El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante la negociación de la próxima semana en Bruselas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, ha asegurado que defenderá unas cuotas pesqueras que aseguren la viabilidad y rentabilidad de la flota española y de las que depende, además, la economía de las zonas rurales costeras. Planas ha presidido , por videoconferencia, los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que ha analizado con los consejeros de las comunidades autónomas los asuntos a tratar en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, los días 9 y 10 de diciembre, en Bruselas.
Por su parte, desde Galicia, conselleiro do Mar, Alfonso Villares que en ese consejo consultivo celebrado por videoconferencia advirtió que la propuesta científica de rebajar la merluza en caladeros comunitarios de Gran Sol «supone una pérdida de ingresos de 74 millones de euros con grave perjuicio para Burela y Celeiro», junto con las negativas repercusiones a otros puertos como Ondarroa, Avilés…..
Entre estas cuestiones, destaca el debate sobre las posibilidades de pesca para 2025 y 2026 en el Atlántico, para las poblaciones de peces que son competencia exclusiva de la UE, puesto que las negociaciones con Reino Unido y Noruega aún siguen abiertas. El ministro Planas ha señalado la complejidad de estas negociaciones, si bien España insistirá en que se tenga en cuenta el impacto social y económico a la hora de establecer los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas.
Desde Galicia apuntan en una nota que el conselleiro Villares advirtió en el consejo consultivo que presidió Planas de que la propuesta del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) significaría reducir en «4.287 toneladas» las posibilidades de pesca de merluza en Gran Sol. Por lonjas «la afectación alcanzará los 27,9 millones, pues Galicia recibe descargas de esta especie procedentes de otras flotas con base en otras comunidades de Estados miembros».
«El impacto sería soportado basicamente por la flota de Gran Sol, siendo especialmente a el palangre de fondo el que acusaría esta rebaja», detalla el comunicado de la consellería. A Mariña, con Burela y Celeiro, «acusaría el mayor descenso», con perdidas que Mar sitúa «en valores próximos los 22 millones». También afectaría a los puertos de Cariño, Cedeira, A Coruña, Ribeira y Vigo, aseguran desde Mar.
El informe elaborado por el departamento gallego que preside Villares cuantifica las «consecuencias negativas sobre el empleo : o impacto sobre los salarios de las tripulacións cifraría en 9,7 millón, supondría que el recorte medio de salario por tripulante inducido en Galicia (más de 2.000) superaría os 4.800 euros».
En lo que se refiere al Mediterráneo, Planas ha avanzado que las negociaciones serán complejas, ya que este año finaliza el periodo transitorio de 5 años del plan plurianual, con una “propuesta decepcionante” por parte de la Comisión Europea, que no tiene en cuenta los esfuerzos realizados por el sector pesquero. Según el ministro, esta propuesta “impide la viabilidad de la flota de arrastre”. Por ello, España, Francia e Italia han suscrito una declaración conjunta para pedir a la Comisión Europea una moratoria de las medidas de gestión pesquera en el mar Mediterráneo para el 2025.
Planas ha apuntado que las cuotas para la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO) ya se han acordado, con buenos resultados para la flota balacadera española, especialmente la gallega, que, tras 32 años de moratoria, podrá volver a faenar en aguas internacionales de los grandes bancos de Terranova. También ha valorado las mejoras conseguidas en la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).
