La ley de Restauración de la Naturaleza, parte del paquete de políticas verdes emprendida por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, se está convirtiendo en estandarte de las protestas agrícolas que atraviesan Europa. También en una de las normativas más polémicas de la legislatura, ampliamente rechazada por la derecha. Este lunes le ha tocado el turno a Hungría, que junto con otros siete Estados miembro han impedido que los países de la UE aprueben de forma definitiva la norma que busca restaurar los hábitats dañados para 2050.
Tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, a finales de febrero el pleno de la Eurocámara daba el respaldo a esta normativa aún con el rechazo de la derecha y la ultraderecha. A un paso de su aprobación definitiva, pendiente solo de la ratificación por parte de los Estados miembro, finalmente el voto en contra del gobierno ultraderechista de Víktor Orbán ha servido para sumar una minoría de bloqueo, junto con Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia.
Todos los ojos estaban puestos en Budapest, que si finalmente se unía al grupo de países contrarios permitiría sumar la minoría de bloqueo. Preguntada por esta posibilidad a su llegada al Consejo de ministros de Medio Ambiente, este lunes, la ministra de Transición Ecológica, apuntaba que sería «un enorme fracaso no tener un compromiso de restauración de la naturaleza». Un escenario que consideró una «enorme irresponsabilidad
Este proceso, que acostumbra a ser meramente protocolario, ha terminado por poner en jaque la legislación. A pesar de que no constaba en la agenda del encuentro de ministros de este lunes, el asunto se añadió al debate para que los ministros «aborden el actual estado del expediente», según fuentes del Gobierno belga, que ocupa este primer semestre de 2024 la presidencia de turno del Consejo de la UE, sin bien no estaba previsto ningún votvoto al respecto
Aunque la normativa se ha ido diluyendo en su tramitación respecto a la propuesta presentada por Bruselas en junio de 2022. La idea de esta ley era dibujar una estrategia comunitaria en paralelo para cumplir con los acuerdos de biodiversidad de las Naciones Unidas. Es así que planteaba que el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres degradados deban ser restaurados para 2030 y la totalidad para 2050.
A petición del Parlamento, la ley incluye un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.
