Pescadores de Sicilia han mostrado su preocupación por la presencia de pescadores pescando con redes de cerco y palangres. En base a documento pretenden poner de manifiesto y señalar las anomalías e incoherencias, así como la ilegitimidad que conlleva la enmienda 19.101 al art. 19 del Texto Refundido de la Ley de Pesca, que hemos denominado «enmienda bulo», y las nefastas consecuencias socioeconómicas que puede provocar en el futuro si finalmente se aprueba.
En primer lugar, el tema del atún rojo es un asunto supranacional, concretamente de la CICAA (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) y de la Unión Europea, que es miembro desde 1997. Es la propia Unión Europea la que regula y rige los principios entre los Estados miembros, a través de Recomendaciones, estableciendo periódicamente todo el sistema de cuotas de capturas permitidas y buques autorizados. Cada Estado miembro tiene la obligación de moverse dentro de esta normativa y nunca ignorarla y/o contravenirla.
En segundo lugar, en apoyo de lo anterior, «a lo largo de los años la jurisprudencia administrativa, a través de las distintas sentencias del Tribunal Administrativo Regional del Lacio y del Consejo de Estado, ha sido unánime y coincidente en legitimar la actual legislación italiana sobre el atún rojo. Esto demuestra cómo Italia ha regulado hasta ahora correctamente la pesca del atún rojo aceptando y aplicando los principios de la UE e internacionales».
En tercer lugar, a partir de 2008, todos los operadores actuales del sector atunero (cerqueros y palangreros), deben 2cumplir con la legislación nacional, europea e internacional, se han visto obligados a acumular legalmente cuotas individuales de capturas de atún, sin escatimar ningún esfuerzo económico, para poder desarrollar su actividad con regularidad y mantenerse dentro de los límites obligatorios establecidos cada cierto tiempo por la Administración del Estado, bajo pena de exclusión y salida del sector pesquero2.
En cuarto lugar, «sólo operando así las políticas de control de la pesca y de reducción del esfuerzo pesquero en el sector del atún rojo han dado resultados más que satisfactorios».
Entre otras cosas, este modus operandi ha permitido la repoblación de la especie del atún rojo en el mar Mediterráneo, lo que ha eliminado definitivamente el hacha de la inclusión de la especie en la lista negra de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas).
Además, los datos científicos confirman que el atún rojo se reproduce incluso durante el periodo en el que, tras ser pescado vivo, es confinado en jaulas en lugares de reinstalación para su mantenimiento y engorde.
En quinto lugar, sólo este criterio de cuotas para el sector atunero ha podido garantizar, y lo seguirá haciendo, la plena viabilidad económica de toda la flota pesquera afectada (alrededor de 70 empresas y/o compañías que operan de acuerdo con la ley y con la normativa vigente), así como una adecuada rentabilidad empresarial, lo que, entre otras cosas, impulsará a los armadores a acometer un masivo plan de inversiones en materia de tecnología, logística y empleo.
En sexto lugar, los armadores de atún sicilianos, por lo tanto, a lo largo de los años, en un contexto de desarrollo de la industria pesquera, «han construido, con grandes esfuerzos y sacrificios económicos, plantas, almacenes, plantas de procesamiento, etc., estableciéndose en los mercados nacionales e internacionales también con sus líneas de productos de calidad. El plan de inversión que ya está en marcha también prevé la construcción de una planta de cría de atún rojo en aguas del mar Tirreno, que también tendría implicaciones socioeconómicas positivas».
En séptimo lugar, estas acciones «pretenden única y exclusivamente destruir un sistema que, por muy perfectible que sea, ha funcionado bien, con la relativa destrucción de todo un sector sin prever en absoluto criterios y/o métodos alternativos igualmente sostenibles desde el punto de vista social y económico. Dar un poco a todos significa abordar el problema sólo de forma populista y demagógica sin tener ninguna visión de una sostenibilidad económica cierta y futura».
En octavo lugar, hay que señalar que, «en el sector del cerco, aunque el número de buques autorizados ha aumentado aparentemente de unos extraños 12 a 21, en realidad siguen siendo los mismos armadores los que a menudo han duplicado sus inversiones y sus buques, con la misma cuota de capturas asignada, pero con repercusiones positivas en términos de empleo (21 tripulaciones más industrias auxiliares en lugar de 12)».