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jueves, diciembre 12, 2024
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Las asignaciones de cuotas de merluza argentina quedan renovadas hasta el 2040

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Consejo Federal de Pesquero (CFP) realizó las nuevas asignaciones de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) para la merluza común (Merluccius Hubbsi) que regirán a partir del 1° de enero del 2025 por un nuevo plazo de 15 años. Se trata de una medida para la especie del caladero argentino que más volumen aporta a las exportaciones nacionales. El sector pesquero gallego respira con la medida adoptada y a partir de ahora se dilucida un escenario favorable a nuevas inversiones.

Al igual que en el proceso de renovación de cuota realizado en septiembre pasado para las especies merluza negra, merluza de cola y merluza polaca, se definió la aplicación de un canon que no existió en el proceso de implementación de las CITC en el año 2009.

Este canon representará para el Estado nacional y las provincias que conforman el CFP un ingreso adicional por 19.000 millones de pesos, coparticipable el 50% entre Nación, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego; mientras que el restante 50% será destinado a la Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina, INIDEP, el CFP y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La importancia de la decisión radica en que se trata de la especie que más volumen aporta a las exportaciones pesqueras nacionales, que tienen como destino Brasil, Europa y Asia. La merluza hubbsi es explotada por más de 150 barcos que van al fresco y congelado, ocupando a decenas de plantas procesadoras que emplean a miles de trabajadores desde Buenos Aires hasta Santa Cruz.

En este marco, también se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE) alcanzando más del 2%, cifra que al comenzar la actual gestión nacional era de un 0.15 %. Los ingresos recaudados son coparticipables entre Nación y las provincias.

La medida se estableció a partir de la decisión de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y las provincias con litoral marítimo; Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta decisión contó también con el apoyo de la totalidad de las cámaras empresarias, los sindicatos y la industria naval.

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