El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero y elevar el nivel de protección de los pescadores en los buques españoles, con medidas como la formalización del contrato de trabajo por escrito y deber de ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos esenciales del contrato.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la traslación a la legislación española de la directiva comunitaria 2017/159 de 2016 que establece las bases para la adopción del Convenio 188 para el Trabajo en la Pesca de la OIT y fue fruto del acuerdo entre las fuerzas sociales de la pesca en la UE. La adopción de esta directiva por parte de España se produce con más de medio año de retraso frente al plazo dado por Bruselas, que era de noviembre de 2019. España era, además, uno el único país de su entorno que estaba pendiente de dar este paso, ya dado por Marruecos, Francia o Reino Unido
De esta forma, el Ejecutivo culmina la transposición de la directiva comunitaria, tras el acuerdo de los interlocutores sociales europeos del sector pesquero. La aprobación de este real decreto es un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre en trabajo en la pesca.
Asimismo, se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación, se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente y se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero, entre otras medidas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que esta norma eleva el nivel de protección de los pescadores adoptando un conjunto de estándares «elevado» existente en el mundo de la pesca.
Asimismo, ha explicado que la mejora de las condiciones laborales del sector pesquero se llevará a cabo de forma armonizada con el resto de estados miembros de la Unión Europea, reforzando por tanto el mercado interior, lo que transmite una «señal clara» a países no comunitarios en en materia de competitividad.
Montero, ha destacado que esta directiva “eleva la protección de los trabajadores del sector pesquero en Europa”, al adoptar la norma “de mayor rango” existente en los referente a las condiciones laborales de los pescadores. Entre los principios que establece la directiva, y el C188, se encuentra la obligatoriedad de firmar por escrito el contrato laboral, con plena información al trabajador; establecer mínimos de seguridad y habitabilidad; así como apuntalar garantías para la repatriación y asistencia médica en países terceros. Al mismo tiempo, Montero ha subrayado que la adopción de este convenio, firmado originalmente en 2007, permitirá establecer unas condiciones “equitativas” de competencia entre los EM, reforzando el mercado interior, y lanzando “una señal clara e inequívoca” para los países no comunitarios que comercializan sus productos en la UE sin cumplir los estándares comunitarios.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que el decreto es “tremendamente interesante” y ha puesto en valor la colaboración entre Pesca, y los ministerios de Trabajo y Economía Social y Transportes para impulsar la adopción de la directiva comunitaria por parte del Gobierno.
