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viernes, mayo 24, 2024
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Polinesia plantea una política pesquera que refuerce la economía local, sin FADs

El proyecto «Gran Muralla Azul del Pacífico» es un proyecto que apoya por Polinesia con el objetivo de proteger los recursos marinos locales, pero también el medio ambiente. El proyecto exige una política pesquera unificada en la región, similar a la de Polinesia y que excluya el uso de DCP a la deriva.

El Ministro de Medio Ambiente regresó del Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, que se celebró en Vancouver hace unos días. Heremoana Maamaatuaiahutapu hizo una firme propuesta, que fue visiblemente apoyada por otros países de la región.

La de una «Gran Muralla Azul del Pacífico», una especie de versión marítima de la Gran Muralla Verde apoyada por la comunidad internacional en África. Este ambicioso proyecto implica la creación de una nueva y reforzada protección de las aguas internacionales. El plan para lograrlo se basa en la transición de una economía vinculada a las licencias de pesca a una economía azul, con una política pesquera calcada del modelo local, y el reconocimiento de los Estados y territorios insulares del Pacífico como «zona marítima especialmente vulnerable».

Esto permitiría a los Estados oceánicos cambiar el modelo económico aplicado en sus propias ZEE. «Necesitamos desarrollar la pesca en estos países, pero para ello necesitan poder acceder a la formación y a la construcción de barcos, y poder lanzar su industria pesquera», explicó el Ministro. En la actualidad, muchos de ellos no han conseguido desarrollar un sistema económico estable y razonado en torno a la pesca y venden licencias a empresas pesqueras extranjeras que a menudo destruyen el medio ambiente. Por ello, Polinesia quiere atraer fondos internacionales para ayudar a sus «primos oceánicos» a desarrollar un modelo comparable al suyo.

Un proyecto piloto de estudio iniciado en 2021 ya ha contabilizado 600 DCP varados en 9 islas de las Tuamotus; se cree que proceden principalmente de las flotas pesqueras de Ecuador, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. «Estamos trabajando en las comisiones internacionales de gestión de la pesca para intentar frenar este flujo», explica Thibault Thellier, jefe de proyecto del DRM. En otras palabras, para intentar obligar a las empresas pesqueras a recuperar sus DCP, pero también para que sean más respetuosos con el medio ambiente.

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