El sector pesquero que representa a las flotas de bajura, altura y gran altura, que operan en caladeros españoles, comunitarios, así como otros lejanos, alerta de la
grave incidencia que el alza de precios del combustible está teniendo en su economía, y sus posibles consecuencias, según un informe de la Cooperativa de Armadores de Vigo
En el caso de las flotas que reciben el combustible en la península, la bonificación de 20 céntimos es insuficiente respecto al escenario de marzo; los costes de combustible ya bonificado superan los 90 céntimos en Vigo, y con ello ampliamente el límite de rentabilidad calculado en 60 céntimos/litro.
Para las flotas con operativas fuera de España la situación se complica aún más, ya que no tener acceso a la bonificación de los 20 céntimos/litro, aplicada ahora sin discriminación a las tomas de combustible en todo puerto español, tener que abonar un precio de gasoil notablemente superior al que rige en España (entre un 40 y un 59% superior, y entre un 54 y un 93% si se considera la bonificación en España), el continuo incremento de los costes operativos (del transporte de pescado y pertrechos a larga distancia, de los precios de los materiales de aparejos, envases, etc.) y la falta real de aplicación de los principales apoyos que contiene el Real Decreto Ley 6/2022, tras más de dos meses desde su publicación, generan para la flota pesquera de empresas españolas, y especialmente para la de bandera nacional que opera en puertos extranjeros, una situación límite que hace valorar potenciales ceses de actividad a corto plazo.
Ante este escenario el sector afectado, que contribuye al abastecimiento y soberanía
alimentaria del mercado español con la producción de flota de nuestra bandera, de un producto esencial, la proteína de más bajo impacto de CO2 e hídrico, solicita al Gobierno y a los Grupos parlamentarios que incorporen al proyecto de Ley de Medidas urgentes las medidas siguientes:
• Que se aplique hasta final de año una prórroga del periodo del artículo 15 relativo a la bonificación de 20 céntimos/l al combustible de la flota pesquera, y se extienda en
cualquier caso a toda la flota de bandera española que opera desde puertos no
españoles.
• Que la bonificación se aplique específicamente a flota pesquera de bandera española, y para tomas en España también a la de sociedades mixtas de bandera no española con vínculos económicos probados con nuestra economía en materia de suministro de pescado, evitando hacerlo a flotas china, panameña, turca, coreana, etc., que hacen tomas de combustible ad hoc en puertos españoles, para recibir la bonificación sin contribución real de productos pesqueros a la cadena mar industria española.
• Que los diferenciales por costes de combustible se incluyan en el artículo 33 del
proyecto de Ley basado en el Real Decreto 6/2022; con ello se subsanará en cierta
medida la falta de bonificación sufrida en este periodo por la flota española que opera
en puertos extranjeros.
• Que se activen con urgencia los mecanismos recogidos en el artículo 33, para todas las flotas susceptibles de recibirlos, dado el crecimiento imparable de los costes de
explotación general, los de combustibles especialmente respecto a finales de marzo,
sumados a los de logística en el caso de la flota que opera desde puertos no españoles.
• Que las ayudas de Minimis se eleven a los niveles de otros sectores contemplados en el RD Ley 6/2022, y que en ningún caso sean inferiores a los 320.000 euros.
El escenario de crecimiento de precios a corto y medio plazo, tanto en el caso de los
combustibles como en el de los restantes costes de explotación de la flota pesquera de empresas españolas, y el especial impacto en la que opera desde puertos extranjeros, hacen precisas medidas específicas y urgentes que eviten la rotura de la cadena de suministro que se provocará si unidades productivas consideradas esenciales, como son las flotas que garantizan la soberanía alimentaria de los mercados españoles, se ven obligadas a parar y la posible irreversibilidad en
una importante parte de estos casos.
Los consumidores y la ciudadanía europea no pueden permitirse el lujo de perder un sector esencial, pilar en la soberanía alimentaria en proteína marina saludable y de bajo impacto ambiental, contribuyente neta a la sostenibilidad social y económica de las regiones costeras.
SegúnARVI, «las autoridades europeas, nacionales y autonómicas deben aplicar medidas que permitan asegurar su supervivencia y futuro».
