La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores denuncia que la aplicación del Reglamento (UE) 2023/2842 está imponiendo preavisos y registros “inviables” para mareas cortas, con impacto directo en la seguridad, la calidad del pescado fresco y la rentabilidad. El Ministerio tiene margen para flexibilizar plazos, pero el sector exige decisiones inmediatas.
La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) ha convertido el malestar que llevaba semanas subiendo por los muelles en una protesta formal: considera que la lectura que se está haciendo de las nuevas obligaciones del Reglamento (UE) 2023/2842 conduce a la parálisis de la flota de bajura, aumenta la inseguridad en la maniobra de entrada a puerto y empuja a miles de pescadores a un escenario de pérdida económica.
El detonante tiene nombre y apellidos administrativos: la notificación previa de llegada y el registro exhaustivo de capturas en el diario electrónico. El propio reglamento fija como regla general que los buques de la UE de 12 metros o más comuniquen por vía electrónica información sobre su llegada al menos cuatro horas antes de entrar en puerto. Pero ese mismo marco abre la puerta a que los Estados ribereños establezcan plazos más breves para determinadas categorías, si no se compromete la capacidad inspectora. España, de hecho, ya ha movido el listón en un tramo concreto: el Ministerio ha reducido de cuatro horas a dos horas y media el preaviso para pesqueros de 12 a 15 metros, buscando encajar la exigencia en la operativa real de una flota que trabaja a poca distancia del muelle.
“Obligar a esperar en el mar”: el choque con las mareas de horas
Para la FNCP, el problema no es el control, sino su traducción mecánica al día a día de una pesca que entra y sale en ventanas cortas, condicionada por marea, meteorología y disponibilidad de especie. La Federación califica de “inadmisible” imponer un esquema pensado para otras escalas de flota a barcos que faenan “a minutos” de puerto y con mareas inferiores a 24 horas.
En puertos donde el tiempo de derrota puede ser de 15 a 30 minutos, la obligación de comunicar con tanta antelación se vive como un sinsentido operativo: en Motril, por ejemplo, el patrón mayor explicaba que “cuatro horas antes seguimos faenando y no sabemos qué especies ni qué cantidades vamos a tener”. Ese desfase, subraya la FNCP, no solo recorta ingresos: también puede degradar el producto si fuerza esperas o altera rutinas de manipulación y descarga, afectando a la cadena de subasta y al valor del pescado fresco.
El sector añade otro elemento que pesa tanto como el económico: la seguridad. En el Golfo de Cádiz y Málaga ya se han visto paros y protestas, con el argumento de que las nuevas exigencias obligan al patrón a alternar navegación y tareas digitales en momentos críticos. La queja se repite en Galicia: en Vigo, cofradías y marineros han descrito la norma como “inasumible” y advierten de que la sobrecarga de comunicaciones y registros distrae al responsable de la embarcación durante la entrada en ría.
El “kilogramo cero”: de la estimación razonable al miedo a la sanción
La segunda piedra en el zapato es lo que el sector resume como el “kilogramo cero”: declarar capturas desde cantidades mínimas, con un nivel de detalle que la bajura considera incompatible con la faena real.
En la Costa Tropical, los pescadores recuerdan el cambio con una comparación sencilla: antes se declaraba al final de la jornada y solo por encima de ciertos volúmenes; ahora se exige reportar “desde el primer kilo”, con barcos que pueden llevar a lonja decenas de especies, algunas con apenas unos cientos de gramos. La FNCP denuncia que esto se está convirtiendo, en la práctica, en un control que roza el “pesaje” en plena faena, elevando el riesgo de error y abriendo la puerta a sanciones por diferencias inevitables entre estimación a bordo y pesaje final.
El temor no es abstracto. Medios regionales recogen la preocupación por multas que pueden alcanzar 3.000 euros por infracción, en un contexto en el que el patrón es, a menudo, “uno más” en cubierta y no existe personal específico para tareas administrativas.
Lo que pide la Federación: flexibilizar ya o asumir el amarre
La FNCP ha puesto sobre la mesa una batería de exigencias que considera “no negociables”, con un hilo conductor: aplicar las flexibilidades que permite el propio marco europeo. El reglamento contempla explícitamente que el Estado ribereño pueda fijar un período de notificación previa más breve para ciertas categorías (por tipo de producto y distancia a caladero), siempre que se mantenga la capacidad de inspección. La Federación reclama que ese margen se use de forma amplia para la bajura y que se dicten instrucciones claras para evitar sancionar lo que, en la práctica, es imposible de cumplir con precisión quirúrgica.
En paralelo, el conflicto se cocina con calendario político. En algunos puertos se habla de una reunión adelantada al lunes 19 con flota y autonomías. Otras informaciones sitúan el encuentro el 22 de enero y añaden un elemento sensible: una moratoria de sanciones hasta esa fecha, como parte del intento de desactivar el choque mientras se negocian ajustes.
Para la FNCP, la conclusión es clara: “el sector no se niega al control”, pero no acepta convertirse en “pagano” de una aplicación que —según su denuncia— se ha diseñado “desde un despacho” y sin aterrizar en barcos reales. El mensaje va más allá del reglamento: se trata de quién asume el coste de la digitalización y de cómo se gobierna la pesca de proximidad sin romper su lógica productiva.
En los muelles, la traducción es inmediata: si no hay correcciones rápidas, el amarre deja de ser amenaza y pasa a ser herramienta. Y con cada barco parado no solo se detiene una marea: se interrumpe también el pulso del pescado fresco que alimenta lonjas, mercados y empleo costero.
