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jueves, marzo 28, 2024
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La pesca y agricultura de La Palma sólo percibe 20 millones

El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley con un paquete de ayudas por 213.763.000 euros que se destinarán a paliar los daños provocados por la erupción. Días antes los responsables autonómicos habían señalado que los daños totales en la isla superaban ya los 400 millones.

Para el sector agrario y pesquero, dos de los más afectados por esta crisis, el decreto incluye ayudas de 20,3 millonessólo un 9,3% del total. De ahí agricultores y pescadores deben resarciste de todos los perjuicios causados por el volcán en regadíos, caminos rurales, pesca y acuicultura.

Se podrán permutar fincas para que los agricultores continúen con su actividad. En cuanto a los contratos de suministro el Gobierno autoriza a suspender los contratos de electricidad y aplazar hasta seis meses su pago o incluso resolver los contratos.

En apoyo a las infraestructuras de movilidad, con 36 kilómetros de carreteras afectadas, se destinarán 40,5 millones de euros, y 22 millones de euros para reconstruir infraestructuras viarias.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, precisó ayer que la indemnización de 30.000 euros por vivienda es compatible con otras ayudas. Señaló que la cantidad dobla la que existía antes (15.000 euros) y «se suma» a las que puedan recibir los afectados en concepto de seguros, en la ayuda de enseres de 10,5 millones del Estado o los que reciban otra vivienda si han perdido su único inmueble.

También ha sido constituido un plan de empleo específico para La Palma dotado con 63 millones dado que hay familias que «han perdido» todos sus recursos económicos al verse afectada su actividad profesio .

El Ministerio de Seguridad Social explicó por su parte que para aquellos autónomos y empresas con código cuenta de cotización principal en Canarias y que hayan sido afectados por la erupción volcánica podrán optar a aplazamientos de las cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta de los próximos meses a un tipo de interés del 0,5%, siete veces inferior al establecido por ley actualmente (3,75%).

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