Los socios sociales europeos de la pesca han lanzado una dura advertencia contra la propuesta de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026, al considerar que supone “uno de los recortes más severos jamás planteados” y que pone en riesgo miles de empleos, el tejido económico de enteras comunidades costeras y el futuro de la flota mediterránea.
La propuesta de Bruselas contempla reducciones drásticas del esfuerzo pesquero: hasta un 65 % menos de días de pesca para los arrastreros de Francia y España, un recorte del 64 % en Italia, un mínimo de apenas 9,6 días por buque y año si no se aplican medidas compensatorias, nuevas restricciones para los palangreros de merluza, topes a las capturas de gamba de aguas profundas y calendarios adicionales de vedas en zonas clave.
Para las organizaciones firmantes –Europêche, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y Copa-Cogeca– estas medidas llegan después de años de sacrificios del sector para recuperar los recursos, esfuerzos que han sido reconocidos en el informe 2025 de la FAO–GFCM sobre el estado de las pesquerías del Mediterráneo y el mar Negro, donde se constata una mejora de varias poblaciones. Sin embargo, denuncian que, en lugar de consolidar estos avances con medidas equilibradas y predecibles, la Comisión apuesta por un paquete que el sector considera “económicamente insostenible”.
Los agentes sociales critican que, incluso con el sistema de compensación propuesto por Bruselas –que permitiría recuperar días de pesca mediante artes más selectivas o cierres adicionales–, el impacto en regiones como Cataluña, el Mediterráneo occidental o el Estrecho de Sicilia sería “severo y desproporcionado”. A su juicio, el proyecto no se ajusta al último dictamen científico disponible y vuelve a cargar el coste de la gestión casi exclusivamente sobre los pescadores.
Otro de los reproches centrales es la falta de enfoque holístico. Aunque la Comisión suele presentar el modelo mediterráneo como referencia, los socios sociales denuncian que el texto “ignora otros factores ambientales relevantes”, como el aumento de la temperatura del agua, la acidificación o otras actividades humanas que afectan a los recursos, de modo que “el dedo acusador se sitúa únicamente sobre la pesca”.
En un tono inusualmente directo, plantean a la Comisión varias preguntas de fondo:
- Si las medidas para 2026 van acompañadas de un verdadero estudio socioeconómico que evalúe los efectos sobre trabajadores y empresas y cómo mitigarlos.
- Cómo puede la UE, en un momento en que proclama la competitividad y la soberanía alimentaria como prioridades, “seguir ignorando el futuro de los pescadores mediterráneos” que aportan proteína fresca, local y contribuyen a la autonomía estratégica en alimentos.
- Por qué, sabiendo que este escenario se repetiría por el marco plurianual vigente, la Comisión no propuso con antelación los cambios necesarios.
- Y si las supuestas medidas compensatorias son realmente viables en todas las regiones, dado que en muchas zonas las condiciones ambientales, técnicas o espaciales impiden aplicar cierres adicionales o introducir nuevos aparejos selectivos.
Según advierten, estos recortes equivalen en la práctica a una “invitación a abandonar el sector”, acelerando un proceso ya visible en muchas comunidades costeras, donde los jóvenes dejan la profesión y los pueblos pierden su base económica ligada al mar.
Ante este panorama, los agentes sociales instan a la Comisión y a los ministros de Pesca de la UE, que negociarán el paquete final los días 11 y 12 de diciembre, a dar un giro inmediato y adoptar un enfoque “equilibrado, realista y socialmente sostenible”. Reclaman garantizar un mínimo de 180 días de pesca al año como referencia, eliminar los límites de captura para la gamba roja de aguas profundas, asegurar un marco de gestión que proporcione previsibilidad y viabilidad regional para todas las flotas y reforzar un diálogo real con pescadores y agentes sociales, reconociendo su conocimiento y los sacrificios asumidos.
“El sector ha hecho y está haciendo su parte: modernizando las flotas, innovando en métodos de pesca, cumpliendo cierres y reducciones muy estrictas”, concluyen. “Ahora le toca a la UE cumplir con su responsabilidad: proteger a las mujeres y hombres que alimentan a Europa y preservar las comunidades que dependen del mar. Es una llamada de SOS para la pesca mediterránea”.
