El sector pesquero representado por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha trasladado al presidente del Gobierno de España la petición que ha venido planteando a los Ministerios concernientes de la Administración Central, relativa a la necesaria aplicación del IVA superreducido del 4% para el pescado, tal como se ha hecho en el caso de otros alimentos reconocidos como “básicos”.
Tras la pandemia del COVID que tuvo su inicio en el año 2019, ha quedado de
manifiesto que el aprovisionamiento de productos de origen marino a la población es un pilar fundamental de la cadena de suministro. Por esta razón, el sector pesquero y el complejo mar industria se comprometió a asegurar a los consumidores el abastecimiento de un producto que -de todos es conocido- contribuye en gran medida a garantizar la salud de los ciudadanos.
Por otro lado, los efectos de la invasión de Ucrania acrecientan, según ARVI, » la importancia de garantizar la mejor soberanía alimentaria posible, así como la necesidad de proporcionar a los consumidores españoles productos como el pescado, proteína con las más baja huella hídrica y de CO2″.
El pescado y los recursos marinos son los alimentos que, teniendo en cuenta sus características, más refuerzan la salud de la población: a mayor consumo per cápita de los
productos pesqueros, menores costes sanitarios futuros y mayor consolidación de la cadena mar industria, de la que la flota pesquera integrada en ARVI constituye el primer eslabón.
«Habiendo quedado de manifiesto que la ingesta de pescado es, a medio y largo plazo,
sinónimo de inversión en salud de los consumidores y, por ende, de reducción de costes
sanitarios para los Estados», -desde ARVI se ha transmitido al presidente de Gobierno- «su
preocupación al ver cómo, una vez finalizado el repunte del consumo durante la pandemia, la crisis devenida de la invasión de Ucrania está provocando una caída muy sensible del consumo de productos pesqueros, que está afectando a sus precios de primera venta y,
consiguientemente, a la rentabilidad de las empresas pesqueras, ya precarizada por los
crecientes costes operativos».
