Las pesquerías de las que dependen millones de ghaneses están en riesgo de colapso como resultado de la pesca ilegal desenfrenada y la sobrepesca por parte de arrastreros industriales de propiedad china, y una cultura de corrupción que ha permitido que estos delitos queden impunes, según una nueva investigación de la Environmental Justice Foundation (EJF).
Las investigaciones de la EJF denuncian el soborno y la intimidación sistemáticos, que se traducen en atroces violaciones de los derechos humanos a bordo de los buques pesqueros en aguas de Ghana, además de la escandalosa pesca ilegal. La EJF pide cooperación y medidas urgentes al gobierno ghanés y a sus socios internacionales para sacar al sector de la sombra, evitar crisis ecológicas y sociales y garantizar una pesca sostenible, legal y ética en la flota ghanesa.
En Ghana viven más de 200 comunidades pesqueras, y casi 3 millones de personas dependen de la pesca artesanal para su subsistencia. Estos medios de vida están ahora en peligro, en gran parte debido a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de la flota de arrastre industrial. La EJF cree que al menos el 90% de los propietarios de esta flota son chinos, burlando las leyes ghanesas sobre propiedad extranjera.
La EJF ha documentado anteriormente que estos arrastreros capturan ilegalmente pequeñas especies pelágicas -incluidas las denominadas «pescado local»- y las revenden a las comunidades que las habrían capturado, una práctica conocida como pesca «saiko». Este comercio ilícito se realizaba originalmente en el mar, en gran parte al amparo de la oscuridad. Los arrastreros trasvasaban bloques de pescado congelado a canoas especialmente adaptadas que lo vendían en los mercados locales.
Tras las medidas gubernamentales para poner fin al comercio ilegal en septiembre de 2021, esta práctica parecía haber cesado. Sin embargo, en lugar de desaparecer, la actividad no ha hecho sino abrirse más. Los investigadores de la EJF rastrearon grandes volúmenes de pequeñas especies pelágicas y peces demersales juveniles, colocados en cajas de cartón y vendidos en el principal puerto industrial del país para su posterior distribución por todo el país.
El informe se basa en entrevistas con tripulantes ghaneses que fueron testigos directos de los abusos, pruebas filmadas, una red de informantes y el análisis de los datos de seguimiento de los buques. Todos los entrevistados afirmaron que no había alimentos suficientes a bordo de los buques, el 94% tenía restringido el acceso al agua potable y el 81% había presenciado o sufrido violencia física. Además, el 92% había visto cómo se arrojaba pescado ilegalmente al mar, el 81% declaró haber presenciado cómo sus capitanes entraban ilegalmente en aguas reservadas a los pescadores en canoa, el 64% había presenciado la pesca y captura ilegal de especies no objetivo y el 53% atestiguó el uso de artes de pesca adaptadas ilegalmente
