Los recursos pesqueros se recuperan gracias a la regulación peswuera. Ahora, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) desarrolla un seguimiento anual de las comunidades de organismos marinos en el golfo de Cádiz de forma continua desde 1993, con lo que actualmente se dispone de cerca de 30 años de información detallada sobre este ecosistema, que ha permitido a los científicos evaluar el impacto de las diferentes medidas de gestión y decisiones tomadas en este tiempo.
Este nuevo trabajo, publicado por investigadores del Centro Oceanográfico de Cádiz del IEO en la revista Global Environmental Change, describe la evolución del ecosistema marino del golfo de Cádiz a lo largo de las últimas dos décadas y muestra los impactos -positivos y negativos- que han tenido las regulaciones y decisiones políticas.
El estudio muestra cómo el ecosistema marino del golfo de Cádiz experimentó una degradación progresiva, caracterizada por una comunidad dominada por organismos oportunistas que se beneficiaban de la alta presión pesquera. Sin embargo, esta situación dio un cambio de rumbo cuando se instauraron dos medidas de gestión aplicadas en 2004: el establecimiento de un límite al esfuerzo pesquero y la creación de la reserva de pesca del bajo Guadalquivir.
A partir de ese momento, la comunidad se reorganizó y aquellas especies que ocupaban los niveles tróficos superiores como la merluza o las rayas y tiburones cobraron mayor importancia. También lo hizo el boquerón, probablemente por la protección de su zona de cría en el Guadalquivir, uno de los hábitats esenciales de esta especie. “Llama la atención la velocidad a la que el sistema responde de forma positiva ante cualquier medida de conservación”, explica Marcos Llope, investigador del IEO y coautor del trabajo.
Por otra parte, el estudio muestra también cómo la suspensión del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos en 1999, que impidió a la flota de cerco española pescar en aguas del país africano, repercutió en golfo de Cádiz aumentando la presión pesquera local y provocando un descenso en las poblaciones de boquerón y jurel.
Las principales directivas europeas en materia pesquera y ambiental -como la política pesquera común o las estrategias marinas, así como los acuerdos internacionales ratificados por España- recomiendan una gestión de pesquerías que esté basada en el ecosistema. Esta gestión holística debe tener en cuenta todas las fuerzas motrices y presiones que actúan sobre cada ecosistema particular.
“Si bien la variación de las condiciones ambientales y las medidas de regulación de pesquerías o protección ambiental son consideradas de forma habitual por la comunidad científica en las evaluaciones integrales ecosistémicas, el potencial efecto de la entrada en vigor o suspensión de los acuerdos de pesca que la UE mantiene con otros países no se había evaluado de forma explícita hasta ahora”, apunta Llope.
