era que, para el año 2019, todas las especies sujetas a totales admisibles de capturas (TAC), cuotas y/o tallas mínimas de referencia para la conservación (TMRC) en el Mediterráneo y el Mar Negro fueran retenidas y desembarcadas. El objetivo previsto de este reglamento era generar un impulso para reducir los descartes mediante mejoras en la selectividad de los artes de pesca y cambios de comportamiento entre las flotas pesqueras. Sin embargo, la LO en sí no es un sistema exhaustivo de gestión de descartes cero, ya que permite algunas exenciones basadas en la cantidad que puede descartarse.

Este es el caso de la exención de minimis, que permite descartar hasta el 5% de las capturas. En la PPC se dan dos condiciones para activar la aplicación del de minimis: las pruebas científicas indican que es muy difícil aumentar la selectividad de los artes de pesca; o los costes de manipulación de las capturas no deseadas serían desproporcionados. La PPC también incluye una exención de «alta capacidad de supervivencia» para las combinaciones de especies/artes que permiten la supervivencia de peces, crustáceos y moluscos tras el descarte. Una última exención se basa en la naturaleza de las especies capturadas: Las especies protegidas, en peligro o amenazadas (PET) y las especies dañadas por la depredación deben descartarse [4], [10].

Además de estas exenciones, la PPC ofrece dos estrategias para mitigar la OD (la caja de herramientas de mitigación de la OD). En primer lugar, el sistema de gestión pesquera se adaptó para cumplir los requisitos de la OD, permitiendo la flexibilidad de cuotas entre especies (IQF) entre poblaciones objetivo y no objetivo. Esto regula una transferencia limitada entre TAC específicos de cada población y es aplicable cuando la población no objetivo se encuentra dentro de límites biológicos seguros. En segundo lugar, en el caso de las poblaciones basadas en la gestión de los TAC (la mayoría de las especies comerciales del Atlántico nororiental, el Mar del Norte y el Mar Báltico), se permiten aumentos de cuota. Estos aumentos son una adición puntual a las cuotas acordadas para acomodar el aumento previsto de las capturas desembarcadas de las pesquerías sujetas a la OD y son específicos para cada región y especie . En los últimos años, los académicos han analizado en profundidad las repercusiones de la OD en las pesquerías de la UE. Por ejemplo, Borges [11] analizó la evolución de la política de descartes de la UE desde su inicio en 2006 y descubrió que el aumento de la concienciación social debido a las campañas públicas contra los descartes pesqueros ha centrado la atención de los gestores de la UE en un síntoma de mala gestión pesquera. También se realizóuna completa recopilación de estudios relacionados con diversos aspectos, como las consecuencias tácticas, tecnológicas, institucionales, culturales y las posibles consecuencias sociales y/o económicas de la LO. Más recientemente, Steins et al. descubrieron que los enfoques políticos y la bibliografía científica tendían a centrarse en la capacidad de los pescadores para adaptarse a los cambios de selectividad como motor facilitador de una mayor adopción voluntaria de artes de pesca de eficacia probada. Sin embargo, es poco probable que centrarse en la capacidad de los pescadores como motor para fomentar la pesca selectiva conduzca a cambios reales si no se abordan los factores sociales, políticos y científicos relacionados con la disposición al cambio. Esto significa que, como ya señalaron estudios anteriores [14], [15], [16], los responsables políticos deben centrarse más en las motivaciones intrínsecas de los pescadores y en sus creencias sobre la pesca sostenible, así como en sus percepciones sobre las motivaciones y el comportamiento de otros pescadores. Además, la investigación científica sobre las tecnologías de reducción de los descartes se ha centrado en el diseño técnico, con una atención limitada a la evaluación de las actitudes de los pescadores hacia el uso de estas tecnologías [17]. Por lo tanto, Suuronen y Browman [17] sugirieron que el sector pesquero necesita una visión clara de lo que significan los cambios técnicos para los medios de vida de los pescadores y pruebas sólidas de que las nuevas tecnologías para reducir los descartes funcionan suficientemente bien en el marco de la heterogeneidad existente entre las pesquerías comerciales y los pescadores.

Aunque estas contribuciones académicas son muy valiosas y necesarias para comprender mejor los efectos de la OD, hasta la fecha no ha habido ninguna revisión de síntesis que analice las repercusiones económicas y sociales. Para cubrir este vacío, el objetivo de este trabajo es proporcionar un resumen de lo que concluye la literatura científica sobre los impactos económicos y sociales considerando también las exenciones y adaptaciones de gestión en vigor. El calendario de este trabajo es muy significativo. En primer lugar, porque la LO se aplicó plenamente en 2019 y se espera que la política haya generado impactos en el sector pesquero. En segundo lugar, porque la Comisión de la UE informará sobre la prohibición de los descartes al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de la PPC antes del 31 de diciembre de 2022 . En tercer lugar, esta revisión sirve como marco de toma de decisiones para determinar qué factores críticos de la prohibición de los descartes pueden tener un mayor impacto económico y social en el sector pesquero en relación con la aplicación de la LO en las pesquerías europeas.