La Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible (APERS), que agrupa a asociaciones de pesca recreativa responsable de Cataluña, Comunidad Valenciana, Mallorca, Murcia, Andalucía, Canarias y Galicia, ha lanzado un contundente comunicado en el que denuncia el agotamiento prematuro de la cuota de atún rojo asignada al sector recreativo en España, así como la falta de transparencia y desinterés por parte de la administración pesquera estatal.
El presidente de APERS, Bernardino Alba, expresa su perplejidad al conocer datos sobre licencias y capturas que —según asegura— han sido negados a los representantes del sector por los canales oficiales. “Nos llama la atención que tienen acceso a unos datos que la administración pesquera del Estado nos niega a los representantes de los pescadores. Ahora nos enteramos de que hay 1.900 licencias, que se han desembarcado 500 ejemplares, que el 75% fueron capturados en la Comunidad Valenciana, seguidos de Cádiz y Guipúzcoa. Yo mismo pedí por los cauces legales los datos de capturas declaradas, sin haber recibido respuesta de momento”, denuncia.
Alba también rebate la idea de que la pesca recreativa de altura sea una amenaza para el atún rojo, afirmando que las técnicas modernas permiten la captura y suelta con una alta tasa de supervivencia. “Eso de la carrera contra el tiempo no es cierto: si se usan los equipos y técnicas adecuados, los atunes sobreviven. Lo prueban las jornadas de marcaje científico que se celebran desde hace 20 años, donde apenas se produce alguna muerte accidental”, explica.
Para APERS, el verdadero problema de fondo no está en el impacto ambiental, sino en la falta de voluntad política para gestionar con equidad la pesca recreativa. “Nos pasan de despacho en despacho, nadie es responsable de la pesca recreativa, no se atienden nuestras propuestas y se hacen normas imposibles de cumplir”, lamenta Alba. Como ejemplo, cita la contradicción legal que permite la captura y suelta, pero también autoriza llevarse el pez “si se muere accidentalmente”.
Las cifras respaldan el malestar del sector: de las 6.780 toneladas de cuota total de atún rojo que tiene España, solo 40 toneladas se asignan a los pescadores recreativos. Además, se les ha prohibido el emperador, las agujas y el besugo, y deben compartir la escasa cuota de albacora con el sector profesional, ya cerrada también.
Desde APERS se propuso renunciar a la cuota de este año para poder diseñar en 2026 un sistema de gestión responsable basado en etiquetas identificativas, similar al modelo que aplica Francia. Sin embargo, la propuesta fue ignorada, y ahora pescadores recreativos que practican la captura y suelta se ven amenazados con sanciones debido, según denuncian, a la falta de control y equidad en la gestión territorial de la cuota.
“El gran problema que tenemos es la desidia y falta de voluntad de la administración pesquera para regular de forma justa y eficaz la pesca de recreo”, concluye Alba en un comunicado que deja patente el creciente desencuentro entre los pescadores recreativos y la administración estatal, en un contexto de creciente presión social y ecológica sobre los recursos marinos.
