La Comisión Europea enviará del 9 al 19 de marzo su quinta misión de control al país asiático, que activa a ministerios, provincias costeras y fuerzas de seguridad para intentar levantar la “tarjeta amarilla” que arrastra desde 2017 y alejar el riesgo de un veto comercial total.
Vietnam afronta en marzo una de las semanas más delicadas de los últimos años para su sector pesquero y exportador. La próxima misión de la Comisión Europea sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR o IUU, por sus siglas en inglés) será la quinta desde que Bruselas advirtiera al país en octubre de 2017 con una “tarjeta amarilla” por insuficiencias en el control de su flota, la trazabilidad y la lucha contra las infracciones. Ocho años después, Hanói interpreta esta visita como un examen definitivo: o logra convencer a la UE de que ha cerrado sus brechas estructurales, o se expone a que la advertencia escale a “tarjeta roja”, con el consiguiente veto a sus exportaciones pesqueras hacia el mercado comunitario.
La reacción del Gobierno vietnamita ha sido la de una movilización de Estado. El viceprimer ministro Trần Hồng Hà firmó el 25 de febrero un despacho urgente que ordena a ministerios, autoridades de las provincias costeras y cuerpos de control intensificar al máximo los preparativos antes de la llegada de los inspectores europeos. La directriz fija una fase de presión hasta el 9 de marzo y obliga a centrar los esfuerzos en cinco frentes: mejora del marco legal, gestión efectiva de la flota, vigilancia y seguimiento, trazabilidad de las capturas y refuerzo de las sanciones. La propia prensa oficial vietnamita admite que, pese a los avances, persisten fallos en la gestión de buques no aptos para faenar, en el tratamiento de las incursiones en aguas extranjeras y en la aplicación homogénea de las medidas entre territorios.
El dispositivo activado ilustra hasta qué punto Hanói asume que se juega algo más que una corrección administrativa. El Ministerio de Ciencia y Tecnología debe dejar operativos y sincronizados antes del 6 de marzo los sistemas de base de datos pesquera, el seguimiento por VMS, los cuadernos electrónicos y los registros de infracciones, de modo que la delegación europea pueda comprobar datos consistentes, en tiempo real y verificables. El Ministerio de Defensa tiene orden de impedir la salida de buques no elegibles, en especial aquellos que naveguen con el sistema de seguimiento desconectado, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública debe acelerar expedientes, investigaciones y procesos penales vinculados a la lucha contra la pesca INDNR. Las autoridades provinciales, además, han sido advertidas de que responderán personalmente si los fallos locales impiden levantar la tarjeta amarilla o provocan un agravamiento del expediente.
Para Europa Azul, la lectura de fondo trasciende el caso vietnamita. La inspección vuelve a mostrar cómo la gobernanza pesquera internacional ya no se limita a cuotas o acceso a recursos, sino que se apoya cada vez más en cadenas de trazabilidad digital, control remoto de flota, sanciones administrativas y presión comercial sobre los países exportadores. La UE utiliza la política comercial como palanca para forzar reformas en terceros países, y Vietnam intenta demostrar que puede cumplir con ese estándar sin desestabilizar una industria clave para su empleo, su abastecimiento interno y su balanza exterior. El pulso, por tanto, no es solo técnico: es también geopolítico y reputacional.
Lo que está en juego en términos económicos ayuda a entender la contundencia de la respuesta vietnamita. Un informe elaborado por VASEP con supervisión del Banco Mundial estimó que una eventual “tarjeta roja” costaría al país unos 387 millones de dólares anuales en pérdida directa del negocio exportador de productos salvajes y otros 93 millones por efectos indirectos sobre la acuicultura, hasta rozar unos 480 millones de dólares en valor exportador perdido hacia la UE. El estudio añadía que el impacto no se limitaría a las ventas inmediatas, sino que podría reducir escala productiva, deteriorar la reputación del producto vietnamita y frenar el aprovechamiento de preferencias comerciales.
El calendario europeo llega, además, en un momento especialmente sensible para el comercio pesquero vietnamita. Estados Unidos ha denegado “comparability findings” a una parte de las pesquerías vietnamitas bajo la normativa de protección de mamíferos marinos, lo que activa prohibiciones de importación desde el 1 de enero de 2026 para las pesquerías afectadas, aunque una decisión judicial dejó en suspenso temporalmente el caso concreto de la pesquería de cangrejo nadador. Esa presión simultánea desde dos grandes mercados refuerza la idea de que Vietnam no se examina solo ante Bruselas: se examina ante un nuevo modelo global en el que la legalidad pesquera, la trazabilidad y la conformidad regulatoria son ya condiciones de acceso comercial
